a) Por los miembros de la Diputación o el órgano interinsular de las provincias afectadas. (a)

b) Por los diputados y senadores que hayan sido elegidos. (b)

c) Por las Cortes Generales. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) De la integridad, legalidad y actualización de la información y de los servicios de su competencia a los que se pueda acceder a través de la sede. (c)

b) De la integridad, veracidad y actualización de la información y de los servicios de su competencia a los que se pueda acceder a través de la sede. (a)

c) De la integridad, legalidad y actualización de los datos y procedimientos a los que se pueda acceder a través de la sede. (d)

d) De la integridad, veracidad y actualización de los datos y procedimientos a los que se pueda acceder a través de la sede. (b)

a) Mediante apoderamiento efectuado por comparecencia electrónica en las oficinas de asistencia en materia de registro o comparecencia personal en la correspondiente sede electrónica o sede electrónica asociada. (a)

b) Mediante un certificado electrónico de representante. (c)

c) Mediante un documento privado cuya matriz conste en un archivo notarial o una inscripción practicada en un registro mercantil. (d)

d) Mediante la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente o en sus registros particulares de apoderamientos. (b)

a) En virtud de resolución judicial. (a)

b) En virtud del interés general. (d)

c) En virtud de resolución policial. (b)

d) En virtud de sentencia por flagrante delito. (c)

a) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en aplicación del convenio firmado con este ente el 9 de diciembre de 2021. (b)

b) La Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública. (a)

c) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en aplicación de la encomienda de gestión firmada con este ente el 9 de diciembre de 2021. (d)

d) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en aplicación del contrato firmado con este ente el 9 de diciembre de 2021. (c)

a) Tendrá una vigencia por diez años. (b)

b) Tendrá una vigencia por tres años. (d)

c) Tendrá una vigencia indefinida. (a)

d) Tendrá una vigencia por cinco años. (c)

a) Al rey. (c)

b) Al presidente del Gobierno. (a)

c) Al Gobierno. (d)

d) Al presidente del Congreso de los Diputados. (b)

a) Un decreto del Gobierno. (b)

b) Una ley orgánica de las Cortes Generales. (d)

c) Una ley del Parlamento. (a)

d) Un acuerdo del Consejo de Gobierno. (c)

a) El consejero que ejerce la secretaría del Consejo de Gobierno. (d)

b) El vicepresidente del Gobierno. (b)

c) El consejero de mayor edad. (c)

d) El presidente del Parlamento. (a)

a) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. (d)

b) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. (a)

c) La protección del medio ambiente. (c)

d) El secreto político. (b)

a) A las limitaciones presupuestarias previstas en el presupuesto de cada ente. (c)

b) A las limitaciones presupuestarias previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales, con excepción del personal laboral. (b)

c) A las limitaciones presupuestarias previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales. (a)

d) A las limitaciones presupuestarias que marque su órgano de dirección. (d)

a) Con los países iberoamericanos. (a)

b) Con aquellos países que hayan tenido o tengan una vinculación particular con España. (b)

c) Con aquellos países que hayan tenido una vinculación histórica o económica con España. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Un archivo de imagen en color, en formato TIFF, con una resolución de 250 píxeles por pulgada, de tamaño equivalente a A3 y con las mismas proporciones que el certificado original. (a)

b) Un archivo de imagen de cualquier gama de color, en formato TIFF, con una resolución de 300 píxeles por pulgada, de tamaño equivalente a A4 y de proporciones ampliadas al doble que el certificado original. (d)

c) Un archivo de imagen en escala de grises, en formato JPEG, con una resolución de 150 píxeles por pulgada, de tamaño equivalente a A3 y de proporciones reducidas a la mitad que el certificado original. (c)

d) Un archivo de imagen en blanco y negro, en formato JPEG, con una resolución de 200 píxeles por pulgada, de tamaño equivalente a A4 y con las mismas proporciones que el certificado original. (b)

a) Tres años. (c)

b) Cinco años. (a)

c) Dos años, prorrogables por dos años más. (d)

d) Diez años. (b)

a) Sí, mediante un contrato de servicios que comporten prestaciones directas a favor de la ciudadanía. (c)

b) No, los contratos de servicios son aquellos que se prestan directamente a la Administración contratante. (d)

c) Sólo puede gestionarse un servicio público mediante un contrato de concesión de servicios. (b)

d) En ningún caso. (a)

a) En aquellos contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a diez años. (d)

b) En los contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. (b)

c) En los contratos de obra. (a)

d) En los contratos de suministro de energía. (c)

a) Debe aportarse, como mínimo, una opción de compra del inmueble. (d)

b) Debe aportarse escritura pública de compra-venta para garantizar el valor del inmueble. (a)

c) Debe aportarse inscripción en el registro de la propiedad para garantizar el valor del inmueble. (b)

d) Debe aportarse certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial. (c)

a) Sí. (a)

b) Sí, excepto el nivel universitario. (b)

c) Únicamente en los niveles educativos obligatorios. (c)

d) Únicamente en los niveles educativos obligatorios y en los niveles que se establezcan por ley. (d)

a) El Defensor del Pueblo. (b)

b) Los Tribunales de Justicia. (a)

c) El Ministerio Fiscal. (c)

d) El Fiscal General del Estado. (d)

a) Tanto en la adopción de decisiones como en el desarrollo de la actividad pública. (a)

b) En el resultado de las políticas pero no en la adopción de decisiones ni en el desarrollo de la actividad pública. (d)

c) En el desarrollo de la actividad pública pero no en la adopción de decisiones. (c)

d) En la adopción de decisiones pero no en el desarrollo de la actividad pública. (b)

a) Si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en cualquier registro electrónico, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. (a)

b) Transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma. (b)

c) Transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en cualquier registro electrónico. (d)

d) Si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. (c)

a) Puede requerir el interesado para que aporte la documentación. (a)

b) Excepcionalmente, las puede solicitar por otros medios habilitados al efecto. (b)

c) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. (d)

d) Tiene que suspender el plazo para resolver el procedimiento. (c)

a) No hay ninguna indicación en la Ley. (d)

b) Exclusivamente al personal laboral de alta dirección. (c)

c) Exclusivamente al personal funcionario. (b)

d) A la dirección exclusivamente. (a)

a) No es necesario publicarla. (d)

b) Únicamente en el Boletín Oficial del Estado. (a)

c) En el Boletín Oficial del Estado, en el de la comunidad autónoma o en el de la provincia, según la Administración a la que pertenezca el órgano que efectúa el encargo, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las comunidades autónomas por las diputaciones provinciales o en su caso cabildos o consejos insulares, que se rige por la legislación de régimen local. (c)

d) Únicamente en el boletín de la comunidad autónoma o en el de la provincia. (b)

a) De diez años a contar desde la fecha de inscripción. (c)

b) De diez años a contar desde la fecha de inscripción, sin posibilidad de prórroga. (d)

c) De cinco años a contar desde la fecha de inscripción, sin posibilidad de prórroga. (b)

d) De cinco años a contar desde la fecha de inscripción. (a)

a) De competencia profesional y experiencia. (a)

b) De confianza personal, experiencia y lealtad política. (c)

c) De competencia profesional, experiencia y confianza personal. (b)

d) De competencia profesional y lealtad política. (d)

a) Cesa automáticamente. (b)

b) Cesa automáticamente, excepto los jefes de gabinete. (d)

c) Se mantiene en funciones hasta el día de las elecciones. (c)

d) Se debe mantener hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. (a)

a) No, los entes del sector público instrumental de la CAIB deben aprobar sus propios planes de igualdad. (c)

b) Si, es de aplicación directa. (a)

c) No, si bien los planes de igualdad de los entes que integran el sector público instrumental de la CAIB deben incluir las mismas medidas que el de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (d)

d) No, si bien es de aplicación supletoria cuando el ente no disponga de un plan de gualdad propio. (b)

a) De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de seguridad social y de empleo formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante el empresario y los organismos o tribunales competentes. (a)

b) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, excepto el abuso de temporalidad, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes. (d)

c) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes. (b)

d) De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, excepto en los supuestos de fraude de ley en la contratación, de seguridad social y de empleo formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante el empresario y los organismos o tribunales competentes. (c)

a) Será obligatorio cuando el Estado mayor lo considere necesario. (a)

b) Nadie podrá ser obligado a declarar en cuanto a su ideología, religión o creencias. (c)

c) Será obligatorio declarar cuando aquella información se considere de vital importancia ante un peligro para el Estado. (b)

d) Sólo los extranjeros podrán ser obligados a declarar en tiempo den guerra. (d)

a) La Sala Penal de la Audiencia Provincial. (d)

b) La Sala Penal del Tribunal Constitucional. (c)

c) La Sala Penal del Tribunal Supremo. (a)

d) La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. (b)

a) No deberá ser puesta a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración. (a)

b) Deberá ser puesta a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración para que pueda acceder al contenido de la misma de forma voluntaria. (b)

c) Deberá publicarse en la sede electrónica de la Administración para que el interesado pueda consultar su contenido. (d)

d) El interesado deberá acceder a su contenido a través de la sede electrónica de la Administración. (c)

a) A la garantía estatal de manutención y preservación de sus tradiciones. (b)

b) A una mancomunidad provincial. (c)

c) Al autogobierno y constituirse en comunidades autónomas. (a)

d) A un fondo de compensación interterritorial. (d)

a) en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. (a)

b) en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. (c)

c) en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. (b)

d) en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o de dos meses desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. (d)

a) Continuar con la prestación del servicio a la finalización del contrato hasta que se formalice uno nuevo. (c)

b) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, incluso cuando el daño se produzca por causas imputables a la Administración. (a)

c) Cuidar del buen orden del servicio, para lo cual podrá dictar las instrucciones oportunas. (d)

d) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que se hayan establecido. (b)

a) A petición del Gobierno. (a)

b) Por acuerdo de la Diputación Permanente o del Pleno, a propuesta de una quinta parte de los Diputados. (b)

c) Por acuerdo del Pleno, a propuesta de una cuarta parte de los Diputados. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Obligatoria y gratuita. (d)

b) Voluntaria y gratuita. (c)

c) Gratuita. (a)

d) Obligatoria. (b)

a) A los gobiernos autonómicos. (b)

b) A los parlamentos autonómicos. (d)

c) Al rey. (a)

d) Al Gobierno del Estado. (c)

a) Es correcta en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes. (b)

b) Es incorrecta. La interoperabilidad con los gestores de expedientes sólo está contemplada en los registros electrónicos de los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado. (d)

c) Es correcta en el ámbito de todas las Administraciones Públicas, pero no de sus organismos vinculados o dependientes. (a)

d) Es incorrecta. La interoperabilidad con los gestores de expedientes todavía no está contemplada en ninguna normativa. (c)

a) A la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos. (c)

b) A la dirección general competente en materia de presupuestos. (a)

c) A la dirección general competente en materia de tesorería. (b)

d) Al Consejo de Gobierno. (d)

a) Se podrá reconocer la obligación, tramitar el pago e intervenir favorablemente en estas actuaciones condicionado a que se resuelva esta omisión en los términos previstos en la normativa de aplicación. (d)

b) Se podrá reconocer la obligación y tramitar el pago, pero no intervenir favorablemente en estas actuaciones hasta que no se conozca y resuelva esta omisión en los términos previstos en la normativa de aplicación. (c)

c) Se podrá reconocer la obligación, pero no se podrá tramitar el pago, ni intervenir favorablemente en estas actuaciones hasta que no se conozca y resuelva esta omisión en los términos previstos en la normativa de aplicación. (b)

d) No se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente en estas actuaciones hasta que no se conozca y resuelva esta omisión en los términos previstos en la normativa de aplicación. (a)

a) La Ley 7/2010, de 21 de julio, del Sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (c)

b) La Ley de función pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (b)

c) El Estatuto de los trabajadores. (a)

d) La Disposición adicional 15a de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el año 2013. (d)

a) El complemento de antigüedad. (d)

b) Las pagas extraordinarias. (a)

c) El salario base. (c)

d) Las horas extraordinarias. (b)

a) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. (c)

b) La Administración podrá convalidar los actos nulos o anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. (a)

c) El acto de convalidación producirá efecto desde la notificación. (b)

d) Si el vicio consiste en incompetencia determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. (d)

a) Será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. (d)

b) Será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada. (c)

c) Será de un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada. (a)

d) Será de un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. (b)

a) El control financiero permanente. (a)

b) La auditoría pública. (b)

c) La auditoría externa. (d)

d) El control financiero temporal. (c)

a) El Parlamento regulará a través de una ley la modificación de los presupuestos generales mediante una concesión de créditos extraordinarios y de suplementos de crédito. (a)

b) El Consejo de Gobierno es el competente para acordar la modificación de los presupuestos generales. (b)

c) Se autorizan por el Parlamento en todos los casos. (c)

d) No existe ninguna respuesta correcta. (d)

a) La jurisprudencia es una fuente indirecta del derecho administrativo. (a)

b) Los principios generales del derecho no son fuente del derecho. (c)

c) Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales siempre serán de aplicación directa en España. (b)

d) La costumbre sólo regirá a falta de principios generales del derecho, siempre que no sea contrario a la moral o al orden público y que resulte probado. (d)

a) Pérdida, durante el plazo de tres a cinco años, del derecho a ser designados como entidad colaboradora. (d)

b) Prohibición de contratar con la Administración de la Comunidad Autónoma o con las entidades de derecho público dependientes por un plazo de uno a tres años (c)

c) Multa de más del triple al cuádruple de la cantidad obtenida indebidamente. (a)

d) Pérdida, durante el plazo de uno a tres años, del derecho a obtener ayudas o subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma o de las entidades de derecho público dependientes. (b)

a) Las que concedan el acceso a través de una modalidad distinta a la solicitada. (d)

b) Las que permitan el acceso cuando no haya habido oposición de un tercero. (a)

c) Las que denieguen el acceso. (b)

d) Las que concedan el acceso parcial. (c)

a) En los contratos de obras de carácter plurianual se realizará una retención adicional de crédito del 10% del importe de la adjudicación en el mismo momento en que tenga lugar la adjudicación. (b)

b) El número de ejercicios a los que se pueden aplicar los gastos plurianuales no puede ser superior a seis, correspondientes al ejercicio corriente y a otros cinco ejercicios futuros. (a)

c) En los casos de tramitación anticipada de expedientes de gasto, también deben cumplir los límites y las anualidades o los importes autorizados establecidos legalmente para los gastos plurianuales, y debe entenderse como ejercicio corriente a efectos del cumplimiento de estos límites y anualidades el ejercicio en el que se inicie la ejecución. (c)

d) En el caso de adquisiciones directas de bienes inmuebles por importe superior a 500.000 euros, el desembolso inicial al formalizar el contrato no podrá ser inferior al 25% del precio, pudiendo distribuirse el resto del precio en los cuatro ejercicios siguientes, dentro las limitaciones porcentuales establecidas legalmente. (d)

a) Dos senadores. (c)

b) Cuatro senadores. (b)

c) Tres senadores. (a)

d) Cinco senadores. (d)

a) Debe ajustar el gasto y garantizar que al finalizar el ejercicio como máximo sólo se habrá incumplido el objetivo de deuda pero no el de estabilidad presupuestaria. (c)

b) Debe ajustar el gasto público para garantizar que al finalizar el ejercicio no se incumplirán los objetivos de equilibrio financiero. (a)

c) Debe ajustar el gasto y garantizar que se exceda la regla de gasto. (d)

d) Debe ajustar el gasto público para garantizar que al finalizar el ejercicio no se incumplirán los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda, ni se excederá, en cuanto a la variación de gasto computable, la regla de gasto. (b)

a) Concederá el acceso previa ponderación razonada de los intereses contrapuestos. (b)

b) Concederá el acceso de inmediato con posibilidad de recurso administrativo por parte de los afectados. (c)

c) Concederá el acceso de inmediato sin posibilidad de recurso administrativo por parte de los afectados. (a)

d) No concederá el acceso. (d)

a) Por el sujeto del cual proceden: estatales, autonómicos y locales. (a)

b) Por sus efectos: jurídicos y normativos. (b)

c) Por su relación con la ley: ejecutivos, independientes y de necesidad. (c)

d) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

a) Tenidos dentro o fuera del matrimonio y en los otros casos en que los tribunales les obliguen. (b)

b) Tenidos dentro o fuera del matrimonio, durante la minoría de edad y en los otros casos en que la ley les obligue. (c)

c) Tenidos dentro del matrimonio y durante la minoría de edad. (a)

d) Durante la minoría y mayoría de edad, siempre que sean dependientes económica y jurídicamente y en los otros casos en que la ley les obligue. (d)

a) Por su legislación específica y supletoriamente por las disposiciones de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental aplicables a las entidades públicas empresariales. (d)

b) Por su legislación específica y, supletoriamente por las disposiciones de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental aplicables a los organismos autónomos. (a)

c) Por su legislación específica y supletoriamente por las disposiciones de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental aplicables a los consorcios. (c)

d) Por las disposiciones aplicables a los organismos autónomos. (b)

a) De manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad para la mayoría. (d)

b) De manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos. (a)

c) De manera que resulten accesibles y comprensibles, en el plazo de dos años desde la publicación de esta ley. (c)

d) De manera que resulten accesibles y comprensibles, siempre que la tecnología lo permita. (b)

a) Que el enjuiciamiento de la ley compite en exclusiva o está reservado a los tribunales. (c)

b) Que la ley se sitúa en la posición más elevada de la pirámide normativa. (a)

c) Que no es posible negarse a la aplicación o al cumplimiento de la ley. (b)

d) Que determinadas materias que establece la Constitución sólo las puede regular una norma con rango legal. (d)

a) Que la prohibición de predicación pública con el fin del proselitismo religioso. (c)

b) Que la que sea indicada por la ley. (b)

c) Ninguna limitación en ningún caso. (d)

d) Que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. (a)

a) En el Parlamento Europeo. (a)

b) En la Comisión Europea y en el Consejo. (c)

c) En el Consejo Europeo. (b)

d) En el Consejo de la Unión Europea. (d)

a) Las infracciones leves y las sanciones impuestas por faltas leves. (a)

b) Las sanciones impuestas por faltas leves. (b)

c) Las infracciones leves. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Los valores o activos financieros negociables. (d)

b) Las participaciones societarias. (b)

c) La totalidad de los bienes de los que sean titulares en el momento de la toma de posesión del cargo público y en el momento del cese. (c)

d) La totalidad de los bienes de los que sean titulares el año antes de la toma de posesión del cargo público y el año posterior al cese. (a)

a) Todas las unidades o todos los centros de más de 35 trabajadores deben disponer al menos de una carta de servicio. (c)

b) Todos los procesos transversales entre la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, la administración estatal y/o las administraciones locales deben disponer de una carta de tipo transversal o multiinstitucional. (b)

c) Todos los procesos transversales entre la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, las administraciones insulares, administración estatal y/o las administraciones locales deben disponer de una carta de tipo transversal o multiinstitucional. (a)

d) Todas las unidades o todos los centros que prestan servicios en red deben disponer al menos de una carta marco. (d)

a) Los pagos indebidos se regulan en el artículo 77 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (d)

b) El órgano que ha cometido el error que ha originado el pago indebido debe disponer de inmediato, de oficio, la restitución de las cuantías pagadas indebidamente. (c)

c) El pago indebido es aquél que se hace por error material, aritmético o de hecho a favor de una persona que no tiene ningún derecho de cobro ante la Administración respecto a ese pago o en una cuantía que exceda de la que conste en el acto que haya reconocido el derecho del acreedor. (a)

d) El perceptor de un pago indebido total o parcial no está obligado a restituirlo. (b)

a) Carecen de carácter de derecho mínimo. (c)

b) De derecho mínimo indisponible, pero no se pueden desarrollar con los convenios colectivos. (b)

c) De derecho necesario mínimo indisponible, y pueden ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos. (a)

d) Tienen carácter de máximo derecho. (d)

a) Los declarados secretos o reservados. (c)

b) Los que tengan por objeto la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas destinados a servicios de comunicación audiovisual o servicios de comunicación radiofónica, que sean adjudicados por proveedores del servicio de comunicación audiovisual o radiofónica, o los relativos al tiempo de radiodifusión o al suministro de programas que sean adjudicados a proveedores del servicio de comunicación audiovisual o radiofónica. (a)

c) Los incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se concluyan en el sector de la defensa. (b)

d) Todas las respuestas son correctas. (d)

a) Son cartas que establecen los mínimos de calidad a los que se debe ajustar un servicio determinado, que pueden surgir de iniciativas previas de cartas marco o individualmente si no forman parte de una red. (a)

b) Son cartas de mínimos de calidad que elaboran los servicios que se encuentren comprendidos en redes de centros, oficinas o unidades existentes. (b)

c) Son cartas que recogen el conjunto de derechos de un determinado grupo de usuarios en relación con una política concreta y su despliegue mediante prestaciones o servicios. (c)

d) Las respuestas anteriores son incorrectas. (d)

a) Los expedientes de resolución de convocatorias de conciertos sociales regulados en la normativa de acción social. (c)

b) Los actos de ejecución de las sentencias que condenen a la Comunidad Autónoma y de las que se deriven obligaciones de contenido económico. (a)

c) Las concesiones de subvenciones y las transferencias nominativas . (b)

d) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

a) Concebir un sistema penal específico, sistemas de detección y de medidas de asistencia legal a todas las víctimas de violencia contra la mujer y la violencia doméstica. (c)

b) Contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra la mujer y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, incluyendo el empoderamiento de las mujeres. (b)

c) Proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia y prevenir, y perseguir y eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. (a)

d) Dar apoyo a las organizaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad para cooperar de manera eficaz para adoptar un enfoque integrado con vistas a eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. (d)

a) La comunidad autónoma. (d)

b) La isla. (a)

c) La provincia. (c)

d) El municipio. (b)

a) Sólo para modificar la denominación de las consejerías. (c)

b) Para determinar el régimen de suplencias de los consejeros y de la Secretaría del Consejo de Gobierno. (d)

c) El presidente no puede dictar disposiciones reglamentarias. (a)

d) Sólo para crear consejerías. (b)

a) Los miembros del Gobierno que no sean diputados no pueden asistir a las comisiones parlamentarias. (d)

b) La lengua catalana, propia de las Islas Baleares, es la lengua oficial del Parlamento de las Islas Baleares. (b)

c) La sede del Parlamento es la ciudad de Palma. (a)

d) Los diputados pueden invocar su condición de parlamentarios en el ejercicio de una actividad mercantil o profesional. (c)

a) La duración de este trámite no será inferior a diez días ni superior a quince. (a)

b) Quienes presenten alegaciones u observaciones tendrán la condición de interesados en el procedimiento. (d)

c) El plazo para presentar alegaciones será de treinta días. (c)

d) Quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada. (b)

a) Voluntaria para el empresario y voluntaria por el personal. (b)

b) La formación no debe centrarse específicamente en el puesto de trabajo o la función del personal. (d)

c) Voluntaria para el empresario, pero obligatoria por el personal. (a)

d) El empresario debe garantizar para todo el personal la formación teórica y práctica en materia preventiva. (c)

a) De naturaleza mixta. (c)

b) Judicial. (b)

c) Administrativo. (a)

d) Impropio. (d)

a) La República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. (b)

b) Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. (a)

c) Austria, Finlandia, Suecia, España y Portugal. (c)

d) Bulgaria, Rumanía y Grecia. (d)

a) En un consejo de gobierno y su presidente. (b)

b) En una asamblea legislativa elegida por sufragio cualificado y un consejo de gobierno. (c)

c) En un consejo de gobierno, diputaciones provinciales y ayuntamientos. (d)

d) En una asamblea legislativa, un consejo de gobierno y un presidente. (a)

a) Las personas jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas. (b)

b) Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que no tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas. (d)

c) Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas. (c)

d) Las personas naturales o jurídicas españolas, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas. (a)

a) Se realiza a través de auditorías practicadas por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears o por empresas privadas de auditoría según el tipo de ente público. (a)

b) No existe ninguna respuesta correcta. (d)

c) Se realiza por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en colaboración con empresas privadas de auditoría que practican controles financieros o auditorías según los casos. (b)

d) La Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ejerce el control interno de la gestión económico-financiera del sector público mediante el ejercicio de la función interventora y del control financiero. (c)

a) Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las Administraciones Públicas y en las entidades que conforman su Sector Público Instrumental serán responsables del cumplimiento de la normativa, y en especial velarán para evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo. (b)

b) Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de responsabilidades a los titulares de los órganos referidos en el apartado segundo, de conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas. (c)

c) Los contratos de trabajo de personal laboral en las Administraciones Públicas y en su sector público, cualquiera que sea la duración de los mismos, deberán formalizarse siguiendo las prescripciones y en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa reguladora de la contratación laboral, así como de acuerdo con los previsiones de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, siéndoles de aplicación los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, y debiendo respetar en todo caso lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y cualquier otra normativa en materia de incompatibilidades. (a)

d) Todos los supuestos de las respuestas anteriores vienen establecidos con vigencia indefinida, en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y no en la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (d)

a) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación. (c)

b) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. (a)

c) Asegurar el cumplimiento de las leyes. (b)

d) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. (d)

a) Concertar con la comunidad autónoma condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres en el seno de la empresa o en su entorno social. (d)

b) Velar para que se cumplan las condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres implantadas por la administración de cada comunidad autónoma en el seno de la empresa o en su entorno social. (b)

c) Promover condiciones de igualdad para las mujeres en el seno de la empresa o en su entorno social. (c)

d) Promover condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres en el seno de la empresa o en su entorno social. (a)

a) Un fondo nacional destinado a la igualdad entre regiones. (a)

b) Un fondo de compensación destinado a gastos de inversión. (b)

c) Un fondo de compensación destinado al bienestar general de las autonomías más pobres. (d)

d) Un tributo especial destinado a la compensación intraregional. (c)

a) El principio de personalización. (a)

b) El principio de accesibilidad. (b)

c) Todas las respuestas son correctas. (d)

d) El principio de facilidad de uso. (c)

a) El principio de coordinación. (c)

b) El principio de competencia. (d)

c) El principio de colaboración. (b)

d) El principio de cooperación. (a)

a) Cinco años. (a)

b) Tres años. (c)

c) Cuatro años. (b)

d) Seis años. (d)

a) De funcionamiento y de intervención. (d)

b) Obligatorias y no obligatorias. (c)

c) Ordinarias y extraordinarias. (a)

d) Finalistas y no finalistas. (b)

a) A los centros de trabajo de la administración pública. (b)

b) A los medios de transporte, las obras de construcción, temporales o móviles, las industrias de extracción, los buques de pesca ni campos de cultivo, bosques u otros terrenos que se encuentren fuera de la zona edificada de estos terrenos. (a)

c) A los centros de trabajo de hostelería y restauración. (d)

d) A los centros de trabajo del ámbito hospitalario. (c)

a) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración. (d)

b) La prescripción no producirá por sí sola la caducidad de las acciones del particular o de la Administración. (a)

c) La prescripción producirá la caducidad de las acciones del particular o de la Administración. (c)

d) La caducidad producirá la prescripción de las acciones del particular o de la Administración. (b)

a) El acceso a la información a lo largo del tiempo no es un principio que deba garantizar este esquema. (c)

b) La cadena de interoperabilidad se manifiesta en el despliegue de los sistemas y servicios, entre otros. (b)

c) Se deberá favorecer la aproximación multilateral a la interoperabilidad de forma que se puedan obtener las ventajas derivadas de la aplicación de arquitecturas integradas y centralizadas, entre otras. (d)

d) La interoperabilidad debe estar presente a lo largo de todo el ciclo de vida de los servicios y sistemas, excepto en su concepción. (a)

a) De salvamento marítimo. (c)

b) De propiedad Intelectual. (a)

c) De políticas de género. (d)

d) De ordenación del sector pesquero. (b)

a) Se tiene que interponer ante el órgano que dictó el acto que se impugna o, en los casos expresamente que prevé la Ley, ante el órgano competente para resolverlo. (d)

b) Ante el mismo órgano que hubiera dictado el acto. (a)

c) Ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto. (b)

d) Ante el mismo órgano que hubiera dictado el acto o ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto. (c)

a) Cementerio, abastecimiento domiciliario de agua potable, pavimentación de las vías públicas. (d)

b) Cementerio, protección civil y extinción de incendios. (a)

c) Cementerio y atención a personas en situación o riesgo de exclusión social. (c)

d) Cementerio y transporte colectivo urbano de viajeros. (b)

a) Que vulneren la Constitución, las leyes, las disposiciones y los actos administrativos de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. (a)

b) Que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. (b)

c) Que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. (c)

d) Que vulneren la Constitución, las leyes, las disposiciones y los actos administrativos de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. (d)

a) Las peculiaridades del sistema sanitario de los funcionarios públicos. (d)

b) El sistema de compatibilidades de los funcionarios públicos. (a)

c) El estatuto de los funcionarios públicos. (c)

d) El acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y compatibilidad. (b)

a) La responsabilidad patrimonial del estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se rige por la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. (c)

b) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se rige por la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial. (b)

c) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se rige por el Real decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial. (a)

d) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se rige por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. (d)

a) Su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado. (c)

b) Su responsabilidad se exigirá de conformidad con el derecho privado cuando concurra con sujetos de derecho privado. (d)

c) Su responsabilidad se exigirá de conformidad con el derecho privado. (b)

d) Su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, salvo cuando concurra con sujetos de derecho privado. (a)

a) El pluralismo ideológico, racial y de las diferentes confesiones religiosas de España. (c)

b) El pluralismo social, de las diferentes ideologías políticas y creencias religiosas de España. (d)

c) El pluralismo de la sociedad y de las diferentes lenguas de España. (b)

d) El pluralismo político y de las diferentes lenguas de España. (a)

a) El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. (c)

b) El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria con carácter exclusivo. (d)

c) El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y los estatutos de autonomía. (a)

d) El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución, los estatutos de autonomía y el resto de leyes. (b)