a) Al Congreso. (a)

b) Al Gobierno. (d)

c) Al Senado. (b)

d) A las Cortes Generales. (c)

a) A materias de titularidad estatal que no sean de la competencia exclusiva del Estado. (b)

b) A materias de titularidad estatal cuando así lo exija el interés público. (d)

c) A cualquier materia de titularidad estatal. (a)

d) A materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. (c)

a) El prorrateo está explícitamente prohibido. (a)

b) Cuando las características de la subvención lo permitan aun cuando no esté previsto en las bases reguladoras. (b)

c) El prorrateo puede realizarse en cualquier convocatoria de subvenciones. (d)

d) Cuando las características de la subvención lo permitan y así lo prevean las bases reguladoras. (c)

a) Políticos o ideológicos. (c)

b) Económicos o políticos. (a)

c) Políticos o militares. (d)

d) Militares, políticos o sociales. (b)

a) Por el Parlamento, el Gobierno y los consejos insulares de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. (d)

b) Por el Parlamento, el Gobierno, el presidente de la comunidad autónoma y los consejos insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. (a)

c) Por el Parlamento, el Gobierno y el presidente de la comunidad autónoma. (b)

d) Por el Parlamento y el Gobierno. (c)

a) Se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población. (a)

b) El acceso a Internet deberá garantizar condiciones de igualdad para las personas que cuenten con necesidades especiales. (d)

c) Los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet. (b)

d) La garantía efectiva del derecho de acceso a Internet atenderá la realidad específica de los entornos rurales. (c)

a) Que toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de las listas de resultados que se obtuvieran, tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen inadecuados, entre otros motivos. (a)

b) Que los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet. (d)

c) Que los responsables de redes sociales y servicios equivalentes adoptarán protocolos adecuados para posibilitar el ejercicio del derecho de rectificación ante los usuarios que difundan contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar en Internet. (c)

d) Que toda persona tiene derecho a que sean suprimidos, a su simple solicitud, los datos personales que hubiese facilitado para su publicación por servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes. (b)

a) Hacienda general y deuda del Estado. (a)

b) Administración de justicia. (b)

c) Los puertos de refugio. (c)

d) Legislación mercantil. (d)

a) Se exige al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso en el plazo de un mes y sin dilaciones indebidas. (b)

b) Se exige al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso en el plazo de tres meses y sin dilaciones indebidas. (c)

c) Se exige al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin importar el plazo. (d)

d) Se exige al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas. (a)

a) El Consejo de Ministros. (b)

b) El consejo de gobierno autonómico correspondiente. (d)

c) La asamblea legislativa correspondiente. (c)

d) El Senado. (a)

a) La denominación y las características esenciales, las retribuciones y los requisitos para proveerlos. (a)

b) La denominación y características esenciales, retribuciones básicas y requisitos para su provisión. (c)

c) La denominación, isla de destino, retribuciones y requisitos para su provisión. (b)

d) La denominación y características esenciales. (d)

a) La remisión a fiscalización de los actos administrativos de contenido económico, en los términos previstos en las leyes. (c)

b) La aprobación del gasto por el órgano competente, con carácter previo a la concesión. (a)

c) La competencia del órgano administrativo concedente. (d)

d) La aprobación y disposición del gasto por el órgano competente. (b)

a) De los veinte días siguientes a su promulgación. (b)

b) De los treinta días siguientes a su promulgación. (c)

c) De los diez días siguientes a su promulgación. (a)

d) De los dos meses siguientes a su promulgación. (d)

a) Con autonomía orgánica y funcional. (a)

b) Con dependencia orgánica del Parlamento de las Islas Baleares. (c)

c) Con dependencia orgánica del Consejo de Estado. (d)

d) Con autonomía funcional. (b)

a) La aprobación del Consejo de Gobierno por mayoría absoluta. (a)

b) La aprobación del Parlamento por mayoría de dos tercios de los diputados. (b)

c) La aprobación de las Cortes Generales a través de una ley orgánica. (c)

d) Las respuestas b) y c) son correctas. (d)

a) Por el Parlamento, el Gobierno, los consejos insulares y los ayuntamientos. (c)

b) Por el Parlamento, el Gobierno y el presidente de la comunidad autónoma. (a)

c) Por el Parlamento, el Gobierno y los consejos insulares. (b)

d) Por el Parlamento, el Gobierno ,el presidente de la comunidad autónoma y los consejos insulares. (d)

a) Tres meses computables desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. (a)

b) Dos meses computables desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. (b)

c) Los ciudadanos no pueden interponer un recurso directo contra un reglamento. (c)

d) Un mes computable desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. (d)

a) La ejecución se deberá suspender cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley. (a)

b) Al dictar el acuerdo de suspensión se deberán adoptar medidas cautelares para asegurar la eficacia de la resolución. (c)

c) Si el interesado interpone un recurso contencioso-administrativo decaerá automáticamente la suspensión de la ejecución del acto. (d)

d) La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. (b)

a) Del consejero competente en materia de transparencia. (c)

b) Del Parlamento de las Illes Balears. (a)

c) De la Presidencia de las Islas Baleares. (b)

d) De la Sindicatura de Greuges. (d)

a) Están obligadas a disponer de planes de igualdad las empresas de más de ciento cincuenta personas trabajadoras. (c)

b) Están obligadas a disponer de planes de igualdad las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras. (a)

c) Están obligadas a disponer de planes de igualdad las empresas entre cien y ciento cincuenta personas trabajadoras. (b)

d) No existe ningún tramo relacionado con el número de personas trabajadoras. (d)

a) La obligación de usar licencias que aseguren que los programas puedan redistribuirse sin cambios, para asegurar que se mantiene el propósito específico por el que fue creado. (d)

b) La obligación de usar licencias que aseguren que los programas, datos o información que comparten puedan ejecutarse para cualquier propósito. (c)

c) La obligación de usar la licencia Licencia Pública de la Unión Europea. (b)

d) No establece ningún requisito. (a)

a) En el plazo de cuatro meses. (d)

b) En el plazo de tres meses. (b)

c) En el plazo de un mes. (c)

d) En el plazo de dos meses. (a)

a) Que la avocación es lo mismo que la delegación de competencias. (c)

b) Que la avocación sólo se da entre órganos jerárquicamente dependientes. (b)

c) Que entre órganos no dependientes jerárquicamente la avocación puede realizarla, entre otros, el órgano delegante. (d)

d) Que contra el acuerdo motivado de avocación no se puede interponer recurso. (a)

a) Es un derecho común. (b)

b) Es un derecho limitativo. (c)

c) Es un derecho público. (a)

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

a) De cuantía igual o superior a 30.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica. (d)

b) De cuantía igual o superior a 30.000 euros. (c)

c) De cuantía igual o superior a 50.000 euros. (a)

d) De cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica. (b)

a) Establecer el plazo mínimo de ocupación de los puestos obtenidos por concurso para poder participar en otros concursos de provisión de puestos de trabajo. (a)

b) Establecer los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública. (b)

c) Todas las anteriores son competencias de las Comunidades Autónomas y se se podrán reflejarse en los supuestos que se determinen en las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público. (d)

d) Determinar los supuestos para la declaración de la situación de servicios especiales. (c)

a) Con la mayoría de tres quintas partes. (c)

b) Con la mayoría absoluta. (a)

c) Con la mayoría de dos tercios. (d)

d) Con la mayoría simple. (b)

a) Los presupuestos generales. (d)

b) El control interno y la contabilidad pública. (b)

c) Las responsabilidades. (c)

d) La Tesorería, el endeudamiento y los avales. (a)

a) Aplicarlo hasta que el Tribunal Constitucional declare su nulidad. (a)

b) No aplicarlo, dado que los funcionarios están sujetos a la Constitución y a la ley. (b)

c) Aplicarlo si así lo impone una instrucción o una orden de servicio. (c)

d) Las respuestas b) y c) son correctas. (d)

a) Un porcentaje del 20% de plazas reservadas para mujeres con cargas familiares. (d)

b) Una cláusula por la que, en caso de que exista igualdad de capacitación, se dé prioridad a las mujeres en los cuerpos, escalas, niveles y categorías de la Administración en que su representación sea inferior al 40 %. (a)

c) Un porcentaje no inferior al 40% de plazas reservadas para mujeres en el supuesto de que el cuerpo, escala o categoría esté infrarrepresentado. (c)

d) La obligación de reservar un porcentaje del 10% de plazas reservadas a víctimas de violencia de género. (b)

a) El acto por el que se declara que existe un crédito exigible contra la Comunidad Autónoma o la entidad correspondiente, resultando de un gasto autorizado y comprometido. (b)

b) El acto por el que se acuerda, una vez cumplidos los trámites legales que procedan, efectuar un gasto a favor de un tercero y por un importe y condiciones exactamente determinados o determinables. (d)

c) El acto por el que se acuerda efectuar un gasto con cargo a un crédito presupuestario determinado sin superar su importe disponible. (c)

d) El acto por el que se acuerda ejecutar, en relación con una o varias obligaciones, la orden del pago contra la Tesorería de la Comunidad Autónoma. (a)

a) Que las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son aprobadas por el Consejo de Gobierno; de acuerdo si las aprueba el presidente y de orden, en el supuesto de que sea el consejero quién las apruebe. (a)

b) Que las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son aprobadas por el Gobierno o por el presidente, y de resolución si las aprueba el consejero. (b)

c) Que las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son aprobadas por el Gobierno o por el presidente, y de orden si son aprobadas por los consejeros. (d)

d) Que las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son aprobadas por el Gobierno o por los consejeros y de orden si las aprueba la presidenta. (c)

a) El Senado podrá decidir motivarlo a través de mensaje. (c)

b) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

c) Será necesario mensaje motivado. (a)

d) Será aconsejable mensaje motivado. (b)

a) De los jueces y de los tribunales. (c)

b) Del Tribunal Supremo. (d)

c) De los jueces, de los tribunales y del ministerio fiscal. (b)

d) Del ministerio fiscal y del fiscal general del Estado. (a)

a) Únicamente las Cámaras. (c)

b) Únicamente el Congreso de los Diputados. (a)

c) Las Cámaras y sus Comisiones. (b)

d) Únicamente el Congreso de los Diputados y sus Comisiones. (d)

a) Antes de día 31 de agosto de cada año, el Consejo de Gobierno debe aprobar el límite máximo de gasto. (d)

b) Antes de día 1 de agosto de cada año, el Consejo de Gobierno debe aprobar el límite máximo de gasto no financiero. (b)

c) Antes de día 31 de agosto de cada año, el Consejo de Gobierno debe aprobar el límite máximo de gasto no financiero. (c)

d) Antes de día 1 de agosto de cada año, el Consejo de Gobierno debe aprobar el límite máximo de gasto financiero. (a)

a) Directamente. (a)

b) Indirectamente, excepto los servicios que impliquen ejercicio de autoridad. (c)

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

d) Indirectamente. (b)

a) Cuando así lo solicite el interesado. (c)

b) En los procedimientos de liquidación de tributos propios. (a)

c) En la tramitación de reclamaciones económico-administrativas. (b)

d) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

a) El Parlamento Europeo ejerce la función legislativa y reglamentaria. (a)

b) Ejerce conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria. (c)

c) Ejerce funciones de control político y normativo. (b)

d) Elige al presidente del Consejo de la Unión Europea. (d)

a) Se podrán presentar alegaciones en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince. (c)

b) No se podrá interponer ningún recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. (b)

c) Los interesados podrán manifestar su oposición cuando la resolución sea firme en vía administrativa. (d)

d) Procederán los recursos pertinentes. (a)

a) Tener acceso, sin limitación alguna, a la información y la documentación relativa a las condiciones de trabajo y de los trabajadores. (d)

b) Realizar visitas a los puestos de trabajo para desempeñar una tarea de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo. (a)

c) Ser informados por las autoridades laborales sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores. (b)

d) Paralizar la actividad laboral cuando se detecten riesgos muy graves para la salud de los trabajadores (c)

a) La soberanía popular. (b)

b) La soberanía nacional. (a)

c) Al pueblo español. (c)

d) Al Estado. (d)

a) Los interesados deben aportar al procedimiento administrativo los datos y los documentos exigidos por las administraciones públicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. (a)

b) Los interesados deben aportar los datos y los documentos exigidos por los empleados necesarios para resolver el procedimiento. (b)

c) Los interesados deben aportar al procedimiento administrativo los datos y los documentos exigidos por los organismos públicos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. (c)

d) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

a) Veinticinco años, en el supuesto de que comprenda la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. (b)

b) Cuarenta años, si comprende la ejecución de obras y la explotación de servicio. (a)

c) Diez años, si comprende la explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no incluya la ejecución de obras. (c)

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

a) De seis años. (d)

b) De cuatro años. (c)

c) De cinco años. (a)

d) De tres años. (b)

a) En caso de extraordinaria y urgente necesidad. (b)

b) En caso de una emergencia en las Illes Balears. (c)

c) Nunca, es el Parlamento quien puede dictar un decreto ley. (a)

d) Cuando haya una delegación por parte del Parlamento. (d)

a) Las respuestas a) y b) son correctas. (c)

b) Documentos electrónicos interoperables correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos. (a)

c) Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en la respuesta a), dirigido a cualquier Administración Pública. (b)

d) Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos. (d)

a) Debe comunicar los hechos a la fiscalía. (c)

b) Debe llevar a cabo una investigación sobre el caso, a fin de detectar las causas de los hechos. (b)

c) Debe llevar a cabo el seguimiento de la actividad preventiva a fin de perfeccionar de forma continua las actividades de identificación. (d)

d) Debe realizar un nuevo Plan de Prevención que incluya los daños de los trabajadores. (a)

a) ¿Por qué existe la organización? ¿Qué propósito cumple? ¿Por qué esa estrategia particular? (a)

b) ¿Cuánto tiempo tardarás en conseguir tu propósito? (c)

c) ¿Cómo pretendes cumplir tu propósito y tu estrategia? (b)

d) ¿Qué has conseguido hasta el día de hoy? ¿Qué pretendes conseguir mañana? (d)

a) La Constitución define los servicios públicos como los servicios que presta la Administración y que responden al interés general de los ciudadanos. (a)

b) La Constitución prevé la posibilidad de reservar servicios esenciales mediante una ley, especialmente en caso de monopolio. (b)

c) La Constitución prevé la posibilidad de establecer una asignación a las Comunidades Autónomas para garantizar un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales, en todo el territorio español. (c)

d) Las respuestas b) y c) son correctas. (d)

a) Al procedimiento que ellos mismos establezcan. (b)

b) A la aprobación del Parlamento. (d)

c) A la normativa europea. (a)

d) Al procedimiento establecido en la Constitución. (c)

a) Podrá interponerse con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. (d)

b) Podrá interponerse con carácter potestativo y substitutivo del recurso contencioso-administrativo. (c)

c) Podrá interponerse con carácter obligatorio y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. (a)

d) Podrá interponerse con carácter obligatorio y substitutivo del recurso contencioso-administrativo. (b)

a) De cuatro años. (b)

b) De tres años. (d)

c) De dos años. (c)

d) De un año. (a)

a) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pueda ser tratada, teniendo en cuenta su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. (a)

b) La situación en que una disposición, un criterio o una práctica aparentemente neutras pone a personas de diferentes sexos en desventaja particular respecto de personas de los otros sexos, teniendo en cuenta que esta disposición, criterio o práctica se pueda justificar objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar esta finalidad sean necesarios y adecuados. (d)

c) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pueda ser tratada, sin tener en cuenta su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. (c)

d) La situación en que una disposición, un criterio o una práctica aparentemente neutras pone a personas de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro sexo, salvo que esta disposición, criterio o práctica se pueda justificar objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar esta finalidad sean necesarios y adecuados. (b)

a) Son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dado que el recurso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es potestativo. (d)

b) No son recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. (a)

c) Debe agotarse la vía administrativa primero, mediante el correspondiente recurso de alzada o potestativo de reposición. (b)

d) Solo son recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa después de que se haya resuelto el recurso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. (c)

a) La Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (a)

b) El Tribunal de Cuentas Europeo. (d)

c) La Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares. (b)

d) El Parlamento de las Islas Baleares. (c)

a) El presupuesto del Servicio de Salud de las Islas Baleares. (b)

b) El presupuesto de la Agencia tributaria de las Islas Baleares. (a)

c) El presupuesto de la Universidad de las Illes Balears. (c)

d) Los presupuestos de las entidades que integran el sector público fundacional. (d)

a) Cuando esté en trámite una cuestión de confianza. (a)

b) Cuando esté en trámite una moción de censura. (b)

c) Cuando esté en proceso una elección de presidente de las Illes Balears. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Es una técnica de investigación que también puede resultar útil para la recogida de información sobre el funcionamiento de los servicios. Se desarrolla a través de una conversación con el usuario y se utiliza para recabar información cualitativa. (b)

b) Es una técnica que consiste en observar el servicio objeto de estudio desde la óptica de quienes lo utilizan. Después de establecer los criterios a tener en cuenta en la observación (protocolo de observación), será necesario registrar la información obtenida para su posterior análisis. (d)

c) Es una reunión en la que participan entre 8 y 10 personas y en la que se pretende obtener información a través del debate espontáneo sobre la percepción del servicio objeto de análisis. (a)

d) Es un procedimiento estandarizado que consiste en realizar una serie de preguntas idénticas y por el mismo orden a cada uno de los individuos seleccionados en la muestra. (c)

a) El régimen de modificación del convenio. (c)

b) Los sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con la que actúa cada una de las partes. (b)

c) El régimen de recursos. (a)

d) El objeto del convenio y las actuaciones que debe llevar a cabo cada sujeto para su cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos. (d)

a) Puede acreditarse dicho gasto mediante cuenta justificativa del gasto realizado. (b)

b) Puede acreditarse dicho gasto por módulos (a)

c) Puede acreditar estar exento de justificación de acuerdo con la legislación vigente. (d)

d) Puede acreditarse dicho gasto mediante la presentación de estados contables. (c)

a) El Título IV (a)

b) El Título I (c)

c) El Título II (b)

d) El Título III (d)

a) Sí, siempre que la Administración ejecute la parte esencial del servicio y el empresario lo que resulte complementario. (a)

b) Sí, en todo caso; el artículo 30 de la Ley de Contratos del Sector Público reconoce la ejecución directa de prestaciones por parte de la Administración pública con la colaboración de empresarios particulares. (b)

c) No, si la colaboración es para atender a los usuarios de forma directa. (c)

d) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

a) Es un modelo integral de gestión de calidad, basado en la autoevaluación, desarrollado por y para el sector público; es gratuito y de acceso público, y representa una herramienta para ayudar a que las organizaciones del sector público puedan mejorar su rendimiento; ha sido diseñado para ser utilizado en todos los ámbitos del sector público y es aplicable a organizaciones públicas a nivel nacional/federal, regional/autonómico y local. (b)

b) Es un modelo integral de gestión de calidad, basado en la autoevaluación, desarrollado por y para el sector privado; es gratuito y de acceso público, y representa una herramienta para ayudar a que las organizaciones del sector público puedan mejorar su rendimiento; ha sido diseñado para ser utilizado en todos los ámbitos del sector público y es aplicable a organizaciones públicas a nivel nacional/federal, regional/autonómico y local. (d)

c) Es un modelo integral de gestión de calidad, basado en la autoevaluación, desarrollado por y para el sector público; es de pago, y representa una herramienta para ayudar a que las organizaciones del sector público puedan mejorar su rendimiento; ha sido diseñado para ser utilizado en todos los ámbitos del sector público y es aplicable a organizaciones públicas a nivel nacional/federal, regional/autonómico y local. (a)

d) Es un modelo integral de gestión de calidad, basado en la autoevaluación, desarrollado por y para el sector privado; es de pago, y representa una herramienta para ayudar a que las organizaciones del sector público puedan mejorar su rendimiento; ha sido diseñado para ser utilizado en todos los ámbitos del sector público y es aplicable a organizaciones públicas a nivel nacional/federal, regional/autonómico y local. (c)

a) Una notificación que contenga un medio de pago a favor del obligado. (a)

b) Una notificación que vaya acompañada de elementos susceptibles de conversión en formato electrónico. (b)

c) Una notificación que contenga una multa. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Las causas de separación y disolución y sus efectos. (d)

b) La separación de bienes. (c)

c) La edad y la capacidad para contraerlo. (a)

d) Los derechos y deberes de los cónyuges. (b)

a) El complemento de responsabilidad. (d)

b) El complemento de dificultad técnica. (c)

c) El complemento de penositat. (a)

d) El complemento de dedicación especial. (b)

a) El Tratado de Niza. (c)

b) El Tratado de Lisboa. (b)

c) El Tratado de Ámsterdam. (a)

d) El Tratado de Maastricht. (d)

a) El ministerio fiscal. (a)

b) El Consejo General del Poder Judicial. (b)

c) El ministerio competente en materia de justicia. (c)

d) El Tribunal Supremo. (d)

a) La memoria justificativa de la necesidad de tramitar el expediente, la propuesta de acuerdo de aprobación de la modificación de crédito y la resolución o el acuerdo de aprobación del órgano competente. (a)

b) La memoria justificativa de la necesidad de tramitar el expediente, la fiscalización previa de la Intervención, la resolución o el acuerdo de aprobación del órgano competente y aquellos otros documentos que determinen la Intervención General y la dirección general competente en materia de presupuestos en atención a la especial tipología del expediente. (d)

c) La memoria justificativa de la necesidad de tramitar el expediente, la propuesta de acuerdo de aprobación de la modificación de crédito, la fiscalización previa de la Intervención, la resolución o el acuerdo de aprobación del órgano competente y aquellos otros documentos que determinen la Intervención General y la dirección general competente en materia de presupuestos en atención a la especial tipología del expediente. (c)

d) La memoria justificativa de la necesidad de tramitar el expediente, la resolución o el acuerdo de aprobación del órgano competente y aquellos otros documentos que determinen la Intervención General y la dirección general competente en materia de presupuestos en atención a la especial tipología del expediente. (b)

a) Publicidad activa y derecho de acceso a la información pública. (d)

b) Publicidad informativa y derecho de acceso a la información pública. (b)

c) Publicidad informativa y derecho de solicitud de la información pública. (c)

d) Publicidad activa y derecho de solicitud de la información pública. (a)

a) De legalidad, eficacia, eficiencia, publicidad, transparencia y economía. (c)

b) De legalidad, eficacia, eficiencia y economía. (a)

c) De legalidad, publicidad, igualdad, eficacia, y economía. (d)

d) De legalidad, eficiencia y economía. (b)

a) Con los países iberoamericanos. (a)

b) Con aquellos países que hayan tenido o tengan una vinculación particular con España. (b)

c) Con aquellos países que hayan tenido una vinculación histórica o económica con España. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Velar por la seguridad y salud de uno mismo. (a)

b) Implantar las instrucciones de seguridad y salud en el puesto de trabajo. (d)

c) Velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas cuya actividad profesional pueda afectar, debido a sus actos y omisiones en el trabajo. (b)

d) Adoptar las medidas preventivas necesarias del plan de prevención. (c)

a) La identificación del titular. (a)

b) El sello de órgano de la sede electrónica que se cree, así como las direcciones electrónicas de las sedes electrónicas que desde el momento de su creación ya están asociadas de esta sede. (c)

c) La identificación del órgano u órganos encargados de la gestión y servicios puestos a disposición en la sede. (b)

d) El ámbito de aplicación de la sede electrónica. (d)

a) De legislación laboral. (b)

b) De salvamento marítimo. (c)

c) De protección de los menores. (d)

d) De seguridad social, exceptuando las normas que configuran su régimen económico. (a)

a) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

b) No, es el 2 de octubre de 2018. (b)

c) Sí. (a)

d) No, es el 2 de octubre de 2020. (c)

a) No está creada ni en funcionamiento. (a)

b) No está creada. (b)

c) Está creada y en funcionamiento. (d)

d) Según la ley, está creada, pero actualmente no está en funcionamiento. (c)

a) Por investigación con adopción de medidas cautelares. (d)

b) Por incapacidad judicial por sentencia firme. (b)

c) Por acuerdo del Consejo de Gobierno. (a)

d) Por incompatibilidad sobrevenida, con el derecho de trámite de audiencia. (c)

a) Las comunidades autónomas y las corporaciones locales nunca podrán actuar como entidades colaboradoras de las subvenciones concedidas por la Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entes que tengan que ajustar su actividad al derecho público. (c)

b) Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre propio, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras. (a)

c) No podrán tener la condición de entidad colaboradora los que habiendo sido denominados beneficiarios conforme a la normativa comunitaria tengan encomendadas, exclusivamente, funciones propias de una entidad colaboradora. (b)

d) La Administración General del Estado y sus organismos públicos podrán actuar como entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por las comunidades autónomas y corporaciones locales. (d)

a) Por la comisión de infracciones graves y muy graves, el Consejo de Gobierno. (c)

b) Por la comisión de infracciones graves, el órgano superior de los entes del sector público instrumental de la comunidad autónoma. (d)

c) Por la comisión de infracciones graves, el titular de la Consejería que conceda la subvención. (b)

d) Por la comisión de infracciones leves, el titular de la Dirección General que conceda la subvención. (a)

a) Facultativo y no vinculante. (d)

b) Facultativo. (c)

c) Preceptivo. (a)

d) Preceptivo y vinculante. (b)

a) El mantenimiento preventivo será realizado por el personal no especializado. (a)

b) La instalación eléctrica no debe revisarse periódicamente. (c)

c) La limpieza de centros de trabajo no es ámbito de aplicación de la ley de prevención de riesgo laborales. (d)

d) Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los puestos de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deben permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas en todo momento sin dificultades. (b)

a) Las denuncias se podrán presentar anónimamente. (b)

b) Las denuncias siempre deberán identificar a los presuntos responsables. (c)

c) Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan. (a)

d) Las denuncias deberán calificar jurídicamente la infracción cometida. (d)

a) Deberá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento, sin que quepa oposición expresa por parte del interesado. (b)

b) Podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento, sin que quepa oposición expresa por parte del interesado. (a)

c) Deberá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento, salvo que alguno de los interesados manifieste su oposición expresa. (d)

d) Podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento, salvo que alguno de los interesados manifieste su oposición expresa. (c)

a) Cinco años, que comienzan desde la proclamación del diputado electo. (a)

b) Cinco años, que comienzan desde la proclamación del diputado electo. (c)

c) Cuatro años, que comienzan con la apertura del primer período de sesiones después de cada elección. (d)

d) Cinco años, que comienzan con la apertura del primer período de sesiones después de cada elección. (b)

a) Diseño y desarrollo de los servicios en base a las necesidades y expectativas de los clientes/ciudadanos/usuarios de los servicios. (b)

b) La política y estrategia se comunica y despliega mediante un esquema de procesos clave. (c)

c) Diseño y gestión sistemática de procesos. (a)

d) Gestión de las relaciones con los clientes/ciudadanos/usuarios de los servicios. (d)

a) 3 (c)

b) 1 (a)

c) 4 (d)

d) 2 (b)

a) Cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley. (b)

b) Cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. (a)

c) Cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad o de anulabilidad previstas en los artículos 47 y 48 de esta Ley. (d)

d) Cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley. (c)

a) Ante el ministro o consejero competente en materia de función pública. (b)

b) Ante este órgano. (a)

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

d) Ante el órgano al cual estén adscritos. (c)

a) Condena provisional o firme por delito doloso. (d)

b) Incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función. (a)

c) Incumplimiento grave de sus obligaciones. (b)

d) Incompatibilidad. (c)

a) De diez días. (b)

b) De dos meses. (a)

c) De un mes. (c)

d) De veinte días. (d)

a) Se digitalizarán y se devolverán las copias de los documentos. (a)

b) Se rechazará el documento, porque quien los presenta es un sujeto obligado a relacionarse obligatoriamente con la Administración. (c)

c) Se digitalizarán los documentos, pero se le requerirá la enmienda de deficiencias. (d)

d) Se digitalizarán pero no se incorporarán al expediente administrativo electrónico. (b)

a) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida, el plazo para la interposición del recurso extraordinario de revisión será de cuatro años a contar desde la notificación de la resolución impugnada. (d)

b) Cuando la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible, el plazo para la interposición del recurso extraordinario de revisión será de tres meses a contar desde la notificación de la sentencia. (b)

c) El plazo para la interposición del recurso extraordinario de revisión será de tres meses, si el acto fuera expreso. (a)

d) Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado. (c)

a) De un mínimo de 200 y un máximo de 300 diputados. (b)

b) De un mínimo de 200 y un máximo de 400 diputados. (c)

c) De un mínimo de 350 y un máximo de 400 diputados. (d)

d) De un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. (a)

a) Se podrán aplicar en los créditos del presupuesto vigente las órdenes de pago derivadas del ejercicio anterior que hayan sido reconocidas con anterioridad al 1 de marzo de cada año. (d)

b) Se podrán aplicar a los créditos del presupuesto vigente en el momento de expedir las órdenes de pago correspondientes a obligaciones que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal al servicio de la Comunidad Autónoma, entidades autónomas o empresas públicas dependientes. (b)

c) Se podrán aplicar a los créditos del presupuesto vigente todas las órdenes de pago reconocidas y derivadas de ejercicios anteriores. (c)

d) Únicamente se podrán contraer obligaciones derivadas de los gastos efectuados durante el año natural del ejercicio presupuestario. (a)

a) El título VII. (c)

b) El título VIII. (d)

c) El título V. (a)

d) El título VI. (b)

a) Entre cuatro a cinco delegados de prevención. (b)

b) Ocho delegados de prevención. (c)

c) Sólo es necesario un delegado de personal. (d)

d) Al menos un delegado de prevención. (a)

a) Se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se entenderá que renuncia al derecho de solicitud de dicha información. (b)

b) Se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido. (d)

c) Se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de quince días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido. (c)

d) Se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de quince días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se entenderá que renuncia al derecho de solicitud de dicha información. (a)

a) Sí, siempre que se lleve a cabo a través de concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por la Ley sin límites ni cuantías. (c)

b) Sí, siempre que se lleve a cabo sin necesidad de subscribir contratos públicos, a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones que el poder adjudicador haya fijado previamente, sin límites ni cuotas, y que el sistema mencionado garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no-discriminación. (d)

c) No, la Ley de contratos del sector público regula dos tipos de contratos mediante los cuales se prestan servicios sociales o a las personas: el contrato de servicios y el de concesión de servicios. (b)

d) Sí, siempre que se lleve a cabo sin necesidad de subscribir contratos públicos, a través de la simple financiación de estos servicios a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que el sistema mencionado se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación. (a)