a) Por cinco jueces. (c)

b) Por siete jueces. (d)

c) Por quince jueces. (a)

d) Por doce jueces. (b)

a) Asignar los recursos necesarios para la ejecución de los planes de actuación. (d)

b) Establecer los planes de actuación. (b)

c) Dirigir los recursos humanos de su consejería. (c)

d) Ejecutar y desarrollar los planes de actuación. (a)

a) La misma que el personal funcionario de carrera de la Administración General del Estado. (b)

b) Se distribuye entre retribuciones básicas y retribuciones complementarias. (d)

c) La que establece el Estatuto de los trabajadores. (c)

d) La misma que el personal laboral de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (a)

a) Por el principio de los estados presupuestarios. (a)

b) Por el principio de especialidad en la vertiente cualitativa de este principio. (b)

c) Por el principio de especialidad en la vertiente cuantitativa y temporal de este principio. (c)

d) Las respuestas b) y c) son correctas. (d)

a) No se puede interponer nuevamente este recurso. (a)

b) Se puede interponer, si procede, el recurso de alzada. (c)

c) Sólo se puede interponer el recurso de queja. (d)

d) No se puede interponer ningún otro recurso administrativo. (b)

a) Se inicia al día siguiente de haber transcurrido quince días de haberse agotado el período voluntario de pago. (d)

b) Se inicia al día siguiente de haber transcurrido diez días de haberse agotado el período voluntario de pago. (b)

c) Se inicia transcurridos diez días de haberse agotado el período voluntario de pago. (a)

d) Se inicia al día siguiente de haberse agotado el período voluntario de pago. (c)

a) Es el capítulo VII. (d)

b) Es el capítulo VI. (b)

c) Es el capítulo IV. (a)

d) Es el capítulo V. (c)

a) El Gobierno del Estado. (a)

b) El Defensor del Pueblo. (c)

c) Las Cortes Generales. (b)

d) El Congreso de los Diputados. (d)

a) De desarrollo de las condiciones de trabajo comunes que puedan afectar al personal del conjunto de los entes del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (a)

b) De desarrollo de las condiciones de trabajo comunes que puedan afectar al personal del conjunto de los entes del sector público instrumental empresarial autonómico. (b)

c) De desarrollo de las condiciones de trabajo comunes que puedan afectar al personal del conjunto de los entes del sector público instrumental administrativo y empresarial autonómico. (d)

d) De desarrollo de las condiciones de trabajo comunes que puedan afectar al personal del conjunto de los entes del sector público instrumental empresarial y fundacional autonómico. (c)

a) Suspende la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca el contrario. (a)

b) Suspende la ejecución del acto impugnado si se fundamenta en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho que prevé el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (c)

c) No suspende la ejecución del acto impugnado. (b)

d) Suspende automáticamente la ejecución del acto impugnado si se fundamenta en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho que prevé el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (d)

a) Los actos de los órganos de la Administración de la comunidad autónoma que no agoten la vía administrativa, así como los actos de trámite en los casos previstos en la normativa básica de procedimiento administrativo. (b)

b) Los actos de los órganos de la Administración de la comunidad autónoma que no agoten la vía administrativa. (a)

c) Los actos de los órganos de la Administración de la comunidad autónoma que agoten la vía administrativa, así como los actos de trámite en los casos previstos en la normativa básica de procedimiento administrativo. (d)

d) Los actos de los órganos de la Administración de la comunidad autónoma que agoten la vía administrativa. (c)

a) En caso de que se establezcan limitaciones para el acceso a actividades económicas y servicios, un informe que motive que concurren razones de interés general y que se respetan los principios de necesidad y proporcionalidad, en el marco de lo dispuesto en la legislación autonómica en materia de libre acceso a las actividades de servicios. (c)

b) El dictamen del Consejo Económico y Social cuando el anteproyecto de decreto regule de forma directa y estructural materias socioeconómicas, laborales y de ocupación. (a)

c) En caso de regular un supuesto en que los efectos del silencio administrativo sean desestimatorios, un informe que motive las razones de interés general que lo justifiquen. (b)

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

a) Son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dado que el recurso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es potestativo. (d)

b) No son recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. (a)

c) Debe agotarse la vía administrativa primero, mediante el correspondiente recurso de alzada o potestativo de reposición. (b)

d) Solo son recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa después de que se haya resuelto el recurso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. (c)

a) Podrá ser emitido en el plazo de quince días si así lo solicita el órgano competente. (d)

b) Deberá ser emitido en el plazo de un mes. (c)

c) Deberá ser emitido en el plazo de quince días. (b)

d) Deberá ser emitido en el plazo de diez días. (a)

a) Se tiene que entender desestimado. (a)

b) Se tiene que entender desestimado, y queda expedita la vía jurisdiccional contenciosa administrativa. (c)

c) Se tiene que entender estimado. (b)

d) Se tiene que entender caducado. (d)

a) Las instalaciones fijas necesarias para la prestación del servicio no pueden ser objeto de hipoteca. (c)

b) La Administración conserva los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate. (a)

c) El concesionario tiene la facultad de oponerse a las instrucciones de la Administración, dado que asume el riesgo operacional. (b)

d) El contrato no se puede modificar. (d)

a) Cinco días. (b)

b) Diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. (c)

c) Diez días. (d)

d) Cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. (a)

a) Cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho que prevé el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (a)

b) Cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de anulabilidad que prevé el artículo 61.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (b)

c) Cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho que prevé el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (c)

d) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

a) Aquellos contratos que no requieran el empleo de tecnología especialmente avanzada o cuya ejecución no sea particularmente compleja. (d)

b) Aquellos contratos para cuya ejecución facilite el órgano, organismo o entidad contratante materiales o medios auxiliares cuya buena utilización exija garantías especiales por parte de los contratistas. (c)

c) Aquellos contratos cuyos proyectos o presupuestos hayan podido ser establecidos previamente y deban ser presentados por los candidatos o licitadores. (a)

d) Cuando el órgano de contratación considere que la prestación es indefinible. (b)

a) Quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada. (b)

b) El plazo para presentar alegaciones será de treinta días. (c)

c) La duración de este trámite no será inferior a diez días ni superior a quince. (a)

d) Quienes presenten alegaciones u observaciones tendrán la condición de interesados en el procedimiento. (d)

a) Determinará el ámbito normativo al cual se refiere el contenido de la delegación. (a)

b) Determinará el ámbito normativo al cual se refiere el contenido de la delegación, y tendrá que especificar qué normas concretas serán refundidas y si la autorización se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la autorización para regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que tienen que ser refundidos. (d)

c) Determinará el ámbito normativo al cual se refiere el contenido de la delegación, y tendrá que especificar si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si incluye la autorización para aclarar los textos legales que tienen que ser refundidos. (b)

d) Determinará el ámbito normativo al cual se refiere el contenido de la delegación, y tendrá que especificar si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si incluye la autorización para regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que tienen que ser refundidos. (c)

a) Las personas sin capacidad de obrar. (d)

b) Los beneficiarios de subvenciones. (b)

c) Las entidades colaboradoras. (a)

d) Las personas o entidades, relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación, obligadas a prestar la colaboración. (c)

a) Policía, seguridad y resguardo aduanero. (a)

b) Todas las respuestas son correctas. (d)

c) Fuerzas armadas y actividades militares de la Guardia Civil. (c)

d) Servicios operativos de protección civil, peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. (b)

a) Las Cortes Generales. (c)

b) El Congreso. (a)

c) El Gobierno. (d)

d) El Senado. (b)

a) Un acuerdo del Consejo de Gobierno. (c)

b) Una ley orgánica de las Cortes Generales. (d)

c) Una ley del Parlamento. (a)

d) Un decreto del Gobierno. (b)

a) Que se puede declarar en cualquier momento, a instancia de parte o incluso de oficio por la propia Administración o por parte de los tribunales. (a)

b) Que requiere de la petición de las personas inmediatamente afectadas por la norma reglamentaria. (b)

c) Que el consentimiento de los afectados es intrascendente. (c)

d) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

a) Por resolución administrativa, por silencio positivo, o mediante acuerdo entre la Administración y el interesado. (d)

b) Por resolución administrativa. (a)

c) Por resolución administrativa o mediante acuerdo entre la Administración y el interesado. (b)

d) Por resolución administrativa o por silencio positivo. (c)

a) La modificación no prevé establecer ninguna condición básica de accesibilidad cognitiva. (c)

b) La modificación solo afecta el apartado de la inclusión social. (d)

c) Introduce un nuevo artículo para establecer las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, así como para prever su desarrollo normativo posterior mediante un reglamento específico. (a)

d) Establece las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva sin prever ningún desarrollo normativo posterior. (b)

a) en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. (a)

b) en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. (b)

c) en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. (c)

d) en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o de dos meses desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. (d)

a) Los procedimientos encaminados a la obtención de planos o proyectos, principalmente en los campos de la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería y el procesamiento de datos, a través de una selección que, tras la correspondiente licitación, se encomienda a un comité de expertos. (c)

b) Los procedimientos encaminados a la obtención de pliegos, principalmente en los campos de la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería y el procesamiento de datos, a través de una selección que, tras la correspondiente licitación, se encomienda a un jurado. (d)

c) Los procedimientos encaminados a la obtención de planos o proyectos, principalmente en los campos de la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería y el procesamiento de datos, a través de una selección que, tras la correspondiente licitación, se encomienda a un jurado. (a)

d) Los procedimientos encaminados a la obtención de pliegos, principalmente en los campos de la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería y el procesamiento de datos, a través de una selección que, tras la correspondiente licitación, se encomienda a un jurado. (b)

a) Muy honorable. (c)

b) Ilustrísimo o Ilustrísima. (d)

c) Señor o Señora. (a)

d) Honorable. (b)

a) Gestionar los créditos procedentes de los ingresos de sus secciones presupuestarias y proponer sus modificaciones. (a)

b) Proponer al consejero competente en materia de hacienda y presupuestos los proyectos de inversión que deben incluirse en el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, con sujeción al marco presupuestario plurianual a medio plazo. (d)

c) Fiscalizar el gasto de los entes instrumentales adscritos a la consejería, de acuerdo con los artículos 17 y 18 de la Ley 7/2010. (c)

d) Reconocer obligaciones económicas y proponer la ordenación del pago. (b)

a) Sí, siempre que la carencia de fundamento sea manifiesta. (c)

b) Sí, siempre que la carencia de fundamento sea temeraria. (d)

c) No. (a)

d) Sí. (b)

a) La pertenencia a consejos de administración u órganos rectores de empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad esté relacionada directamente con la que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en la que preste sus servicios el personal afectado. (b)

b) La participación superior al 15 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, sea cual sea la configuración jurídica de aquellas. (d)

c) El ejercicio de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en los que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o haya de intervenir por razón del sitio público. Se incluyen especialmente en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas personas a las que se esté obligado a atender en el ejercicio del puesto público. (a)

d) El ejercicio, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea ??la configuración jurídica de aquéllas. (c)

a) En las sesiones que se celebren a distancia, sus miembros pueden encontrarse en diferentes lugares. (c)

b) Deben adoptar acuerdos y remitir las actas de forma presencial. (b)

c) Se pueden constituir, convocar y celebrar las sesiones tanto de forma presencial como a distancia. (a)

d) Para la válida constitución del órgano, se requiere la asistencia, presencial o a distancia, del presidente y el secretario, o de quienes les suplan y al menos de la mitad de sus miembros. (d)

a) 2 criterios de dirección: propósito, visión y estrategia, y cultura de la organización y liderazgo. (a)

b) 2 criterios temporales: obtener la excelencia en el menor tiempo posible y mantener la excelencia en el tiempo. (b)

c) 2 criterios de resultado: percepción de los grupos de interés y rendimiento estratégico y operativos. (d)

d) 3 criterios de ejecución: implicar a los grupos de interés, crear valor sostenible y gestionar el funcionamiento y la transformación (c)

a) Los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado. (d)

b) Los gastos notariales. (c)

c) Los gastos de asesoría jurídica. (a)

d) Los intereses deudores de las cuentas bancarias. (b)

a) Deberán publicarse en el boletín oficial que corresponda. (b)

b) Deberán establecer las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia. (a)

c) Todas las respuestas son correctas. (d)

d) Requerirán la aprobación del Consejo de Gobierno cuando supongan una alteración de las competencias atribuidas a otras Administraciones Públicas. (c)

a) Tiene por objeto compensar la pérdida de retribuciones que supone el nuevo sistema retributivo respecto del anterior a la clasificación del personal afectado. (d)

b) Tiene por objeto compensar la pérdida del puesto de trabajo que se ocupaba antes de la reclasificación del personal afectado. (b)

c) Tiene por objeto mejorar las retribuciones del personal que sufre una reclasificación del puesto de trabajo. (c)

d) Tiene por objeto compensar la nueva clasificación del personal afectado. (a)

a) Tiene el límite derivado de los secretos políticos. (b)

b) Tiene el límite temporal de diez años desde que se resuelve el expediente al cual se pretende acceder. (d)

c) Sin límite dado que es un derecho constitucionalmente garantizado. (a)

d) Tiene el límite derivado de la protección de datos de carácter personal. (c)

a) Por el Rey. (d)

b) Por el Presidente del Congreso de los Diputados. (c)

c) Por el Consejo de ministros. (b)

d) Por el Presidente del Gobierno. (a)

a) En el título II. (d)

b) En el título I. (c)

c) En la exposición de motivos. (a)

d) En el preámbulo. (b)

a) El presidente del Gobierno del Estado, como representante del Estado en las Illes Balears. (c)

b) El presidente del Parlamento de las Illes Balears. (b)

c) El consejero competente en materia de presupuestos. (a)

d) El síndico mayor. (d)

a) La dirección general competente en materia de hacienda y presupuestos. (d)

b) La Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares. (a)

c) La Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (b)

d) El Parlamento de las Islas Baleares. (c)

a) No podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa cuando una ley les reconozca capacidad de obrar. (d)

b) No podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa. (c)

c) Podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa. (a)

d) Podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa cuando una ley les reconozca capacidad de obrar. (b)

a) 12 estados. (b)

b) 10 estados. (a)

c) 13 estados. (c)

d) 8 estados. (d)

a) Las subvenciones a los grupos políticos de las corporaciones locales, según establezca su propia normativa. (d)

b) Las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, de Financiación de los Partidos Políticos. (c)

c) Los premios que se otorguen con la previa solicitud del beneficiario. (a)

d) Las subvenciones previstas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. (b)

a) Los órganos superiores pueden avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. (a)

b) Contra el acuerdo de avocación no se puede interponer recurso, aunque puede impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. (d)

c) En todo caso, la avocación se llevará a cabo mediante acuerdo motivado, que será notificado a los interesados en el procedimiento, si lo hubiere, con posterioridad a la resolución final que se dicte. (c)

d) En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto lo puede avocar únicamente por el órgano delegante. (b)

a) Garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno (b)

b) Promover la transparencia de la actividad pública (c)

c) Salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública (a)

d) Garantizar la publicidad de las reuniones del Consejo de Ministros. (d)

a) Civil. (d)

b) Mercantil. (c)

c) Penal. (b)

d) Criminal. (a)

a) Al Subdelegado del Gobierno. (d)

b) Al Director General. (a)

c) Al Delegado del Gobierno. (b)

d) Al Delegado Autonómico. (c)

a) El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres no está regulado en esta normativa. (d)

b) El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres no hace falta que se integre, de forma activa, en la adopción y la ejecución de disposiciones normativas. (c)

c) El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los poderes públicos. (b)

d) El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres informará la actuación de todos los poderes públicos. (a)

a) En órganos colegiados intraestatales. (b)

b) En órganos colegiados ministeriales, si sus miembros proceden de distintos departamentos de cada ministerio. (a)

c) En órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de distintos ministerios. (c)

d) En órganos colegiados colectivos. (d)

a) A los ciudadanos con los requisitos indicados por la ley. (b)

b) A las personas civiles. (a)

c) A Las personas jurídicas. (c)

d) A las personas físicas y jurídicas. (d)

a) En el acatamiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. (c)

b) En la aceptación del cargo y el acatamiento de la Constitución y del Estatuto de autonomía. (a)

c) En la aceptación del cargo y el acatamiento de la Constitución. (b)

d) En la aceptación del cargo y la promesa de cumplir la Constitución y el Estatuto de Autonomía. (d)

a) La asistencia, presencial oa distancia, de al menos la mitad de sus miembros, a efectos de la celebración de sesiones y deliberaciones; sólo será necesaria la asistencia del presidente y el secretario, para la toma de acuerdos. (d)

b) La asistencia presencial del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y de todos sus miembros, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos. (b)

c) La asistencia, presencial o a distancia, del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la mitad, al menos de sus miembros, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos. (a)

d) La asistencia presencial del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y de la mitad al menos de sus miembros, a efectos de la celebración de sesiones y deliberaciones, y la de todos sus miembros, para la toma de acuerdos. (c)

a) En ningún caso durante el proceso de consultas, el órgano de contratación podrá revelar a los participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas íntegramente por aquel. (b)

b) Con carácter general, el órgano de contratación al elaborar los pliegos deberá tener en cuenta los resultados de las consultas realizadas; de no ser así deberá dejar constancia de los motivos en el informe de las actuaciones realizadas. (c)

c) El órgano de contratación hará constar en un informe motivado las actuaciones realizadas. En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas. Este informe formará parte del expediente de contratación, y estará sujeto a las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en todo caso en el perfil del contratante del órgano de contratación. (a)

d) La participación en la consulta impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación que en su caso se tramite. (d)

a) El que se dicte por un órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio. (a)

b) Todas las respuestas son correctas. (d)

c) El que restrinja derechos de los ciudadanos. (c)

d) El que contenga un defecto de forma. (b)

a) El gobierno de cualquier estado miembro o sus ministros. (b)

b) El presidente de cualquier Estado miembro, el Parlamento de un Estado miembro o la Comisión Bilateral. (a)

c) El parlamento de cualquier Estado miembro, o el Tribunal de Justicia Europeo. (c)

d) El gobierno de cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo o la Comisión. (d)

a) De legislación laboral. (d)

b) De ordenación del sector pesquero. (c)

c) De estadísticas de interés para la comunidad autónoma. (a)

d) De sanidad vegetal y animal. (b)

a) De la publicación de los estatutos. (c)

b) De la publicación de la norma de creación en el boletín oficial. (b)

c) De la aprobación de los estatutos. (d)

d) En qué se constituyen sus órganos de gobierno. (a)

a) Militares, políticos o sociales. (b)

b) Políticos o militares. (d)

c) Económicos o políticos. (a)

d) Políticos o ideológicos. (c)

a) De las Comisiones Delegadas del Gobierno. (b)

b) Del Consejo de Estado. (c)

c) De la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. (a)

d) Del ministro de la Presidencia. (d)

a) Las personas titulares de los órganos directivos de la Universidad de las Illes Balears. (c)

b) Las personas titulares de los órganos directivos de los entes del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears. (d)

c) El personal eventual de los consejos insulares. (b)

d) Los diputados en el Congreso. (a)

a) Se merita por cada trienio vencido y se han de reconocer y meritar en la categoría en la que presta servicios el trabajador el último día del trienio. (d)

b) Se merita por cada tres años en el ente. (b)

c) Se merita por cada tres años de servicios prestados. (a)

d) Se merita por cada trienio vencido y se han de reconocer y meritar en el grupo al cual pertenece la persona trabajadora en el momento del vencimiento de estos. (c)

a) Tienen que recibir, con una antelación mínima de una semana, la convocatoria que contenga el orden del día de las reuniones. (d)

b) Deben participar en los debates de las sesiones. (c)

c) Deben obtener la información necesaria para cumplir las funciones asignadas. (b)

d) Tienen que recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria que contenga el orden del día de las reuniones. (a)

a) La consulta, el examen y la comprobación de la cuenta general del Parlamento. (a)

b) El análisis y la evaluación de la situación del patrimonio y de los servicios prestados por el sector público de las Illes Balears. (b)

c) La fiscalización de la compatibilidad electoral en los términos previstos en la legislación electoral. (c)

d) El examen, comprobación y fiscalización de las modificaciones de crédito del presupuesto. (d)

a) De seguridad social, exceptuando las normas que configuran su régimen económico. (a)

b) De legislación laboral. (b)

c) De protección de los menores. (d)

d) De salvamento marítimo. (c)

a) Por los Juzgados y Tribunales. (a)

b) Por los Tribunales. (d)

c) Por la administración de Justicia. (b)

d) Por los Jueces. (c)

a) Que entre órganos no dependientes jerárquicamente la avocación puede realizarla, entre otros, el órgano delegante. (d)

b) Que la avocación sólo se da entre órganos jerárquicamente dependientes. (b)

c) Que contra el acuerdo motivado de avocación no se puede interponer recurso. (a)

d) Que la avocación es lo mismo que la delegación de competencias. (c)

a) El complemento específico. (c)

b) El complemento de destino. (d)

c) Las pagas extraordinarias. (a)

d) Las horas extraordinarias. (b)

a) Que el importe total del presupuesto final de gastos puede superar el importe de las previsiones de ingresos. Asimismo, el presupuesto debe estar equilibrado desde el punto de vista de los objetivos de transparencia. (c)

b) Que el importe total del presupuesto final de gastos puede superar el importe inicial de los gastos contraídos. Asimismo, el presupuesto debe estar equilibrado desde el punto de vista de los objetivos anuales de transparencia. (d)

c) Que el importe total del presupuesto inicial de gastos no puede superar en ningún caso el importe de las previsiones de ingresos. Asimismo, el presupuesto debe estar equilibrado desde el punto de vista de los objetivos anuales de estabilidad presupuestaria. (a)

d) Que el importe del presupuesto de gastos podrá superar en determinados casos el importe de las previsiones de ingresos. (b)

a) En cualquier infracción del ordenamiento jurídico. (a)

b) En cualquiera de los motivos de nulidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. (d)

c) En cualquiera de los motivos de nulidad, anulabilidad o error material previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. (c)

d) En cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. (b)

a) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. (d)

b) Excepcionalmente, las puede solicitar por otros medios habilitados al efecto. (b)

c) Tiene que suspender el plazo para resolver el procedimiento. (c)

d) Puede requerir el interesado para que aporte la documentación. (a)

a) Regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera. (b)

b) Articular los sistemas para realizar la promoción interna, así como determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo. (c)

c) Regular la carrera profesional aplicable en cada ámbito. (a)

d) Todas las anteriores son incorrectas. (d)

a) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

b) En régimen de libre concurrencia. (a)

c) En régimen de gestión directa. (c)

d) En régimen de monopolio. (b)

a) Los proyectos de ley. (a)

b) Las proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios que apoyan en el Gobierno. (b)

c) Las respuestas a) y b) son correctas. (c)

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

a) En la adopción de decisiones pero no en el desarrollo de la actividad pública. (b)

b) En el desarrollo de la actividad pública pero no en la adopción de decisiones. (c)

c) En el resultado de las políticas pero no en la adopción de decisiones ni en el desarrollo de la actividad pública. (d)

d) Tanto en la adopción de decisiones como en el desarrollo de la actividad pública. (a)

a) Todos los actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva se publicarán obligatoriamente en el diario oficial que corresponda. (c)

b) Todos los actos que afecten a una pluralidad de personas se publicarán obligatoriamente en el diario oficial que corresponda. (d)

c) Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. (a)

d) La publicación de los actos se realizará siempre en el «Boletín Oficial del Estado», con independencia de cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar. (b)

a) Los gastos de personal por todos los conceptos, incluidos los del personal de conciertos educativos. (d)

b) Los expedientes de resolución de convocatorias de conciertos sociales regulados en la normativa de acción social. (b)

c) Los actos de ejecución de las sentencias que condenen a la Comunidad Autónoma y de las que se deriven obligaciones de contenido económico. (a)

d) Los convenios que suscriba la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos y cualesquiera actos de naturaleza análoga, siempre que tengan contenido económico. (c)

a) Ha de elaborarse previamente a la resolución del consejero por la que se inicia el procedimiento. (c)

b) Sólo ha de elaborarse en los procedimientos que se tramitan de forma ordinaria. (a)

c) Sólo se elabora si se trata de reglamentos que se dicten en materia presupuestaria. (d)

d) El estudio ha de incluirse en la memoria de impacto normativo. (b)

a) Pertenecer a sindicatos. (d)

b) Desempeñar otros cargos públicos. (a)

c) Asociarse profesionalmente según la ley. (c)

d) Pertenecer a partidos políticos. (b)

a) No esté prohibida por una norma con rango de Ley. (a)

b) Haya sido expresamente reconocida por una norma de rango legal o reglamentario. (c)

c) No esté prohibida por una norma de rango legal o reglamentario. (d)

d) Haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley. (b)

a) El presupuesto del Servicio de Salud de las Islas Baleares. (b)

b) El presupuesto de la Universidad de las Illes Balears. (c)

c) El presupuesto de la Agencia tributaria de las Islas Baleares. (a)

d) Los presupuestos de las entidades que integran el sector público fundacional. (d)

a) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

b) Debe enviarlo al interesado a través del NOTIB. (b)

c) Debe conservarlo durante un tiempo determinado. (a)

d) Puede destruirlo. (c)

a) La denominación y características esenciales. (d)

b) La denominación, isla de destino, retribuciones y requisitos para su provisión. (b)

c) La denominación y las características esenciales, las retribuciones y los requisitos para proveerlos. (a)

d) La denominación y características esenciales, retribuciones básicas y requisitos para su provisión. (c)

a) Prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, que la sufran. (a)

b) Prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, que la sufran. (c)

c) Evaluar, sancionar y erradicar las desigualdades acaecidas por razón de género, y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, que la sufran. (b)

d) Evaluar, estructurar y erradicar la violencia de género y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, que la sufran. (d)

a) De magistrados del Tribunal Superior de Justicia. (d)

b) Del Consejo General del Poder Judicial. (a)

c) De la Audiencia Provincial. (c)

d) Del Tribunal Supremo. (b)

a) Del Parlamento de las Illes Balears. (a)

b) De la Presidencia de las Islas Baleares. (b)

c) Del consejero competente en materia de transparencia. (c)

d) De la Sindicatura de Greuges. (d)

a) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. (d)

b) Agilidad en la liquidación de la justificación de la aplicación de los fondos. (b)

c) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. (a)

d) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante. (c)

a) La existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida. (a)

b) En su caso, la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización. (b)

c) La existencia de negligencia en la actuación administrativa. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. (b)

b) Incluida la elaboración de perfiles, que no produzca efectos jurídicos en él o no le afecte significativamente de modo similar. (a)

c) Excluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. (d)

d) Excluida la elaboración de perfiles, que no produzca efectos jurídicos en él o no le afecte significativamente de modo similar. (c)

a) Por mayoría de tres quintas partes de sus miembros. (c)

b) Por mayoría absoluta. (d)

c) Por mayoría de dos terceras partes de sus miembros. (b)

d) Por mayoría simple. (a)

a) Están sujetos a las normas europeas de competencia y mercado interior. (c)

b) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

c) Pueden ser prestados por empresarios. (b)

d) Son servicios básicos que se prestan a cambio de una remuneración. (a)

a) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. (d)

b) La Administración actuante puede consultar los datos, en poder de otra administración, por medios telemáticos, salvo que el interesado se oponga. (c)

c) La Administración actuante puede consultar los datos, en poder de otra administración, por medios telemáticos, siempre que tenga el consentimiento tácito del interesado. (a)

d) La Administración actuante puede consultar los datos, en poder de otra administración, por medios telemáticos, siempre que tenga el consentimiento expreso del interesado. (b)

a) A un fondo de compensación interterritorial. (d)

b) A una mancomunidad provincial. (c)

c) A la garantía estatal de manutención y preservación de sus tradiciones. (b)

d) Al autogobierno y constituirse en comunidades autónomas. (a)

a) El presidente del Tribunal Constitucional. (b)

b) El presidente de la Audiencia Provincial. (c)

c) El ministro competente en materia de justicia. (a)

d) El presidente del Tribunal Supremo. (d)

a) Miembros de los grupos políticos. (a)

b) Sindicalistas que trabajen en la Oficina. (b)

c) Personas de reconocido prestigio y experiencia de más de quince años en materia de evaluación de políticas públicas. (c)

d) El personal al que es de aplicación el Estatuto básico del empleado público. (d)

a) La delegación no será revocable en ningún caso por el órgano que la haya conferido. (c)

b) Salvo autorización expresa de una ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. (b)

c) El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, se adoptará observando, en todo caso, ese quórum o mayoría. (d)

d) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación deben indicar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante. (a)

a) A los altos cargos, al personal eventual ya todo el personal que ocupe puestos de naturaleza directiva de la Administración autonómica, independientemente de su denominación. (a)

b) A los altos cargos, personal eventual y personal que ocupe puestos de órganos unipersonales de dirección de la Administración autonómica, independientemente de su denominación. (b)

c) A los altos cargos y al personal eventual de la Administración autonómica. (c)

d) A los altos cargos ya todo el personal que ocupe puestos de naturaleza directiva de la Administración autonómica, independientemente de su denominación. (d)