a) Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y Tratado de la Comunidad Europea. (c)

b) Tratado de la Unión Europea, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. (b)

c) Tratado de la Unión Europea y Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. (a)

d) Tratado de la Unión Europea y Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. (d)

a) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención. (c)

b) Resolver el reintegro de los fondos percibidos en caso de incumplimiento de la justificación de aplicación de los fondos o realización de la actividad subvencionada. (d)

c) Comprobar la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión. (b)

d) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras de la subvención. (a)

a) En cualquier momento. (a)

b) En el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. (d)

c) En cualquier momento a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. (c)

d) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. (b)

a) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

b) El órgano, el centro o la unidad administrativa a que se dirige y su correspondiente código de identificación. (c)

c) El nombre y apellidos del recurrente, sin hacer constar su identificación personal. (a)

d) El acto que se recorre, y se puede consignar la razón de su impugnación. (b)

a) Con el fin de dar a conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios que, sin estar sujetos a regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar. (c)

b) Con el fin de dar a conocer aquellos contratos de obras que, estando sujetos a regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar. (b)

c) Con el fin de dar a conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios que, estando sujetos a regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar. (a)

d) Con el fin de dar a conocer aquellos contratos de obras y suministros que, sin estar sujetos a regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar. (d)

a) A solicitud de persona interesada. (c)

b) De oficio o a solicitud de persona interesada. (b)

c) A solicitud de de parte. (d)

d) De oficio. (a)

a) Proceso de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, condiciones horarias, ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, infrarrepresentación femenina, atribuciones y prevención del acoso sexual y por razón de sexo. (c)

b) Proceso de selección y contratación, clasificación profesional, educación, formación profesional, condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres, ejercicio responsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, infrarrepresentación femenina, retribuciones y prevención del acoso sexual y por razón de sexo. (d)

c) Proceso de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres, ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, infrarrepresentación femenina, retribuciones y prevención del acoso sexual y por razón de sexo. (b)

d) Proceso de selección y contratación, clasificación profesional, educación, promoción profesional, condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres, ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, suprarrepresentación femenina, retribuciones y prevención del acoso sexual y por razón de sexo. (a)

a) De cinco años a contar desde la fecha de inscripción, sin posibilidad de prórroga. (b)

b) De diez años a contar desde la fecha de inscripción. (c)

c) De cinco años a contar desde la fecha de inscripción. (a)

d) De diez años a contar desde la fecha de inscripción, sin posibilidad de prórroga. (d)

a) Por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma u órganos de la Administración local. (d)

b) Por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma, de entes del sector público instrumental u órganos de la Administración local. (c)

c) Por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma. (b)

d) Por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma o de entes del sector público instrumental. (a)

a) Las concesiones de subvenciones y las transferencias nominativas . (b)

b) Los actos de ejecución de las sentencias que condenen a la Comunidad Autónoma y de las que se deriven obligaciones de contenido económico. (a)

c) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

d) Los expedientes de resolución de convocatorias de conciertos sociales regulados en la normativa de acción social. (c)

a) Anotar los asientos de salida, cuando corresponda. (c)

b) Inscribir apoderamientos por comparecencia. (b)

c) Todas las respuestas son correctas. (d)

d) Identificar a los interesados en el procedimiento. (a)

a) Están obligadas a disponer de planes de igualdad las empresas entre cien y ciento cincuenta personas trabajadoras. (b)

b) No existe ningún tramo relacionado con el número de personas trabajadoras. (d)

c) Están obligadas a disponer de planes de igualdad las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras. (a)

d) Están obligadas a disponer de planes de igualdad las empresas de más de ciento cincuenta personas trabajadoras. (c)

a) No debe aplicar el acto administrativo y simultáneamente debe interponer un recurso contencioso administrativo. (a)

b) Podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto y, de rechazar el requerimiento, suspenderá la aplicación del acto. (c)

c) Podrá suspender la aplicación del acto administrativo y simultáneamente debe interponer un recurso contencioso administrativo. (d)

d) Podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso contencioso-administrativo. (b)

a) La realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos. (b)

b) La realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. (c)

c) La realización de una pluralidad de acciones u omisiones en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. (a)

d) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

a) Depende orgánica y funcionalmente del órgano superior unipersonal de dirección del organismo autónomo. (c)

b) Depende orgánica y funcionalmente de la persona titular de la consejería competente en materia de función pública. (b)

c) Depende orgánica y funcionalmente del consejero titular de la consejería de adscripción del ente. (d)

d) Depende orgánicamente de la persona titular de la consejería competente en materia de función pública y funcionalmente del órgano superior unipersonal de dirección del organismo autónomo. (a)

a) No. (d)

b) Sí , si está inscrito en el censo electoral de las Illes Balears. (a)

c) Sí , si está inscrito en el censo electoral de las Illes Balears, sean mayores de edad y se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. (c)

d) Sí , si está inscrito en el censo electoral de las Illes Balears y sean mayores de edad. (b)

a) De cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo menor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo. (c)

b) De cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo. (d)

c) De cuatro años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo. (b)

d) De tres años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo. (a)

a) Vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales. (c)

b) Desarrollar la normativa que incide en las condiciones de trabajo. (a)

c) Evaluar las condiciones de seguridad y salud. (b)

d) Sancionar en temas relativos a la seguridad social exclusivamente. (d)

a) El artículo 118. (a)

b) El artículo 18. (d)

c) Los artículos 1 y 3. (c)

d) Los artículos 5 y 8. (b)

a) A los Consejos Insulares, de acuerdo con el artículo 58. (c)

b) Al Gobierno de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 57. (a)

c) A los consejeros. (b)

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

a) Promover la mejora de las condiciones de trabajo a fin de elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. (a)

b) Mejorar las condiciones salariales y sociales de los trabajadores afiliados a la seguridad social. (b)

c) Respetar la salud de los trabajadores en el trabajo adoptando medidas preventivas. (d)

d) Alcanzar unas condiciones dignas de trabajo. (c)

a) El acuerdo del pleno por mayoría absoluta del número de miembros de la corporación presentes a la sesión, y la aprobación del consejo, que ha de otorgarse si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada o lo aconsejen razones de seguridad, salubridad u orden público. (a)

b) El acuerdo del pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y la aprobación del consejo, que ha de otorgarse sólo si lo aconsejan razones de seguridad, salubridad u orden público. (d)

c) El acuerdo del pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y la aprobación del consejo, que ha de otorgarse sólo si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada. (c)

d) El acuerdo del pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y la aprobación del consejo, que ha de otorgarse si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada o lo aconsejen razones de seguridad, salubridad u orden público. (b)

a) El acto por el que se acuerda, una vez cumplidos los trámites legales que procedan, efectuar una transferencia a favor de terceros por unas condiciones indeterminadas. (b)

b) El acto por el que se acuerda, una vez cumplidos los trámites legales que procedan, efectuar un gasto a favor de un colectivo por importe indeterminado. (a)

c) El acto por el que se acuerda, una vez cumplidos los trámites legales que procedan, efectuar un gasto a favor de un tercero y por un importe y unas condiciones exactamente determinados o determinables. (c)

d) El acto por el que se acuerda ejecutar la orden de pago. (d)

a) Las peculiaridades del sistema sanitario de los funcionarios públicos. (d)

b) El sistema de compatibilidades de los funcionarios públicos. (a)

c) El estatuto de los funcionarios públicos. (c)

d) El acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y compatibilidad. (b)

a) Los interesados deben aportar al procedimiento administrativo los datos y los documentos exigidos por las administraciones públicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. (a)

b) Los interesados deben aportar los datos y los documentos exigidos por los empleados necesarios para resolver el procedimiento. (b)

c) Los interesados deben aportar al procedimiento administrativo los datos y los documentos exigidos por los organismos públicos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. (c)

d) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

a) 3 años. (b)

b) 5 años. (d)

c) 4 años. (a)

d) 6 años. (c)

a) Las manifestaciones o declaraciones efectuadas por los ciudadanos y ciudadanas en las que hagan constar la disconformidad con la prestación de los servicios públicos, especialmente sobre los retrasos o cualquier otra anomalía en su funcionamiento. (d)

b) Las manifestaciones, aportaciones o sugerencias efectuadas por los ciudadanos y ciudadanas en las que hagan constar la disconformidad con la prestación de los servicios públicos. (b)

c) Las manifestaciones o declaraciones efectuadas por los ciudadanos y ciudadanas en las que hagan constar la disconformidad con la prestación de los servicios públicos, especialmente sobre los retrasos, desatenciones o cualquier otra anomalía en su funcionamiento. (a)

d) Las manifestaciones o declaraciones efectuadas por los ciudadanos y ciudadanas en las que hagan constar la disconformidad con la prestación de los servicios públicos. (c)

a) Las administraciones públicas de las Illes Balears tienen que tomar medidas con el objeto de fomentar la corresponsabilidad en la vida laboral, la familiar y la personal de las mujeres y los hombres. (a)

b) Las administraciones públicas tienen que tomar medidas de conciliación solo en casos de familias numerosas. (c)

c) Las administraciones públicas de las Illes Balears tienen que tomar medidas con el objeto de fomentar la corrseponsabilitat en la vida laboral, la familiar y la personal de las mujeres y los hombres, teniendo en cuenta los nuevos modelos de familia. (b)

d) Las administraciones públicas tienen que tomar medidas de conciliación solo en casos de familias monoparentales. (d)

a) La Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social a la comunidad autónoma de las Illes Balears. (d)

b) La Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios sociales a la comunidad autónoma de las Illes Balears. (b)

c) La Ley 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector de acción social. (a)

d) La Ley 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector de acción social de las Illes Balears. (c)

a) Son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. (b)

b) La forma en que una sociedad organiza sus actuaciones políticas. (a)

c) La forma en que los gobiernos dan respuesta a las acciones que se generan a consecuencia del hecho de vivir. (d)

d) Un proceso o una forma en que se encadena una secuencia de conductas individuales y colectivas. (c)

a) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

b) No. (c)

c) Sí. (a)

d) No, sólo están obligadas si se trata de notificaciones administrativas. (b)

a) La compatibilidad informática e interconexión, así como la codificación segura de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se presenten en cualquiera de los registros. (b)

b) La compatibilidad informática e interconexión, así como la codificación segura de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. (a)

c) La compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se presenten en cualquiera de los registros. (d)

d) La compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. (c)

a) La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar la realización de planes de auditoría correctiva. (b)

b) La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar la realización de planes de auditoría preventiva. (a)

c) El Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar la realización de planes de auditoría preventiva. (c)

d) El Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar la realización de planes de auditoría correctiva. (d)

a) Compatibilidad (a)

b) Interoperabilidad (b)

c) Accesibilidad (d)

d) Reutilización. (c)

a) Al Portal de Transparencia de cada administración. (a)

b) Al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. (d)

c) Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. (c)

d) Al Portal de Transparencia del Estado. (b)

a) El presidente de las Illes Balears. (c)

b) El delegado del Gobierno. (a)

c) El presidente del Parlamento. (b)

d) El rey. (d)

a) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos. (b)

b) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

c) Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, así como la regla de gasto. (a)

d) Una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. (c)

a) Privadas, salvo el cuerdo en contra de cada cámara. (d)

b) Siempre públicas. (a)

c) Siempre privadas. (b)

d) Públicas, salvo el acuerdo en contra de cada cámara. (c)

a) No podrá exceder de cuatro años. (a)

b) No podrá exceder de tres años. (c)

c) No podrá exceder de dos años. (d)

d) No podrá exceder de cinco años. (b)

a) Cuando de la promulgación de una ley se deduzcan obligaciones cuyo cumplimiento exija la concesión de un crédito extraordinario o de un suplemento de crédito. (b)

b) Cuando, una vez iniciada la tramitación de una ley de crédito extraordinario o de suplemento de crédito, el director general competente en materia de tesorería haya emitido informe favorable. (c)

c) Cuando, una vez iniciada la tramitación de una ley de crédito extraordinario o de suplemento de crédito, la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos haya emitido informe favorable. (a)

d) El importe del anticipo no podrá exceder, en cada ejercicio, del límite del 2% de los créditos para gastos autorizados por la Ley de presupuestos generales o, en el caso de operaciones de endeudamiento, el importe de las obligaciones correspondientes . (d)

a) Para poder acceder a la consulta XML y petición XML de cada una de las solicitudes, se requiere el rol administrador. (d)

b) En la lista de todas las solicitudes enviadas en la petición múltiple, se puede consultar la petición XML y la respuesta XML. (c)

c) En la lista de todas las solicitudes enviadas dentro de la petición múltiple, únicamente se puede consultar la petición XML. (a)

d) En la lista de todas las solicitudes enviadas dentro de la petición múltiple, únicamente se puede consultar la respuesta XML. (b)

a) La Orden de la consejera de Administraciones Públicas de 1 de agosto de 2014 por la que se desarrolla el Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (a)

b) La Orden de la consejera de Administraciones Públicas de 1 de agosto de 2012 por la que se desarrolla el Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (d)

c) La Orden de la consejera de Administraciones Públicas de 1 de agosto de 2011 por la que se desarrolla el Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (b)

d) La Orden de la consejera de Administraciones Públicas de 1 de agosto de 2013 por la que se desarrolla el Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (c)

a) No, porque la OAPIB estará integrada por funcionarios o personal laboral designados por el Consejo de Gobierno. (b)

b) No, porque se encuentra bajo la dependencia directa de la consejería competente en materia de calidad de los servicios. (c)

c) No, porque la ley sólo reconoce autonomía funcional, pero no administrativa. (a)

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

a) Prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización. (a)

b) Caduca al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización. (d)

c) Prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. (b)

d) Caduca al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. (c)

a) Que se trata de disposiciones legislativas provisionales. (a)

b) Que se trata de disposiciones gubernativas la vigencia de las cuales decae en el plazo máximo de un mes. (d)

c) Que se trata de disposiciones gubernativas provisionales. (b)

d) Que se trata de disposiciones legislativas la vigencia de las cuales decae en el plazo máximo de un mes. (c)

a) Cuatro (c)

b) Cinco (d)

c) Tres (b)

d) Dos (a)

a) Con el consentimiento del afectado. (a)

b) Cuando el afectado manifieste su consentimiento en un proceso judicial. (d)

c) Cuando así lo disponga una resolución administrativa. (b)

d) Con el informe previo y vinculante del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico. (c)

a) Ha de ser retribuido por los conceptos que acuerden la dirección del ente y los representantes sindicales, sean qué sean los conceptos retributivos. (d)

b) No puede ser retribuido por ningún complemento. (a)

c) Puede ser retribuido por las retribuciones básicas exclusivamente. (b)

d) No puede ser retribuido por ninguno otro concepto que no esté previsto en la DA 15ª de la Ley 15/2012. (c)

a) 1 (a)

b) 3 (c)

c) 4 (d)

d) 2 (b)

a) Evaluar las solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria. (b)

b) Determinar los participantes admitidos a la convocatoria. (d)

c) Solicitar, si procede, los informes de la comisión evaluadora. (a)

d) Dictar la resolución expresa que finaliza el procedimiento de concesión de subvenciones. (c)

a) El espacio de trabajo es insuficiente, el terreno es irregular y la iluminación es escasa. (b)

b) La carga a trasladar. (c)

c) La carencia de información y formación al personal. (d)

d) El estado de salud del personal. (a)

a) Tiene que otorgarse por una ley marco. (b)

b) Tiene que otorgarse por una ley de delegación. (c)

c) Tiene que otorgarse por una ley de bases. (a)

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

a) Deben adecuar sus documentos contables en la forma que se determine mediante la orden del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos. (a)

b) Deben adecuar sus documentos contables en la forma que se determine por Ley de presupuestos generales. (b)

c) Tienen que adecuar sus documentos contables previo informe favorable de la Sindicatura de Cuentas. (d)

d) Deben adecuar sus documentos contables a petición del Consejo de Gobierno. (c)

a) Que la vulneración de una disposición de alcance general por una de carácter particular requiere acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno. (d)

b) Que las resoluciones administrativas de carácter particular pueden vulnerar los reglamentos cuando procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. (a)

c) Que las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar las disposiciones reglamentarias a pesar de que aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. (c)

d) Que las resoluciones administrativas de carácter particular pueden vulnerar los reglamentos únicamente cuando procedan del Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad. (b)

a) Sueldo base, complemento de antigüedad, pagas extraordinarias, complemento de insularidad y retribuciones complementarias. (c)

b) Retribuciones básicas y complemento de insularidad. (d)

c) Sueldo base, complemento de antigüedad y pagas extraordinarias. (b)

d) Retribuciones básicas y complementos del puesto de trabajo. (a)

a) Como cualquier disposición jurídica de carácter singular dictada por la Administración pública y subordinada a la ley. (a)

b) Como cualquier disposición jurídica de carácter general dictada por el Gobierno y la Administración pública, subordinada a la ley. (c)

c) Como cualquier disposición administrativa dictada en el seno de un procedimiento, con efectos erga omnes. (d)

d) Como cualquier disposición jurídica dictada por el Gobierno y la Administración en virtud de la delegación normativa efectuada a su favor por las Cortes Generales. (b)

a) Los actos adoptados en el marco de una cooperación reforzada no se considerarán caudal que deban aceptar los Estados candidatos de la adhesión a la Unión. (d)

b) Las cooperaciones reforzadas serán adoptadas por el Consejo, en el marco de las competencias exclusivas de la Unión, cuando éste haya llegado a la conclusión de que los objetivos perseguidos por esta cooperación no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto. (b)

c) Todos los miembros del Consejo pueden participar en la deliberación y votación de los asuntos de la cooperación reforzada. (c)

d) Las cooperaciones reforzadas, una vez acordadas, están abiertas durante el plazo de diez años a todos los Estados miembros de la Unión. (a)

a) Los actos emanados de los órganos de dirección unipersonales o colegiados y del personal directivo profesional, si así lo prevén sus estatutos o la norma de creación. (d)

b) Los actos emanados de los órganos de dirección unipersonales o colegiados, si así lo prevén sus estatutos o la norma de creación. (b)

c) Los actos emanados de los órganos de dirección unipersonales o colegiados y del personal directivo profesional. (c)

d) Los actos emanados de los órganos de dirección unipersonales o colegiados. (a)

a) El control externo de las modificaciones de crédito corresponde a la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares. (c)

b) Los expedientes de modificación de crédito serán objeto de fiscalización previa por parte de la Intervención General de Comunidad Autónoma. (b)

c) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

d) Las normas generales de tramitación de las modificaciones de crédito se establecerán en la Ley general de presupuestos que se aprueben cada año. (a)

a) Es de dos meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. (c)

b) Es de seis meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. (a)

c) Es de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. (d)

d) Es de cuatro meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. (b)

a) Será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada. (c)

b) Será de un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. (b)

c) Será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. (d)

d) Será de un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada. (a)

a) Las notificaciones que se practiquen en papel no serán puestas a disposición del interesado en la sede electrónica. (d)

b) Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, el resto de notificaciones se practicarán través de medios electrónicos. (a)

c) Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos. (c)

d) Las notificaciones que se practiquen en papel podrán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica. (b)

a) Del Parlamento de las Islas Baleares. (d)

b) La Sindicatura de Cuentas ejerce sus funciones con independencia y no depende de ningún órgano. (c)

c) Del Gobierno de las Islas Baleares. (a)

d) De la Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (b)

a) El director general competente en materia de tesorería. (c)

b) El Consejo de Gobierno. (d)

c) El director general en materia de hacienda y presupuestos. (b)

d) El consejero competente en materia de hacienda y presupuestos. (a)

a) Las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada y consistan en refundir textos. (c)

b) Las leyes que delegan la potestad de dictar normas con rango de ley. (a)

c) Las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada en virtud de una ley de bases. (b)

d) Las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada. (d)

a) En supuestos o ámbitos sectoriales determinados. (a)

b) Cuando la especialidad de la materia así lo aconseje. (b)

c) En supuestos o ámbitos sectoriales determinados cuando la especifidad de la materia así lo justifique. (c)

d) Con carácter general. (d)

a) Los créditos ampliables no podrán quedar vinculados a otras partidas que carezcan de tal carácter. (b)

b) Los créditos que corresponden a gastos con financiación afectada pueden quedar vinculados a otros que no tengan ese carácter y la misma finalidad. (a)

c) Ninguna respuesta es incorrecta. (d)

d) No pueden quedar vinculados a otros créditos los destinados al pago de subvenciones o transferencias con asignación nominativa. (c)

a) Por mayoría de dos terceras partes de sus miembros. (b)

b) Por mayoría absoluta. (d)

c) Por mayoría simple. (a)

d) Por mayoría de tres quintas partes de sus miembros. (c)

a) Y la división territorial para el cumplimiento de las actividades propias. (a)

b) Y la división territorial para el cumplimiento de las actividades de las comunidades autónomas en las que se encuentren integradas. (b)

c) Y sin división territorial. (c)

d) Y la división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. (d)

a) Se ejerce siempre y únicamente a través de los trabajadores, tanto en el ámbito de la empresa privada como en el ámbito de las administraciones públicas. (d)

b) Se ejerce de igual forma en el ámbito de la empresa privada y en el ámbito de las administraciones públicas sin adaptaciones particulares en ninguno de ambos ámbitos. (b)

c) Se ejerce siempre y únicamente a través de los representantes de los trabajadores, tanto en el ámbito de la empresa privada como en el ámbito de las administraciones públicas. (c)

d) Se ejerce en el ámbito de las administraciones públicas con las adaptaciones que sean procedentes atendiendo a la diversidad de las actividades que llevan a cabo y las diferentes condiciones en que éstas se realizan, la complejidad y dispersión de la estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de representación colectiva. (a)

a) En caso de que se establezcan limitaciones para el acceso a actividades económicas y servicios, un informe que motive que concurren razones de interés general y que se respetan los principios de necesidad y proporcionalidad, en el marco de lo dispuesto en la legislación autonómica en materia de libre acceso a las actividades de servicios. (c)

b) En caso de regular un supuesto en que los efectos del silencio administrativo sean desestimatorios, un informe que motive las razones de interés general que lo justifiquen. (b)

c) El dictamen del Consejo Económico y Social cuando el anteproyecto de decreto regule de forma directa y estructural materias socioeconómicas, laborales y de ocupación. (a)

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

a) Auditoría de cumplimiento. (b)

b) La auditoría pública debe adoptar cualquiera de las modalidades anteriores, o una combinación de ellas. (d)

c) Auditoría operativa. (c)

d) Auditoría de regularidad contable. (a)

a) Que lista el conjunto de servicios de intermediación de datos que puede proveer. (d)

b) Que nombra a un interlocutor único de la entidad ante la comisión de seguimiento del convenio. (b)

c) Que adopta la decisión de adherirse al convenio por un período inicial de 2 años. (a)

d) Que dispone de un responsable en materia de interoperabilidad y un suplente, y los nombra. (c)

a) De setenta horas. (a)

b) De setenta y ocho horas. (c)

c) De setenta y cinco horas. (d)

d) De setenta y dos horas. (b)

a) Mercantil. (c)

b) Penal. (b)

c) Civil. (d)

d) Criminal. (a)

a) Deberán comunicarle cualquier adición, modificación o exclusión en el contenido del registro de actividades. (b)

b) Deberán encargarle llevar el registro de actividades. (a)

c) Éste será el responsable de cualquier adición, modificación o exclusión en el contenido del registro de actividades. (c)

d) Éste no tiene competencia ni debe conocer de las adiciones, modificaciones o exclusiones en el contenido del registro de actividades. (d)

a) Que exista acuerdo con el interesado y no esté prohibido en las normas sectoriales específicas. (b)

b) Que exista acuerdo con el interesado. (c)

c) Que exista acuerdo con el interesado y se prevea en las normas sectoriales específicas. (a)

d) Que exista acuerdo con el interesado y no haya disponibilidad presupuestaria para abonar la indemnización durante el año en curso. (d)

a) Datos personales que hagan referencia a la vida sexual. (c)

b) Datos personales que hagan referencia a la salud. (a)

c) Datos personales que revelen la afiliación sindical. (d)

d) Datos personales que incluyesen datos genéticos o biométricos. (b)

a) Cuando lo disponga la ley. (b)

b) Sí, para aquellos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. (c)

c) Sí, siempre. (a)

d) Las respuestas b) y c) son correctas. (d)

a) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo 81 de la Constitución española. (c)

b) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias no incluidas en el artículo 83 de la Constitución española. (b)

c) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley. (a)

d) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas que relaciona la propia Constitución. (d)

a) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

b) La Ley de contratos del sector público no permite la adjudicación directa de un contrato de concesión. (a)

c) La Ley de contratos del sector público permite la adjudicación directa de un contrato de concesión a una sociedad de economía mixta, siempre que no se trate de la concesión de un servicio público. (c)

d) En el supuesto de que el adjudicatario sea una sociedad de economía mixta en la que concurra capital público mayoritariamente con capital privado. (b)

a) La publicación del acto o resolución de creación de la sede electrónica en el boletín oficial que corresponda en función de cuál sea la Administración Pública titular de la sede. (a)

b) La publicación en el directorio del Punto de Acceso General Electrónico que corresponda. (b)

c) Las respuestas a) y b) son correctas. (c)

d) La publicación del acto o resolución de creación de la sede electrónica en el boletín oficial que corresponda en función de cuál sea la Administración Pública titular de la sede y en el Boletín Oficial del Estado. (d)

a) En casos en que en convocatorias similares ya haya cualquier prohibición de discriminación por razón de sexo. (c)

b)  Si se trata de profesiones neutras (a)

c) En casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo (b)

d) En casos de urgencia, si no hay una prohibición de discriminación por razón de sexo. (d)

a) Los presupuestos. (a)

b) Información relativa a su estructura organizativa. (d)

c) Las directrices, instrucciones, acuerdos o circulares en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. (b)

d) La relación de los convenios suscritos. (c)

a) Sí, siempre que la Administración ejecute la parte esencial del servicio y el empresario lo que resulte complementario. (a)

b) Sí, en todo caso; el artículo 30 de la Ley de Contratos del Sector Público reconoce la ejecución directa de prestaciones por parte de la Administración pública con la colaboración de empresarios particulares. (b)

c) No, si la colaboración es para atender a los usuarios de forma directa. (c)

d) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

a) Los que regulan materias sobre las que la Constitución española ha previsto una reserva reglamentaria. (d)

b) Los que dicta la Administración para hacer frente a riesgos extraordinarios, suspendiendo la vigencia de las leyes a las cuales contradicen mientras dure la situación de emergencia. (c)

c) Los que desarrollan y complementan una ley. (b)

d) Los que regulan materias en las que no se ha producido una previa regulación por ley y que no están protegidas por reserva material de ley. (a)

a) Personal laboral y personal funcionario. (b)

b) No tienen personal. (d)

c) Personal funcionario. (c)

d) Personal laboral. (a)

a) Si el interesado interpone un recurso contencioso-administrativo decaerá automáticamente la suspensión de la ejecución del acto. (d)

b) La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. (b)

c) Al dictar el acuerdo de suspensión se deberán adoptar medidas cautelares para asegurar la eficacia de la resolución. (c)

d) La ejecución se deberá suspender cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley. (a)

a) Será la concesión directa. (a)

b) Lo decide el órgano competente en cada caso. (d)

c) Se tramitará por prorrateo, entre todos los beneficiarios, del importe global destinado a la subvención. (c)

d) Se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. (b)

a) Se ha de incrementar en el mismo porcentaje que se suban las retribuciones del personal laboral de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (c)

b) Se ha de incrementar en el mismo porcentaje que se suban las retribuciones del personal funcionario de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (b)

c) Se ha de incrementar en el mismo porcentaje que se suban las retribuciones del personal funcionario o laboral de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (d)

d) No se ha de incrementar ni revalorizar por razón de los incrementos retributivos que, si se tercia, establezcan las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (a)

a) Los empleadores podrán tratar los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. (b)

b) Con carácter previo, los empleadores deberán informar a los trabajadores o los empleados públicos acerca del posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión. (d)

c) Con carácter previo, los empleadores habrán de informar de forma expresa, clara e inequívoca a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de la existencia y características de estos dispositivos de geolocalización en el ámbito laboral. (a)

d) Con carácter previo, los empleadores deberán informar a los trabajadores acerca de la posibilidad de baja voluntaria en la empresa ante la utilización de dispositivos de geolocalización. (c)

a) El Consejo de Gobierno. (c)

b) La personal titular de la consejería de adscripción del ente. (a)

c) La Abogacía de la Comunidad Autónoma. (d)

d) La persona titular de la gerencia u órgano unipersonal equivalente del ente. (b)

a) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en aplicación de la encomienda de gestión firmada con este ente el 9 de diciembre de 2021. (d)

b) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en aplicación del convenio firmado con este ente el 9 de diciembre de 2021. (b)

c) La Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública. (a)

d) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en aplicación del contrato firmado con este ente el 9 de diciembre de 2021. (c)

a) En organismos autónomas y entidades públicas empresariales. (a)

b) En organismos autónomas y agencias públicas. (d)

c) En organismos autónomos y consorcios. (b)

d) En organismos autónomos, entidades públicas empresariales y consorcios. (c)

a) De competencia profesional, experiencia y confianza personal. (b)

b) De confianza personal, experiencia y lealtad política. (c)

c) De competencia profesional y experiencia. (a)

d) De competencia profesional y lealtad política. (d)

a) Identificar aquellos aspectos y áreas de mejora que permitan y favorezcan la evolución y el desarrollo de las organizaciones, mediante la mejora continua. (a)

b) Conocer si se cumplen los objetivos que persigue la organización. (b)

c) Asegurar la comparación, cooperación y competitividad de los órganos, organismos y unidades que prestan servicios públicos. (c)

d) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

a) En los tres primeros días desde su presentación podrán presentarse mociones alternativas. (c)

b) En el primer día desde su presentación podrán presentarse mociones alternativas. (a)

c) En los cuatro primeros días desde su presentación podrán presentarse mociones alternativas. (d)

d) En los dos primeros días desde su presentación podrán presentarse mociones alternativas. (b)

a) De políticas de género. (c)

b) De ferias internacionales. (b)

c) De juventud. (d)

d) De publicidad, sin perjuicio de la legislación mercantil. (a)

a) Cada medio año. (b)

b) Cada año. (a)

c) Cada dos años. (c)

d) Cada tres años. (d)

a) Representar al Gobierno. (b)

b) Declarar los estados de alarma y de excepción. (c)

c) Dirigir la política de defensa. (a)

d) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales y las Secretarías de Estado. (d)