a) Las administraciones públicas españolas conectarán sus nodos de interoperabilidad a la red s-TESTA. (b)

b) Las administraciones públicas españolas utilizarán preferentemente la red SARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones) para comunicarse entre sí. (a)

c) La red SARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones) facilita la interconexión con las redes de las Instituciones de la Unión Europea. (c)

d) Los requisitos de conexión a la red SARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones) están establecidos en una Norma Técnica de Interoperabilidad. (d)

a) El Congreso de los Diputados. (d)

b) El Gobierno del Estado. (a)

c) El Defensor del Pueblo. (c)

d) Las Cortes Generales. (b)

a) Está integrada por representantes de todos los grupos parlamentarios. (b)

b) Es el órgano de gobierno y gestión del Parlamento. (a)

c) Está integrada por un presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios. (c)

d) Elije al presidente del Parlamento entre sus miembros. (d)

a) Cuando por causas ajenas al concesionario se derive una perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio. (a)

b) Cuando a causa del incumplimiento por parte del concesionario se derive una perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio. (b)

c) Cuando por causas ajenas al concesionario se derive una perturbación muy grave y no reparable por otros medios en el servicio. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Condena provisional o firme por delito doloso. (d)

b) Incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función. (a)

c) Incumplimiento grave de sus obligaciones. (b)

d) Incompatibilidad. (c)

a) Del ministro de la Presidencia (a)

b) Del Secretariado del Gobierno. (c)

c) Del presidente del Congreso de los Diputados. (d)

d) Del presidente del Gobierno. (b)

a) El defensor del Pueblo. (d)

b) La Fiscalía. (c)

c) Los propios menores. (b)

d) Los titulares de la patria potestad. (a)

a) Si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de nueve meses por causas imputables al presunto infractor. (b)

b) Si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al presunto infractor. (c)

c) Si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de nueve meses por causas no imputables al presunto infractor. (a)

d) Si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas imputables al presunto infractor. (d)

a) Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional. (a)

b) Elaborar los estatutos generales de los colegios. (b)

c) Asumir la representación de los profesionales españoles ante las entidades similares de otras naciones de los centros docentes correspondientes a las respectivas profesiones. (c)

d) Ejercer las funciones disciplinarias de los miembros de las juntas de gobierno de los colegios. (d)

a) No pueden tener prestaciones propias de los contratos. (d)

b) No pueden tener efectos jurídicos frente a terceros. (b)

c) Pueden tener prestaciones propias de los contratos. (c)

d) No pueden ser formalizados con sujetos de derecho privado. (a)

a) De tres años. (b)

b) De cinco años. (a)

c) De cuatro años. (c)

d) De seis años. (d)

a) Los proyectos de ley. (a)

b) Las proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios que apoyan en el Gobierno. (b)

c) Las respuestas a) y b) son correctas. (c)

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

a) Los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado. (d)

b) Los intereses deudores de las cuentas bancarias. (b)

c) Los gastos de asesoría jurídica. (a)

d) Los gastos notariales. (c)

a) Es un mecanismo de verificación automática del origen e integridad de los documentos electrónicos en los términos establecidos por la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico, usado en las actuaciones administrativas automatizadas. (c)

b) Es un mecanismo de validación manual del origen e integridad de los documentos electrónicos en los términos establecidos por la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico, usado en las actuaciones administrativas manuales. (b)

c) Es un mecanismo de validación automática del origen e integridad de los documentos electrónicos en los términos establecidos por la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico, usado en las actuaciones administrativas automatizadas. (a)

d) Es un mecanismo de verificación manual del origen e integridad de los documentos electrónicos en los términos establecidos en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico, usado en las actuaciones administrativas manuales. (d)

a) El Senado. (a)

b) El Consejo de Ministros. (b)

c) El consejo de gobierno autonómico correspondiente. (d)

d) La asamblea legislativa correspondiente. (c)

a) Competencia ejecutiva. (d)

b) Competencia exclusiva. (c)

c) Competencia compartida con las comunidades autónomas. (a)

d) Competencia de desarrollo legislativo. (b)

a) Conocer los resultados de la elaboración de su perfil y oponerse a su uso. (c)

b) Oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas independientemente de los efectos que produzcan. (a)

c) Conocer los resultados de la elaboración de su perfil. (b)

d) Oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él. (d)

a) Órganos superiores encargados de la gestión de los servicios comunes y de las funciones de asesoramiento jurídico. (c)

b) Órganos directivos encargados de la gestión de los servicios comunes y de las funciones de asesoramiento jurídico y de impulso normativo. (d)

c) Órganos superiores encargados de la gestión de los servicios comunes y de las funciones de asesoramiento jurídico y de soporte técnico. (b)

d) Órganos directivos encargados de la gestión de los servicios comunes y de las funciones de asesoramiento jurídico y de soporte técnico. (a)

a) Tiene que ser congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial. (a)

b) Tiene que ser congruente con los nuevos hechos que se presenten, y se podrá agravar la situación inicial del recurrente. (c)

c) Tiene que ser congruente con las peticiones formuladas por el recurrente y, en el supuesto de que los nuevos documentos así lo aconsejen, se pueden imponer nuevas medidas, que en los casos más graves, podrán agravar la situación inicial. (b)

d) No puede poner fin en ningún caso a la vía administrativa. (d)

a) Información a las víctimas, atención educativa, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer, apoyo psicológico a la unidad familiar, formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a la defensa personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos y apoyo a la formación y la inserción social (d)

b) Información a las víctimas, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer, apoyo educativo a la unidad familiar, formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos y apoyo a la formación y la inserción laboral. (a)

c) Información a las víctimas, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de los derechos laborales, apoyo inclusivo a la unidad familiar, formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos y apoyo a la formación y la inserción laboral. (b)

d) Que pueda escoger entre información a las víctimas, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de los derechos laborales, apoyo educativo a la unidad familiar, formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos o apoyo a la formación y la inserción laboral. (c)

a) Defensa y fuerzas armadas. (b)

b) Relaciones internacionales. (d)

c) La gestión en materia de protección del medio ambiente. (c)

d) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. (a)

a) Cuatro años. (a)

b) Cinco años. (c)

c) Un año. (d)

d) Tres años. (b)

a) Las peculiaridades del sistema sanitario de los funcionarios públicos. (d)

b) El acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y compatibilidad. (b)

c) El estatuto de los funcionarios públicos. (c)

d) El sistema de compatibilidades de los funcionarios públicos. (a)

a) No harán prueba de éstos. (d)

b) No harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario. (c)

c) Harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario. (b)

d) Harán prueba de éstos. (a)

a) Obligatoria y gratuita. (d)

b) Obligatoria. (b)

c) Voluntaria y gratuita. (c)

d) Gratuita. (a)

a) Acordar la interposición del recurso de inconstitucionalidad. (d)

b) Disolver el Parlamento y convocar anticipadamente elecciones. (a)

c) Aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma. (c)

d) Ejercer en la potestad reglamentaria mediante la aprobación de decretos. (b)

a) Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general. (b)

b) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación. (c)

c) La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral queda excluida del ámbito de la presente Ley. (a)

d) En todo caso las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a los definidos en el artículo 14 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. (d)

a) Nacionalidad. (a)

b) Asistencia social. (c)

c) Promoción del deporte. (d)

d) La promoción y ordenación del turismo dentro del ámbito autonómico. (b)

a) De acuerdo con las conexiones sociales o vínculos familiares que el individuo tenga con otros españoles nativos. (d)

b) De acuerdo con la normativa civil. (c)

c) De acuerdo con lo que la Ley establece. (b)

d) De acuerdo con los tratados internacionales sobre nacionalidades y migración. (a)

a) Los actos administrativos se producirán por escrito o verbalmente, siempre por medios electrónicos. (d)

b) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos. (a)

c) Los actos administrativos se producirán por escrito o verbalmente, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. (b)

d) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. (c)

a) En el plazo de cuatro años. (a)

b) En el plazo de cuatro años las muy graves, dos años las graves y un año las leves. (d)

c) En el plazo de dos años. (b)

d) En el plazo de un año. (c)

a) De forma expresa y para materia concreta, con fijación del procedimiento que se tiene que seguir. (c)

b) De forma expresa y para materia determinada o determinable. (b)

c) De forma expresa y para materia concreta. (a)

d) De forma expresa y para materia concreta, con fijación del plazo para su ejercicio. (d)

a) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos equivalentes. (d)

b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas. (c)

c) El incumplimiento de las condiciones establecidas que alteren sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida. (b)

d) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación de los fondos percibidos. (a)

a) En la forma que la Constitución establezca. (d)

b) En la forma que la ley establezca. (a)

c) En la forma que los estatutos de autonomía establezcan. (b)

d) En la forma que los tratados internacionales de educación europea establezcan. (c)

a) El contenido de la Base de Datos incluirá, al menos, la convocatoria de la subvención, pero no será obligatorio incluir el programa y crédito presupuestario al que se imputan. (d)

b) La Base de Datos recogerá información de las subvenciones, sin poder establecerse la inclusión de otras ayudas públicas. (b)

c) El contenido de la Base de Datos incluirá, al menos, referencia a las bases reguladoras de la subvención, pero no será obligatorio incluir la convocatoria de la subvención. (c)

d) La Intervención General de la Administración del Estado es el órgano responsable de la administración y custodia de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. (a)

a) Al presidente del Gobierno. (a)

b) Al rey. (c)

c) Al Gobierno. (d)

d) Al presidente del Congreso de los Diputados. (b)

a) Por el Parlamento, el Gobierno y los consejos insulares de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. (d)

b) Por el Parlamento y el Gobierno. (c)

c) Por el Parlamento, el Gobierno y el presidente de la comunidad autónoma. (b)

d) Por el Parlamento, el Gobierno, el presidente de la comunidad autónoma y los consejos insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. (a)

a) Podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento, sin que quepa oposición expresa por parte del interesado. (a)

b) Deberá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento, salvo que alguno de los interesados manifieste su oposición expresa. (d)

c) Deberá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento, sin que quepa oposición expresa por parte del interesado. (b)

d) Podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento, salvo que alguno de los interesados manifieste su oposición expresa. (c)

a) Las cámaras de la propiedad urbana. (d)

b) Los colegios profesionales. (b)

c) Las fundaciones públicas. (a)

d) Las cámaras de comercio, industria y navegación. (c)

a) Espacios forestales y su aprovechamiento. (b)

b) Defensa y fuerzas armadas. (c)

c) Ferias interiores. (d)

d) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. (a)

a) Por el Presidente del Congreso de los Diputados. (c)

b) Por el Consejo de ministros. (b)

c) Por el Rey. (d)

d) Por el Presidente del Gobierno. (a)

a) Por el vicepresidente, si existe, siempre que tenga la condición de diputado del Parlamento de las Illes Balears. (a)

b) Por el consejero de más edad. (d)

c) Por el consejero que tenga atribuida la secretaría del Gobierno. (b)

d) Por el presidente del Parlamento de las Illes Balears. (c)

a) Podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. (b)

b) Se producirá la caducidad del procedimiento. (a)

c) La indemnización se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será firme en vía administrativa. (d)

d) La solicitud podrá entenderse estimada por silencio administrativo. (c)

a) La Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene que aprobar las directrices en que se establezcan las pautas que se deben seguir para realizar el informe de evaluación de impacto de género. (a)

b) La Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, a propuesta del Instituto Balear de la Mujer, tiene que aprobar las directrices en que se establezcan las pautas que se deben seguir para realizar el informe de evaluación de impacto de género. (b)

c) El Observatorio para la Equidad tiene que aprobar las directrices que se deben seguir para realizar el informe de evaluación de impacto de género. (d)

d) La Comisión de Paridad tiene que aprobar las pautas que se deben seguir para realizar el informe de evaluación de impacto de género. (c)

a) El sueldo base y las pagas extraordinarias. (d)

b) El sueldo base, el complemento de antigüedad y las pagas extraordinarias. (c)

c) El sueldo base, el complemento de antigüedad y el de carrera profesional. (b)

d) El sueldo base y los complementos de puesto de trabajo. (a)

a) A sus respectivos ayuntamientos. (a)

b) Al alcalde. (c)

c) A los regidores de los ayuntamientos. (d)

d) A los vecinos. (b)

a) De transparencia, publicidad, responsabilidad, seguridad, disponibilidad, neutralidad e interoperabilidad. (a)

b) De transparencia, publicidad, responsabilidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, eficacia e interoperabilidad. (c)

c) De transparencia, responsabilidad, calidad, cifrado, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. (b)

d) De transparencia, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, eficiencia e interoperabilidad. (d)

a) La titulación exigida para el ingreso en los entes del Sector público instrumental. (b)

b) Las funciones que realiza la persona trabajadora. (c)

c) La titulación máxima de que disponga la persona trabajadora. (a)

d) Sólo pueden ser técnicos o auxiliares. (d)

a) Todas las respuestas son correctas. (d)

b) Para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. (b)

c) Para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra. (a)

d) Para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. (c)

a) Personal funcionario de la Administración de la comunidad autónoma o de los organismos autónomos que le sea adscrito o personal funcionario de cualquier administración pública que se incorpore por cualquier procedimiento de provisión o de ocupación de puestos de trabajo, de acuerdo con el convenio colectivo de la entidad pública empresarial. (a)

b) Personal funcionario de cualquier administración pública que se incorpore por cualquier procedimiento de provisión o de ocupación de puestos de trabajo, de acuerdo con el convenio colectivo de la entidad pública empresarial. (c)

c) Personal funcionario de la Administración de la comunidad autónoma o de los organismos autónomos que le sea adscrito o personal funcionario de cualquier administración pública que se incorpore por cualquier procedimiento de provisión o de ocupación de puestos de trabajo, de acuerdo con la normativa de función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears. (b)

d) Todas las anteriores son incorrectas. (d)

a) No, la Ley de contratos del sector público regula dos tipos de contratos mediante los cuales se prestan servicios sociales o a las personas: el contrato de servicios y el de concesión de servicios. (b)

b) Sí, siempre que se lleve a cabo a través de concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por la Ley sin límites ni cuantías. (c)

c) Sí, siempre que se lleve a cabo sin necesidad de subscribir contratos públicos, a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones que el poder adjudicador haya fijado previamente, sin límites ni cuotas, y que el sistema mencionado garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no-discriminación. (d)

d) Sí, siempre que se lleve a cabo sin necesidad de subscribir contratos públicos, a través de la simple financiación de estos servicios a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que el sistema mencionado se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación. (a)

a) Mantendrán actualizada su formación y calificación. (c)

b) Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio. (a)

c) Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, vigilando la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. (d)

d) Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos. (b)

a) Éste inadmitirá a trámite la solicitud, indicando que órgano es el competente a su parecer. (d)

b) Éste inadmitirá a trámite la solicitud e informará de esta circunstancia al solicitante. (b)

c) Éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante. (a)

d) Éste la remitirá al competente, si lo conociera, y el órgano competente informará al solicitante de haber recibido la solicitud. (c)

a) Sólo pueden adoptarse a propuesta de la Comisión, salvo cuando los tratados dispongan otra cosa. (b)

b) Únicamente podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, salvo cuando los tratados o norma europea dispongan otra cosa. (c)

c) Se adoptan a propuesta del Consejo por mayoría calificada. (d)

d) Se adoptan por mayoría calificada del Parlamento Europeo. (a)

a) Motivadas siempre en materia penal y pronunciadas en audiencia pública. (b)

b) Motivadas siempre y pronunciadas en audiencia pública. (c)

c) Motivadas siempre y pronunciadas en audiencia privada. (a)

d) Motivadas en algunos casos tasados y pronunciadas en audiencia privada. (d)

a) La carencia de información y formación al personal. (d)

b) El espacio de trabajo es insuficiente, el terreno es irregular y la iluminación es escasa. (b)

c) El estado de salud del personal. (a)

d) La carga a trasladar. (c)

a) El Consejo de Gobierno. (d)

b) El consejero competente en materia de hacienda y presupuestos. (a)

c) El director general en materia de hacienda y presupuestos. (b)

d) El director general competente en materia de tesorería. (c)

a) No pueden ocasionar ningún riesgo para la seguridad y salud del personal. (b)

b) Son valores mínimos y máximos sólo de humedad. (a)

c) Son la temperatura absoluta. (c)

d) Son la humedad relativa. (d)

a) Se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación del gasto, salvo en el supuesto excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser establecido previamente, o que las normas de desconcentración o el acto de delegación hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse la aprobación del órgano competente. (d)

b) Se dictará resolución por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. (a)

c) Se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación, aunque no implicará la aprobación del gasto. (c)

d) Se dictará resolución por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación del gasto. (b)

a) A los tres meses. (c)

b) Al mes. (d)

c) A los seis meses. (b)

d) Al año. (a)

a) Si la necesidad de crédito se refiere a operaciones no financieras del presupuesto, el crédito extraordinario o suplemento de crédito se financiarán exclusivamente mediante la aplicación del fondo de contingencia o mediante la baja en otros créditos de carácter financiero que se consideren adecuados. (b)

b) Si la necesidad de crédito se refiere a operaciones no financieras del presupuesto, de forma excepcional, el crédito extraordinario o el suplemento de crédito pueden financiarse con endeudamiento a largo plazo o con la baja en otros créditos de carácter financiero. (c)

c) Si la necesidad de crédito corresponde a operaciones financieras del presupuesto, el crédito extraordinario o el suplemento se financiarán con endeudamiento a largo plazo o con la baja en otros créditos de cualquier tipo, o también, en su caso, con nuevos ingresos no financieros o superiores efectivamente recaudados. (a)

d) Si la necesidad de crédito corresponde a operaciones financieras del presupuesto, el crédito extraordinario o el suplemento se financiarán con endeudamiento a largo plazo o con la baja en otros créditos, o también, en su caso, con ingresos no financieros nuevos o superiores efectivamente recaudados, siempre que, en este último caso, en el expediente que se tramite se acredite, mediante informe de la dirección general competente en materia de presupuestos, que los ingresos ordinarios de carácter no finalista se recaudan con normalidad. (d)

a) Solicitar que el Parlamento de las Illes Balears se reúna en sesión extraordinaria. (c)

b) Ejercitar acciones judiciales y desistir de las mismas. (d)

c) Resolver los conflictos de atribuciones entre consejerías. (a)

d) Establecer la política general de la comunidad autónoma. (b)

a) De fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y todas las demás que estén previstas en las leyes. (a)

b) De fomento, o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes del sector público instrumental fundacional. (b)

c) De fomento, prestacionales y de gestión común de servicios públicos. (d)

d) Prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes. (c)

a) Cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación o de otros órganos, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga indirectamente un interés financiero que pudiera parecer que compromete su imparcialidad en el contexto del procedimiento de licitación. (b)

b) Cualquier hecho en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga indirectamente cierto interés financiero, económico o personal aunque no pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación. (d)

c) Cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación. (a)

d) Cualquier hecho en el que el personal que participe en el desarrollo del procedimiento de licitación pueda influir en el resultado del mismo y tenga directamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación. (c)

a) Es la situación más habitual en el entorno laboral. (b)

b) Es cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador o trabajadora. (d)

c) Son las características inherentes al desarrollo de la labor diaria. (c)

d) Son todas las circunstancias derivadas del trabajo. (a)

a) Hasta dos años después del cese. (d)

b) Sólo cuando un asunto haya sido declarado secreto. (c)

c) Incluso después del cese. (a)

d) Hasta el día del cese. (b)

a) Podrá decidir sobre las cuestiones de forma y fondo que plantee el procedimiento que hayan sido alegadas por los interesados. (b)

b) Decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. (c)

c) Decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, siempre que hayan sido alegadas por los interesados. (a)

d) Solo podrá decidir sobre las cuestiones fondo que plantee el procedimiento aunque no hayan sido alegadas por los interesados. (d)

a) No existe ninguna respuesta correcta. (d)

b) Se realiza por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en colaboración con empresas privadas de auditoría que practican controles financieros o auditorías según los casos. (b)

c) La Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ejerce el control interno de la gestión económico-financiera del sector público mediante el ejercicio de la función interventora y del control financiero. (c)

d) Se realiza a través de auditorías practicadas por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears o por empresas privadas de auditoría según el tipo de ente público. (a)

a) La comisión parlamentaria correspondiente y debe acordarlo el Pleno del Parlamento por mayoría de tres quintas partes. (a)

b) El Pleno del Parlamento por mayoría de dos terceras tres partes. (d)

c) El presidente del Parlamento de las Illes Balears. (b)

d) Por el presidente de las Illes Balears. (c)

a) La mayoría absoluta de los presentes en la votación. (d)

b) La mayoría absoluta de los componentes del Parlamento. (a)

c) La mayoría simple de los componentes del Parlamento. (c)

d) La mayoría de dos tercios de los componentes del Parlamento. (b)

a) Retribuciones básicas y complemento de insularidad. (d)

b) Sueldo base, complemento de antigüedad, pagas extraordinarias, complemento de insularidad y retribuciones complementarias. (c)

c) Sueldo base, complemento de antigüedad y pagas extraordinarias. (b)

d) Retribuciones básicas y complementos del puesto de trabajo. (a)

a) Austria, Finlandia, Suecia, España y Portugal. (c)

b) La República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. (b)

c) Bulgaria, Rumanía y Grecia. (d)

d) Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. (a)

a) De la persona jurídica que presta el servicio: los servicios públicos son gestionados directamente por la Administración. (a)

b) De la titularidad del servicio: la titularidad del servicio público corresponde a la Administración. (b)

c) De su inserción en el mercado: la actividad de servicio público se ejerce en régimen de libre competencia. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Sí, de forma voluntaria y mediante la formalización del instrumento de adhesión correspondiente, y en todo caso, constituyéndose como sede electrónica asociada. (c)

b) Sí, de forma voluntaria y mediante la formalización del correspondiente instrumento de adhesión, sin que se constituya como sede electrónica asociada. (d)

c) No, sólo podrá adherirse si su sede es titularidad de la propia administración pública. (a)

d) No, primero deberá constituirse como sede electrónica asociada. (b)

a) La valoración de las pruebas practicadas, con excepción de aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión. (c)

b) La valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión. (a)

c) La valoración de las pruebas practicadas después del trámite de audiencia. (d)

d) La valoración de las pruebas que no se han podido practicar. (b)

a) Después de cada renovación de las Cortes Generales, y en los demás supuestos que la ley establezca. (a)

b) Después de cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda. (c)

c) Solamente después de cada renovación de las Cortes Generales. (b)

d) Después de cada renovación de las Cortes Generales, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda y cuando se presente una moción de censura. (d)

a) Las mutuas y los servicios de prevención son lo mismo. (d)

b) Ejercen sus funciones de acuerdo con lo establecido en la ley. (c)

c) Pueden ejercer actividades preventivas sólo en casos concretos. (b)

d) Tienen prohibido la participación en actividades mercantiles de prevención. (a)

a) El liderazgo, la estrategia y planificación, las personas, y los procesos (c)

b) El liderazgo, la estrategia y planificación, las personas, los procesos y los resultados. (a)

c) El liderazgo, la estrategia y planificación, las personas, las alianzas y recursos, y los procesos. (d)

d) El liderazgo, las personas, y los procesos (b)

a) Por decisión de una quinta parte de los miembros que lo componen. (a)

b) Por decisión de una tercera parte de los miembros que lo componen. (d)

c) Por decisión de la mayoría de los miembros que lo componen. (b)

d) Por decisión de la mitad de los miembros que lo componen. (c)

a) Un acto que tenga por destinatarias a más de diez personas. (b)

b) Todas las respuestas son correctas. (d)

c) Un acto que tenga por destinatario a una persona que ha rechazado la notificación. (c)

d) Un acto que tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas. (a)

a) El incumplimiento del principio de transparencia de la información o el derecho de información del afectado por no facilitar toda la información exigida por los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679. (d)

b) El incumplimiento por parte de un organismo de certificación de los principios y deberes a los que está sometido según lo previsto en los artículos 42 y 43 de Reglamento (UE) 2016/679. (a)

c) El tratamiento de datos personales sin llevar a cabo una previa valoración de los elementos mencionados en el artículo 28 de esta ley orgánica. (b)

d) La falta de atención por el representante en la Unión del responsable o del encargado del tratamiento de las solicitudes efectuadas por la autoridad de protección de datos o por los afectados. (c)

a) Al procedimiento establecido en la Constitución. (c)

b) A la normativa europea. (a)

c) A la aprobación del Parlamento. (d)

d) Al procedimiento que ellos mismos establezcan. (b)

a) Los actos dictados por el presidente y por los órganos colegiados. (c)

b) Los actos dictados por los órganos colegiados, por el Gobierno y por las comisiones delegadas. (a)

c) Los actos dictados por el presidente, por el vicepresidente, por el Gobierno y por las comisiones delegadas. (d)

d) Los actos dictados por el presidente, por los órganos colegiados, por el Gobierno y por las comisiones delegadas. (b)

a) Como regla, se exigen más de 500.000 firmas acreditadas. (a)

b) En todo caso, se exigen no menos de 500.000 firmas acreditadas. (d)

c) Como regla, se exigen no menos de 500.000 firmas acreditadas. (c)

d) En todo caso, se exigen más de 500.000 firmas acreditadas. (b)

a) El general para toda ley, veinte días después de su publicación íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. (d)

b) Un mes después de su publicación íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. (c)

c) Dos meses después de su publicación íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. (b)

d) Tres meses después de su publicación íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. (a)

a) Mediante un documento privado cuya matriz conste en un archivo notarial o una inscripción practicada en un registro mercantil. (d)

b) Mediante apoderamiento efectuado por comparecencia electrónica en las oficinas de asistencia en materia de registro o comparecencia personal en la correspondiente sede electrónica o sede electrónica asociada. (a)

c) Mediante la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente o en sus registros particulares de apoderamientos. (b)

d) Mediante un certificado electrónico de representante. (c)

a) Son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas antes de hacer un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, y eliminar la discriminación de cualquier tipo. (c)

b) Son un conjunto ordenado de medidas tendentes a diagnosticar en la empresa la situación de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, y eliminar la discriminación por razón de sexo. (d)

c) Son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de hacer un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, y eliminar la discriminación por razón de sexo. (a)

d) Son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de hacer un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, y eliminar la discriminación de cualquier tipo. (b)

a) De pesca marítima en las aguas de las Illes Balears. (b)

b) De ordenación y planificación de la actividad económica de las Illes Balears. (c)

c) De ferias y mercados no internacionales. (a)

d) De legislación laboral. (d)

a) El de transparencia pero no el de publicidad. (c)

b) Ninguno de los dos. (d)

c) El de transparencia y publicidad. (a)

d) El de publicidad pero no el de transparencia. (b)

a) Que ambas son normas jurídicas. (a)

b) Que ambas emanan del ejecutivo. (c)

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

d) Que ambas emanan de la voluntad popular. (b)

a) La Dirección General de Modernización y Administración Digital. (a)

b) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

c) La Dirección General de Participación, Transparencia y Voluntariado. (b)

d) La Dirección General de Calidad de los Servicios. (c)

a) Los servicios públicos no pueden ser objeto de concesión. (b)

b) Puede gestionarse un servicio público mediante concesión siempre que el servicio sea susceptible de explotación económica por parte de particulares. (c)

c) Puede gestionarse el servicio público mediante concesión, siempre que no implique la construcción de una obra, caso en que se tiene que calificar de concesión de obra. (d)

d) La Ley de contratos del sector público permite la gestión indirecta de un servicio público mediante un contrato de concesión de servicios incluso si el servicio implica ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. (a)

a) A la policía. (a)

b) A las fuerzas armadas. (b)

c) A las fuerzas o los institutos armados o a los otros cuerpos sometidos a disciplina militar. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) En una soberanía nacional. (b)

b) En un estado liberal de derecho. (c)

c) En una soberanía constitucional. (a)

d) En un estado social y democrático de derecho. (d)

a) Los acuerdos de las comisiones delegadas del Gobierno y las resoluciones de los consejeros, salvo que una ley establezca lo contrario. (a)

b) Los acuerdos de las comisiones delegadas del Gobierno y del Consejo de Gobierno, y las resoluciones dictadas por el presidente, los consejeros y los órganos directivos de las Consejerías. (d)

c) Los acuerdos de las comisiones delegadas del Gobierno y las resoluciones dictadas por los órganos directivos de las Consejerías. (c)

d) Los actos dictados por el presidente, por el Consejo de Gobierno y por los órganos directivos de las Consejerías. (b)

a) Delegados de Negociación. (d)

b) Juntas de Comisión. (c)

c) Delegados de Personal. (a)

d) Delegados de Comisión. (b)

a) El Gobierno, mediante la correspondiente delegación legislativa. (b)

b) Las Cortes Generales, en cualquier caso. (a)

c) Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente lo obstaculicen. (c)

d) Las asambleas legislativas o los órganos colegiados superiores de las distintas comunidades autónomas. (d)

a) Las referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo contenida en informes internos. (b)

b) Las que contengan datos personales que hagan referencia a la vida sexual. (a)

c) Datos personales relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor. (d)

d) Las dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando no se desconozca el competente. (c)

a) A petición de los interesados, cuando la naturaleza del procedimiento lo exija. (c)

b) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados. (a)

c) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija. (b)

d) A petición de los interesados, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por éstos o cuando la naturaleza del procedimiento lo exija. (d)

a) El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. (d)

b) La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de 15 días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. (a)

c) Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. (b)

d) Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24. (c)