a) En cualquier infracción del ordenamiento jurídico. (a)

b) En cualquiera de los motivos de nulidad, anulabilidad o error material previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. (c)

c) En cualquiera de los motivos de nulidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. (d)

d) En cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. (b)

a) El importe del anticipo no podrá exceder, en cada ejercicio, del límite del 2% de los créditos para gastos autorizados por la Ley de presupuestos generales o, en el caso de operaciones de endeudamiento, el importe de las obligaciones correspondientes . (d)

b) Cuando, una vez iniciada la tramitación de una ley de crédito extraordinario o de suplemento de crédito, el director general competente en materia de tesorería haya emitido informe favorable. (c)

c) Cuando, una vez iniciada la tramitación de una ley de crédito extraordinario o de suplemento de crédito, la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos haya emitido informe favorable. (a)

d) Cuando de la promulgación de una ley se deduzcan obligaciones cuyo cumplimiento exija la concesión de un crédito extraordinario o de un suplemento de crédito. (b)

a) El personal directivo profesional de naturaleza laboral de los entes del sector público instrumental estará sometido a la relación laboral especial de alta dirección, no obstante, podrá convertirse en un contrato de trabajo de carácter ordinario una vez superado el período de prueba. (d)

b) Han de preverse en el plan de actuación y en el estudio económico-financiero a que se refiere el artículo 5 de La Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (b)

c) La selección de este personal deberá atender los principios de mérito y capacidad, así como criterios de idoneidad, y ha de llevarse a cabo mediante procedimientos que garanticen la transparencia del proceso. (a)

d) Se entenderá que se verifican los principios de mérito y capacidad, así como los criterios de idoneidad, cuando el órgano de selección verifique que el o la gerente del ente ha dictado el acuerdo de idoneidad del aspirante haciendo constar que reúne los requisitos exigidos en el convenio colectivo de aplicación y en la Relación de Puestos de Trabajo. (c)

a) En el título IV. (a)

b) En el título III. (c)

c) En el título IX. (d)

d) En el título II. (b)

a) Siempre que concurran razones de urgencia y de interés público. (a)

b) Todas las respuestas son correctas. (c)

c) Si no fuera posible dotarlo mediante alguno de los otros tipos de modificaciones de crédito. (d)

d) Siempre que el gasto no pueda aplazarse al ejercicio presupuestario siguiente. (b)

a) El Congreso proveerá a la sucesión a la Corona en la forma que más convenga al interés general. (c)

b) Las Cortes Generales propondrán un heredero alternativo y se someterá a referéndum. (b)

c) El Gobierno convocará un referéndum. (a)

d) Las Cortes Generales proveerán a la sucesión a la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España. (d)

a) Todos los complementos destinados a retribuir las jornadas especiales, la jornada partida, el trabajo por turnos, el trabajo en días festivos, el trabajo nocturno y cualquier otro de similar. (b)

b) Todos los complementos destinados a retribuir la disponibilidad, la incompatibilidad, la exclusividad y cualquiera otro similar. (a)

c) Todos los complementos destinados a retribuir la conduccio? habitual de vehículos, el esfuerzo físico, las condiciones meteorolo?gicas, la atencio? de emerge?ncies, el uso de determinados equipos o de maquina?ría especial, la exposicio?n a productos químicos y cualquier actividad clasificada. (d)

d) Todos los complementos destinados a retribuir la jefatura orga?nica, el mando de personal, la direccio?n de equipos y cualquier otro de similar. (c)

a) Los actos emanados de los órganos de dirección unipersonales o colegiados, si así lo prevén sus estatutos o la norma de creación. (b)

b) Los actos emanados de los órganos de dirección unipersonales o colegiados y del personal directivo profesional, si así lo prevén sus estatutos o la norma de creación. (d)

c) Los actos emanados de los órganos de dirección unipersonales o colegiados y del personal directivo profesional. (c)

d) Los actos emanados de los órganos de dirección unipersonales o colegiados. (a)

a) De las Administraciones de las entidades locales. (b)

b) De los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. (c)

c) De las Universidades Públicas y los centros de enseñanza sostenidos total o parcialmente con fondos públicos. (a)

d) De los cuerpos de Policía Local. (d)

a) Funciones legislativas y ejecutivas. (c)

b) Funciones ejecutivas. (d)

c) Funciones ejecutivas y administrativas. (b)

d) Funciones administrativas y legislativas. (a)

a) Las retribuciones básicas y los complementos del puesto de trabajo correspondiente. (a)

b) Las retribuciones básicas, el complemento de insularidad y las retribuciones complementarias del puesto de trabajo. (d)

c) Las retribuciones básicas y las retribuciones complementarias sólo. (b)

d) Las retribuciones básicas, las retribuciones complementarias y las del puesto de trabajo. (c)

a) La existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida. (a)

b) En su caso, la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización. (b)

c) La existencia de negligencia en la actuación administrativa. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Normal o anormal de los servicios públicos. (a)

b) Normal de los servicios públicos. (c)

c) Normal, anormal o regular de los servicios públicos. (d)

d) Anormal o irregular de los servicios públicos. (b)

a) Opinión y valoración que han merecido para la ciudadanía las actuaciones desarrolladas. (a)

b) Todas las respuestas son correctas. (c)

c) Grado de colaboración interinstitucional en la elaboración y desarrollo de la política. (b)

d) Cumplimiento de la legalidad y del derecho que asiste a la ciudadanía. (d)

a) De dictar, para ellas mismas y todas las comunidades limítrofes y similares cultural e históricamente, normas legislativas dentro del marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley orgánica. (d)

b) De anular, para ellas mismas, normas legislativas fijadas dentro del marco de los principios, bases y directrices por una ley orgánica. (c)

c) De modificar, para ellas mismas, normas legislativas dentro del marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. (a)

d) De dictar, para ellas mismas, normas legislativas dentro del marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. (b)

a) Establecer las condiciones técnicas de acceso a los servicios de intercambio de datos que ofrece, los métodos de consulta permitidos y los controles y la auditoría técnica, pudiendo delegar la ejecución de estas condiciones en un nodo de interoperabilidad. (c)

b) Mantener el rastro de todas las peticiones recibidas y respuestas generadas. (b)

c) Definir la política de auditoría y realizar auditorías periódicas sobre el uso del sistema relativo a las consultas de sus datos. (a)

d) Definir los controles y criterios de acceso a los datos necesarios para garantizar la confidencialidad de la información: políticas y procedimientos de gestión y control de acceso de usuarios y órganos. (d)

a) Aquellas categorías profesionales para las cuales se exige el título universitario de grado medio o equivalente. (a)

b) Aquellos puestos de trabajo para los cuales se exige un título de formación profesional. (d)

c) Aquellas categorías profesionales para las cuales se exige el título de licenciado o ingeniero superior. (b)

d) Aquellas categorías profesionales para las cuales se exige el título universitario de grado superior o equivalente. (c)

a) Gestión presupuestaria. (b)

b) Gestión de tecnología. (c)

c) Gestión de las relaciones con los clientes/ciudadanos/usuarios de los servicios. (d)

d) Gestión de las alianzas externas y de los proveedores. (a)

a) Se ejerce siempre y únicamente a través de los representantes de los trabajadores, tanto en el ámbito de la empresa privada como en el ámbito de las administraciones públicas. (c)

b) Se ejerce en el ámbito de las administraciones públicas con las adaptaciones que sean procedentes atendiendo a la diversidad de las actividades que llevan a cabo y las diferentes condiciones en que éstas se realizan, la complejidad y dispersión de la estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de representación colectiva. (a)

c) Se ejerce de igual forma en el ámbito de la empresa privada y en el ámbito de las administraciones públicas sin adaptaciones particulares en ninguno de ambos ámbitos. (b)

d) Se ejerce siempre y únicamente a través de los trabajadores, tanto en el ámbito de la empresa privada como en el ámbito de las administraciones públicas. (d)

a) No pueden aminorar créditos dotados mediante incorporación de crédito, sin perjuicio de la posibilidad de transferir el crédito inicial de la partida objeto de la incorporación. (b)

b) No pueden aminorar créditos dotados mediante créditos extraordinarios o suplementos de créditos durante el ejercicio. (a)

c) No pueden aminorar créditos destinados a operaciones financieras para incrementar créditos destinados a operaciones no financieras. (c)

d) Las transferencias de créditos deben tramitarse cuando las partidas de alta y baja pertenecen al mismo grupo de vinculación. (d)

a) Que exista acuerdo con el interesado y no haya disponibilidad presupuestaria para abonar la indemnización durante el año en curso. (d)

b) Que exista acuerdo con el interesado y no esté prohibido en las normas sectoriales específicas. (b)

c) Que exista acuerdo con el interesado y se prevea en las normas sectoriales específicas. (a)

d) Que exista acuerdo con el interesado. (c)

a) Las puertas de emergencia deben abrirse hacia el exterior y no deben estar cerradas, por lo que cualquier persona que necesite usarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. (c)

b) Las puertas de emergencia deben abrirse hacia el interior y deben estar cerradas con cerradura. (a)

c) Tienen que ser de color rojo y pueden ser correderas o giratorias. (d)

d) El Real decreto 486/1997, no regula cómo son las puertas de emergencia. (b)

a) Garantizar la seguridad ciudadana. (c)

b) Todas las respuestas son correctas. (d)

c) Defender la integridad territorial. (b)

d) Defender el ordenamiento constitucional. (a)

a) El importe de las subvenciones se tiene que abonar, una vez justificado el cumplimiento de la finalidad para la que se concedieron. (d)

b) El importe de las subvenciones se tiene que abonar, una vez notificada la resolución de concesión. (a)

c) El importe de las subvenciones se tiene que abonar, indistintamente una vez notificada la resolución de concesión o una vez justificado el cumplimiento de la finalidad. (b)

d) El importe de las subvenciones se puede abonar cuando lo considere el órgano concedente. (c)

a) Un informe bimensual. (d)

b) Un informe trimestral. (c)

c) Un informe anual. (a)

d) Un informe semestral. (b)

a) Por mayoría de dos terceras partes de sus miembros. (b)

b) Por mayoría simple. (a)

c) Por mayoría absoluta. (d)

d) Por mayoría de tres quintas partes de sus miembros. (c)

a) Sin ningún tipo de limitación. (d)

b) Con dedicación exclusiva. (a)

c) Con dedicación parcial. (b)

d) Sólo el consejero sin cartera puede tener dedicación parcial. (c)

a) Como elementos agrupados y comprimidos en un fichero de formato ZIP y referenciado en el índice electrónico del expediente. (a)

b) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. (d)

c) Como parte de otro expediente, imbricado en el primero. (c)

d) Dentro de una carpeta, entendida como una agrupación de archivos de cualquier formato y creada por un motivo funcional. (b)

a) El complemento de responsabilidad. (d)

b) El complemento de dedicación especial. (a)

c) El complemento de horarios especiales. (c)

d) La indemnización por residencia. (b)

a) Por órganos unipersonales y colegiados. (c)

b) Por órganos centrales. (b)

c) Por órganos jerárquicamente ordenados. (a)

d) Por órganos de los diferentes entes territoriales. (d)

a) De la integridad, legalidad y actualización de los datos y procedimientos a los que se pueda acceder a través de la sede. (d)

b) De la integridad, veracidad y actualización de la información y de los servicios de su competencia a los que se pueda acceder a través de la sede. (a)

c) De la integridad, veracidad y actualización de los datos y procedimientos a los que se pueda acceder a través de la sede. (b)

d) De la integridad, legalidad y actualización de la información y de los servicios de su competencia a los que se pueda acceder a través de la sede. (c)

a) El delegado del Gobierno. (a)

b) El rey. (d)

c) El vicepresidente. (c)

d) El presidente del Parlamento. (b)

a) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

b) Servicios postales. (b)

c) Creación, mantenimiento y gestión de escuelas infantiles. (c)

d) Prestación de los servicios sociales. (a)

a) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

b) La resolución del contrato. (c)

c) Que los bienes afectos a la concesión que tengan que revertir a la Administración pueden ser objeto de embargo. (a)

d) Que el servicio pasa a manos de la Administración una vez finalizado el plazo de la concesión. (b)

a) Se someterá la misma propuesta a una nueva votación setenta y dos horas después de la anterior. (a)

b) Se someterá la misma propuesta a una nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior. (b)

c) Se someterá la misma propuesta a una nueva votación veinticuatro horas después de la anterior. (c)

d) Se repetirá la votación en la misma sesión. (d)

a) Al Consejo de ministros. (c)

b) Al presidente del Congreso de los Diputados, al del Senado o al de las Cortes Generales, según corresponda. (b)

c) Al Letrado Mayor de las Cortes Generales. (d)

d) Al presidente del Gobierno. (a)

a) Podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. (b)

b) Se producirá la caducidad del procedimiento. (a)

c) La indemnización se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será firme en vía administrativa. (d)

d) La solicitud podrá entenderse estimada por silencio administrativo. (c)

a) Cuando estén en poder de la Administración actuante. (b)

b) Cuando consten en la carpeta documental ciudadana. (a)

c) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

d) Cuando éstos consten en el Catálogo de simplificación documental. (c)

a) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija. (b)

b) A petición de los interesados, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por éstos o cuando la naturaleza del procedimiento lo exija. (d)

c) A petición de los interesados, cuando la naturaleza del procedimiento lo exija. (c)

d) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados. (a)

a) Se puede interponer el recurso potestativo de súplica. (c)

b) Se puede interponer el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias que prevé el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (d)

c) Se puede interponer el recurso potestativo de reposición. (b)

d) No se puede interponer ningún recurso administrativo. (a)

a) Cinco miembros cada cámara. (d)

b) Tres miembros cada cámara. (b)

c) Dos miembros cada cámara. (a)

d) Cuatro miembros cada cámara. (c)

a) De un mes. (a)

b) De cuatro meses. (d)

c) De dos meses. (b)

d) De veinte días. (c)

a) Con los países iberoamericanos. (a)

b) Con aquellos países que hayan tenido o tengan una vinculación particular con España. (b)

c) Con aquellos países que hayan tenido una vinculación histórica o económica con España. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Corresponde al Consejo de Gobierno. (b)

b) Corresponde al Parlamento. (a)

c) Corresponde al consejero competente en materia de hacienda y presupuestos. (c)

d) Corresponde a los titulares de las consellerias con dotaciones diferenciadas en los presupuestos generales. (d)

a) La tramitación de las ampliaciones de crédito requiere la previa autorización del Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos. (d)

b) Con carácter general, las ampliaciones de crédito deben financiarse con cargo al fondo de contingencia, de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, o, cuando se trate de gastos no discrecionales o que se hubieran podido prever en el momento de la elaboración de los presupuestos, con la baja en otros créditos de gastos del presupuesto no financiero. (a)

c) No podrán ampliarse créditos previamente minorados, a excepción de los relativos al endeudamiento. (c)

d) En el caso particular de ampliaciones de créditos destinadas a amortizar anticipadamente deuda viva por aplicación de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley orgánica 2/2012, la ampliación se realizará con cargo al remanente de tesorería positivo no afectado y por la cuantía que corresponda al superávit presupuestario del ejercicio inmediatamente anterior. (b)

a) Las administraciones públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los ciudadanos. (a)

b) Las administraciones públicas tienen que asistir en el uso de medios electrónicos a determinados interesados.. (c)

c) Los organismos públicos asistirán en el uso de medios electrónicos a los ciudadanos. (b)

d) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

a) Se publicará en la página web de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos la información sobre el cumplimiento de los plazos de pago a los acreedores por operaciones comerciales. (a)

b) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

c) La publicación y envío de la información que, en su caso, deba efectuarse a la Administración del Estado se realizará mediante la Intervención General de la Comunidad Autónoma. (c)

d) Se publicará en la página web de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos la información sobre el período medio de pago a los proveedores regulado en las normativas estatal y europea aplicables en materia de morosidad comercial y en materia de sostenibilidad financiera. (b)

a) Del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la del número de miembros que determine la norma de funcionamiento de cada órgano colegiado. (b)

b) Del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros. (d)

c) Del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la de un tercio, al menos, de sus miembros. (c)

d) Del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y, al menos, de la mitad más uno de sus miembros. (a)

a) A las Cortes Generales. (b)

b) Al presidente del Gobierno. (c)

c) Al Congreso. (a)

d) Al rey. (d)

a) Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre propio, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras. (a)

b) No podrán tener la condición de entidad colaboradora los que habiendo sido denominados beneficiarios conforme a la normativa comunitaria tengan encomendadas, exclusivamente, funciones propias de una entidad colaboradora. (b)

c) La Administración General del Estado y sus organismos públicos podrán actuar como entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por las comunidades autónomas y corporaciones locales. (d)

d) Las comunidades autónomas y las corporaciones locales nunca podrán actuar como entidades colaboradoras de las subvenciones concedidas por la Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entes que tengan que ajustar su actividad al derecho público. (c)

a) Los valores o activos financieros negociables. (d)

b) La totalidad de los bienes de los que sean titulares el año antes de la toma de posesión del cargo público y el año posterior al cese. (a)

c) La totalidad de los bienes de los que sean titulares en el momento de la toma de posesión del cargo público y en el momento del cese. (c)

d) Las participaciones societarias. (b)

a) Derecho a elegir a los miembros de los órganos representativos de la comunidad autónoma. (a)

b) Derecho a promover y presentar iniciativas legislativas. (b)

c) Derecho a participar directamente en la elaboración de leyes. (c)

d) Las respuestas a) b) y c) son correctas. (d)

a) En cualquier momento. (a)

b) En cualquier momento a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. (c)

c) En el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. (d)

d) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. (b)

a) El órgano instructor podrá pronunciarse sobre estas cuestiones, poniéndolo antes de manifiesto a los interesados por un plazo no superior a diez días. (d)

b) El órgano competente podrá pronunciarse sobre estas cuestiones, poniéndolo antes de manifiesto a los interesados por un plazo no inferior a quince días. (c)

c) El órgano competente podrá pronunciarse sobre estas cuestiones, poniéndolo antes de manifiesto a los interesados por un plazo no superior a quince días. (a)

d) El órgano competente podrá pronunciarse sobre estas cuestiones, y debe conceder un plazo de siete días a los interesados para formular las alegaciones que tengan por pertinentes. (b)

a) La provincia. (a)

b) El municipio. (b)

c) Las comunidades autónomas. (c)

d) Las islas. (d)

a) Las fundaciones cuya actividad se realiza en territorio español. (d)

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. (a)

c) La Casa de su Majestad el Rey. (b)

d) El Senado. (c)

a) Procedimiento ordinario, procedimiento de urgencia y procedimiento abreviado. (c)

b) Procedimiento ordinario y procedimiento simplificado. (a)

c) Procedimiento ordinario y procedimiento de urgencia. (b)

d) Procedimiento ordinario, procedimiento de urgencia y procedimiento simplificado. (d)

a) La modificación solo afecta el apartado de la inclusión social. (d)

b) Introduce un nuevo artículo para establecer las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, así como para prever su desarrollo normativo posterior mediante un reglamento específico. (a)

c) La modificación no prevé establecer ninguna condición básica de accesibilidad cognitiva. (c)

d) Establece las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva sin prever ningún desarrollo normativo posterior. (b)

a) Que la delegación de competencias, la delegación de firma y la suplencia no supongan alteración de la titularidad de la competencia. (c)

b) Que la encomienda de gestión no puede tener por objeto prestaciones propias de los contratos ni de los convenios de colaboración. (b)

c) Que la competencia es irrenunciable y la ejercen los órganos administrativos que la tienen atribuida por delegación. (d)

d) Que la desconcentración no supone alteración alguna del ejercicio ni la titularidad. (a)

a) Promover la transparencia. (a)

b) Mejorar la eficiencia en la tramitación de subvenciones y ayudas públicas. (b)

c) Mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra el fraude de subvenciones y ayudas públicas. (d)

d) Servir como instrumento para la planificación de las políticas públicas. (c)

a) Plantear, en su caso, los conflictos de atribuciones hacia órganos de otras consejerías. (b)

b) Suscribir contratos en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma. (a)

c) Mantener las relaciones institucionales con los órganos superiores de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y del resto de administraciones públicas. (d)

d) Dirigir y coordinar la actuación de los titulares de los órganos directivos de la consejería. (c)

a) En servicios ya existentes que no requieran mecanismos adicionales de seguridad, sin perjuicio de que exista una versión actualizada del mismo servicio. (b)

b) En servicios de intercambio, siempre que estén implementados como servicios web. (c)

c) En servicios de intercambio, de forma general. (a)

d) En servicios que requieran mecanismos adicionales de seguridad, sin perjuicio de que exista una versión actualizada del mismo servicio. (d)

a) Los acuerdos con efectos jurídicos interadministrativos. (a)

b) Los protocolos generales de actuación o instrumentos similares. (d)

c) Los acuerdos con efectos jurídicos intraadministrativos. (b)

d) Los acuerdos con efectos jurídicos firmados entre administraciones públicas y entes de un sujeto de derecho internacional. (c)

a) El Título II (b)

b) El Título I (c)

c) El Título IV (a)

d) El Título III (d)

a) De legalidad, publicidad, igualdad, eficacia, y economía. (d)

b) De legalidad, eficacia, eficiencia y economía. (a)

c) De legalidad, eficacia, eficiencia, publicidad, transparencia y economía. (c)

d) De legalidad, eficiencia y economía. (b)

a) A los gobiernos autonómicos. (b)

b) A los parlamentos autonómicos. (d)

c) Al rey. (a)

d) Al Gobierno del Estado. (c)

a) Únicamente los criterios de adjudicación. (d)

b) Únicamente los aspectos económicos del contrato con los candidatos seleccionados. (a)

c) Únicamente las cuestiones técnicas del contrato con los candidatos seleccionados. (b)

d) Todos los aspectos del contrato con los candidatos seleccionados. (c)

a) El importe máximo que se destina a la convocatoria. (b)

b) Los requisitos generales que deben cumplir los beneficiarios de la subvención, la forma de acreditarlos y, si procede, el período durante el cual deben mantenerse. (a)

c) La documentación necesaria para la justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención. (c)

d) El importe de las subvenciones, o la forma de determinarlo. (d)

a) Al Parlamento. (a)

b) Al Gobierno de la Comunidad Autónoma. (b)

c) A las Cortes Generales. (c)

d) Las respuestas a) b) y c) son correctas (d)

a) La Constitución no prevé ninguna referencia a la potestad reglamentaria de la Administración local, a pesar de que se entiende implícita en el artículo 122, al reconocerle autonomía para la gestión de sus intereses. (a)

b) La potestad reglamentaria de los entes locales en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears está recogida en el artículo 106 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears. (b)

c) La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, atribuye a los municipios la potestad reglamentaria y de autoorganización. (c)

d) Las respuestas b) y c) son correctas. (d)

a) A compensar las desventajas económicas que el personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma, al igual que el resto de las personas trabajadoras residentes en las Illes Balears, soporta debido al mayor importe que tienen los costes de transporte de personas y mercancías y los costes de los procesos interiores de producción de bienes y servicios. (d)

b) A retribuir el rendimiento especial, la actividad extraordinaria y el interés o la iniciativa con la que el personal ejerce su trabajo. (a)

c) A retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, la dedicación, la responsabilidad, la incompatibilidad, o la peligrosidad, la penosidad o la toxicidad. (b)

d) A retribuir el trabajo realizado por el personal que realiza turnos, durante las horas comprendidas desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas. (c)

a) Los ciudadanos que soliciten una subvención en el marco de una convocatoria establecida por la Administración deben aportar los documentos que establezca la normativa aplicable. (b)

b) Los interesados pueden aportar cualquier otro documento que estimen conveniente, aparte de tener que aportar los documentos exigidos por la normativa aplicable. (a)

c) Los interesados pueden, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aportar documentos u otros elementos de juicio. (c)

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

a) Sí. (c)

b) No. (b)

c) No, porque el motivo alegado no es una causa de no admisión prevista por la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (d)

d) No, salvo que sea un plazo esencial. (a)

a) Todas las respuestas son correctas. (d)

b) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del artículo 150 dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia. (b)

c) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. (a)

d) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el artículo 153 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por causa imputable al adjudicatario. (c)

a) En organismos autónomas y agencias públicas. (d)

b) En organismos autónomos y consorcios. (b)

c) En organismos autónomas y entidades públicas empresariales. (a)

d) En organismos autónomos, entidades públicas empresariales y consorcios. (c)

a) De forma obligatoria mediante una declaración, el tratamiento de datos personales que le conciernen. (a)

b) Mediante una acción de no prohibición, el tratamiento de datos personales que le conciernen. (c)

c) Mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. (b)

d) Necesariamente mediante una declaración de no oposición al tratamiento de datos personales que le conciernen. (d)

a) 2 ejes transversales: el de integridad y el de comunicación. Y 5 ejes básicos: política, planificación y estrategia a través del liderazgo; procesos; personas; alianzas y recursos; y resultados. (a)

b) 1 eje transversal, el de comunicación. Y 4 ejes básicos: política, planificación, y estrategia a través del liderazgo; procesos; personas; y resultados. (d)

c) 1 eje transversal, el de comunicación. Y 5 ejes básicos: política, planificación, y estrategia a través del liderazgo; procesos; personas; alianzas y recursos; y resultados. (c)

d) 2 ejes transversales: el de integridad y el de comunicación. Y 4 ejes básicos: política, planificación y estrategia a través del liderazgo; procesos; personas; y resultados. (b)

a) Mayoría de dos tercios de los diputados. (d)

b) Mayoría absoluta del Parlamento. (a)

c) La mayoría de los votos emitidos. (b)

d) El voto unánime de los diputados. (c)

a) Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días. (a)

b) Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, preferentemente, en un plazo no superior a quince días. (d)

c) Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a un mes. (c)

d) Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a quince días. (b)

a) No puede ser retribuido por ninguno otro concepto que no esté previsto en la DA 15ª de la Ley 15/2012. (c)

b) Puede ser retribuido por las retribuciones básicas exclusivamente. (b)

c) No puede ser retribuido por ningún complemento. (a)

d) Ha de ser retribuido por los conceptos que acuerden la dirección del ente y los representantes sindicales, sean qué sean los conceptos retributivos. (d)

a) Con un miembro de cada una. (b)

b) En proporción a su extensión territorial. (c)

c) En la proporción que se determine en los respectivos estatutos. (a)

d) En proporción a las aportaciones hechas. (d)

a) De tres días desde su aprobación. (b)

b) De treinta días desde su aprobación. (d)

c) De quince días desde su aprobación. (c)

d) De cinco días desde su aprobación. (a)

a) Aquellos que no pueden ser objeto de prestación por particulares porque responden a la noción de función pública que ejerce la Administración pública institucional. (a)

b) Aquellos que pueden ser objeto de prestación por particulares mediante alguna de las fórmulas previstas legalmente en materia de contratación. (b)

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

d) Aquellos que pueden ser prestados al público en general a través del sector privado, aunque la prestación está sometida a una estricta reglamentación por parte de la Administración. (c)

a) Su responsabilidad se exigirá de conformidad con el derecho privado. (b)

b) Su responsabilidad se exigirá de conformidad con el derecho privado cuando concurra con sujetos de derecho privado. (d)

c) Su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, salvo cuando concurra con sujetos de derecho privado. (a)

d) Su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado. (c)

a) En caso de una emergencia en las Illes Balears. (c)

b) Cuando haya una delegación por parte del Parlamento. (d)

c) En caso de extraordinaria y urgente necesidad. (b)

d) Nunca, es el Parlamento quien puede dictar un decreto ley. (a)

a) Redactar el proyecto de memoria anual. (b)

b) Elaborar el anteproyecto de presupuestos, así como su liquidación. (c)

c) Ejercer la jefatura superior del personal al servicio de la Sindicatura. (a)

d) Hacerse cargo del archivo y de la conservación de documentos. (d)

a) Sólo podrá pronunciarse sobre esta moción transcurridos tres días como máximo desde la fecha de la presentación y en votación pública. (c)

b) Sólo podrá pronunciarse sobre esta moción transcurridos diez días como mínimo desde la fecha de su presentación. (d)

c) Sólo podrá pronunciarse sobre esta moción transcurridos tres días como mínimo desde la fecha de la presentación y en votación pública. (a)

d) Sólo podrá pronunciarse sobre esta moción transcurridos cinco días como mínimo desde la fecha de la presentación y en votación pública. (b)

a) De sanidad vegetal y animal. (b)

b) De ordenación del sector pesquero. (c)

c) De estadísticas de interés para la comunidad autónoma. (a)

d) De legislación laboral. (d)

a) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

b) De diez días. (a)

c) No inferior a diez días ni superior a treinta. (b)

d) Inferior a quince días. (c)

a) En el título I. (b)

b) En el título preliminar. (a)

c) En el título IV. (d)

d) En el título III. (c)

a) En las consejerías, el órgano directivo competente. (b)

b) En las consejerías y en sus entidades de derecho público dependientes, el titular de la consejería correspondiente o el órgano que determinen las bases reguladoras (a)

c) El Consejo de Gobierno en las consejerías y el consejero competente en las entidades de derecho público dependientes. (c)

d) En las entidades de derecho público dependientes, los órganos de dirección de estas entidades. (d)

a) En decisiones relacionadas con asuntos en los que concurran intereses del cargo o empleo públicos e intereses privados personales, de familiares en primer grado de consanguinidad o compartidos con terceras personas. (c)

b) En decisiones relacionadas con asuntos en los que concurren intereses del cargo o empleo públicos e intereses privados personales, y de familiares directos. (b)

c) En decisiones relacionadas con asuntos en los que concurren intereses del cargo o empleo públicos e intereses de familiares directos o compartidos con terceras personas. (d)

d) En decisiones relacionadas con asuntos en los que concurren intereses del cargo o empleo públicos e intereses privados personales, de familiares directos o compartidos con terceras personas. (a)

a) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. (d)

b) La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. (c)

c) Para cada comunidad autónoma, el estatuto de autonomía respectivo. (b)

d) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. (a)

a) Sí, siempre que se traten de faltas leves y las sanciones no superen los 100 € de multa. (c)

b) No, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración respecto de la ley. (d)

c) Sí, en todo caso. (a)

d) Sí, siempre que se traten de faltas leves. (b)

a) El acto por el que se acuerda, una vez cumplidos los trámites legales que procedan, efectuar un gasto a favor de un tercero y por un importe y condiciones exactamente determinados o determinables. (d)

b) El acto por el que se acuerda efectuar un gasto con cargo a un crédito presupuestario determinado sin superar su importe disponible. (c)

c) El acto por el que se declara que existe un crédito exigible contra la Comunidad Autónoma o la entidad correspondiente, resultando de un gasto autorizado y comprometido. (b)

d) El acto por el que se acuerda ejecutar, en relación con una o varias obligaciones, la orden del pago contra la Tesorería de la Comunidad Autónoma. (a)

a) Por el presidente del Gobierno del Estado. (c)

b) Por el Parlamento de las Illes Balears. (b)

c) Por el Gobierno de las Illes Balears. (d)

d) Por el rey. (a)

a) La auditoría externa. (d)

b) El control financiero permanente. (a)

c) La auditoría pública. (b)

d) El control financiero temporal. (c)

a) Incluirá las previsiones mensuales de los cobros y pagos a realizar. (a)

b) Debe incluir la estimación de las necesidades de ingresos. (b)

c) Corresponde su elaboración a la dirección general competente en materia de tesorería. (c)

d) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

a) El empresario debe garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. (b)

b) Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no se pueden realizar servir con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. (a)

c) Los resultados de la vigilancia se comunicarán a los trabajadores afectados, al empresario ya los representantes de los trabajadores. (c)

d) Las medidas de vigilancia y control de la salud deben llevarse a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad ya la dignidad de la persona y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. (d)

a) El artículo 118. (a)

b) El artículo 18. (d)

c) Los artículos 1 y 3. (c)

d) Los artículos 5 y 8. (b)