a) Se ha de incrementar en el mismo porcentaje que se suban las retribuciones del personal funcionario o laboral de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (d)

b) Se ha de incrementar en el mismo porcentaje que se suban las retribuciones del personal laboral de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (c)

c) Se ha de incrementar en el mismo porcentaje que se suban las retribuciones del personal funcionario de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (b)

d) No se ha de incrementar ni revalorizar por razón de los incrementos retributivos que, si se tercia, establezcan las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (a)

a) Es procedente en un plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. (c)

b) Es procedente en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. (d)

c) Es procedente en cualquier momento a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. (a)

d) Es procedente en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. (b)

a) Dirigir la política de defensa. (a)

b) Representar al Gobierno. (b)

c) Declarar los estados de alarma y de excepción. (c)

d) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales y las Secretarías de Estado. (d)

a) Personal de la Sindicatura de Greuges y de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears. (b)

b) Personal de la Agencia Tributaria de las Illes Balears. (d)

c) Personal de las universidades públicas radicadas en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears que no forme parte de los cuerpos docentes e investigadores. (c)

d) Personal del Consejo Consultivo y del Consejo Económico y Social. (a)

a) El plazo para interponer un recurso de reposición contra los actos expresos es de un mes y el plazo para resolver el recurso es de tres meses. (a)

b) El plazo para interponer un recurso de alzada contra los actos expresos es de un mes y el plazo para resolver el recurso es de un mes. (b)

c) El plazo para interponer un recurso de reposición contra los actos expresos es de tres meses y el plazo para resolver el recurso es de un mes. (c)

d) El plazo para interponer un recurso de alzada contra los actos expresos es de un mes y el plazo para resolver el recurso es de tres meses. (d)

a) El título de bachiller o equivalente. (b)

b) No se exige ningún tipo de titulación. (d)

c) El título de cualificación profesional de nivel 3. (c)

d) La titulación de certificado de escolaridad. (a)

a) Las causas de separación y disolución y sus efectos. (d)

b) Los derechos y deberes de los cónyuges. (b)

c) La edad y la capacidad para contraerlo. (a)

d) La separación de bienes. (c)

a) Respecto a la prerrogativa de gracia. (a)

b) En materias de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. (b)

c) Las respuestas a) y b) son correctas. (c)

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

a) Para la gestión ordinaria del ente. (b)

b) Para la dirección, la administración y la gestión ordinaria del ente. (a)

c) Para la dirección técnica y la programación del ente. (d)

d) Para la coordinación, y la evaluación de las actuaciones propias del ente. (c)

a) Los contratos menores no serán objeto de publicación. (d)

b) El órgano de contratación publicará trimestralmente dentro de los 30 días siguientes al fin de cada trimestre la adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco o de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, ya perfeccionados en virtud de lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. (c)

c) Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de formalización deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea». (b)

d) La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación. (a)

a) Cinco grupos y las categorías que correspondan. (c)

b) Tres categorías. (a)

c) Cuatro categorías y dos grupos. (b)

d) No hay clasificación profesional puesto que depende del contrato de trabajo. (d)

a) De oficio en vía administrativa, previa instrucción del correspondiente procedimiento. (a)

b) Mediante resolución que se dictará en el plazo de diez días desde la constatación de los daños y perjuicios. (b)

c) De oficio en vía administrativa o por vía judicial. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada. (d)

b) Las leyes que delegan la potestad de dictar normas con rango de ley. (a)

c) Las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada y consistan en refundir textos. (c)

d) Las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada en virtud de una ley de bases. (b)

a) Dos meses computables desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. (b)

b) Tres meses computables desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. (a)

c) Los ciudadanos no pueden interponer un recurso directo contra un reglamento. (c)

d) Un mes computable desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. (d)

a) Sí, tanto su identificación como su acceso, ya sea directo o con su enlace a su publicación en el Boletín Oficial correspondiente, puesto que forman parte del contenido mínimo que toda sede electrónica debe disponer. (c)

b) Sí, tanto su identificación como su acceso directo, ya que forman parte del contenido mínimo que toda sede electrónica debe disponer. (a)

c) Sí, tanto su identificación como su enlace a su publicación en el Boletín Oficial correspondiente, ya que forman parte del contenido mínimo que toda sede electrónica debe disponer. (b)

d) Sí, con su directo o con su enlace a su publicación en el Boletín Oficial correspondiente. Sin embargo, la identificación del acto o disposición no forma parte del contenido mínimo que toda sede electrónica debe disponer. (d)

a) Toda intervención. (a)

b) Toda interpelación. (b)

c) Toda interpelación o pregunta. (d)

d) Toda pregunta. (c)

a) Los puertos y aeropuertos deportivos. (b)

b) Administración de justicia. (d)

c) Organización de sus instituciones de autogobierno. (c)

d) La artesanía. (a)

a) Prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. (b)

b) Caduca al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización. (d)

c) Caduca al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. (c)

d) Prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización. (a)

a) No, las medidas excepcionales sólo pueden establecerse en el seno del procedimiento administrativo común que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, iniciado a instancia del interesado. (b)

b) No, las medidas excepcionales sólo pueden establecerse en el seno del procedimiento administrativo común que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común. (a)

c) Si, excepcionalmente puede encomendarse al órgano competente por razón de la materia que adopte motivadamente las medidas provisionales que considere adecuadas y necesarias para asegurar la eficacia de la regulación que prevé establecerse. (c)

d) Si, excepcionalmente puede encomendarse al órgano competente por razón de la materia que adopte motivadamente las medidas provisionales que considere adecuadas y necesarias para asegurar la eficacia de la regulación que se prevé establecer, sin que sea necesario dar audiencia previa a las personas directamente afectadas. (d)

a) El incumplimiento de las condiciones establecidas que alteren sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida. (b)

b) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación de los fondos percibidos. (a)

c) La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos en las bases reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen impedido. (d)

d) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo establecido para su presentación. (c)

a) Dos (a)

b) Tres (b)

c) Cuatro (c)

d) Cinco (d)

a) Que se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas. (c)

b) Que los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. (b)

c) Que los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. (a)

d) Que los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador. (d)

a) Todas las respuestas son correctas. (d)

b) El que se dicte por un órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio. (a)

c) El que contenga un defecto de forma. (b)

d) El que restrinja derechos de los ciudadanos. (c)

a) El ministerio fiscal. (d)

b) El rey. (a)

c) El Gobierno. (c)

d) Las Cortes Generales. (b)

a) En los contratos privados de la Administración a los que se refieren los puntos 1.º y 2.º de la letra a) del apartado 1 del artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. (c)

b) En los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios sociales o la inclusión social o laboral de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social. (b)

c) Especialmente en el caso de suministros de bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse antes del pago del precio. (a)

d) En el caso de contratos de obras y concesión de obras. (d)

a) El delegado del Gobierno. (a)

b) El vicepresidente. (c)

c) El rey. (d)

d) El presidente del Parlamento. (b)

a) Es un modelo que permite, por un lado, realizar un diagnóstico de las organizaciones con una metodología desarrollada por el Consejo Europeo, en base a las experiencias acumuladas en procesos de autoevaluación y modelos de referencia aplicados en la administración pública (EFQM, CAF, ISO, etc.), así como asociar actuaciones concretas para favorecer la mejora continua y valorar la madurez organizativa orientando, de esta forma, la planificación de las líneas de actuación futuras. (a)

b) Es un modelo que permite, por un lado, realizar un diagnóstico de las organizaciones con una metodología desarrollada por la Administración General del Estado, en base a las experiencias acumuladas en procesos de autoevaluación y modelos de referencia aplicados en la administración pública (EFQM, CAF, ISO, etc.), así como asociar actuaciones concretas para favorecer la mejora continua y valorar la madurez organizativa orientado, de esta forma, la planificación de las líneas de actuación futuras (b)

c) Es un modelo de evaluación de políticas públicas (c)

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. (d)

a) El Secretariado del Gobierno. (b)

b) El ministro competente por razón de la materia a tratar. (d)

c) El Secretario de Estado de Presidencia. (a)

d) El Jefe de Gabinete del presidente del Gobierno. (c)

a) Las respuestas b) y c) son correctas. (d)

b) Sí, siempre. (a)

c) Cuando lo disponga la ley. (b)

d) Sí, para aquellos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. (c)

a) De legalidad, eficiencia y economía. (b)

b) De legalidad, eficacia, eficiencia, publicidad, transparencia y economía. (c)

c) De legalidad, publicidad, igualdad, eficacia, y economía. (d)

d) De legalidad, eficacia, eficiencia y economía. (a)

a) Normal de los servicios públicos. (c)

b) Anormal o irregular de los servicios públicos. (b)

c) Normal o anormal de los servicios públicos. (a)

d) Normal, anormal o regular de los servicios públicos. (d)

a) Dentro de una carpeta, entendida como una agrupación de archivos de cualquier formato y creada por un motivo funcional. (b)

b) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. (d)

c) Como parte de otro expediente, imbricado en el primero. (c)

d) Como elementos agrupados y comprimidos en un fichero de formato ZIP y referenciado en el índice electrónico del expediente. (a)

a) Una formación basada en el respeto a los principios democráticos y a la libertad religiosa. (a)

b) La formación religiosa y moral que vaya de acuerdo con sus convicciones. (d)

c) La formación religiosa i moral que concuerde con la confesión estatal. (b)

d) Una educación en concordancia con la orientación ideológica y religiosa de los padres. (c)

a) Señor o Señora. (a)

b) Ilustrísimo o Ilustrísima. (d)

c) Honorable. (b)

d) Muy honorable. (c)

a) De los empleados públicos. (a)

b) Del sector público instrumental. (b)

c) Las respuestas b) y c) son correctas. (d)

d) De las administraciones públicas. (c)

a) Los presupuestos de explotación y de capital de los entes del sector público empresarial y fundacional, con las previsiones correspondientes de los gastos y de los ingresos y variaciones de activos y pasivos del ejercicio. (c)

b) Los estados de ingresos de los entes del sector público administrativo, que deben comprender las estimaciones de los diversos derechos económicos que deben reconocerse o liquidarse durante el ejercicio y la previsión de endeudamiento. (b)

c) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

d) Los estados de gastos de los entes del sector público administrativo con la correspondiente especificación de los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones. (a)

a) El Consejo Europeo. (c)

b) El Parlamento Europeo. (a)

c) El Consejo de la Unión Europea. (b)

d) Los gobiernos de los Estados miembros. (d)

a) Funcionario, laboral y eventual. (d)

b) Únicamente laboral. (c)

c) Únicamente funcionario. (b)

d) Funcionario o laboral. (a)

a) Siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. (a)

b) Siempre que no sean contrarios al principio de lealtad institucional. (d)

c) Siempre que no sean contrarios al principio de proporcionalidad. (c)

d) Siempre que no sean contrarios al principio de igualdad. (b)

a) La ISO 9005:2011 Guía sobre auditorías internas. (d)

b) La ISO 9000:2015 Fundamentos y vocabularios. (b)

c) La ISO 9001:2015 Requisitos. (a)

d) La ISO 9004:2009 Directrices para la mejora continua de la implantación del sistema de gestión y calidad. (c)

a) Las respuestas anteriores son correctas. (c)

b) Para la prestación de servicios de interés social. (a)

c) Para la prestación de servicios de valor social. (b)

d) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

a) A la consejería competente en materia de función pública. (a)

b) En la consejería competente en materia de trabajo. (d)

c) A la consejero que tiene atribuida la secretaría del Consejo de Gobierno (c)

d) En la conserjería competente en materia de hacienda y presupuestos. (b)

a) Deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 5 por ciento del precio del contrato, IVA incluido, ni el total de las mismas superar el 30 por cien del precio del contrato. (a)

b) Deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 5 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 40 por cien del precio del contrato. (d)

c) Deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA incluido, ni el total de las mismas superar el 40 por cien del precio del contrato. (c)

d) Deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato. (b)

a) Que los empleadores podrán tratar los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos. (c)

b) Que los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador. (d)

c) Que los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública. (b)

d) Que los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. (a)

a) No afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. (b)

b) Afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada, suponiendo una infracción grave. (c)

c) Afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada, suponiendo una infracción muy grave. (d)

d) Afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada, suponiendo este tratamiento una infracción leve. (a)

a) Han de preverse en el plan de actuación y en el estudio económico-financiero a que se refiere el artículo 5 de La Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (b)

b) Se entenderá que se verifican los principios de mérito y capacidad, así como los criterios de idoneidad, cuando el órgano de selección verifique que el o la gerente del ente ha dictado el acuerdo de idoneidad del aspirante haciendo constar que reúne los requisitos exigidos en el convenio colectivo de aplicación y en la Relación de Puestos de Trabajo. (c)

c) La selección de este personal deberá atender los principios de mérito y capacidad, así como criterios de idoneidad, y ha de llevarse a cabo mediante procedimientos que garanticen la transparencia del proceso. (a)

d) El personal directivo profesional de naturaleza laboral de los entes del sector público instrumental estará sometido a la relación laboral especial de alta dirección, no obstante, podrá convertirse en un contrato de trabajo de carácter ordinario una vez superado el período de prueba. (d)

a) Que cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstienen, quedan exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. (a)

b) Que de cada sesión que celebre el órgano colegiado el secretario debe extender un acta. (c)

c) Que el acta de cada sesión debe aprobarse en la misma reunión o en la siguiente inmediata. (d)

d) Que no se pueden grabar las sesiones que celebre el órgano colegiado. (b)

a) Cuando las subvenciones deriven de convenios formalizados entre Administraciones Públicas o entidades de derecho público dependientes, con la finalidad de regular el otorgamiento de subvenciones a favor de terceras personas. (b)

b) Cuando la convocatoria así lo establezca. (c)

c) Cuando los beneficiarios sean Entidades Locales y la entidad concedente el Estado. (a)

d) No existen supuestos que exceptúen el establecimiento de bases reguladoras. (d)

a) Un abogado general por cada estado miembro. (c)

b) 6 abogados generales. (a)

c) 11 abogados generales. (b)

d) 12 abogados generales. (d)

a) Pueden ser prestados por empresarios. (b)

b) Están sujetos a las normas europeas de competencia y mercado interior. (c)

c) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

d) Son servicios básicos que se prestan a cambio de una remuneración. (a)

a) De propuestas de ley. (b)

b) De proyectos de ley. (a)

c) De proposiciones de ley. (c)

d) De proyectos de decreto. (d)

a) Cuando la reforma afecta al título III. (b)

b) Cuando la reforma afecta al título preliminar. (a)

c) Cuando la reforma afecta al título VIII. (c)

d) Cuando la reforma afecta al título X. (d)

a) Se distribuye entre retribuciones básicas y retribuciones complementarias. (d)

b) La que establece el Estatuto de los trabajadores. (c)

c) La misma que el personal funcionario de carrera de la Administración General del Estado. (b)

d) La misma que el personal laboral de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (a)

a) Por mayoría de los miembros presentes, física o telemáticamente. (a)

b) Por mayoría de los miembros presentes físicamente. (b)

c) Por unanimidad de los miembros presentes. (d)

d) Por mayoría absoluta de los miembros presentes, física o telemáticamente. (c)

a) El acuerdo del pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y la aprobación del consejo, que ha de otorgarse sólo si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada. (c)

b) El acuerdo del pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y la aprobación del consejo, que ha de otorgarse si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada o lo aconsejen razones de seguridad, salubridad u orden público. (b)

c) El acuerdo del pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y la aprobación del consejo, que ha de otorgarse sólo si lo aconsejan razones de seguridad, salubridad u orden público. (d)

d) El acuerdo del pleno por mayoría absoluta del número de miembros de la corporación presentes a la sesión, y la aprobación del consejo, que ha de otorgarse si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada o lo aconsejen razones de seguridad, salubridad u orden público. (a)

a) Sólo ex post. (a)

b) Sólo ex post y ex ante. (c)

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

d) Sólo durante la aplicación de la política pública o en el período programado. (b)

a) A la satisfacción de ambas partes con arreglo a las reglas contenidas en el convenio. (c)

b) A la comunicación a los órganos de control externo y fiscalización a efectos de determinar las obligaciones de las partes y los compromisos de cada una de las partes. (a)

c) A su liquidación a fin de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. (b)

d) A la comunicación al Tribunal de Cuentas a fin de determinar, con carácter previo a su liquidación, las obligaciones y compromisos que puedan corresponder a cada una de las partes. (d)

a) Por la Ley de finanzas, por el resto de leyes especiales sobre la materia emanadas del Parlamento de las Illes Balears y por los preceptos que contengan las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma. (c)

b) Por la Ley de finanzas, por las disposiciones que en esta materia contiene la Ley 7/2010, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria, por el resto de leyes especiales sobre la materia emanadas del Parlamento de las Islas Baleares y por los preceptos contenidos en las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma. (d)

c) Por la Ley de finanzas, por las disposiciones que en esta materia contiene la Ley 7/2010, por el resto de leyes especiales sobre la materia emanadas del Parlamento de las Illes Balears y por los preceptos que contengan las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma. Supletoriamente son de aplicación la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria, y el resto de normas complementarias y de desarrollo de esta ley. (b)

d) Por la Ley de finanzas, por las disposiciones que en esta materia contiene la Ley 7/2010, por el resto de leyes especiales sobre la materia emanadas del Parlamento de las Illes Balears y supletoriamente le es de aplicación la Ley general tributaria y el resto de normas complementarias y de desarrollo de esta ley. (a)

a) Voluntaria y gratuita. (c)

b) Obligatoria. (b)

c) Gratuita. (a)

d) Obligatoria y gratuita. (d)

a) La agricultura y la ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. (b)

b) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. (a)

c) Hacienda general y deuda del Estado. (c)

d) Asistencia social. (d)

a) Las Universidades privadas. (d)

b) La Agencia Tributaria de las Islas Baleares. (c)

c) La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears. (a)

d) El Servicio de Salud de las Islas Baleares. (b)

a) De forma expresa y para materia determinada o determinable. (b)

b) De forma expresa y para materia concreta. (a)

c) De forma expresa y para materia concreta, con fijación del plazo para su ejercicio. (d)

d) De forma expresa y para materia concreta, con fijación del procedimiento que se tiene que seguir. (c)

a) Es una competencia compartida del Estado. (d)

b) Es una competencia de desarrollo legislativo y ejecución autonómica. (b)

c) Es una competencia exclusiva del Estado. (a)

d) Es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma. (c)

a) Que contra el acuerdo motivado de avocación no se puede interponer recurso. (a)

b) Que la avocación es lo mismo que la delegación de competencias. (c)

c) Que la avocación sólo se da entre órganos jerárquicamente dependientes. (b)

d) Que entre órganos no dependientes jerárquicamente la avocación puede realizarla, entre otros, el órgano delegante. (d)

a) La Comisión de Secretarios Generales. (b)

b) Los gabinetes. (c)

c) Los comisionados autonómicos. (d)

d) Las comisiones delegadas. (a)

a) Puede interponer una reclamación administrativa ante el órgano al que se refiere el artículo 11 del Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de las quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (c)

b) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

c) Puede dirigirse a la Inspección General de Servicios Públicos y Calidad. (a)

d) Puede interponer un recurso administrativo. (b)

a) Por razón de género. (a)

b) Por razón de edad. (b)

c) Por razón de sexo. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Todas las administraciones públicas deben establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes. (a)

b) Todas las administraciones públicas deben establecer un sistema de supervisión bianual de sus entidades dependientes. (d)

c) Todas las administraciones públicas deben establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes que tengan personal laboral. (c)

d) Todas las administraciones públicas deben establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes que tengan personal funcionario. (b)

a) No, es el 2 de octubre de 2018. (b)

b) No, es el 2 de octubre de 2020. (c)

c) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

d) Sí. (a)

a) El anonimato de las personas responsables de atender a quienes formulan una queja o denuncia. (d)

b) El compromiso político de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. (a)

c) El tratamiento público de las denuncias de hechos que puedan constituir acoso sexual o acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo que establece la normativa de régimen disciplinario. (c)

d) La instrucción a todo el personal sobre su deber de respetar la dignidad de las personas y el derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres. (b)

a) En virtud de sentencia por flagrante delito. (c)

b) En virtud de resolución judicial. (a)

c) En virtud del interés general. (d)

d) En virtud de resolución policial. (b)

a) La ley reguladora del régimen jurídico de la Comunidad Autónoma. (c)

b) El Estatuto de autonomía y el Reglamento del Parlamento. (a)

c) La ley reguladora del Gobierno de las Illes Balears. (b)

d) El Reglamento del Parlamento. (d)

a) El Consejo de Ministros. (b)

b) El Senado. (a)

c) La asamblea legislativa correspondiente. (c)

d) El consejo de gobierno autonómico correspondiente. (d)

a) Con 500 lux es insuficiente para sitios administrativos. (c)

b) No es necesario tener en cuenta la iluminación en los puestos de trabajo. (d)

c) No existen condiciones mínimas de iluminación. (b)

d) La distribución de los niveles de iluminación debe ser lo más uniforme posible y adecuado a la exigencia visual. (a)

a) Por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma o de entes del sector público instrumental. (a)

b) Por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma, de entes del sector público instrumental u órganos de la Administración local. (c)

c) Por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma. (b)

d) Por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma u órganos de la Administración local. (d)

a) Delimitarán con precisión el objeto y el alcance de la delegación legislativa. (a)

b) Delimitarán con precisión el objeto y el alcance de la delegación legislativa, con previsión genérica de los principios y los criterios que tienen que seguirse en su ejercicio. (b)

c) Delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa, con la posibilidad de prever los principios y los criterios que tienen que seguirse en su ejercicio. (d)

d) Delimitarán con precisión el objeto y el alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que tienen que seguirse en su ejercicio. (c)

a) De diez días. (a)

b) De quince días. (b)

c) No inferior a diez días. (d)

d) No inferior a quince días. (c)

a) Las comunidades de bienes. (c)

b) Las herencias yacentes. (b)

c) Un profesional cuya colegiación es obligatoria y se relaciona con la Administración en el ejercicio de su actividad profesional. (a)

d) Todas las respuestas son correctas. (d)

a) El síndico mayor. (d)

b) El presidente del Parlamento de las Illes Balears. (b)

c) El presidente del Gobierno del Estado, como representante del Estado en las Illes Balears. (c)

d) El consejero competente en materia de presupuestos. (a)

a) La sanción y promulgación del rey. (a)

b) La publicación en el Boletín Oficial del Estado. (b)

c) Un referéndum. (c)

d) Las respuestas a) i b) son correctas. (d)

a) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia. (c)

b) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. (b)

c) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos. (a)

d) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda. (d)

a) Si, cuando una norma con fuerza de ley así lo permita. (b)

b) No, porque los reglamentos sólo pueden desarrollar y complementar aquello que establecen las leyes. (c)

c) Sí, en el caso de una materia reservada al reglamento. (a)

d) No, porque en nuestro derecho no existe el principio de reserva reglamentaria. (d)

a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación de los fondos percibidos. (a)

b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas. (c)

c) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos equivalentes. (d)

d) El incumplimiento de las condiciones establecidas que alteren sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida. (b)

a) El punto de acceso electrónico que engloba un escenario de comunicaciones delimitado, controlado y protegido en el que los participantes se relacionan mediante medios electrónicos. (d)

b) El punto de acceso electrónico que permite el acceso a través de internet a la información publicada, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ejercicio de sus competencias. (b)

c) La dirección electrónica disponible para la ciudadanía por medio de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ejercicio de sus competencias. (a)

d) La dirección electrónica disponible para la ciudadanía que agrupa a un conjunto ordenado de documentos y actuaciones relativos a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. (c)

a) El encargado valorará los motivos legítimos imperiosos para continuar el tratamiento. (a)

b) Los datos personales pueden dejar de ser tratados para dichos fines teniendo en cuenta el estado de la técnica. (c)

c) El responsable valorará los motivos legítimos imperiosos para continuar el tratamiento. (b)

d) Los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines. (d)

a) No podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. (a)

b) Podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes no se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. (d)

c) Podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. (b)

d) Deberán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. (c)

a) El acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad, aun cuando éste lo autorice expresamente. (b)

b) No se podrá acceder a esta información bajo ningún concepto, con el fin de salvaguardar la intimidad de las personas. (d)

c) El acceso únicamente se podrá autorizar en caso de tener el consentimiento expreso y por escrito del afectado, o que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad. (c)

d) El acceso únicamente se podrá autorizar en caso de tener el consentimiento expreso y por escrito del afectado, aun cuando dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad. (a)

a) No, únicamente pueden hacerlo los Tribunales. (a)

b) Sí, mediante la institución del Jurado. (b)

c) Sí, en los tribunales consuetudinarios y tradicionales. (c)

d) Las respuestas b) y c) son correctas. (d)

a) La conversión de contratos laborales de duración determinada en contrataciones indefinidas puede dar lugar a la exigencia de responsabilidad a la gerencia o al órgano de dirección del ente, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueden incurrir otros órganos, incluyendo los comités de empresa u otros órganos de representación del personal, por razón de su participación en la toma de decisiones. (b)

b) La condición de personal laboral fijo al servicio de los entes públicos instrumentales únicamente puede alcanzarse mediante la participación en los procesos selectivos correspondientes y en ningún caso por la conversión de contratos laborales de duración determinada. (a)

c) Ninguna de las anteriores es correcta, quien establece estos supuestos son las leyes de presupuestos generales del Estado. (d)

d) Según la complejidad y la importancia de los asuntos, previamente a la aprobación de la norma o del instrumento jurídico que corresponda en cada caso, debe solicitarse un informe preceptivo y vinculante a la consejería competente en materia de función pública. (c)

a) Por decisión de la mayoría de los miembros que lo componen. (b)

b) Por decisión de la mitad de los miembros que lo componen. (c)

c) Por decisión de una quinta parte de los miembros que lo componen. (a)

d) Por decisión de una tercera parte de los miembros que lo componen. (d)

a) Por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. (d)

b) Por comisión en el término de un año de más de una infracción cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. (c)

c) Por comisión en el término de un año de más de una infracción cuando así haya sido declarado por resolución definitiva en vía administrativa. (a)

d) Por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución definitiva en vía administrativa. (b)

a) La jurisprudencia es una fuente indirecta del derecho administrativo. (a)

b) Los principios generales del derecho no son fuente del derecho. (c)

c) La costumbre sólo regirá a falta de principios generales del derecho, siempre que no sea contrario a la moral o al orden público y que resulte probado. (d)

d) Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales siempre serán de aplicación directa en España. (b)

a) De competencia profesional, experiencia y confianza personal. (b)

b) De competencia profesional y lealtad política. (d)

c) De confianza personal, experiencia y lealtad política. (c)

d) De competencia profesional y experiencia. (a)

a) Motivadas siempre en materia penal y pronunciadas en audiencia pública. (b)

b) Motivadas siempre y pronunciadas en audiencia privada. (a)

c) Motivadas en algunos casos tasados y pronunciadas en audiencia privada. (d)

d) Motivadas siempre y pronunciadas en audiencia pública. (c)

a) Que siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver lo tendrá en cuenta a efectos de graduar la sanción que, en su caso, deba imponerse, y no la puede minorar, en el momento de declarar la comisión de la infracción. (b)

b) Que siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver debe tenerlo en cuenta a efectos de graduar la sanción que, en su caso, deba imponerse, y la puede minorar, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. (c)

c) Que siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver la tendrá en cuenta a efectos de graduar la sanción que, en su caso, deba imponerse, pudiendo minorarla , sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. (d)

d) Que salvo que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver la tendrá en cuenta a efectos de graduar la sanción que, en su caso, deba imponerse, y no la puede aminorar, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. (a)

a) No es obligatorio suspender el plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo de quince días para su presentación. (d)

b) Se suspende el plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo de quince días para su presentación. (b)

c) No es obligatorio suspender el plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo de diez días para su presentación. (c)

d) Se suspende el plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo de diez días para su presentación. (a)

a) Por los miembros de la Diputación o el órgano interinsular de las provincias afectadas. (a)

b) Por los diputados y senadores que hayan sido elegidos. (b)

c) Por las Cortes Generales. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Del presidente, del vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los Secretarios de Estado. (d)

b) Del presidente, del vicepresidente o vicepresidentes, en su caso y de los ministros. salvo aquellos que no tengan cartera ministerial. (a)

c) Del presidente, de los ministros y de los Secretarios de Estado. (c)

d) Del presidente, del vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, y de los ministros. (b)

a) Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. (c)

b) Los reglamentos podrán sustituir el recurso de alzada por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje. (b)

c) Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabrá recurso en vía administrativa. (a)

d) Se puede interponer recurso de alzada o de reposición contra todos los actos de trámite. (d)

a) Por mayoría simple. (a)

b) Por mayoría de dos terceras partes de sus miembros. (b)

c) Por mayoría de tres quintas partes de sus miembros. (c)

d) Por mayoría absoluta. (d)