a) Por razones técnicas y siempre que no se posean los medios para su ejercicio. (c)

b) Siempre que entre sus competencias se encuentren estas actividades, por razones de eficacia, aunque se posean los medios técnicos idóneos para ejercerlas. (b)

c) Siempre que entre sus competencias se encuentren estas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su ejercicio. (a)

d) Siempre por razones de eficiencia y eficacia. (d)

a) El acceso a Internet deberá garantizar condiciones de igualdad para las personas que cuenten con necesidades especiales. (c)

b) El acceso a Internet de hombres y mujeres procurará la superación de la brecha de género tanto en el ámbito personal como laboral. (b)

c) Los proveedores de servicios de Internet proporcionarán una oferta neutral de servicios sin discriminación por motivos políticos. (a)

d) Los proveedores de servicios de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos. (d)

a) De agricultura y ganadería. (c)

b) De régimen local. (a)

c) De juventud. (d)

d) De legislación laboral. (b)

a) La artesanía. (a)

b) Organización de sus instituciones de autogobierno. (c)

c) Administración de justicia. (d)

d) Los puertos y aeropuertos deportivos. (b)

a) En la adopción de decisiones pero no en el desarrollo de la actividad pública. (b)

b) En el resultado de las políticas pero no en la adopción de decisiones ni en el desarrollo de la actividad pública. (d)

c) En el desarrollo de la actividad pública pero no en la adopción de decisiones. (c)

d) Tanto en la adopción de decisiones como en el desarrollo de la actividad pública. (a)

a) Servicio a los ciudadanos y a sus intereses. (a)

b) Igualdad, mérito y comodidad en el acceso y en la promoción profesional. (b)

c) Sometimiento pleno a la ley y al decreto. (c)

d) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público (d)

a) Tienen que ser de color rojo y pueden ser correderas o giratorias. (d)

b) El Real decreto 486/1997, no regula cómo son las puertas de emergencia. (b)

c) Las puertas de emergencia deben abrirse hacia el exterior y no deben estar cerradas, por lo que cualquier persona que necesite usarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. (c)

d) Las puertas de emergencia deben abrirse hacia el interior y deben estar cerradas con cerradura. (a)

a) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas que relaciona la propia Constitución. (d)

b) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo 81 de la Constitución española. (c)

c) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias no incluidas en el artículo 83 de la Constitución española. (b)

d) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley. (a)

a) Las relativas a la preparación y la adjudicación de los contratos de entidades del sector público que tengan el carácter de poderes adjudicadores. (d)

b) Las cuestiones que se susciten en relación con la extinción de los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de la Ley. (a)

c) Las que se susciten en relación con la preparación y la extinción de los contratos privados de las Administraciones Públicas. (c)

d) Las relativas a la preparación, la adjudicación, los efectos, la modificación y la extinción de los contratos administrativos. (b)

a) El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el período de duración de estas. (a)

b) Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses. (d)

c) La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. (b)

d) La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será potestativa para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. (c)

a) El título VII. (c)

b) El título VI. (b)

c) El título V. (a)

d) El título VIII. (d)

a) Debe mejorar la eficiencia de la gestión económica. (a)

b) Debe contribuir a la realización de actividades de interés público. (d)

c) Debe mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, y contribuir a la realización de actividades de utilidad pública. (b)

d) Debe facilitar la utilización individual de medios y servicios públicos. (c)

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito cuando por razones de urgencia e interés público se tenga que realizar algún gasto con cargo al presupuesto de la Administración de la comunidad autónoma o de las entidades instrumentales del sector público administrativo que no se pueda aplazar hasta el ejercicio siguiente, y para la que no exista crédito adecuado o el consignado resulte insuficiente. (a)

b) Las ampliaciones de crédito a todos los efectos. (b)

c) Las incorporaciones de crédito. (c)

d) Las respuestas b) y c) son correctas. (d)

a) La distribución de los niveles de iluminación debe ser lo más uniforme posible y adecuado a la exigencia visual. (a)

b) No es necesario tener en cuenta la iluminación en los puestos de trabajo. (d)

c) No existen condiciones mínimas de iluminación. (b)

d) Con 500 lux es insuficiente para sitios administrativos. (c)

a) Todos los contratos cuya cuantía supere la cifra de 25.000 euros en los contratos de obras y de 15.000 euros en el resto de contratos. (c)

b) Todos los contratos cuya cuantía supere la cifra de 40.000 euros en los contratos de obras y de 15.000 euros en el resto de contratos. (a)

c) Todos los contratos cuya cuantía supere la cifra de 40.000 euros en los contratos de obras y de 9.000 euros en el resto de contratos. (b)

d) Todos los contratos cuya cuantía supere la cifra de 25.000 euros en los contratos de obras y de 9.000 euros en el resto de contratos. (d)

a) El Gobierno de las Illes Balears. (b)

b) El Consejo de Gobierno. (a)

c) El Consejo ejecutivo. (c)

d) El Consejo Superior de Gobierno. (d)

a) Croacia. (b)

b) Dinamarca. (c)

c) Malta. (a)

d) Finlandia. (d)

a) Las retribuciones básicas y los complementos del puesto de trabajo correspondiente. (a)

b) Las retribuciones básicas, el complemento de insularidad y las retribuciones complementarias del puesto de trabajo. (d)

c) Las retribuciones básicas y las retribuciones complementarias sólo. (b)

d) Las retribuciones básicas, las retribuciones complementarias y las del puesto de trabajo. (c)

a) Adoptar las medidas preventivas necesarias del plan de prevención. (c)

b) Velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas cuya actividad profesional pueda afectar, debido a sus actos y omisiones en el trabajo. (b)

c) Implantar las instrucciones de seguridad y salud en el puesto de trabajo. (d)

d) Velar por la seguridad y salud de uno mismo. (a)

a) Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. (a)

b) Se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación. (b)

c) Las notificaciones se entenderán practicadas en el momento de la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Se aplicarán en todo caso. (a)

b) No se aplicarán si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. (c)

c) No se aplicarán si así lo considera el órgano encargado de resolver la solicitud de información. (b)

d) Se aplicarán según consideración del órgano que posee la información. (d)

a) Las asambleas legislativas o los órganos colegiados superiores de las distintas comunidades autónomas. (d)

b) El Gobierno, mediante la correspondiente delegación legislativa. (b)

c) Las Cortes Generales, en cualquier caso. (a)

d) Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente lo obstaculicen. (c)

a) El dictamen del Consejo Económico y Social cuando el anteproyecto de decreto regule de forma directa y estructural materias socioeconómicas, laborales y de ocupación. (a)

b) En caso de regular un supuesto en que los efectos del silencio administrativo sean desestimatorios, un informe que motive las razones de interés general que lo justifiquen. (b)

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

d) En caso de que se establezcan limitaciones para el acceso a actividades económicas y servicios, un informe que motive que concurren razones de interés general y que se respetan los principios de necesidad y proporcionalidad, en el marco de lo dispuesto en la legislación autonómica en materia de libre acceso a las actividades de servicios. (c)

a) La constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano superior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. (b)

b) La constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. (d)

c) La constancia del acto se efectuará a través de medios de grabación y difusión. (a)

d) La constancia escrita del acto se efectuará y firmará por la autoridad que emita el acto. (c)

a) Pérdida, durante el plazo de uno a tres años, del derecho a obtener ayudas o subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma o de las entidades de derecho público dependientes. (b)

b) Multa de más del triple al cuádruple de la cantidad obtenida indebidamente. (a)

c) Prohibición de contratar con la Administración de la Comunidad Autónoma o con las entidades de derecho público dependientes por un plazo de uno a tres años (c)

d) Pérdida, durante el plazo de tres a cinco años, del derecho a ser designados como entidad colaboradora. (d)

a) Se aplicarán los medios de ejecución forzosa respetando el principio de proporcionalidad. (d)

b) Se liquidarán los daños y perjuicios de forma provisional, a reserva de la liquidación definitiva. (c)

c) Habrá lugar a la ejecución subsidiaria del acto en vía administrativa. (b)

d) El obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía administrativa. (a)

a) El acto que se recorre y la razón de su impugnación. (a)

b) El nombre y apellidos del recurrente, así como su identificación personal. (b)

c) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

d) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, si procede, del lugar que se señale a efectos de notificaciones. (c)

a) Gastos derivados de contratos sujetos a la legislación de contratos del sector público, siempre que el plazo de un año no pueda estipularse o resulte antieconómico para la Comunidad Autónoma. (b)

b) Arrendamiento de bienes muebles. (c)

c) Inversiones reales, y transferencias y subvenciones corrientes y de capital. (a)

d) Cargas financieras derivadas del endeudamiento. (d)

a) Podrá ser planteada por iniciativa de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. (b)

b) Podrá ser planteada por iniciativa de la mayoría simple de los miembros del Congreso. (a)

c) Podrá ser planteada por iniciativa de la quinta parte de los miembros del Congreso. (d)

d) Podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso. (c)

a) Se publicará un anexo complementario de validez temporal. (b)

b) Se transferirán las cantidades sobrantes de ejercicios anteriores. (a)

c) Se considerarán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior. (d)

d) Se adecuará , provisionalmente, un programa de ingresos y gastos. (c)

a) Muy grave. (c)

b) Grave. (b)

c) Leve. (a)

d) No está tipificado (d)

a) Cuando así lo establezca el Banco de España. (c)

b) En ningún caso, prevaleciendo el derecho a la información. (b)

c) Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la propia política económica y monetaria. (a)

d) En todo caso, dada la importancia de la política económica y monetaria. (d)

a) Las lesiones corporales y psíquicas que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo. (d)

b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. (b)

c) Cualquier alteración de la salud relacionada, causada o agravada por las condiciones de trabajo. (c)

d) Los problemas de salud relacionados con las condiciones de trabajo. (a)

a) Como aquel punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una administración pública, organismo público o entidades de derecho público que permite acceder a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la correspondiente sede electrónica. (c)

b) Como aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una administración pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ejercicio de sus competencias. (a)

c) Como aquella sede que permite realizar cualquier acto o actuación de forma íntegra a través de medios electrónicos en el marco de un procedimiento administrativo. (b)

d) Como aquella sede virtual cuya titularidad corresponde a una AP organismo público o entidades de derecho público que permite acceder a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la dirección electrónica correspondiente. (d)

a) Siempre. (a)

b) En el caso de un decreto que afecte a los derechos de los ciudadanos. (d)

c) En el caso de un reglamento de carácter organizativo. (b)

d) En el caso de una orden de un consejero por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones. (c)

a) La protección civil y de los consumidores. (b)

b) La seguridad nacional, la protección de los consumidores y la protección civil. (d)

c) La protección civil. (a)

d) La seguridad nacional. (c)

a) Sí. (b)

b) No, son canales de asistencia a los interesados para el acceso a los servicios electrónicos. (a)

c) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

d) No, son canales de asistencia a la ciudadanía para el acceso a servicios electrónicos. (c)

a) Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atender contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio u ofensivo. (a)

b) Cualquier trato hostil o vejatorio en el que una persona se sienta sometida dentro del ámbito laboral. (d)

c) Cualquier comportamiento realizado en función del sexo. (b)

d) Cualquier acto discriminatorio el que se encuentre una persona. (c)

a) No, la competencia en cuanto a los servicios públicos es indelegable. (b)

b) Sí, al objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro limpio de recursos. (a)

c) Sólo se pueden delegar servicios públicos en casos de urgente necesidad y para evitar duplicidades administrativas. (d)

d) Sí, al objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa a pesar de que no genere un ahorro limpio de recursos. (c)

a) La Comisión Europea. (a)

b) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (c)

c) El Parlamento Europeo. (b)

d) El Consejo. (d)

a) El modelo EFQM es un marco de gestión reconocido a escala mundial que apoya a las organizaciones en la gestión del cambio y la mejora continua. (a)

b) El modelo EFQM es un marco de gestión pública que apoya a las organizaciones en la gestión del cambio y la mejora continua. (b)

c) El modelo EFQM es un marco de gestión reconocido a escala mundial que apoya a las organizaciones públicas en la gestión del cambio y la mejora continua. (d)

d) El modelo EFQM es un marco de gestión reconocido a nivel mundial que apoya a las organizaciones en la gestión del cambio. (c)

a) Por la comisión de infracciones graves, el titular de la Consejería que conceda la subvención. (b)

b) Por la comisión de infracciones graves y muy graves, el Consejo de Gobierno. (c)

c) Por la comisión de infracciones leves, el titular de la Dirección General que conceda la subvención. (a)

d) Por la comisión de infracciones graves, el órgano superior de los entes del sector público instrumental de la comunidad autónoma. (d)

a) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo establecido para su presentación (b)

b) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral. (c)

c) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero. (a)

d) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos equivalentes. (d)

a) Hacienda general y deuda del Estado. (c)

b) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. (a)

c) La agricultura y la ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. (b)

d) Asistencia social. (d)

a) Efectivo y evaluable económicamente. (a)

b) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. (b)

c) Efectivo, material, evaluable económicamente e individualizado. (c)

d) Efectivo, material, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. (d)

a) Es el vicepresidente. (b)

b) Debe ser miembro del Consejo de Gobierno. (a)

c) No es necesario que sea miembro del Consejo de Gobierno. (c)

d) Debe ser miembro del Consejo de Gobierno y diputado del Parlamento. (d)

a) La participación, colaboración y accesibilidad a la información pública. (d)

b) La participación y la colaboración ciudadana en los asuntos públicos. (c)

c) La transparencia, la participación y la colaboración ciudadana en los asuntos públicos. (a)

d) La transparencia y la participación. (b)

a) Está dividido en cuatro capítulos: el primero regula los derechos del personal funcionario; el segundo, su régimen retributivo, el tercero, el régimen de la Seguridad Social, y el cuarto, sus deberes y el régimen de incompatibilidades. (d)

b) Está dividido en cuatro capítulos: el primero regula los derechos del personal funcionario; el segundo, su régimen retributivo y de la Seguridad Social, el tercero, sus deberes, y el cuarto, el régimen de incompatibilidades. (c)

c) Está dividido en tres capítulos: el primero regula los derechos del personal funcionario; el segundo, su régimen retributivo y de la Seguridad Social, y el tercero, sus deberes y el régimen de incompatibilidades. (b)

d) Está dividido en tres capítulos: el primero regula los deberes del personal funcionario; el segundo, su régimen retributivo y de la Seguridad Social, y el tercero, el régimen de incompatibilidades. (a)

a) No podrá exceder de quince días. (b)

b) Será de quince días. (d)

c) No podrá exceder de diez días. (c)

d) No podrá ser inferior a diez días. (a)

a) El Consejo de Gobierno. (c)

b) La Abogacía de la Comunidad Autónoma. (d)

c) La personal titular de la consejería de adscripción del ente. (a)

d) La persona titular de la gerencia u órgano unipersonal equivalente del ente. (b)

a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización salvo las que afecten a la puesta en funcionamiento del transporte por tranvía, que se hará de acuerdo con lo que disponga el comité de empresa de la empresa pública correspondiente. (d)

b) La regulación del ejercicio de los derechos de los usuarios de los servicios públicos. (c)

c) Los planes de Previsión Social Complementaria. (b)

d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica. (a)

a) El resultado del examen del desempeño. (d)

b) Los conocimientos individuales del empleado público. (c)

c) La cantidad de trabajos realizados. (b)

d) La trayectoria y actuación profesional. (a)

a) Podrán designar de manera voluntaria un delegado de protección de datos, que quedará sometido al régimen establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica. (b)

b) Podrán designar de manera voluntaria un delegado de protección de datos, que no quedará sometido al régimen establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica. (c)

c) No podrán designarlo de manera voluntaria. (a)

d) Podrán designar de manera voluntaria un delegado de protección de datos, que quedará sometido al régimen establecido en la presente ley orgánica pero no al Reglamento (UE) 2016/679. (d)

a) Al Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos. (b)

b) Al director general competente en materia de presupuestos. (d)

c) Al Parlamento de las Islas Baleares, a propuesta del Consejo de Gobierno. (c)

d) Al consejero competente en materia de hacienda y presupuestos. (a)

a) A los consejos insulares. (c)

b) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

c) A las personas físicas y jurídicas adjudicatarias de contratos de colaboración entre el sector público y el privado en relación con su actividad de prestación de servicios con la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (b)

d) A los ayuntamientos. (a)

a) Se podrán aplicar a los créditos del presupuesto vigente en el momento de expedir las órdenes de pago correspondientes a obligaciones que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal al servicio de la Comunidad Autónoma, entidades autónomas o empresas públicas dependientes. (b)

b) Únicamente se podrán contraer obligaciones derivadas de los gastos efectuados durante el año natural del ejercicio presupuestario. (a)

c) Se podrán aplicar en los créditos del presupuesto vigente las órdenes de pago derivadas del ejercicio anterior que hayan sido reconocidas con anterioridad al 1 de marzo de cada año. (d)

d) Se podrán aplicar a los créditos del presupuesto vigente todas las órdenes de pago reconocidas y derivadas de ejercicios anteriores. (c)

a) Un proceso sistémico de observación, análisis e interpretación de una intervención pública de cualquier tipo -plan, programa, proyecto u otra acción-, para obtener un juicio valorativo del diseño, funcionamiento, resultados y efectos, basado en evidencias. La finalidad de la evaluación es ser útil a la sociedad como herramienta de mejora de la calidad y la eficacia de los servicios públicos. (b)

b) Las respuestas anteriores son incorrectas. (d)

c) Un proceso sistémico de observación, análisis e interpretación de una intervención pública de cualquier tipo -plan, programa, proyecto u otra acción-, para obtener un juicio ético del diseño, funcionamiento, resultados y efectos, basado en evidencias. La finalidad de la evaluación es ser útil a la sociedad como herramienta de mejora de la calidad y la eficacia de los servicios públicos. (a)

d) Un proceso libre de observación, análisis e interpretación de una intervención pública de cualquier tipo -plan, programa, proyecto u otra acción-, para obtener un juicio valorativo del diseño, funcionamiento, resultados y efectos, basado en evidencias. La finalidad de la evaluación es ser útil a la sociedad como herramienta de mejora de la calidad y la eficacia de los servicios públicos. (c)

a) Disponer las medidas preventivas adecuadas a los puestos de trabajo. (c)

b) Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. (a)

c) Establecer la forma de evaluación de los riesgos en los puestos de trabajo. (d)

d) Promover la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. (b)

a) Adoptar las iniciativas de la programación anual y plurianual de la Unión Europea para alcanzar acuerdos institucionales. (c)

b) Velar por la coherencia de la acción exterior de la Unión Europea. (b)

c) Ejercer funciones de control político y consultivo. (d)

d) No impulsar el desarrollo de la Unión Europea y definir sus orientaciones y prioridades políticas generales. (a)

a) Queda abolida, salvo aquello que dispongan las leyes penales militares para tiempos de guerra. (c)

b) Queda abolida en todos los casos. (a)

c) Ha de ser aprobada por el Tribunal Supremo, únicamente para tiempos de guerra. (d)

d) Está reservada sólo para los crímenes más graves según estipule el código penal. (b)

a) Los actos adoptados en el marco de una cooperación reforzada no se considerarán caudal que deban aceptar los Estados candidatos de la adhesión a la Unión. (d)

b) Todos los miembros del Consejo pueden participar en la deliberación y votación de los asuntos de la cooperación reforzada. (c)

c) Las cooperaciones reforzadas, una vez acordadas, están abiertas durante el plazo de diez años a todos los Estados miembros de la Unión. (a)

d) Las cooperaciones reforzadas serán adoptadas por el Consejo, en el marco de las competencias exclusivas de la Unión, cuando éste haya llegado a la conclusión de que los objetivos perseguidos por esta cooperación no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto. (b)

a) Convocar los procedimientos de selección y provisión del personal del Consejo Consultivo. (b)

b) Dar el visto bueno a los dictámenes y memorias que apruebe el Consejo Consultivo. (c)

c) Aprobar el anteproyecto de presupuesto. (a)

d) Autorizar y contratar las obras necesarias para su funcionamiento. (d)

a) En caso de problemas de salud infantil. (a)

b) En caso de accidentes laborales. (b)

c) En caso de dependencia por discapacidad. (d)

d) En caso de falta de trabajo. (c)

a) Sí, para aquellos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. (c)

b) Las respuestas b) y c) son correctas. (d)

c) Cuando lo disponga la ley. (b)

d) Sí, siempre. (a)

a) En el plazo máximo de un mes debe reunir la cámara para elegir a un nuevo presidente. (c)

b) Asume interinamente la Presidencia por un plazo máximo de tres meses hasta la convocatoria de nuevas elecciones. (d)

c) Asume interinamente la Presidencia por un plazo máximo de tres meses. (b)

d) En el plazo máximo de dos meses debe reunir la cámara para elegir un nuevo presidente. (a)

a) Los diputados del Parlamento de las Illes Balears no están vinculados por ningún mandato imperativo. (d)

b) La duración del mandato de los diputados del Parlamento será de cuatro años. (b)

c) El Parlamento se constituye dentro del plazo máximo de treinta días después de la celebración de las elecciones. (c)

d) Una ley del Parlamento, aprobada por mayoría absoluta, regula el total de diputados que deben integrarla. (a)

a) Jerárquicos. (d)

b) Piramidales. (a)

c) Democráticos. (c)

d) Meritocráticos. (b)

a) De quince días desde su aprobación. (c)

b) De treinta días desde su aprobación. (d)

c) De cinco días desde su aprobación. (a)

d) De tres días desde su aprobación. (b)

a) Al Gobierno, en el Congreso y en el Senado. (a)

b) Al Congreso y al Senado. (c)

c) Al Gobierno. (b)

d) Al Gobierno y al Congreso. (d)

a) Cualquier hecho en el que el personal que participe en el desarrollo del procedimiento de licitación pueda influir en el resultado del mismo y tenga directamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación. (c)

b) Cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación. (a)

c) Cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación o de otros órganos, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga indirectamente un interés financiero que pudiera parecer que compromete su imparcialidad en el contexto del procedimiento de licitación. (b)

d) Cualquier hecho en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga indirectamente cierto interés financiero, económico o personal aunque no pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación. (d)

a) Delegados de Comisión. (b)

b) Delegados de Negociación. (d)

c) Juntas de Comisión. (c)

d) Delegados de Personal. (a)

a) Solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley. (a)

b) Solicitar del Parlamento la adopción de un proyecto de ley. (b)

c) Remitir a la Mesa del Parlamento una proposición de ley. (c)

d) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

a) Todas las anteriores son ciertas. (d)

b) Elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo. (c)

c) Establecer el máximo de días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los funcionarios públicos. (a)

d) Establecer hasta dos días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio. (b)

a) Se consideran gastos estructurales los correspondientes a inversiones nuevas o a otras actuaciones que no sean de mera reposición imputables al capítulo económico de inversiones reales de los presupuestos de las entidades del sector público administrativo o a las variaciones de activos no financieros del presupuesto de capital de las entidades del sector público empresarial y fundacional que, una vez implantadas, generen otros gastos recurrentes en ejercicios futuros al ejercicio de implantación asociados directamente con el activo o actividad correspondiente. (a)

b) Los gastos estructurales que, con independencia de su importe, puedan generar nuevos gastos recurrentes –o un incremento de éstos– de cuantía superior a 100.000 euros anuales, previamente al acto de autorización del gasto que corresponda a la inversión o a la actuación inicial, deben ser autorizados por el consejero competente en materia de hacienda y presupuestos. (b)

c) Para la autorización se tendrá en cuenta el impacto económico, en términos de sostenibilidad financiera, de los gastos recurrentes futuros y su encaje en el plan presupuestario plurianual de la sección presupuestaria correspondiente, de acuerdo con la solicitud valorada y motivada de la persona titular de la sección presupuestaria correspondiente y con el informe preceptivo de la dirección general competente en materia de tesorería. (d)

d) Para la autorización se tendrá en cuenta el impacto económico, en términos de sostenibilidad financiera, de los gastos recurrentes futuros y su encaje en el plan presupuestario plurianual de la sección presupuestaria correspondiente, de acuerdo con la solicitud valorada y motivada de la persona titular de la sección presupuestaria correspondiente y con el informe preceptivo de la dirección general competente en materia de presupuestos. (c)

a) Las participaciones societarias. (b)

b) La totalidad de los bienes de los que sean titulares en el momento de la toma de posesión del cargo público y en el momento del cese. (c)

c) Los valores o activos financieros negociables. (d)

d) La totalidad de los bienes de los que sean titulares el año antes de la toma de posesión del cargo público y el año posterior al cese. (a)

a) Cuando se inicia el procedimiento de ejecución. (b)

b) Cuando se inicia un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora. (d)

c) Cuando se inicia, con conocimiento del interesado, un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora. (c)

d) Cuando se inicia, con conocimiento del interesado, el procedimiento de ejecución. (a)

a) El Pleno del Consejo Consultivo. (c)

b) El presidente del Consejo Consultivo. (d)

c) El órgano que los eligió o designó. (b)

d) El presidente de las Illes Balears. (a)

a) Voluntaria y gratuita. (c)

b) Gratuita. (a)

c) Obligatoria y gratuita. (d)

d) Obligatoria. (b)

a) Incluso respecto de las sanciones cumplidas al entrar en vigor la nueva disposición. (d)

b) Incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. (c)

c) Salvo las sanciones pendientes de recurso al entrar en vigor la nueva disposición. (a)

d) Salvo las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. (b)

a) Título debatchillerato, título correspondiente al ciclo formativo de grado superior o equivalente o de la formación laboral equivalenteEl personal laboral por tiempo indefinido. (c)

b) Grado universitario, de doctor/a, licenciado/a, ingeniero/a o arquitecto/a o equivalentes. (a)

c) Diplomatura universitaria, de ingeniero/a técnico/a, de arquitecto/a técnico/a o equivalentes. (b)

d) título de graduado/da en educación secundaria, graduado/a escolar, del título de ciclo formativo de grado medio o del título equivalente, o de formación laboral equivalente. (d)

a) El contrato de gestión de servicios públicos. (c)

b) La concesión. (b)

c) El concierto. (d)

d) El contrato de servicios a las personas. (a)

a) Mediante una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o mediante una norma de derecho comunitario. (c)

b) Mediante una norma de derecho comunitario. (a)

c) Mediante una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general. (b)

d) Mediante una norma con rango reglamentario o de ley por razones imperiosas de interés general o mediante una norma de derecho comunitario. (d)

a) La Constitución no prevé ninguna referencia a la potestad reglamentaria de la Administración local, a pesar de que se entiende implícita en el artículo 122, al reconocerle autonomía para la gestión de sus intereses. (a)

b) La potestad reglamentaria de los entes locales en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears está recogida en el artículo 106 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears. (b)

c) La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, atribuye a los municipios la potestad reglamentaria y de autoorganización. (c)

d) Las respuestas b) y c) son correctas. (d)

a) Sí, mediante resolución de la persona titular del ministerio correspondiente por razón de la materia. (b)

b) Sí, en los términos indicados en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. (c)

c) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

d) Sí, mediante Real Decreto del Consejo de Ministros u orden ministerial. (a)

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. (c)

b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. (a)

c) La reincidencia. (d)

d) La existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida. (b)

a) Constituye discriminación directa por razón de sexo cualquier trato desfavorable relacionado con el embarazo o la maternidad. (a)

b) Constituye acción directa cualquier trato favorable relacionado con el embarazo o la maternidad. (c)

c) Constituye discriminación indirecta por razón de sexo cualquier trato desfavorable relacionado con el embarazo o la maternidad. (b)

d) El embarazo y la maternidad no tienen nada que ver con la discriminación por razón de sexo. (d)

a) La memoria justificativa de la necesidad de tramitar el expediente, la propuesta de acuerdo de aprobación de la modificación de crédito y la resolución o el acuerdo de aprobación del órgano competente. (a)

b) La memoria justificativa de la necesidad de tramitar el expediente, la resolución o el acuerdo de aprobación del órgano competente y aquellos otros documentos que determinen la Intervención General y la dirección general competente en materia de presupuestos en atención a la especial tipología del expediente. (b)

c) La memoria justificativa de la necesidad de tramitar el expediente, la fiscalización previa de la Intervención, la resolución o el acuerdo de aprobación del órgano competente y aquellos otros documentos que determinen la Intervención General y la dirección general competente en materia de presupuestos en atención a la especial tipología del expediente. (d)

d) La memoria justificativa de la necesidad de tramitar el expediente, la propuesta de acuerdo de aprobación de la modificación de crédito, la fiscalización previa de la Intervención, la resolución o el acuerdo de aprobación del órgano competente y aquellos otros documentos que determinen la Intervención General y la dirección general competente en materia de presupuestos en atención a la especial tipología del expediente. (c)

a) Se establecerá la modalidad de control sobre las normas administrativas de las comunidades autónomas. (d)

b) Se establecerá la modalidad de control sobre las normas no legislativas de las comunidades autónomas. (c)

c) Se establecerá la modalidad de control sobre las normas legislativas de las comunidades autónomas. (a)

d) Se establecerá la modalidad de control sobre las normas de las comunidades autónomas. (b)

a) a petición de una tercera parte de los miembros que lo componen. (d)

b) A petición de la mayoría de los miembros que lo componen, del Consejo o de la Comisión. (c)

c) A petición de una quinta parte de los miembros que lo componen. (a)

d) A petición de la mitad de los miembros que lo componen, del Consejo o de la Comisión. (b)

a) Con dedicación parcial. (b)

b) Sin ningún tipo de limitación. (d)

c) Sólo el consejero sin cartera puede tener dedicación parcial. (c)

d) Con dedicación exclusiva. (a)

a) Inferior a quince días. (c)

b) De diez días. (a)

c) No inferior a diez días ni superior a treinta. (b)

d) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

a) Comercio exterior. (c)

b) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. (a)

c) Legislación penal. (b)

d) La artesanía. (d)

a) Todas las mujeres y hombres tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía. (b)

b) Todas las respuestas son correctas. (d)

c) Todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas por razón de su orientación sexual. (c)

d) Todas las mujeres y hombres tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidad personal. (a)

a) Por mayoría absoluta. (c)

b) Por una mayoría calificada de dos tercios y la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica. (d)

c) Por una mayoría calificada de tres quintas partes. (b)

d) Por una mayoría calificada de dos tercios. (a)

a) A los Consejos Insulares, de acuerdo con el artículo 58. (c)

b) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

c) Al Gobierno de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 57. (a)

d) A los consejeros. (b)

a) Cuando se dicten en sustitución de actos nulos o anulables, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado. (b)

b) Cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado. (a)

c) Cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos desfavorables al interesado. (c)

d) Cuando se dicten en sustitución de actos nulos o anulables, así como cuando produzcan efectos desfavorables al interesado. (d)

a) El nombramiento de los miembros del Gobierno de las Illes Balears. (a)

b) El nombramiento de los órganos directivos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (d)

c) El nombramiento de los órganos de dirección del sector público autonómico. (b)

d) La declaración patrimonial, que abarque la totalidad de los derechos y obligaciones, de los miembros del Gobierno. (c)

a) El emisor. (b)

b) El requirente. (d)

c) El cedente (a)

d) El cesionario. (c)

a) Todas las respuestas son correctas. (d)

b) Tiene previsto integrar la lucha contra la discriminación que afecta a las personas LGTBIQ en todas las políticas que se realicen en la Unión Europea. (a)

c) Está basada, entre otras fuentes, en el informe sobre los derechos fundamentales de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) del 2020. (c)

d) Está pensada para el periodo 2020-2025. (b)

a) Los resultados de las evaluaciones no deben publicarse, salvo un pequeño resumen. (c)

b) Los resultados de las evaluaciones deben publicarse en redes sociales como Facebook o Twitter. (b)

c) Se publicarán conjuntamente en una memoria anual. (d)

d) Los resultados de las evaluaciones deben publicarse, al menos, en la página web de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (a)