a) No pueden afectar el derecho electoral general. (a)

b) No pueden afectar el régimen de los municipios. (b)

c) Las respuestas a) y b) son correctas. (c)

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

a) De montes, aprovechamientos forestales, vías pecuarias y pastos. (a)

b) De régimen de aguas y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos. (c)

c) De régimen jurídico y sistema de responsabilidad de la Administración de la Comunidad Autónoma. (d)

d) De ordenación y planificación del sector turístico. (b)

a) Sólo ex post y ex ante. (c)

b) Sólo durante la aplicación de la política pública o en el período programado. (b)

c) Sólo ex post. (a)

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

a) Personal laboral adscrito de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (c)

b) Personal laboral y personal funcionario. (b)

c) Personal laboral. (a)

d) Personal laboral de otras administraciones. (d)

a) Los resultados de las evaluaciones deben publicarse, al menos, en la página web de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (a)

b) Los resultados de las evaluaciones no deben publicarse, salvo un pequeño resumen. (c)

c) Se publicarán conjuntamente en una memoria anual. (d)

d) Los resultados de las evaluaciones deben publicarse en redes sociales como Facebook o Twitter. (b)

a) El plazo para la interposición del recurso extraordinario de revisión será de tres meses, si el acto fuera expreso. (a)

b) Cuando la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible, el plazo para la interposición del recurso extraordinario de revisión será de tres meses a contar desde la notificación de la sentencia. (b)

c) Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado. (c)

d) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida, el plazo para la interposición del recurso extraordinario de revisión será de cuatro años a contar desde la notificación de la resolución impugnada. (d)

a) Ubicación geográfica de sus dependencias. (d)

b) Determinación de su forma de integración en la Administración pública de que se trate y su dependencia jerárquica. (a)

c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. (c)

d) Delimitación de sus funciones y competencias. (b)

a) Por el Gobierno de las Illes Balears. (d)

b) Por el rey. (a)

c) Por el Parlamento de las Illes Balears. (b)

d) Por el presidente del Gobierno del Estado. (c)

a) Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a esta siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos. (a)

b) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídico-privada, además, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación pública. (d)

c) Uno de los requisitos para tener la consideración de medio propio personificado respecto de una única entidad concreta del sector público que más del 60 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo. (c)

d) El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato. (b)

a) Por impuestos cedidos parcialmente por el Estado. (a)

b) Por el producto de las operaciones de débito. (b)

c) Por el producto de las operaciones de crédito. (c)

d) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

a) Todos los complementos destinados a retribuir la disponibilidad, la incompatibilidad, la exclusividad y cualquiera otro similar. (a)

b) Todos los complementos destinados a retribuir la conduccio? habitual de vehículos, el esfuerzo físico, las condiciones meteorologicas, la atencio?n de emerge?ncies, el uso de determinados equipos o de maquina?ría especial, la exposicio? a productos químicos y cualquier actividad clasificada. (d)

c) Todos los complementos destinados a retribuir la jefatura orga?nica, el mando de personal, la direccio?n de equipos y cualquier otro de similar. (c)

d) Todos los complementos destinados a retribuir las jornadas especiales, la jornada partida, el trabajo por turnos, el trabajo en días festivos, el trabajo nocturno y cualquier otro de similar. (b)

a) Las resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal así lo establezca. (a)

b) Las resoluciones de los procedimientos en materia sancionadora. (d)

c) Las resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición reglamentaria así lo establezca. (b)

d) Las resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. (c)

a) Contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35. (a)

b) Podrán contener la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35. (c)

c) Podrán contener la decisión, que podrá ser motivada en los casos a que se refiere el artículo 37. (d)

d) Contendrán la decisión, que podrá ser motivada en los casos a que se refiere el artículo 37. (b)

a) Es nulo de pleno derecho; no obstante, el plazo para declarar la nulidad o impugnarlo es de un año, de acuerdo con lo que prevé la Ley 39/2017, de 30 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. (d)

b) Es nulo de pleno derecho. (c)

c) Es anulable. (b)

d) Puede ser convalidado. (a)

a) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. (b)

b) El producto de las operaciones de crédito. (c)

c) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado. (a)

d) El producto de las operaciones de débito. (d)

a) Se dictará resolución por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación del gasto. (b)

b) Se dictará resolución por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. (a)

c) Se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación del gasto, salvo en el supuesto excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser establecido previamente, o que las normas de desconcentración o el acto de delegación hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse la aprobación del órgano competente. (d)

d) Se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación, aunque no implicará la aprobación del gasto. (c)

a) A los principios democráticos de convivencia y a los derechos y a las libertades fundamentales. (a)

b) A los principios democráticos y a los derechos humanos. (b)

c) A los derechos fundamentales de la Constitución y a los derechos humanos y de la infancia reconocidos en los tratados internacionales. (c)

d) A los principios constitucionales de convivencia y a los derechos fundamentales. (d)

a) Acreditar el conocimiento de la lengua catalana respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes. (b)

b) Poseer la titulación exigida, no obstante podrá eximirse este requisito en determinados casos. (a)

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. (d)

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado, salvo que se llegue a un acuerdo con el órgano correspondiente para desempeñar un puesto de otra categoría. (c)

a) La artesanía. (a)

b) Relaciones internacionales. (b)

c) La enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma. (d)

d) El fomento de la cultura. (c)

a) El Gobierno. (d)

b) El Senado. (b)

c) Las Cortes Generales. (c)

d) El Congreso. (a)

a) Ingresar los derechos de la Comunidad Autónoma, pagar sus obligaciones y custodiar sus fondos. (c)

b) Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias. (a)

c) Gestionar la deuda pública y, en general, ejecutar las operaciones financieras inherentes al endeudamiento de la Comunidad Autónoma. (b)

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

a) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. (d)

b) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. (a)

c) Asegurar el cumplimiento de las leyes. (b)

d) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación. (c)

a) Las empresas de más de 150 empleados deben disponer de plan de emergencias. (b)

b) El diseño del puesto de trabajo no se contempla en la prevención de riesgos laborales. (c)

c) El empresario no tendrá en cuenta la capacitación profesional de los trabajadores. (a)

d) El empresario debe aplicar los principios de la acción preventiva. (d)

a) Cinco días a contar desde la conclusión de la fase de prueba. (b)

b) Diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. (c)

c) Diez días a contar desde la conclusión de la fase de prueba. (d)

d) Cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. (a)

a) Finalidad y justificación de las obras, así como definición de sus características esenciales. (a)

b) Todas las respuestas son correctas. (d)

c) Estudio de impacto ambiental cuando este sea preceptivo de acuerdo con la legislación vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias. (c)

d) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de las obras en su área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión. (b)

a) En organismos autónomas y agencias públicas. (d)

b) En organismos autónomas y entidades públicas empresariales. (a)

c) En organismos autónomos y consorcios. (b)

d) En organismos autónomos, entidades públicas empresariales y consorcios. (c)

a) Sí, lo anulará el órgano judicial que conozca del recurso indirecto sea o no competente también para conocer del recurso directo contra el reglamento. (c)

b) No, sólo a su inaplicación. (a)

c) Sí, pero el órgano judicial que conozca del recurso indirecto nunca puede anularlo, sino que habrá necesariamente de plantear la cuestión de ilegalidad. (d)

d) Sí, lo anulará el órgano judicial que conozca del recurso indirecto si es competente también para conocer del recurso directo contra el reglamento; si no lo es, tendrá que plantear la cuestión de ilegalidad. (b)

a) Cuando por causes técnicas no pueda atenderle. (b)

b) Cuando el encargado del tratamiento de datos no cumpla con su contrato. (d)

c) Cuando pueda demostrar que no está en condiciones de identificar al interesado. (c)

d) Nunca. (a)

a) El ministro competente en materia de justicia. (a)

b) El presidente del Tribunal Supremo. (d)

c) El presidente del Tribunal Constitucional. (b)

d) El presidente de la Audiencia Provincial. (c)

a) En el plazo de dos años. (c)

b) En el plazo de tres años. (b)

c) En el plazo de cuatro años. (a)

d) En el plazo de cuatro años las muy graves, dos años las graves y un año las leves. (d)

a) Garantizar los tipos de cambio. (d)

b) Mantener la estabilidad de precios. (a)

c) Asegurar el crédito de los Estados miembros. (b)

d) Mantener la estabilidad de precios y apoyar las políticas económicas generales de la Unión. (c)

a) Cuando el tratamiento garantice a los afectados sus derechos y libertades. (c)

b) Cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos personales de los afectados con el fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos. (a)

c) Cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación. (d)

d) Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación de especial vulnerabilidad. (b)

a) Por la Mesa del Parlamento. (d)

b) Por el presidente del Parlamento de las Illes Balears. (b)

c) Por el presidente de las Illes Balears. (a)

d) Por el Consejo de Gobierno. (c)

a) Mediante votación asamblearia local o electoral a nivel nacional. (a)

b) Directamente. (b)

c) Por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. (c)

d) Las respuestas b) y c) son correctas. (d)

a) Todas las anteriores son incorrectas. (d)

b) Regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera. (b)

c) Regular la carrera profesional aplicable en cada ámbito. (a)

d) Articular los sistemas para realizar la promoción interna, así como determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo. (c)

a) Las puertas de emergencia deben abrirse hacia el exterior y no deben estar cerradas, por lo que cualquier persona que necesite usarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. (c)

b) Las puertas de emergencia deben abrirse hacia el interior y deben estar cerradas con cerradura. (a)

c) Tienen que ser de color rojo y pueden ser correderas o giratorias. (d)

d) El Real decreto 486/1997, no regula cómo son las puertas de emergencia. (b)

a) El empresario debe hacer cumplir la ley a los fabricantes, importadores y suministradores de herramientas y servicios. (d)

b) Los fabricantes, los importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador. (b)

c) Los fabricantes y suministradores deben cumplir con las disposiciones reglamentarias. (c)

d) Los fabricantes, pero no los importadores deben cumplir con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgo laborales. (a)

a) El presupuesto de la Agencia tributaria de las Islas Baleares. (a)

b) El presupuesto de la Universidad de las Illes Balears. (c)

c) Los presupuestos de las entidades que integran el sector público fundacional. (d)

d) El presupuesto del Servicio de Salud de las Islas Baleares. (b)

a) A las normas que contengan las leyes de presupuestos generales anuales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (a)

b) En las directrices que marque el órgano superior de gobierno del ente. (d)

c) En las directrices que marque la conserjería competente en materia de función pública. (c)

d) En las instrucciones que dicte la Comisión Interdepartamental de Retribuciones. (b)

a) Se puede interponer recurso de alzada o de reposición contra todos los actos de trámite. (d)

b) Los reglamentos podrán sustituir el recurso de alzada por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje. (b)

c) Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. (c)

d) Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabrá recurso en vía administrativa. (a)

a) Es todo aparato con el que se desarrolla el trabajo diario. (b)

b) Es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. (a)

c) Son las instalaciones de los centros de trabajo. (d)

d) Es todo sistema con el que se desarrolla el trabajo. (c)

a) Únicamente el Congreso de los Diputados. (a)

b) Únicamente las Cámaras. (c)

c) Únicamente el Congreso de los Diputados y sus Comisiones. (d)

d) Las Cámaras y sus Comisiones. (b)

a) No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. (d)

b) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de tres meses. (c)

c) Los actos firmes pueden ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. (b)

d) Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa deben ser recurridos en reposición ante el mismo órgano que los haya dictado. (a)

a) Mayoría absoluta del Congreso y del Senado, en una votación final comuna después de sesión compartida sobre el conjunto del proyecto. (d)

b) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. (b)

c) Mayoría absoluta del Congreso y del Senado, en una votación final comuna sobre el conjunto del proyecto. (c)

d) Mayoría absoluta del Congreso y del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. (a)

a) Es el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las actividades preventivas a fin de garantizar la protección adecuada de la seguridad y la salud del personal. (a)

b) Es una empresa que se contrata para gestionar los reconocimientos médicos y la asistencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. (b)

c) Es la empresa que se encarga de la gestión de accidentes y enfermedades profesionales. (d)

d) Es un conjunto de medios auxiliares para establecer el plan de prevención. (c)

a) En un plazo no inferior a diez días ni superior a quince. (a)

b) En un plazo no inferior a quince días. (c)

c) En un plazo no superior a diez días. (b)

d) En un plazo no superior a quince días. (d)

a) De los órganos unipersonales adscritos a la consejería. (a)

b) De los órganos directivos adscritos a la consejería. (b)

c) De los órganos y unidades administrativos que no dispongan de otro superior jerárquico. (c)

d) De los órganos directivos y de los órganos de dirección de los entes del sector público instrumental adscritos a la consejería. (d)

a) El consejero que ejerce la secretaría del Consejo de Gobierno. (d)

b) El vicepresidente del Gobierno. (b)

c) El consejero de mayor edad. (c)

d) El presidente del Parlamento. (a)

a) De derecho mínimo indisponible, pero no se pueden desarrollar con los convenios colectivos. (b)

b) Carecen de carácter de derecho mínimo. (c)

c) De derecho necesario mínimo indisponible, y pueden ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos. (a)

d) Tienen carácter de máximo derecho. (d)

a) Son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. (b)

b) Un proceso o una forma en que se encadena una secuencia de conductas individuales y colectivas. (c)

c) La forma en que una sociedad organiza sus actuaciones políticas. (a)

d) La forma en que los gobiernos dan respuesta a las acciones que se generan a consecuencia del hecho de vivir. (d)

a) No impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. (c)

b) Impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. (a)

c) Implicará la renuncia del interesado a su pretensión en el procedimiento. (d)

d) Implicará la pérdida de la condición de interesado. (b)

a) De productos farmacéuticos. (d)

b) De ferrocarriles, carreteras y caminos. (a)

c) De medios de comunicación social. (b)

d) De ordenación del sector pesquero. (c)

a) Cargas financieras derivadas del endeudamiento. (d)

b) Gastos derivados de contratos sujetos a la legislación de contratos del sector público, siempre que el plazo de un año no pueda estipularse o resulte antieconómico para la Comunidad Autónoma. (b)

c) Inversiones reales, y transferencias y subvenciones corrientes y de capital. (a)

d) Arrendamiento de bienes muebles. (c)

a) Pueden interponerse potestativamente un recurso de reposición y uno de alzada. (c)

b) Puede interponerse potestativamente un recurso de reposición. (a)

c) Puede interponerse potestativamente un recurso de reposición y, si se pretende acudir a la vía contenciosa, de alzada. (b)

d) Tiene que interponerse un recurso de reposición si se pretende acudir a la vía contenciosa. (d)

a) De propiedad industrial. (d)

b) De ordenación y planificación de la actividad económica de las Illes Balears. (a)

c) De pesca marítima en las aguas de las Illes Balears. (c)

d) De régimen local. (b)

a) Los anuncios de información previa, de convocatoria de las licitaciones, de adjudicación y de formalización de los contratos, los anuncios de modificación y su justificación, los anuncios de concursos de proyectos y de resultados de concursos de proyectos, con las excepciones establecidas en las normas de los negociados sin publicidad. (c)

b) El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto base de licitación y el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. (b)

c) La memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios, la justificación del procedimiento utilizado para su adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del abierto o del restringido, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso, y el documento de aprobación del expediente. (a)

d) Todas las respuestas son correctas. (d)

a) El Defensor del Pueblo. (d)

b) Un comité compuesto por Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros. (b)

c) Los miembros de la Secretaría General. (a)

d) Los propios miembros del Consejo. (c)

a) La ropa especial de trabajo no es ámbito de la prevención de riesgos laborales. (d)

b) Nunca porque no es necesario. (c)

c) Sí. (b)

d) No. (a)

a) Determinar la organización interna de la Comisión y velar por la coherencia, eficacia y colegialidad de su actuación. (c)

b) Presidir el Consejo de Asuntos Exteriores. (b)

c) Definir las orientaciones de acuerdo con las que la Comisión desempeña sus funciones. (a)

d) Nombrar a vicepresidentes, distintos del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, entre los miembros de la Comisión. (d)

a) El Parlamento Europeo. (a)

b) Los gobiernos de los Estados miembros. (d)

c) El Consejo de la Unión Europea. (b)

d) El Consejo Europeo. (c)

a) Título de bachillerato, título correspondiente al ciclo formativo de grado superior o equivalente o de la formación laboral equivalente. El personal laboral por tiempo indefinido. (c)

b) Diplomatura universitaria, de ingeniero/a técnico/a, de arquitecto/a técnico/a o equivalentes. (b)

c) título de graduado/da en educación secundaria, graduado/da escolar, del título de ciclo formativo de grado medio o del título equivalente, o de formación laboral equivalente. (d)

d) Grado universitario, de doctor/a, licenciado/a, ingeniero/a o arquitecto/a o equivalentes. (a)

a) El 1 de julio de 2008. (b)

b) El 3 de marzo de 1997. (d)

c) El 1 de diciembre de 2009. (c)

d) El 2 de octubre de 1992. (a)

a) 6 y 7 (a)

b) 3 y 4 (d)

c) 5 y 6 (c)

d) 7 y 8. (b)

a) Sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la publicación del contrato a su favor. (c)

b) Sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la disposición del gasto del contrato a su favor. (d)

c) Sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la formalización del contrato a su favor. (b)

d) Sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. (a)

a) Al dictar el acto se haya incurrido en error de hecho, que resulte de los mismos documentos incorporados en el expediente. (a)

b) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. (d)

c) Al dictar el acto se haya incurrido en error de derecho, que resulte de los mismos documentos incorporados en el expediente. (b)

d) Al dictar el acto se haya incurrido en error de hecho o de derecho, que resulte de los mismos documentos incorporados en el expediente. (c)

a) Preparar planes y programas conjuntos de actuación para impulsar el desarrollo de la administración electrónica en España. (b)

b) Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas. (a)

c) Asegurar la cooperación entre las administraciones públicas para proporcionar información administrativa clara, actualizada e inequívoca. (c)

d) Definir Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) para regular las condiciones de prestación de los servicios electrónicos y los mecanismos de respuesta a incidencias específicas de acuerdo con la criticidad de los servicios electrónicos que deben prestar las Administraciones Públicas. (d)

a) La identificación del órgano u órganos encargados de la gestión y servicios puestos a disposición en la sede. (b)

b) El sello de órgano de la sede electrónica que se cree, así como las direcciones electrónicas de las sedes electrónicas que desde el momento de su creación ya están asociadas de esta sede. (c)

c) La identificación del titular. (a)

d) El ámbito de aplicación de la sede electrónica. (d)

a) Por mayoría absoluta. (d)

b) Por mayoría de dos terceras partes de sus miembros. (b)

c) Por mayoría simple. (a)

d) Por mayoría de tres quintas partes de sus miembros. (c)

a) Aquella confesión que sea mayoritaria entre las creencias de la sociedad española. (c)

b) La religión cristiana. (b)

c) La religión católica. (a)

d) Ninguna confesión tendrá carácter estatal. (d)

a) Cuantía del beneficio obtenido ilícitamente. (a)

b) Reincidencia de la conducta infractora. (b)

c) Intencionalidad del infractor. (d)

d) Repercusión social de la infracción (c)

a) El embarazo y la maternidad no tienen nada que ver con la discriminación por razón de sexo. (d)

b) Constituye discriminación indirecta por razón de sexo cualquier trato desfavorable relacionado con el embarazo o la maternidad. (b)

c) Constituye acción directa cualquier trato favorable relacionado con el embarazo o la maternidad. (c)

d) Constituye discriminación directa por razón de sexo cualquier trato desfavorable relacionado con el embarazo o la maternidad. (a)

a) Impide la tramitación. (a)

b) No impide la tramitación si esto no supone indefensión de la Administración. (c)

c) No impide la tramitación si esto no supone indefensión de la Administración y siempre que se deduzca el verdadero carácter. (d)

d) No impide la tramitación, siempre que se deduzca el verdadero carácter. (b)

a) Las Cortes las promulgarán. (b)

b) El rey ordenará la promulgación. (c)

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

d) El rey las promulgará. (a)

a) Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos. (c)

b) Las notificaciones que se practiquen en papel podrán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica. (b)

c) Las notificaciones que se practiquen en papel no serán puestas a disposición del interesado en la sede electrónica. (d)

d) Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, el resto de notificaciones se practicarán través de medios electrónicos. (a)

a) El incumplimiento de las condiciones establecidas que alteren sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida. (b)

b) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo establecido para su presentación. (c)

c) La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos en las bases reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen impedido. (d)

d) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación de los fondos percibidos. (a)

a) La solicitud de documentación original debe ser en casos excepcionales. (a)

b) El interesado debe obtener una copia auténtica con carácter previo a su presentación electrónica. (b)

c) El interesado no estará obligado a presentar el documento. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) El análisis coste-beneficio. (c)

b) El análisis factorial. (d)

c) La regresión logística o probabilística. (b)

d) El grupo de discusión. (a)

a) La Administración pública actuante puede requerir al interesado la exhibición del documento original. (a)

b) La Administración pública actuante puede requerir al interesado para que presente nuevamente copia del documento. (b)

c) La Administración pública actuante puede solicitar motivadamente el cotejo de las copias aportadas. (c)

d) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

a) Con extensa referencia a los hechos. (b)

b) Con extensa referencia de hechos y fundamentos de derecho. (d)

c) Con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. (a)

d) Con sucinta referencia a los fundamentos de derecho. (c)

a) Según lo dispuesto en las leyes que las establezcan, y en su defecto, a los dos años. (a)

b) A los dos años. (b)

c) Según lo dispuesto en las leyes que las establezcan, y en su defecto, al año. (c)

d) A los tres años. (d)

a) Sí que se agota por el uso que haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente, salvo que la materia no se hubiera reglamentado completamente. (c)

b) No se agota por el uso que haga el Gobierno si la materia todavía no ha sido totalmente reglamentada. (a)

c) Sí que se agota por el uso que haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente, salvo que la materia no se hubiera reglamentado completamente o, incluso en este caso, restara tiempo del plazo fijado por las Cortes para el ejercicio de esta delegación. (d)

d) Sí que se agota por el uso que haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. (b)

a) En contratos de obras, de servicios, de suministros, de concesión de obras y de concesión de servicios. (d)

b) En contratos de obras, de servicios, de suministros y de concesión de obras. (b)

c) En contratos de obras, de servicios, de concesión de obras y de concesión de servicios. (c)

d) En contratos de obras, de servicios y de suministros. (a)

a) Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (b)

b) Al Consejo Europeo. (d)

c) A la Comisión Europea. (c)

d) Al Consejo de la Unión Europea. (a)

a) Las infracciones y las sanciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves. (b)

b) Las infracciones y las sanciones administrativas se clasificarán en leves, graves y muy graves. (d)

c) Las infracciones administrativas se clasificarán en leves, graves y muy graves. (c)

d) Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves. (a)

a) A seguir las indicaciones y instrucciones del empresario. (d)

b) Están obligados a formarse por cuenta propia. (c)

c) A cumplir con secreto profesional respecto a las informaciones a las que tengan acceso como consecuencia de su actuación en la empresa. (b)

d) A cumplir el deber de ejecución de las medidas preventivas. (a)

a) Se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. (d)

b) Se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento. (b)

c) Se regirán únicamente por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere. (a)

d) Se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. (c)

a) Le informará sin dilación, y a más tardar transcurridos 10 días de la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación. (b)

b) Le informará sin dilación, y a más tardar transcurridos dos meses de la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación. (c)

c) Le informará sin dilación, y a más tardar transcurridos 15 días de la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación. (a)

d) Le informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación. (d)

a) Son cartas que establecen los mínimos de calidad a los que debe ajustarse un servicio determinado, que pueden surgir de iniciativas previas de cartas marco o individualmente si no forman parte de una red. (a)

b) Son cartas de mínimos de calidad que elaboran los servicios que se encuentren comprendidos en redes de centros, oficinas o unidades existentes. (b)

c) Son cartas certificadas o evaluadas por un órgano externo acreditado al efecto. (d)

d) Son cartas que recogen el conjunto de derechos de un determinado grupo de usuarios en relación con una política concreta y con su despliegue mediante prestaciones o servicios. (c)

a) La ley reguladora del régimen jurídico de la Comunidad Autónoma. (c)

b) El Reglamento del Parlamento. (d)

c) La ley reguladora del Gobierno de las Illes Balears. (b)

d) El Estatuto de autonomía y el Reglamento del Parlamento. (a)

a) Sí. (a)

b) No, es el 2 de octubre de 2018. (b)

c) No, es el 2 de octubre de 2020. (c)

d) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

a) Salvo que el contrato se tramite de forma urgente. (c)

b) Salvo que el contrato tenga consecuencias económicas. (d)

c) Nunca. (a)

d) Salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 120.1, carácter de emergencia. (b)

a) En el Gobierno. (a)

b) En el Gobierno o a su presidente. (b)

c) En el Gobierno y a los ministros, en asuntos propios de su ministerio. (d)

d) En el Gobierno, a su presidente y a los ministros. (c)

a) Es un deber de los empleados públicos cuyo incumplimiento esta sometido a un procedimiento disciplinario. (d)

b) Es un derecho de los empleados públicos. (a)

c) Es un derecho individual de los empleados públicos, ejercido colectivamente. (c)

d) Es un deber de los empleados públicos. (b)

a) De dos meses. (b)

b) De cuatro meses. (d)

c) De un mes. (a)

d) De veinte días. (c)

a) No podrá exceder de tres años. (c)

b) No podrá exceder de dos años. (d)

c) No podrá exceder de cuatro años. (a)

d) No podrá exceder de cinco años. (b)

a) La República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. (b)

b) Austria, Finlandia, Suecia, España y Portugal. (c)

c) Bulgaria, Rumanía y Grecia. (d)

d) Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. (a)

a) De expropiación forzosa. (d)

b) De salud y sanidad. (c)

c) De tercera edad. (b)

d) De políticas de género. (a)

a) Los riesgos, las medidas y las actividades de protección y prevención y las medidas adoptadas. (c)

b) Los derechos laborales que les corresponden. (a)

c) El empresario no tiene ninguna obligación de informar a los trabajadores. (d)

d) Las obligaciones en referencia a la prevención de riesgos laborales. (b)

a) En el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. (d)

b) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. (a)

c) En el plazo de seis meses a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. (b)

d) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que hayan transcurrido tres meses desde que se inició el procedimiento. (c)

a) Un acuerdo del Consejo de Gobierno. (c)

b) Una ley del Parlamento. (a)

c) Una ley orgánica de las Cortes Generales. (d)

d) Un decreto del Gobierno. (b)