a) De legalidad, eficacia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y transparencia en la gestión. (b)

b) De legalidad, eficiencia, oportunidad, estabilidad presupuestaria y transparencia en la gestión. (c)

c) De legalidad, eficiencia, eficacia, oportunidad, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y transparencia en la gestión. (d)

d) De legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y transparencia en la gestión. (a)

a) Los cabildos insulares. (a)

b) Las entidades públicas empresariales. (c)

c) Las sociedades mercantiles. (d)

d) Los consorcios. (b)

a) A las limitaciones presupuestarias previstas en el presupuesto de cada ente. (c)

b) A las limitaciones presupuestarias previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales, con excepción del personal laboral. (b)

c) A las limitaciones presupuestarias previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales. (a)

d) A las limitaciones presupuestarias que marque su órgano de dirección. (d)

a) Todas las administraciones públicas deben establecer un sistema de supervisión bianual de sus entidades dependientes. (d)

b) Todas las administraciones públicas deben establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes. (a)

c) Todas las administraciones públicas deben establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes que tengan personal laboral. (c)

d) Todas las administraciones públicas deben establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes que tengan personal funcionario. (b)

a) La información pública de todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza jurídica. (d)

b) La información pública y la ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza jurídica. (a)

c) La ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza jurídica. (b)

d) La información y ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional de carácter administrativo. (c)

a) La creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional de carácter administrativo. (b)

b) La creación, transformación o fusión de cualquier entidad integrante del sector público institucional. (c)

c) La creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional. (a)

d) La creación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional. (d)

a) Al titular de máximo órgano de dirección de la entidad. (a)

b) En el órgano de gobierno de la administración correspondiente. (d)

c) Al órgano competente en materia del sector público de la administración correspondiente. (c)

d) Al órgano competente en materia de hacienda de la administración correspondiente. (b)

a) Prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes. (c)

b) De fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y todas las demás que estén previstas en las leyes. (a)

c) De fomento, prestacionales y de gestión común de servicios públicos. (d)

d) De fomento, o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes del sector público instrumental fundacional. (b)

a) Únicamente laboral. (c)

b) Funcionario o laboral. (a)

c) Únicamente funcionario. (b)

d) Funcionario, laboral y eventual. (d)

a) La modificación de los estatutos en un plazo no superior a seis meses, contadores desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción. (b)

b) La modificación de los estatutos en un plazo no superior a seis meses, contadores desde el inicio del ejercicio presupuestario en que se produjo el cambio de adscripción. (c)

c) La modificación de los estatutos en un plazo no superior a tres meses, contadores desde el inicio del ejercicio presupuestario en que se produjo el cambio de adscripción. (d)

d) La modificación de los estatutos en un plazo no superior a cuatro meses, contadores desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción. (a)

a) Mediante un convenio suscrito por las administraciones, los organismos públicos o las entidades participantes. (a)

b) Mediante acuerdo del máximo órgano de gobierno de las entidades participantes. (c)

c) Mediante real decreto ley. (d)

d) Mediante ley habilitante. (b)

a) En las comunidades autónomas, la delegación del Gobierno. (c)

b) El órgano de la Administración de adscripción que tenga atribuida esta competencia. (a)

c) El ministerio competente en materia de hacienda y presupuestos. (b)

d) El órgano de la Administración de adscripción competente en materia del sector público. (d)

a) Que tenga mayoría para nombrar a un tercio de los miembros del patronato. (c)

b) Que tenga facultades para nombrar a un tercio de la mayoría del personal directivo. (b)

c) Que disponga de mayoría de patrones. (a)

d) Que tenga facultades para destituir a una cuarta parte de los miembros del patronato. (d)

a) Las cámaras de la propiedad urbana. (d)

b) Las cámaras de comercio, industria y navegación. (c)

c) Las fundaciones públicas. (a)

d) Los colegios profesionales. (b)

a) No goza de ningún tipo de competencia sobre esta materia. (d)

b) La competencia exclusiva. (c)

c) El desarrollo legislativo y la ejecución. (a)

d) La función ejecutiva. (b)

a) Son corporaciones de derecho privado. (b)

b) Son corporaciones de derecho público. (a)

c) Se crean por decreto. (c)

d) Carecen de personalidad jurídica. (d)

a) Que la ley regulará las características y el funcionamiento de la Administración corporativa. (d)

b) Que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. (a)

c) Que la ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. (c)

d) Que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas y las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. (b)

a) Tiene derecho a ser admitido en el colegio profesional que corresponda quien disponga de la titulación requerida. (a)

b) La creación de los colegios profesionales se realiza mediante ley. (d)

c) Cuando una profesión se organice por colegios territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio español. (b)

d) Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones estar incorporado en el colegio profesional que corresponda cuando así lo establezca una ley estatal. (c)

a) No puede superar los costes asociados a la tramitación de la inscripción. (a)

b) No podrá superar del doble los costes asociados a la tramitación de la inscripción. (c)

c) Es gratuita. (d)

d) No está limitada. (b)

a) De la publicación de la norma de creación en el boletín oficial. (b)

b) En qué se constituyen sus órganos de gobierno. (a)

c) De la aprobación de los estatutos. (d)

d) De la publicación de los estatutos. (c)

a) Estar representados en los patronatos universitarios. (d)

b) Participar en la elaboración de planes de estudio y emitir informes sobre las normas de organización de los centros docentes correspondientes a las respectivas profesiones. (c)

c) Emitir informes en los procedimientos judiciales en los que se discutan honorarios profesionales. (b)

d) Aprobar la fusión y absorción de colegios profesionales de la misma profesión. (a)

a) Elaborar los estatutos generales de los colegios. (b)

b) Ejercer las funciones disciplinarias de los miembros de las juntas de gobierno de los colegios. (d)

c) Asumir la representación de los profesionales españoles ante las entidades similares de otras naciones de los centros docentes correspondientes a las respectivas profesiones. (c)

d) Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional. (a)

a) Como órganos de debate y coordinación con las administraciones públicas. (c)

b) Como órganos consultivos y de colaboración con las administraciones públicas. (a)

c) Como órganos consultivos y de coordinación con las administraciones públicas. (b)

d) Como órganos de participación, debate y coordinación con las administraciones públicas. (d)

a) No tienen personal. (d)

b) Personal laboral. (a)

c) Personal funcionario. (c)

d) Personal laboral y personal funcionario. (b)

a) Del sector público instrumental empresarial. (b)

b) Del sector público instrumental administrativo. (a)

c) Del sector público instrumental corporativo. (d)

d) Del sector público instrumental fundacional. (c)

a) De legalidad, servicio al interés general, eficacia, eficiencia, estabilidad y transparencia. (a)

b) De legalidad, evaluación y responsabilidad en la gestión, servicio al interés general y estabilidad. (c)

c) De legalidad, eficacia, estabilidad presupuestaria y eficiencia. (b)

d) De legalidad, servicio al interés general, eficiencia, transparencia y estabilidad. (d)

a) Organismos de titularidad pública de naturaleza institucional con personificación pública. (c)

b) Organismos de titularidad pública de naturaleza institucional con personificación privada. (a)

c) Organismos públicos de naturaleza institucional con personificación pública. (b)

d) Ente de naturaleza corporativa. (d)

a) Al consejero de adscripción del organismo autónomo mediante resolución. (c)

b) En el consejo de dirección del organismo autónomo, mediante acuerdo. (d)

c) En el Consejo de Gobierno, mediante decreto. (b)

d) Al Consejo de Gobierno, mediante acuerdo. (a)

a) Del personal al servicio de las administraciones públicas. (b)

b) De los miembros del Gobierno y de los altos cargos. (a)

c) Del Estatuto de los trabajadores. (d)

d) Del personal alto cargo de la Administración General del Estado. (c)

a) En organismos autónomos, entidades públicas empresariales y consorcios. (c)

b) En organismos autónomas y agencias públicas. (d)

c) En organismos autónomas y entidades públicas empresariales. (a)

d) En organismos autónomos y consorcios. (b)

a) Mediante resolución del consejero a la que se adscribe el ente. (d)

b) Mediante decreto del presidente de las Illes Balears. (c)

c) Mediante decreto del Consejo de Gobierno. (b)

d) Mediante una ley. (a)

a) La aprobación de los estatutos y sus modificaciones. (c)

b) La aprobación de la extinción del organismo. (d)

c) La dirección y control de los resultados de su actividad. (b)

d) La dirección, la evaluación y el control de los resultados de su actividad. (a)

a) Depende orgánica y funcionalmente del órgano superior unipersonal de dirección del organismo autónomo. (c)

b) Depende orgánica y funcionalmente de la persona titular de la consejería competente en materia de función pública. (b)

c) Depende orgánicamente de la persona titular de la consejería competente en materia de función pública y funcionalmente del órgano superior unipersonal de dirección del organismo autónomo. (a)

d) Depende orgánica y funcionalmente del consejero titular de la consejería de adscripción del ente. (d)

a) Personal laboral de otras administraciones que le sea adscrito. (a)

b) Personal funcionario de cualquier administración publica que se incorpore por cualquier procedimiento de provisión u ocupación de puestos de trabajo. (d)

c) Personal laboral propio. (b)

d) Personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma o de los organismos autónomos que le sea adscrito. (c)

a) Tienen personalidad jurídica privada y pueden ejercer potestades administrativas. (c)

b) Tienen personalidad jurídica pública pero no pueden ejercer potestades administrativas. (b)

c) Tienen personalidad jurídica privada y en ningún caso pueden ejercer potestades administrativas. (a)

d) Tienen personalidad jurídica mixta y en ningún caso pueden ejercer potestades administrativas. (d)

a) Personal laboral y personal funcionario. (b)

b) Personal laboral. (a)

c) Personal laboral de otras administraciones. (d)

d) Personal laboral adscrito de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (c)

a) A propuesta de la consejería interesada y con un informe de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos y un informe de la consejería competente en materia de función pública. (d)

b) A propuesta de la consejería interesada y con un informe vinculante de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos. (b)

c) A propuesta de la consejería interesada y con un informe preceptivo de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos. (a)

d) A propuesta del Consejo de Gobierno y con un informe preceptivo de la conserjería competente en materia de hacienda y presupuestos. (c)

a) Se elevarán al Consejo de Gobierno después de la publicación del acuerdo por el que se autoriza su creación. (b)

b) Los debe aprobar el consejero titular de la consejería interesada. (c)

c) Deben elevarse al Consejo de Gobierno junto con la propuesta de acuerdo por la que se autoriza su creación. (a)

d) Se elevarán a la Comisión Interdepartamental de Retribuciones. (d)

a) El consejo de dirección. (d)

b) El Consejo de Gobierno. (a)

c) El presidente de las Islas Baleares. (c)

d) El consejero titular de la consejería interesada. (b)

a) De los informes preceptivos y vinculantes de las consejerías competentes en materia de hacienda y presupuestos, en materia de fundaciones y en materia de función pública. (b)

b) De los informes preceptivos de las consejerías competentes en materia de hacienda y presupuestos, en materia de fundaciones y en materia de función pública. (a)

c) De los informes preceptivos y vinculantes de las consejerías competentes en materia de hacienda y presupuestos y en materia de fundaciones. (d)

d) De los informes preceptivos de las consejerías competentes en materia de hacienda y presupuestos y en materia de función pública. (c)

a) Las especialidades del régimen presupuestario, de contabilidad, control y tesorería. (b)

b) La finalidad para la que se constituye. (d)

c) La relación de miembros y los criterios de representación. (c)

d) Las retribuciones de los órganos unipersonales de dirección. (a)

a) Por su legislación específica y supletoriamente por las disposiciones de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental aplicables a los consorcios. (c)

b) Por las disposiciones aplicables a los organismos autónomos. (b)

c) Por su legislación específica y supletoriamente por las disposiciones de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental aplicables a las entidades públicas empresariales. (d)

d) Por su legislación específica y, supletoriamente por las disposiciones de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental aplicables a los organismos autónomos. (a)

a) De desarrollo de las condiciones de trabajo comunes que puedan afectar al personal del conjunto de los entes del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (a)

b) De desarrollo de las condiciones de trabajo comunes que puedan afectar al personal del conjunto de los entes del sector público instrumental empresarial y fundacional autonómico. (c)

c) De desarrollo de las condiciones de trabajo comunes que puedan afectar al personal del conjunto de los entes del sector público instrumental empresarial autonómico. (b)

d) De desarrollo de las condiciones de trabajo comunes que puedan afectar al personal del conjunto de los entes del sector público instrumental administrativo y empresarial autonómico. (d)

a) A la consejero que tiene atribuida la secretaría del Consejo de Gobierno (c)

b) En la consejería competente en materia de trabajo. (d)

c) A la consejería competente en materia de función pública. (a)

d) En la conserjería competente en materia de hacienda y presupuestos. (b)

a) Un informe preceptivo y no vinculante a la consejería competente en materia de función pública. (d)

b) Un informe preceptivo y vinculante a la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos. (b)

c) Un informe preceptivo y vinculante a la consejería competente en materia de función pública. (a)

d) Un informe preceptivo a la consejería competente en materia de función pública. (c)

a) En las directrices que marque el órgano superior de gobierno del ente. (d)

b) En las directrices que marque la conserjería competente en materia de función pública. (c)

c) A las normas que contengan las leyes de presupuestos generales anuales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (a)

d) En las instrucciones que dicte la Comisión Interdepartamental de Retribuciones. (b)

a) Un mínimo de 7 miembros y un máximo de 11, según el tamaño de la entidad. (c)

b) Un mínimo de 5 miembros y un máximo de 13 miembros. (b)

c) Un mínimo de 7 miembros y un máximo de 13, según la dimensión de la entidad. (a)

d) Un mínimo de 6 miembros y un máximo de 13, según tipo de entidad. (d)

a) Por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma u órganos de la Administración local. (d)

b) Por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma, de entes del sector público instrumental u órganos de la Administración local. (c)

c) Por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma o de entes del sector público instrumental. (a)

d) Por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma. (b)

a) Para la dirección técnica y la programación del ente. (d)

b) Para la gestión ordinaria del ente. (b)

c) Para la coordinación, y la evaluación de las actuaciones propias del ente. (c)

d) Para la dirección, la administración y la gestión ordinaria del ente. (a)

a) La dirección técnica de las actuaciones propias del ente. (d)

b) La gestión ordinaria del ente. (a)

c) La coordinación de las actuaciones propias del ente. (b)

d) La programación de las actuaciones propias del ente. (c)

a) En los casos de los entes del sector público instrumental empresarial. (d)

b) En los casos en que lo determinen los estatutos del ente. (c)

c) En los casos que tenga atribuidas funciones que impliquen la participación en el ejercicio de potestades administrativas. (a)

d) En ningún caso. (b)

a) En la consejería de adscripción. (b)

b) En la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears. (c)

c) Directamente en la conserjería competente en materia de hacienda y presupuestos. (d)

d) A la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, por medio de la consejería de adscripción. (a)

a) De eficacia y eficiencia, que debe ejercer la conserjería competente en materia de hacienda y presupuestos. (c)

b) De eficacia y eficiencia, que deben ejercer conjuntamente la consejería de adscripción y la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos. (b)

c) De eficacia y eficiencia, que debe ejercer la conserjería de adscripción. (a)

d) De eficacia y eficiencia, que debe ejercer la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears. (d)

a) Las cuentas anuales de los entes del sector público instrumental autonómico deben enviarse a la Intervención General en los diez días posteriores a su formulación ya su aprobación. (b)

b) Los entes que conforman el sector público instrumental autonómico quedan sometidos al control de la Intervención General. (c)

c) Los entes que conforman el sector público instrumental autonómico deben formular, aprobar y enviar a la Intervención General, junto con las cuentas anuales, una liquidación de su presupuesto. (d)

d) Los entes del sector público instrumental autonómico deben aplicar el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma. (a)

a) La dirección general competente en materia de tesorería o el órgano que, en su caso, se establezca reglamentariamente. (a)

b) La dirección general competente en materia de tesorería conjuntamente con la dirección general competente en materia de presupuestos. (c)

c) La Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares. (d)

d) La dirección general competente en materia de presupuestos. (b)

a) En los términos y condiciones que se establezcan por ley. (b)

b) En los términos y condiciones que fije el máximo órgano de dirección de cada ente (d)

c) En los términos y condiciones que determine un Acuerdo del Consejo de Gobierno. (c)

d) En los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan. (a)

a) La autorización de su máximo órgano de dirección. (d)

b) Aprobada la relación de puestos de trabajo del ente. (c)

c) Nombrados todos sus órganos directivos. (b)

d) Aprobado el presupuesto del primer ejercicio. (a)

a) La personal titular de la consejería de adscripción del ente. (a)

b) El Consejo de Gobierno. (c)

c) La persona titular de la gerencia u órgano unipersonal equivalente del ente. (b)

d) La Abogacía de la Comunidad Autónoma. (d)

a) En proporción a su extensión territorial. (c)

b) En la proporción que se determine en los respectivos estatutos. (a)

c) Con un miembro de cada una. (b)

d) En proporción a las aportaciones hechas. (d)

a) Al servicio jurídico de la consejería de adscripción. (d)

b) A una asesoría externa. (c)

c) Al personal propio que tenga atribuida esta función en la relación de puestos de trabajo. (a)

d) A la Abogacía de la Comunidad Autónoma. (b)

a) A diez días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis mensualidades. Son siempre vinculantes. (b)

b) A siete días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de diez mensualidades. (c)

c) A doce días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis mensualidades. (d)

d) A siete días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis mensualidades. (a)