a) Las personas naturales o jurídicas españolas, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas. (a)

b) Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que no tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas. (d)

c) Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas. (c)

d) Las personas jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas. (b)

a) Las administraciones públicas no deben exigir la presentación de documentos originales a los interesados, excepto en casos motivados. (c)

b) Excepcionalmente, la normativa reguladora del procedimiento puede establecer la exigencia de presentar documentos originales a los interesados. (b)

c) Excepcionalmente, en determinados casos, las administraciones pueden requerir la aportación del original. (d)

d) Las administraciones públicas no deben requerir a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable. (a)

a) título de graduado/da en educación secundaria, graduado/da escolar, del título de ciclo formativo de grado medio o del título equivalente, o de formación laboral equivalente. (d)

b) Diplomatura universitaria, de ingeniero/a técnico/a, de arquitecto/a técnico/a o equivalentes. (b)

c) Grado universitario, de doctor/a, licenciado/a, ingeniero/a o arquitecto/a o equivalentes. (a)

d) Título de bachillerato, título correspondiente al ciclo formativo de grado superior o equivalente o de la formación laboral equivalente. El personal laboral por tiempo indefinido. (c)

a) De muestreo. (c)

b) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

c) De auditoría. (b)

d) De análisis contradictorio. (a)

a) Se regirán únicamente por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere. (a)

b) Se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. (c)

c) Se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. (d)

d) Se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento. (b)

a) Deberán ser ordenadas por el mismo órgano que las hubiera dictado. (b)

b) Podrán ser ordenadas por el mismo órgano que las hubiera dictado o por el órgano superior jerárquico. (d)

c) Deberán ser ordenadas por el superior jerárquico del órgano que las hubiera dictado. (a)

d) Podrán ser ordenadas por el mismo órgano que las hubiera dictado. (c)

a) Se suspende el plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo de quince días para su presentación. (b)

b) Se suspende el plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo de diez días para su presentación. (a)

c) No es obligatorio suspender el plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo de quince días para su presentación. (d)

d) No es obligatorio suspender el plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo de diez días para su presentación. (c)

a) El error o la ausencia de la calificación del recurso. (d)

b) Ser incompetente el órgano administrativo por razón de la materia o el territorio. (c)

c) Estar carecido el recurso de fundamento. (a)

d) Estar carecido el recurso manifiestamente de fundamento. (b)

a) Proponer al Consejo de Gobierno el nombramiento y cese de los cargos públicos que dependen de su consejería. (a)

b) Controlar la gestión del presupuesto de su consejería. (c)

c) Reconocer las obligaciones económicas de su consejería. (d)

d) Ejercer la presidencia de los consejos de dirección de los entes de su consejería. (b)

a) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

b) Una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. (c)

c) Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, así como la regla de gasto. (a)

d) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos. (b)

a) De tercera edad. (a)

b) De ferias y mercados no internacionales. (b)

c) De formación profesional continua. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Las cuentas anuales de los entes del sector público instrumental autonómico deben enviarse a la Intervención General en los diez días posteriores a su formulación ya su aprobación. (b)

b) Los entes que conforman el sector público instrumental autonómico deben formular, aprobar y enviar a la Intervención General, junto con las cuentas anuales, una liquidación de su presupuesto. (d)

c) Los entes que conforman el sector público instrumental autonómico quedan sometidos al control de la Intervención General. (c)

d) Los entes del sector público instrumental autonómico deben aplicar el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma. (a)

a) El Gobierno. (d)

b) Las Cortes Generales. (c)

c) El Senado. (b)

d) El Congreso. (a)

a) Contra los actos de trámite, si estos producen perjuicio grave a derechos e intereses legítimos. (d)

b) Contra los actos de trámite, si estos producen perjuicio a derechos legítimos. (a)

c) Contra los actos de trámite, si estos producen perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. (b)

d) Contra los actos de trámite, si estos producen perjuicio considerable a derechos e intereses legítimos. (c)

a) De un mínimo de 350 y un máximo de 400 diputados. (d)

b) De un mínimo de 200 y un máximo de 300 diputados. (b)

c) De un mínimo de 200 y un máximo de 400 diputados. (c)

d) De un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. (a)

a) Deben dar información fácilmente comprensible y comunicable. (b)

b) Deben ser verificables subjetivamente. (d)

c) Deben ser específicos, medibles, realistas, alcanzables y asequibles. (c)

d) Tienen que medir con el mayor grado de exactitud el fenómeno o elemento que se debe de estudiar. (a)

a) Se exige al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin importar el plazo. (d)

b) Se exige al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso en el plazo de tres meses y sin dilaciones indebidas. (c)

c) Se exige al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas. (a)

d) Se exige al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso en el plazo de un mes y sin dilaciones indebidas. (b)

a) Por los miembros de la Diputación o el órgano interinsular de las provincias afectadas. (a)

b) Por los diputados y senadores que hayan sido elegidos. (b)

c) Por las Cortes Generales. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) El análisis y la evaluación de la situación del patrimonio y de los servicios prestados por el sector público de las Illes Balears. (b)

b) La fiscalización de la compatibilidad electoral en los términos previstos en la legislación electoral. (c)

c) El examen, comprobación y fiscalización de las modificaciones de crédito del presupuesto. (d)

d) La consulta, el examen y la comprobación de la cuenta general del Parlamento. (a)

a) Sí, siempre que la carencia de fundamento sea temeraria. (d)

b) No. (a)

c) Sí. (b)

d) Sí, siempre que la carencia de fundamento sea manifiesta. (c)

a) Deben ser funcionarios de carrera del subgrupo A1. (b)

b) Deben ser funcionarios de carrera del subgrupo A1 con más de quince años de antigüedad. (d)

c) La condición política de ciudadanos de las Illes Balears. (a)

d) Deben ser juristas de reconocido prestigio con más de cinco años de experiencia profesional. (c)

a) Se ejerce siempre y únicamente a través de los representantes de los trabajadores, tanto en el ámbito de la empresa privada como en el ámbito de las administraciones públicas. (c)

b) Se ejerce de igual forma en el ámbito de la empresa privada y en el ámbito de las administraciones públicas sin adaptaciones particulares en ninguno de ambos ámbitos. (b)

c) Se ejerce en el ámbito de las administraciones públicas con las adaptaciones que sean procedentes atendiendo a la diversidad de las actividades que llevan a cabo y las diferentes condiciones en que éstas se realizan, la complejidad y dispersión de la estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de representación colectiva. (a)

d) Se ejerce siempre y únicamente a través de los trabajadores, tanto en el ámbito de la empresa privada como en el ámbito de las administraciones públicas. (d)

a) De cuatro años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo. (b)

b) De tres años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo. (a)

c) De cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo menor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo. (c)

d) De cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo. (d)

a) La inspección y la revisión. (c)

b) La gestión y la liquidación. (a)

c) Todas las respuestas son correctas. (d)

d) La recaudación. (b)

a) Que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. (a)

b) Ninguna limitación en ningún caso. (d)

c) Que la prohibición de predicación pública con el fin del proselitismo religioso. (c)

d) Que la que sea indicada por la ley. (b)

a) Sistema nacional de control financiero y del gasto público de subvenciones. (c)

b) Sistema nacional de control de legalidad de subvenciones. (b)

c) Sistema nacional de control económico de subvenciones. (a)

d) Sistema nacional de publicidad de subvenciones. (d)

a) Que los ayuntamientos pueden prestar mediante un contrato de concesión de servicios. (b)

b) Competencia de los ayuntamientos, que han de prestarse mediante gestión directa. (a)

c) Que han de prestarse en régimen de monopolio. (c)

d) Que los ayuntamientos pueden gestionar de forma directa o de forma indirecta. (d)

a) Gestión de las relaciones con los clientes/ciudadanos/usuarios de los servicios. (d)

b) Diseño y gestión sistemática de procesos. (a)

c) Diseño y desarrollo de los servicios en base a las necesidades y expectativas de los clientes/ciudadanos/usuarios de los servicios. (b)

d) La política y estrategia se comunica y despliega mediante un esquema de procesos clave. (c)

a) El punto de partida, la evaluación y el plan de mejora. (d)

b) El punto de partida, la preevaluación, la evaluación y el plan de mejora. (a)

c) La preevaluación, la evaluación y el plan de mejora. (b)

d) El punto de partida, la autoevaluación y el plan de mejora. (c)

a) Se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días. (d)

b) Se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de treinta días. (c)

c) Se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de quince días. (b)

d) Se inadmitirá la solicitud. (a)

a) Personal, libre y único. (c)

b) Personal e indelegable. (d)

c) Personal, intransferible e indelegable. (b)

d) Personal e intransferible. (a)

a) Forman parte del derecho originario de la Unión Europea. (d)

b) Entre los tratados se encuentra el Tratado de Madrid de 1991, que forma parte del derecho de la Unión Europea. (c)

c) Forman parte del derecho derivado de la Unión Europea. (a)

d) Sólo forman parte del derecho originario los tratados constitutivos. (b)

a) Desde la notificación o publicación, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos. (d)

b) Desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos. (a)

c) Desde la notificación, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos. (c)

d) Siempre desde que se dictó el acto convalidado, además de lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos. (b)

a) De bienes de dominio público y patrimoniales de su titularidad. (b)

b) De turismo. (c)

c) De ordenación del sector pesquero. (a)

d) De propiedad industrial. (d)

a) Administrativo. (a)

b) Impropio. (d)

c) Judicial. (b)

d) De naturaleza mixta. (c)

a) Ante el síndico de Greuges. (d)

b) Ante el Parlamento. (a)

c) Ante la ciudadanía. (c)

d) Ante el Consejo de Gobierno. (b)

a) Ocupa plazas cuyo sistema de provisión es la libre designación. (a)

b) Estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados . (c)

c) La determinación de sus condiciones de empleo tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva. (d)

d) Es un alto cargo de la administración. (b)

a) La mayoría simple del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. (a)

b) La mayoría absoluta del Congreso y del Senado en una votación global sobre la ley en cuestión. (d)

c) La mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. (b)

d) La mayoría cualificada del Congreso en una votación final sobre la ley en cuestión. (c)

a) El número de ejercicios a los que se pueden aplicar los gastos plurianuales no puede ser superior a cinco, correspondientes al ejercicio corriente y a otros cuatro ejercicios futuros. (b)

b) El número de ejercicios a los que se pueden aplicar los gastos plurianuales no puede ser superior a seis, correspondientes al ejercicio corriente y a otros cinco ejercicios futuros. (a)

c) Las limitaciones sobre el número máximo de ejercicios a los que se pueden aplicar los gastos plurianuales son aplicables a los arrendamientos de bienes inmuebles, a cargas financieras derivadas del endeudamiento, a las reorganizaciones administrativas que afecten a varias secciones presupuestarias y cuando el gasto total del expediente plurianual de que se trate en cada caso sea inferior a 30.000 euros. (d)

d) El gasto acumulado imputado a cada uno de los ejercicios futuros, incluido el gasto no sujeto a limitaciones o para el que se haya exceptuado la aplicación de estas limitaciones, a que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 65 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, no puede exceder de la cuantía que resulte de aplicar los siguientes porcentajes sobre el crédito definitivo del capítulo del presupuesto corriente correspondiente a la sección presupuestaria de que se trate: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70%; en el segundo ejercicio, el 65%; en el tercer y cuarto ejercicio, el 60%; y en el quinto, el 50 %. (c)

a) Mediante un documento privado cuya matriz conste en un archivo notarial o una inscripción practicada en un registro mercantil. (d)

b) Mediante un certificado electrónico de representante. (c)

c) Mediante apoderamiento efectuado por comparecencia electrónica en las oficinas de asistencia en materia de registro o comparecencia personal en la correspondiente sede electrónica o sede electrónica asociada. (a)

d) Mediante la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente o en sus registros particulares de apoderamientos. (b)

a) A los parlamentos autonómicos. (d)

b) A los gobiernos autonómicos. (b)

c) Al Gobierno del Estado. (c)

d) Al rey. (a)

a) El órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación. (c)

b) El lugar, fecha y firma del recurrente. (d)

c) El acto que se recurre y la razón de su impugnación. (a)

d) Los plazos de resolución del recurso. (b)

a) Todas las respuestas son correctas. (d)

b) Cuando las prestaciones mantengan relaciones de complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad. (b)

c) Cuando las prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí. (a)

d) Cuando las prestaciones mantengan relaciones de complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad funcional dirigida a la consecución de un fin institucional propio de la entidad contratante. (c)

a) El capítulo V del título I de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears. (d)

b) El capítulo IV del título II de la Ley 2/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears. (b)

c) El capítulo V del título II de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears. (a)

d) El capítulo V del título III de la Ley 1/2019, de 31 de enero, de régimen jurídico del Gobierno de las Illes Balears. (c)

a) No, los entes del sector público instrumental de la CAIB deben aprobar sus propios planes de igualdad. (c)

b) Si, es de aplicación directa. (a)

c) No, si bien los planes de igualdad de los entes que integran el sector público instrumental de la CAIB deben incluir las mismas medidas que el de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (d)

d) No, si bien es de aplicación supletoria cuando el ente no disponga de un plan de gualdad propio. (b)

a) Con carácter general, las ampliaciones de crédito deben financiarse con cargo al fondo de contingencia o, cuando se trate de gastos discrecionales o que se hubieran podido prever en el momento de la elaboración de los presupuestos, con la baja en otros créditos de gastos del presupuesto no financiero. (d)

b) Con carácter general, las ampliaciones de crédito deben financiarse con cargo al fondo de contingencia o, cuando se trate de gastos discrecionales o que no se hubieran podido prever en el momento de la elaboración de los presupuestos, con la baja en otros créditos de gastos del presupuesto no financiero. (b)

c) Con carácter general, las ampliaciones de crédito deben financiarse con cargo al fondo de contingencia o, cuando se trate de gastos discrecionales o que se hubieran podido prever en el momento de la elaboración de los presupuestos, con la baja en otros créditos de gastos del presupuesto financiero. (c)

d) Con carácter general, las ampliaciones de crédito deben financiarse con cargo al fondo de contingencia o, cuando se trate de gastos no discrecionales o que se hubieran podido prever en el momento de la elaboración de los presupuestos, con la baja en otros créditos de gastos del presupuesto no financiero. (a)

a) Garantizar los tipos de cambio. (d)

b) Mantener la estabilidad de precios y apoyar las políticas económicas generales de la Unión. (c)

c) Asegurar el crédito de los Estados miembros. (b)

d) Mantener la estabilidad de precios. (a)

a) La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. (b)

b) La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. (a)

c) La Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (d)

d) La Ley 2/2007, de 16 de marzo, de cuerpos y escalas de la Administración de la comunidad Autónoma de las Illes Balears. (c)

a) Delegados de Comisión. (b)

b) Delegados de Personal. (a)

c) Juntas de Comisión. (c)

d) Delegados de Negociación. (d)

a) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. (d)

b) Que contenga una prestación positiva en beneficio de los particulares. (c)

c) Que la preste directamente la Administración. (a)

d) Que se trate de una actividad empresarial. (b)

a) Por el Parlamento mediante una ley ordinaria. (d)

b) Por el Consejo de Ministros mediante una ley ordinaria. (c)

c) Por el Congreso de los Diputados mediante un real decreto. (a)

d) Por las Cortes Generales por medio de una ley orgánica. (b)

a) Al Gobierno y al Congreso. (d)

b) Al Gobierno, en el Congreso y en el Senado. (a)

c) Al Gobierno. (b)

d) Al Congreso y al Senado. (c)

a) En municipios, mancomunidades, provincias, territorios insulares y comunidades autónomas. (c)

b) En entidades locales y autonómicas. (a)

c) En municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. (b)

d) En municipios, provincias, territorios insulares y en las comunidades autónomas que se constituyan. (d)

a) De los derechos fundamentales. (a)

b) De las libertades públicas. (b)

c) De los derechos humanos y políticos. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. (b)

b) Caduca al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización. (d)

c) Prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización. (a)

d) Caduca al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. (c)

a) De la Presidencia y de los miembros del Gobierno. (a)

b) De la Presidencia, los miembros del Gobierno y los entes del sector público instrumental. (c)

c) De los miembros del Gobierno. (d)

d) De la Presidencia. (b)

a) Podrá aprobarse en la misma reunión o en la siguiente inmediata (c)

b) Se tendrá que aprobar en la misma reunión. (a)

c) Se tendrá que aprobar en la última reunión. (d)

d) Sólo se puede aprobar en la siguiente reunión. (b)

a) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo establecido para su presentación. (c)

b) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación de los fondos percibidos. (a)

c) El incumplimiento de las condiciones establecidas que alteren sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida. (b)

d) La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos en las bases reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen impedido. (d)

a) Deben adecuar sus documentos contables en la forma que se determine mediante la orden del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos. (a)

b) Tienen que adecuar sus documentos contables previo informe favorable de la Sindicatura de Cuentas. (d)

c) Deben adecuar sus documentos contables en la forma que se determine por Ley de presupuestos generales. (b)

d) Deben adecuar sus documentos contables a petición del Consejo de Gobierno. (c)

a) Contra la resolución de un recurso de alzada se podrá interponer un recurso de reposición. (d)

b) El recurso de alzada podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. (c)

c) Contra los actos firmes en vía administrativa se podrá interponer un recurso de alzada ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto. (b)

d) Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa deberán ser recurridos en alzada como requisito previo para impugnarlos ante la jurisdicción contenciosa administrativa. (a)

a) En el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. (b)

b) En el momento de la iniciación del procedimiento sancionador. (c)

c) En el momento de resolver el procedimiento sancionador. (a)

d) En el momento que sean probados los hechos constitutivos de una infracción administrativa. (d)

a) Una manifestación de la potestad reglamentaria del Gobierno. (a)

b) Una norma con rango de ley del Gobierno que se dicta en supuestos de urgente necesidad. (c)

c) Una disposición administrativa de carácter general emanada de un ministerio. (d)

d) Una norma con rango de ley del Gobierno que requiere autorización de las Cortes Generales. (b)

a) Por el Consejo de ministros. (c)

b) Por el Congreso de los Diputados. (b)

c) Por las Cortes Generales. (a)

d) Por el Ministerio competente en materia de hacienda. (d)

a) Grave. (b)

b) Leve. (a)

c) Muy grave. (c)

d) No está tipificado (d)

a) 30 funcionarios. (a)

b) 60 funcionarios. (d)

c) 50 funcionarios. (c)

d) 40 funcionarios. (b)

a) Por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma u órganos de la Administración local. (d)

b) Por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma. (b)

c) Por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma o de entes del sector público instrumental. (a)

d) Por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma, de entes del sector público instrumental u órganos de la Administración local. (c)

a) De miembros de distintos órganos colegiados. (a)

b) De altos cargos de órganos colegiados. (b)

c) De secretario del órgano colegiado. (c)

d) De miembros natos de órganos colegiados. (d)

a) Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en el territorio autonómico. (d)

b) Ferias interiores. (c)

c) Régimen aduanero y arancelario. (a)

d) El patrimonio monumental de interés para la comunidad autónoma. (b)

a) El recurso de reposición podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante la jurisdicción contencioso administrativa. (c)

b) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes. (d)

c) Contra la desestimación presunta de un recurso de reposición se podrá interponer un nuevo recurso de reposición en el plazo de tres meses. (b)

d) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso, y de tres meses, si fuera presunto. (a)

a) El establecimiento, la modificación y la supresión de recargos sobre los tributos estatales. (b)

b) La creación y la regulación de instituciones de crédito propias de la Comunidad Autónoma. (c)

c) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

d) El establecimiento, la modificación y la supresión de tributos propios. (a)

a) Podrán prolongar la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. (b)

b) No podrán establecer otros procedimientos de provisión en los supuestos de movilidad a que se refiere el artículo 81.2, permutas entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y supresión de los mismos. (c)

c) Establecerán los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre configuración con convocatoria pública. (d)

d) Adoptarán medidas que incentiven la gestión de su personal en los procesos selectivos de promoción interna y para la progresión en la carrera profesional. (a)

a) De crédito, banca y seguros. (b)

b) De ordenación de la hacienda de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establece el Estatuto. (a)

c) De servicio meteorológico de la comunidad autónoma. (d)

d) De archivos, bibliotecas y museos que no sean de titularidad estatal. (c)

a) Inferior a quince días. (c)

b) De diez días. (a)

c) No inferior a diez días. (b)

d) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

a) El nombre y apellidos del recurrente, así como su identificación personal. (b)

b) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, si procede, del lugar que se señale a efectos de notificaciones. (c)

c) El acto que se recorre y la razón de su impugnación. (a)

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

a) Redundar en beneficio de la eficacia y la eficiencia. (d)

b) Permitir el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes mediante el acceso electrónico a los servicios públicos. (b)

c) Crear las condiciones necesarias de confianza en el uso de medios electrónicos. (c)

d) Crear unas condiciones que garanticen un nivel de interoperabilidad adecuado de los sistemas y aplicaciones que utilizan las administraciones públicas. (a)

a) Informe de la Secretaría General de la consejería correspondiente referido a la adecuación del procedimiento seguido e informe de impacto de género, en los casos en que de las normas objeto de consolidación no se hubiera emitido este informe en el momento en que se tramitaron. (b)

b) Informe de la Secretaría General de la consejería correspondiente referido a la adecuación del procedimiento seguido e informe de impacto de género en todo caso. (a)

c) Informe de la Secretaría General de la consejería correspondiente referido a la adecuación del procedimiento seguido, informe de impacto de género en el supuesto previsto en el artículo 62 de la Ley 1/2019 y audiencia a las consejerías afectadas, en su caso. (c)

d) Informe de la Secretaría General de la consejería correspondiente referido a la adecuación del procedimiento seguido, informe de impacto de género en el supuesto previsto en el artículo 62 de la Ley 1/2019 y memoria del análisis de impacto normativo. (d)

a) Los consejeros competentes en la materia. (b)

b) El consejero encargado de la Secretaría del Consejo de Gobierno. (d)

c) El presidente de Gobierno de las Illes Balears (c)

d) El consejero competente en la materia que tiene preponderancia. (a)

a) Los secretarios generales, los directores generales y los demás órganos a los que se asimilen en rango. (a)

b) Los secretarios generales y los directores generales. (c)

c) Los secretarios generales técnicos, los directores generales y los demás órganos a los que se asimilen en rango. (b)

d) Los secretarios generales, los directores generales y los órganos de dirección de los entes del sector público. (d)

a) Si la Comunidad Autónoma no paga al acreedor dentro del mes siguiente al día en que se haya notificado la resolución judicial o que se haya reconocido la obligación, debe abonarle, además, el interés legal del dinero, desde que el acreedor, una vez transcurrido el plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación. (c)

b) Si la Comunidad Autónoma no paga al acreedor en los dos meses siguientes al día en que se haya notificado la resolución judicial o que se haya reconocido la obligación, deberá abonarle, además, el interés legal del dinero, desde que el acreedor, una vez transcurrido el plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación. (a)

c) Si la Comunidad Autónoma no paga al acreedor en los tres meses siguientes al día en que se haya notificado la resolución judicial o que se haya reconocido la obligación, debe abonarle, además, el interés legal del dinero , desde que el acreedor, una vez transcurrido el plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación. (b)

d) Si la Comunidad Autónoma no paga al acreedor en los tres meses siguientes al día en que se haya notificado la resolución judicial o que se haya reconocido la obligación, deberá abonarle, además, el interés legal del dinero, desde que se haya notificado la resolución judicial o que se haya reconocido la obligación. (d)

a) Al 75 % del valor estimado del contrato. (d)

b) Al 50 % del presupuesto base de licitación. (a)

c) Al 75 % del presupuesto base de licitación. (c)

d) Al 50 % del valor estimado del contrato. (b)

a) El acceso a la información pública, expedientes y circulares. (c)

b) El acceso a la información pública, archivos y registros. (a)

c) El acceso a la información pública, archivos y circulares. (d)

d) El acceso a la información pública, expedientes y registros. (b)

a) Solo podrá decidir sobre las cuestiones fondo que plantee el procedimiento aunque no hayan sido alegadas por los interesados. (d)

b) Podrá decidir sobre las cuestiones de forma y fondo que plantee el procedimiento que hayan sido alegadas por los interesados. (b)

c) Decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, siempre que hayan sido alegadas por los interesados. (a)

d) Decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. (c)

a) Solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley. (a)

b) Solicitar del Parlamento la adopción de un proyecto de ley. (b)

c) Remitir a la Mesa del Parlamento una proposición de ley. (c)

d) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

a) En las relaciones jurídicas de tracto sucesivo con terceros, con el consentimiento de la persona o entidad interesada. (a)

b) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

c) En la confección de las nóminas de los empleados públicos y del resto de empleados de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico. (b)

d) En las relaciones jurídicas internas entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico. (c)

a) Deberán asistir los Secretarios de Estado, en los casos de ausencia del ministro correspondiente. (c)

b) Únicamente, podrán asistir, además de los miembros del Gobierno, los Secretarios de Estadio cuando sean convocados. (d)

c) No podrán asistir los Secretarios de Estado, en ningún caso. (a)

d) Podrán asistir los Secretarios de Estado y excepcionalmente, otros altos cargos, cuando sean convocados para ello. (b)

a) Podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto y, de rechazar el requerimiento, suspenderá la aplicación del acto. (c)

b) Podrá suspender la aplicación del acto administrativo y simultáneamente debe interponer un recurso contencioso administrativo. (d)

c) No debe aplicar el acto administrativo y simultáneamente debe interponer un recurso contencioso administrativo. (a)

d) Podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso contencioso-administrativo. (b)

a) La fiscalización interna de la actividad económica, financiera y contable del sector público de las Islas Baleares. (b)

b) La fiscalización externa de la actividad económica, financiera y contable de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y de su sector público. (d)

c) La fiscalización externa de la actividad económica, financiera y contable del sector público de las Illes Balears. (a)

d) La fiscalización interna de la actividad económica, financiera y contable de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (c)

a) Que pueda escoger entre información a las víctimas, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de los derechos laborales, apoyo educativo a la unidad familiar, formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos o apoyo a la formación y la inserción laboral. (c)

b) Información a las víctimas, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer, apoyo educativo a la unidad familiar, formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos y apoyo a la formación y la inserción laboral. (a)

c) Información a las víctimas, atención educativa, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer, apoyo psicológico a la unidad familiar, formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a la defensa personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos y apoyo a la formación y la inserción social (d)

d) Información a las víctimas, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de los derechos laborales, apoyo inclusivo a la unidad familiar, formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos y apoyo a la formación y la inserción laboral. (b)

a) Sólo en el supuesto de que declaren la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables. (c)

b) En los supuestos previstos en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. (b)

c) La Administración sólo puede revisar de oficio los actos nulos de pleno derecho, no los reglamentos. (d)

d) En los supuestos previstos en las letras a, c, y f del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. (a)

a) Por finalización del mandato. (b)

b) Por renuncia. (d)

c) Por incumplimiento de sus deberes, apreciados por el Pleno del Parlamento por mayoría de dos terceras partes de sus miembros. (a)

d) Por inhabilitación declarada por sentencia firme. (c)

a) El Pleno del Consejo Consultivo. (c)

b) El órgano que los eligió o designó. (b)

c) El presidente de las Illes Balears. (a)

d) El presidente del Consejo Consultivo. (d)

a) Las administraciones públicas tienen que asistir en el uso de medios electrónicos a determinados interesados.. (c)

b) Las administraciones públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los ciudadanos. (a)

c) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

d) Los organismos públicos asistirán en el uso de medios electrónicos a los ciudadanos. (b)

a) Tiene que preverse en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros. (a)

b) Tiene que preverse las formas de control del Estado. (b)

c) Las respuestas a) y b) son correctas. (c)

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. (d)

a) A los tres meses. (c)

b) Al mes. (d)

c) A los seis meses. (b)

d) Al año. (a)

a) Su naturaleza jurídica es de acto administrativo. (c)

b) Pueden interpretar las leyes o los reglamentos. (d)

c) Han de ser publicadas. (a)

d) Vinculan directamente a los particulares. (b)

a) Fondo de Contingencia territorial. (a)

b) Fondo de Asistencia Financiera. (b)

c) Fondo de Solidaridad. (d)

d) Fondo de Asociación. (c)

a) La soberanía nacional. (a)

b) Al pueblo español. (c)

c) Al Estado. (d)

d) La soberanía popular. (b)

a) Mayoría simple del Congreso. (a)

b) Mayoría absoluta del Congreso y del Senado, en una votación final comuna después de sesión compartida sobre el conjunto del proyecto. (c)

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

d) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. (b)

a) Por resolución administrativa. (a)

b) Por resolución administrativa o mediante acuerdo entre la Administración y el interesado. (b)

c) Por resolución administrativa, por silencio positivo, o mediante acuerdo entre la Administración y el interesado. (d)

d) Por resolución administrativa o por silencio positivo. (c)

a) Que salvo que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver la tendrá en cuenta a efectos de graduar la sanción que, en su caso, deba imponerse, y no la puede aminorar, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. (a)

b) Que siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver lo tendrá en cuenta a efectos de graduar la sanción que, en su caso, deba imponerse, y no la puede minorar, en el momento de declarar la comisión de la infracción. (b)

c) Que siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver debe tenerlo en cuenta a efectos de graduar la sanción que, en su caso, deba imponerse, y la puede minorar, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. (c)

d) Que siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver la tendrá en cuenta a efectos de graduar la sanción que, en su caso, deba imponerse, pudiendo minorarla , sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. (d)