a) Los que se formalicen para actuar con un objetivo común, aunque no supongan la formalización de compromisos jurídicos. (b)

b) Los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las administraciones públicas, los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes o las universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para una finalidad común. (a)

c) Los que tienen por objeto una delegación de competencias entre órganos. (c)

d) Los acuerdos por los que se formalicen prestaciones propias de los contratos. (d)

a) En otros órganos de la misma administración, aunque no sean jerárquicamente dependientes, o a los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de estas administraciones públicas. (a)

b) Siempre deben delegar en órganos de otra administración. (c)

c) Sólo en los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de estas administraciones públicas. (d)

d) En otros órganos de la propia administración, siempre que sean jerárquicamente dependientes. (b)

a) No puede ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. (a)

b) No podrá ser superior a tres años. (d)

c) En ningún caso podrá ser superior a cuatro años. (b)

d) No podrá ser superior a cinco años, salvo que se prevea normativamente un plazo superior. (c)

a) Debe facilitar la utilización individual de medios y servicios públicos. (c)

b) Debe mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, y contribuir a la realización de actividades de utilidad pública. (b)

c) Debe contribuir a la realización de actividades de interés público. (d)

d) Debe mejorar la eficiencia de la gestión económica. (a)

a) Remitir a través de un jerárquico superior las actuaciones al órgano que considere competente. (b)

b) Remitir directamente las actuaciones al órgano que considere competente y notificar esta circunstancia a los interesados. (a)

c) Remitir directamente las actuaciones al órgano que considere competente, sin necesidad de notificar esta circunstancia a los interesados. (c)

d) Dictar una resolución en la que se declare incompetente y notificarla a los interesados. (d)

a) Del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros. (d)

b) Del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la de un tercio, al menos, de sus miembros. (c)

c) Del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la del número de miembros que determine la norma de funcionamiento de cada órgano colegiado. (b)

d) Del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y, al menos, de la mitad más uno de sus miembros. (a)

a) De tres días. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en un plazo inferior. (b)

b) De dos días. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en el mismo plazo. (c)

c) De setenta y dos horas. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en el mismo plazo. (d)

d) De cuatro días. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en un plazo superior. (a)

a) Afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos. (b)

b) Afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos directivos. (c)

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

d) No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos. (a)

a) Que la desconcentración no supone alteración alguna del ejercicio ni la titularidad. (a)

b) Que la competencia es irrenunciable y la ejercen los órganos administrativos que la tienen atribuida por delegación. (d)

c) Que la encomienda de gestión no puede tener por objeto prestaciones propias de los contratos ni de los convenios de colaboración. (b)

d) Que la delegación de competencias, la delegación de firma y la suplencia no supongan alteración de la titularidad de la competencia. (c)

a) No pueden tener efectos jurídicos frente a terceros. (b)

b) Pueden tener prestaciones propias de los contratos. (c)

c) No pueden tener prestaciones propias de los contratos. (d)

d) No pueden ser formalizados con sujetos de derecho privado. (a)

a) En la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma. (d)

b) Donde especifiquen los estatutos de autonomía de cada comunidad autónoma. (a)

c) Donde decida el Consejo de Ministros. (b)

d) En la localidad donde radique la asamblea legislativa de la comunidad autónoma. (c)

a) Los asuntos que desee incluir el presidente o el secretario unilateralmente por su carácter urgente. (b)

b) Los asuntos que decidan todos los miembros del órgano colegiado con el voto favorable de un tercio. (d)

c) Sólo los asuntos que figuran en el orden del día. (a)

d) Los asuntos incluidos en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia de algún otro asunto por el voto favorable de la mayoría. (c)

a) Contra el acuerdo de avocación no se puede interponer recurso, aunque puede impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. (d)

b) En todo caso, la avocación se llevará a cabo mediante acuerdo motivado, que será notificado a los interesados en el procedimiento, si lo hubiere, con posterioridad a la resolución final que se dicte. (c)

c) Los órganos superiores pueden avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. (a)

d) En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto lo puede avocar únicamente por el órgano delegante. (b)

a) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. (b)

b) Ejercer la representación del órgano. (a)

c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. (d)

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones. (c)

a) Deben adoptar acuerdos y remitir las actas de forma presencial. (b)

b) Se pueden constituir, convocar y celebrar las sesiones tanto de forma presencial como a distancia. (a)

c) En las sesiones que se celebren a distancia, sus miembros pueden encontrarse en diferentes lugares. (c)

d) Para la válida constitución del órgano, se requiere la asistencia, presencial o a distancia, del presidente y el secretario, o de quienes les suplan y al menos de la mitad de sus miembros. (d)

a) Que de cada sesión que celebre el órgano colegiado el secretario debe extender un acta. (c)

b) Que cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstienen, quedan exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. (a)

c) Que el acta de cada sesión debe aprobarse en la misma reunión o en la siguiente inmediata. (d)

d) Que no se pueden grabar las sesiones que celebre el órgano colegiado. (b)

a) Únicamente en el Boletín Oficial del Estado. (a)

b) En el Boletín Oficial del Estado, en el de la comunidad autónoma o en el de la provincia, según la Administración a la que pertenezca el órgano que efectúa el encargo, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las comunidades autónomas por las diputaciones provinciales o en su caso cabildos o consejos insulares, que se rige por la legislación de régimen local. (c)

c) No es necesario publicarla. (d)

d) Únicamente en el boletín de la comunidad autónoma o en el de la provincia. (b)

a) Que siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver debe tenerlo en cuenta a efectos de graduar la sanción que, en su caso, deba imponerse, y la puede minorar, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. (c)

b) Que salvo que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver la tendrá en cuenta a efectos de graduar la sanción que, en su caso, deba imponerse, y no la puede aminorar, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. (a)

c) Que siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver la tendrá en cuenta a efectos de graduar la sanción que, en su caso, deba imponerse, pudiendo minorarla , sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. (d)

d) Que siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver lo tendrá en cuenta a efectos de graduar la sanción que, en su caso, deba imponerse, y no la puede minorar, en el momento de declarar la comisión de la infracción. (b)

a) La delimitación de sus funciones y competencias. (c)

b) La dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. (b)

c) La determinación de las unidades administrativas que lo integran. (a)

d) La determinación de su forma de integración en la Administración pública de que se trate. (d)

a) Como aquella sede que permite realizar cualquier acto o actuación de forma íntegra a través de medios electrónicos en el marco de un procedimiento administrativo. (b)

b) Como aquella sede virtual cuya titularidad corresponde a una AP organismo público o entidades de derecho público que permite acceder a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la dirección electrónica correspondiente. (d)

c) Como aquel punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una administración pública, organismo público o entidades de derecho público que permite acceder a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la correspondiente sede electrónica. (c)

d) Como aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una administración pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ejercicio de sus competencias. (a)

a) El régimen de recursos. (a)

b) El régimen de modificación del convenio. (c)

c) El objeto del convenio y las actuaciones que debe llevar a cabo cada sujeto para su cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos. (d)

d) Los sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con la que actúa cada una de las partes. (b)

a) Siempre por razones de eficiencia y eficacia. (d)

b) Siempre que entre sus competencias se encuentren estas actividades, por razones de eficacia, aunque se posean los medios técnicos idóneos para ejercerlas. (b)

c) Por razones técnicas y siempre que no se posean los medios para su ejercicio. (c)

d) Siempre que entre sus competencias se encuentren estas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su ejercicio. (a)

a) En organismos autónomos y agencias estatales. (b)

b) En organismos autónomos y entidades públicas empresariales. (a)

c) En organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales. (d)

d) En organismos autónomos, consorcios y agencias estatales. (c)

a) Que la avocación sólo se da entre órganos jerárquicamente dependientes. (b)

b) Que la avocación es lo mismo que la delegación de competencias. (c)

c) Que entre órganos no dependientes jerárquicamente la avocación puede realizarla, entre otros, el órgano delegante. (d)

d) Que contra el acuerdo motivado de avocación no se puede interponer recurso. (a)

a) De lealtad institucional, cooperación y colaboración. (d)

b) De colaboración y coresponsabilidad. (a)

c) De interoperabilidad. (c)

d) De lealtad instrumental. (b)

a) Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma administración no relacionados jerárquicamente, y en lo que se refiere a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo. (b)

b) Los interesados no pueden dirigirse al órgano que consideren competente para que requiera de inhibición a lo que esté conociendo del asunto. (c)

c) Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración que estén relacionados jerárquicamente, y en lo que se refiere a asuntos sobre los que haya finalizado el procedimiento administrativo. (d)

d) Los interesados, tanto si son parte en el procedimiento como si no, pueden dirigirse al órgano que esté conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente. (a)

a) Que en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado h) del artículo 49, los firmantes del convenio pueden acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta dos años adicionales o su extinción. (b)

b) Que en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado h) del artículo 49, los firmantes del convenio pueden acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta cinco años adicionales o su extinción. (d)

c) Que en cualquier momento anterior a la finalización del plazo previsto en el apartado h) del artículo 49, los firmantes del convenio pueden acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta cuatro años adicionales o su extinción. (c)

d) Que en cualquier momento anterior a la finalización del plazo previsto en el apartado h) del artículo 49, los firmantes del convenio pueden acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta un año adicional o su extinción. (a)

a) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. (c)

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. (b)

c) La renuncia verbal por parte de alguno de los firmantes. (d)

d) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del convenio. (a)

a) Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo será ejercida por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. (a)

b) Los titulares de los órganos administrativos pueden ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. (c)

c) La suplencia no implica alteración de la competencia. (b)

d) Para su validez es necesaria la publicación. (d)

a) En general, aunque no exista causa justificada. (d)

b) En casos de ausencia o enfermedad. (a)

c) Siempre que lo soliciten. (b)

d) Cuando lo soliciten las organizaciones representativas. (c)

a) Mediante comunicaciones, notas internas e instrucciones. (c)

b) Mediante instrucciones y resoluciones únicamente. (b)

c) Mediante instrucciones y órdenes de servicio. (d)

d) Mediante órdenes de servicio únicamente. (a)

a) La delegación no será revocable en ningún caso por el órgano que la haya conferido. (c)

b) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación deben indicar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante. (a)

c) Salvo autorización expresa de una ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. (b)

d) El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, se adoptará observando, en todo caso, ese quórum o mayoría. (d)

a) De altos cargos de órganos colegiados. (b)

b) De secretario del órgano colegiado. (c)

c) De miembros natos de órganos colegiados. (d)

d) De miembros de distintos órganos colegiados. (a)

a) Las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. (c)

b) Los derechos y obligaciones de una de las partes. (b)

c) Los derechos de cada una de las partes. (a)

d) Las expectativas y compromisos de cada una de las partes. (d)

a) 3 (c)

b) 4 (d)

c) 1 (a)

d) 2 (b)

a) A los inferiores por razón de la materia o territorio. (a)

b) A los que establezca el órgano superior competente por razón de la materia y del territorio. (c)

c) A los inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. (d)

d) A los superiores competentes por razón de la materia y del territorio. (b)

a) Deben facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos. (c)

b) Tienen como finalidad contribuir a la realización de actividades de utilidad privada. (b)

c) Deben cumplir la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. (d)

d) Tienen como finalidad mejorar la eficiencia de la gestión pública. (a)

a) Delimitación de algunas funciones y competencias y la dotación de las partidas presupuestarias necesarias para su puesta en marcha. (c)

b) Determinación de su forma de integración en la sociedad. (a)

c) Determinación de su forma de integración en la Administración pública, determinación de su dependencia jerárquica y delimitación de sus funciones, competencias y la dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. (d)

d) Determinación de la independencia jerárquica. (b)

a) Los acuerdos con efectos jurídicos intraadministrativos. (b)

b) Los acuerdos con efectos jurídicos interadministrativos. (a)

c) Los protocolos generales de actuación o instrumentos similares. (d)

d) Los acuerdos con efectos jurídicos firmados entre administraciones públicas y entes de un sujeto de derecho internacional. (c)

a) Convenios que pueden ser firmados además con un sujeto de derecho privado. (b)

b) Convenios interadministrativos. (a)

c) Convenios entre la Administración de la Comunidad Autónoma y la Administración local. (d)

d) Convenios intraadministrativos. (c)

a) Establecer los procedimientos que deben seguirse para adoptar acuerdos. (c)

b) Únicamente garantizar que las reglas de constitución de los órganos se cumplen adecuadamente. (a)

c) Sólo puede asistir a las sesiones de los órganos colegiados. (d)

d) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar sus actuaciones y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas. (b)

a) Que la delegación debe ser expresa. (a)

b) Que la delegación sólo puede realizarse en órganos que estén bajo la dependencia jerárquica del órgano que delega. (c)

c) La delegación deberá publicarse en el boletín oficial correspondiente. (b)

d) Que en ningún caso pueden ser objeto de delegación las competencias relativas a esta materia. (d)

a) Sólo los asistentes y circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado. (d)

b) Los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los principales puntos de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. (b)

c) Sólo los asistentes y el contenido de los acuerdos adoptados. (a)

d) Únicamente el orden del día y el contenido de los acuerdos adoptados. (c)

a) Cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 500.000 euros. (a)

b) Cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros. (b)

c) Todos los convenios. (c)

d) Los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más administraciones públicas. (d)

a) En órganos colegiados ministeriales, si sus miembros proceden de distintos departamentos de cada ministerio. (a)

b) En órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de distintos ministerios. (c)

c) En órganos colegiados colectivos. (d)

d) En órganos colegiados intraestatales. (b)

a) Sólo los miembros del órgano. (d)

b) Nadie. (c)

c) Cualquier persona. (b)

d) Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo. (a)

a) Al menos una vez al año. (b)

b) Una vez cada dos años. (d)

c) Al menos una vez cada semestre. (c)

d) Dos veces al año. (a)

a) En los reales decretos de estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales o en los estatutos de sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes según corresponda. (a)

b) Únicamente en los estatutos de sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes según corresponda. (b)

c) En las resoluciones del Gobierno. (c)

d) Mediante ley. (d)

a) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se rige por la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial. (b)

b) La responsabilidad patrimonial del estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se rige por la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. (c)

c) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se rige por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. (d)

d) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se rige por el Real decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial. (a)

a) La responsabilidad asumida por la abstención. (d)

b) El sentido del voto favorable. (c)

c) Su abstención y los motivos que la justifiquen. (b)

d) El voto contrario al acuerdo adoptado. (a)

a) En los reglamentos de desarrollo. (d)

b) En la respectiva orden de creación. (b)

c) En los estatutos de autonomía. (a)

d) En los estatutos de los organismos. (c)

a) Participación, subjetividad y transparencia de la actuación administrativa. (b)

b) In dubio pro reo. (d)

c) Servicio efectivo a los interesados. (a)

d) Responsabilidad por la gestión pública. (c)

a) De proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva. (a)

b) De racionalidad y elegir la medida que asegure su cumplimiento. (c)

c) De la medida proporcionada, racional y menos restrictiva. (d)

d) De reciprocidad y elegir la medida menos limitativa. (b)

a) De cooperación. (a)

b) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

c) De colaboración. (b)

d) De lealtad institucional. (c)

a) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación. (c)

b) Asegurar el cumplimiento de las leyes. (b)

c) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. (a)

d) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. (d)

a) El sector privado institucional. (c)

b) La Administración General del Estado. (a)

c) Las entidades que integran la Administración local. (d)

d) La administración de las comunidades autónomas. (b)

a) La organización central que integra los ministerios y servicios comunes, la organización territorial y la Administración General del Estado en el exterior. (b)

b) La organización central, compuesta por los ministerios y servicios independientes. (a)

c) La organización territorial e insular. (c)

d) La Administración General del Estado en las comunidades autónomas. (d)

a) Tienen que recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria que contenga el orden del día de las reuniones. (a)

b) Deben obtener la información necesaria para cumplir las funciones asignadas. (b)

c) Deben participar en los debates de las sesiones. (c)

d) Tienen que recibir, con una antelación mínima de una semana, la convocatoria que contenga el orden del día de las reuniones. (d)

a) La asistencia, presencial oa distancia, de al menos la mitad de sus miembros, a efectos de la celebración de sesiones y deliberaciones; sólo será necesaria la asistencia del presidente y el secretario, para la toma de acuerdos. (d)

b) La asistencia presencial del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y de la mitad al menos de sus miembros, a efectos de la celebración de sesiones y deliberaciones, y la de todos sus miembros, para la toma de acuerdos. (c)

c) La asistencia, presencial o a distancia, del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la mitad, al menos de sus miembros, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos. (a)

d) La asistencia presencial del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y de todos sus miembros, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos. (b)

a) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. (c)

b) Delimitación de sus funciones y competencias. (b)

c) Determinación de su forma de integración en la Administración pública de que se trate y su dependencia jerárquica. (a)

d) Ubicación geográfica de sus dependencias. (d)

a) En la normativa autonómica de desarrollo, en su caso. (b)

b) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

c) En sus estatutos. (c)

d) En la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. (a)

a) A su liquidación a fin de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. (b)

b) A la comunicación a los órganos de control externo y fiscalización a efectos de determinar las obligaciones de las partes y los compromisos de cada una de las partes. (a)

c) A la comunicación al Tribunal de Cuentas a fin de determinar, con carácter previo a su liquidación, las obligaciones y compromisos que puedan corresponder a cada una de las partes. (d)

d) A la satisfacción de ambas partes con arreglo a las reglas contenidas en el convenio. (c)

a) Se tendrá que aprobar en la última reunión. (d)

b) Sólo se puede aprobar en la siguiente reunión. (b)

c) Se tendrá que aprobar en la misma reunión. (a)

d) Podrá aprobarse en la misma reunión o en la siguiente inmediata (c)

a) Sólo las instrucciones pueden dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes. (b)

b) Deben publicarse en el diario oficial para su entrada en vigor. (d)

c) Sólo las órdenes de servicio pueden dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes. (c)

d) Pueden dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes. (a)

a) No es necesario publicarla. (d)

b) Únicamente en el Boletín Oficial del Estado. (a)

c) En el Boletín Oficial del Estado, en el de la comunidad autónoma o en el de la provincia, según la Administración a la que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia del mismo. (c)

d) Únicamente en el boletín de la comunidad autónoma o en el de la provincia. (b)

a) Las entidades que integran el sector público institucional no se sujetarán en materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones previstas en materia presupuestaria. (b)

b) Las entidades que integran el sector público institucional están sometidas en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como al principio de transparencia en su gestión. (a)

c) Las administraciones autonómicas y locales pueden establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, a fin de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación. (c)

d) Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración autonómica y local se rigen por las disposiciones propias considerando que la Ley 40/2015 se aplica exclusivamente al sector público de la Administración General del Estado. (d)

a) Asistan todos los miembros del órgano colegiado y se declare la urgencia del asunto por mayoría absoluta. (a)

b) Asistan todos los miembros del órgano colegiado y se declare la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. (d)

c) Asistan los miembros del órgano colegiado y se declare la urgencia del asunto por unanimidad. (c)

d) Asistan la mayoría absoluta de los miembros del órgano colegiado y se declare la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. (b)