a) En las directrices que marque la conserjería competente en materia de función pública. (c)

b) A las normas que contengan las leyes de presupuestos generales anuales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (a)

c) En las instrucciones que dicte la Comisión Interdepartamental de Retribuciones. (b)

d) En las directrices que marque el órgano superior de gobierno del ente. (d)

a) De legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y transparencia en la gestión. (a)

b) De legalidad, eficiencia, eficacia, oportunidad, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y transparencia en la gestión. (d)

c) De legalidad, eficiencia, oportunidad, estabilidad presupuestaria y transparencia en la gestión. (c)

d) De legalidad, eficacia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y transparencia en la gestión. (b)

a) La creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional de carácter administrativo. (b)

b) La creación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional. (d)

c) La creación, transformación o fusión de cualquier entidad integrante del sector público institucional. (c)

d) La creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional. (a)

a) De eficacia y eficiencia, que debe ejercer la conserjería competente en materia de hacienda y presupuestos. (c)

b) De eficacia y eficiencia, que deben ejercer conjuntamente la consejería de adscripción y la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos. (b)

c) De eficacia y eficiencia, que debe ejercer la conserjería de adscripción. (a)

d) De eficacia y eficiencia, que debe ejercer la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears. (d)

a) Un mínimo de 7 miembros y un máximo de 11, según el tamaño de la entidad. (c)

b) Un mínimo de 5 miembros y un máximo de 13 miembros. (b)

c) Un mínimo de 6 miembros y un máximo de 13, según tipo de entidad. (d)

d) Un mínimo de 7 miembros y un máximo de 13, según la dimensión de la entidad. (a)

a) Depende orgánicamente de la persona titular de la consejería competente en materia de función pública y funcionalmente del órgano superior unipersonal de dirección del organismo autónomo. (a)

b) Depende orgánica y funcionalmente del consejero titular de la consejería de adscripción del ente. (d)

c) Depende orgánica y funcionalmente de la persona titular de la consejería competente en materia de función pública. (b)

d) Depende orgánica y funcionalmente del órgano superior unipersonal de dirección del organismo autónomo. (c)

a) Que tenga mayoría para nombrar a un tercio de los miembros del patronato. (c)

b) Que disponga de mayoría de patrones. (a)

c) Que tenga facultades para nombrar a un tercio de la mayoría del personal directivo. (b)

d) Que tenga facultades para destituir a una cuarta parte de los miembros del patronato. (d)

a) La autorización de su máximo órgano de dirección. (d)

b) Nombrados todos sus órganos directivos. (b)

c) Aprobada la relación de puestos de trabajo del ente. (c)

d) Aprobado el presupuesto del primer ejercicio. (a)

a) Como órganos de participación, debate y coordinación con las administraciones públicas. (d)

b) Como órganos consultivos y de coordinación con las administraciones públicas. (b)

c) Como órganos consultivos y de colaboración con las administraciones públicas. (a)

d) Como órganos de debate y coordinación con las administraciones públicas. (c)

a) Personal laboral y personal funcionario. (b)

b) Personal laboral. (a)

c) Personal laboral adscrito de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (c)

d) Personal laboral de otras administraciones. (d)

a) Del Estatuto de los trabajadores. (d)

b) De los miembros del Gobierno y de los altos cargos. (a)

c) Del personal al servicio de las administraciones públicas. (b)

d) Del personal alto cargo de la Administración General del Estado. (c)

a) De la publicación de los estatutos. (c)

b) De la aprobación de los estatutos. (d)

c) En qué se constituyen sus órganos de gobierno. (a)

d) De la publicación de la norma de creación en el boletín oficial. (b)

a) Mediante una ley. (a)

b) Mediante resolución del consejero a la que se adscribe el ente. (d)

c) Mediante decreto del Consejo de Gobierno. (b)

d) Mediante decreto del presidente de las Illes Balears. (c)

a) Personal funcionario de cualquier administración publica que se incorpore por cualquier procedimiento de provisión u ocupación de puestos de trabajo. (d)

b) Personal laboral propio. (b)

c) Personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma o de los organismos autónomos que le sea adscrito. (c)

d) Personal laboral de otras administraciones que le sea adscrito. (a)

a) Prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes. (c)

b) De fomento, prestacionales y de gestión común de servicios públicos. (d)

c) De fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y todas las demás que estén previstas en las leyes. (a)

d) De fomento, o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes del sector público instrumental fundacional. (b)

a) Ente de naturaleza corporativa. (d)

b) Organismos públicos de naturaleza institucional con personificación pública. (b)

c) Organismos de titularidad pública de naturaleza institucional con personificación privada. (a)

d) Organismos de titularidad pública de naturaleza institucional con personificación pública. (c)

a) Elaborar los estatutos generales de los colegios. (b)

b) Asumir la representación de los profesionales españoles ante las entidades similares de otras naciones de los centros docentes correspondientes a las respectivas profesiones. (c)

c) Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional. (a)

d) Ejercer las funciones disciplinarias de los miembros de las juntas de gobierno de los colegios. (d)

a) De legalidad, evaluación y responsabilidad en la gestión, servicio al interés general y estabilidad. (c)

b) De legalidad, eficacia, estabilidad presupuestaria y eficiencia. (b)

c) De legalidad, servicio al interés general, eficacia, eficiencia, estabilidad y transparencia. (a)

d) De legalidad, servicio al interés general, eficiencia, transparencia y estabilidad. (d)

a) Todas las administraciones públicas deben establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes. (a)

b) Todas las administraciones públicas deben establecer un sistema de supervisión bianual de sus entidades dependientes. (d)

c) Todas las administraciones públicas deben establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes que tengan personal funcionario. (b)

d) Todas las administraciones públicas deben establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes que tengan personal laboral. (c)

a) El desarrollo legislativo y la ejecución. (a)

b) La función ejecutiva. (b)

c) La competencia exclusiva. (c)

d) No goza de ningún tipo de competencia sobre esta materia. (d)

a) Por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma. (b)

b) Por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma o de entes del sector público instrumental. (a)

c) Por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma, de entes del sector público instrumental u órganos de la Administración local. (c)

d) Por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma u órganos de la Administración local. (d)

a) A las limitaciones presupuestarias previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales, con excepción del personal laboral. (b)

b) A las limitaciones presupuestarias previstas en el presupuesto de cada ente. (c)

c) A las limitaciones presupuestarias que marque su órgano de dirección. (d)

d) A las limitaciones presupuestarias previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales. (a)

a) En el Consejo de Gobierno, mediante decreto. (b)

b) Al Consejo de Gobierno, mediante acuerdo. (a)

c) En el consejo de dirección del organismo autónomo, mediante acuerdo. (d)

d) Al consejero de adscripción del organismo autónomo mediante resolución. (c)

a) Las cuentas anuales de los entes del sector público instrumental autonómico deben enviarse a la Intervención General en los diez días posteriores a su formulación ya su aprobación. (b)

b) Los entes del sector público instrumental autonómico deben aplicar el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma. (a)

c) Los entes que conforman el sector público instrumental autonómico deben formular, aprobar y enviar a la Intervención General, junto con las cuentas anuales, una liquidación de su presupuesto. (d)

d) Los entes que conforman el sector público instrumental autonómico quedan sometidos al control de la Intervención General. (c)

a) No está limitada. (b)

b) No puede superar los costes asociados a la tramitación de la inscripción. (a)

c) Es gratuita. (d)

d) No podrá superar del doble los costes asociados a la tramitación de la inscripción. (c)

a) Al órgano competente en materia del sector público de la administración correspondiente. (c)

b) Al titular de máximo órgano de dirección de la entidad. (a)

c) Al órgano competente en materia de hacienda de la administración correspondiente. (b)

d) En el órgano de gobierno de la administración correspondiente. (d)

a) Las sociedades mercantiles. (d)

b) Las entidades públicas empresariales. (c)

c) Los consorcios. (b)

d) Los cabildos insulares. (a)

a) El ministerio competente en materia de hacienda y presupuestos. (b)

b) El órgano de la Administración de adscripción que tenga atribuida esta competencia. (a)

c) El órgano de la Administración de adscripción competente en materia del sector público. (d)

d) En las comunidades autónomas, la delegación del Gobierno. (c)

a) Con un miembro de cada una. (b)

b) En proporción a las aportaciones hechas. (d)

c) En la proporción que se determine en los respectivos estatutos. (a)

d) En proporción a su extensión territorial. (c)

a) Para la coordinación, y la evaluación de las actuaciones propias del ente. (c)

b) Para la dirección técnica y la programación del ente. (d)

c) Para la dirección, la administración y la gestión ordinaria del ente. (a)

d) Para la gestión ordinaria del ente. (b)

a) La modificación de los estatutos en un plazo no superior a cuatro meses, contadores desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción. (a)

b) La modificación de los estatutos en un plazo no superior a tres meses, contadores desde el inicio del ejercicio presupuestario en que se produjo el cambio de adscripción. (d)

c) La modificación de los estatutos en un plazo no superior a seis meses, contadores desde el inicio del ejercicio presupuestario en que se produjo el cambio de adscripción. (c)

d) La modificación de los estatutos en un plazo no superior a seis meses, contadores desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción. (b)

a) Los debe aprobar el consejero titular de la consejería interesada. (c)

b) Deben elevarse al Consejo de Gobierno junto con la propuesta de acuerdo por la que se autoriza su creación. (a)

c) Se elevarán a la Comisión Interdepartamental de Retribuciones. (d)

d) Se elevarán al Consejo de Gobierno después de la publicación del acuerdo por el que se autoriza su creación. (b)

a) La persona titular de la gerencia u órgano unipersonal equivalente del ente. (b)

b) La personal titular de la consejería de adscripción del ente. (a)

c) El Consejo de Gobierno. (c)

d) La Abogacía de la Comunidad Autónoma. (d)

a) A propuesta del Consejo de Gobierno y con un informe preceptivo de la conserjería competente en materia de hacienda y presupuestos. (c)

b) A propuesta de la consejería interesada y con un informe preceptivo de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos. (a)

c) A propuesta de la consejería interesada y con un informe vinculante de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos. (b)

d) A propuesta de la consejería interesada y con un informe de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos y un informe de la consejería competente en materia de función pública. (d)

a) La ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza jurídica. (b)

b) La información pública y la ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza jurídica. (a)

c) La información pública de todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza jurídica. (d)

d) La información y ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional de carácter administrativo. (c)

a) Funcionario, laboral y eventual. (d)

b) Únicamente laboral. (c)

c) Funcionario o laboral. (a)

d) Únicamente funcionario. (b)

a) En la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears. (c)

b) A la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, por medio de la consejería de adscripción. (a)

c) En la consejería de adscripción. (b)

d) Directamente en la conserjería competente en materia de hacienda y presupuestos. (d)

a) La coordinación de las actuaciones propias del ente. (b)

b) La programación de las actuaciones propias del ente. (c)

c) La gestión ordinaria del ente. (a)

d) La dirección técnica de las actuaciones propias del ente. (d)

a) En los términos y condiciones que determine un Acuerdo del Consejo de Gobierno. (c)

b) En los términos y condiciones que fije el máximo órgano de dirección de cada ente (d)

c) En los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan. (a)

d) En los términos y condiciones que se establezcan por ley. (b)

a) La dirección, la evaluación y el control de los resultados de su actividad. (a)

b) La dirección y control de los resultados de su actividad. (b)

c) La aprobación de los estatutos y sus modificaciones. (c)

d) La aprobación de la extinción del organismo. (d)

a) En los casos de los entes del sector público instrumental empresarial. (d)

b) En los casos en que lo determinen los estatutos del ente. (c)

c) En ningún caso. (b)

d) En los casos que tenga atribuidas funciones que impliquen la participación en el ejercicio de potestades administrativas. (a)

a) En organismos autónomas y entidades públicas empresariales. (a)

b) En organismos autónomas y agencias públicas. (d)

c) En organismos autónomos, entidades públicas empresariales y consorcios. (c)

d) En organismos autónomos y consorcios. (b)

a) Tienen personalidad jurídica privada y en ningún caso pueden ejercer potestades administrativas. (a)

b) Tienen personalidad jurídica pública pero no pueden ejercer potestades administrativas. (b)

c) Tienen personalidad jurídica mixta y en ningún caso pueden ejercer potestades administrativas. (d)

d) Tienen personalidad jurídica privada y pueden ejercer potestades administrativas. (c)

a) Que la ley regulará las características y el funcionamiento de la Administración corporativa. (d)

b) Que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. (a)

c) Que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas y las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. (b)

d) Que la ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. (c)

a) Del sector público instrumental empresarial. (b)

b) Del sector público instrumental administrativo. (a)

c) Del sector público instrumental corporativo. (d)

d) Del sector público instrumental fundacional. (c)

a) Estar representados en los patronatos universitarios. (d)

b) Emitir informes en los procedimientos judiciales en los que se discutan honorarios profesionales. (b)

c) Aprobar la fusión y absorción de colegios profesionales de la misma profesión. (a)

d) Participar en la elaboración de planes de estudio y emitir informes sobre las normas de organización de los centros docentes correspondientes a las respectivas profesiones. (c)

a) La dirección general competente en materia de presupuestos. (b)

b) La dirección general competente en materia de tesorería o el órgano que, en su caso, se establezca reglamentariamente. (a)

c) La Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares. (d)

d) La dirección general competente en materia de tesorería conjuntamente con la dirección general competente en materia de presupuestos. (c)

a) Mediante ley habilitante. (b)

b) Mediante real decreto ley. (d)

c) Mediante acuerdo del máximo órgano de gobierno de las entidades participantes. (c)

d) Mediante un convenio suscrito por las administraciones, los organismos públicos o las entidades participantes. (a)

a) Personal laboral y personal funcionario. (b)

b) Personal funcionario. (c)

c) Personal laboral. (a)

d) No tienen personal. (d)

a) A la Abogacía de la Comunidad Autónoma. (b)

b) A una asesoría externa. (c)

c) Al personal propio que tenga atribuida esta función en la relación de puestos de trabajo. (a)

d) Al servicio jurídico de la consejería de adscripción. (d)

a) El Consejo de Gobierno. (a)

b) El presidente de las Islas Baleares. (c)

c) El consejero titular de la consejería interesada. (b)

d) El consejo de dirección. (d)

a) Las cámaras de la propiedad urbana. (d)

b) Los colegios profesionales. (b)

c) Las cámaras de comercio, industria y navegación. (c)

d) Las fundaciones públicas. (a)

a) A siete días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de diez mensualidades. (c)

b) A siete días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis mensualidades. (a)

c) A diez días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis mensualidades. Son siempre vinculantes. (b)

d) A doce días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis mensualidades. (d)

a) La creación de los colegios profesionales se realiza mediante ley. (d)

b) Cuando una profesión se organice por colegios territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio español. (b)

c) Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones estar incorporado en el colegio profesional que corresponda cuando así lo establezca una ley estatal. (c)

d) Tiene derecho a ser admitido en el colegio profesional que corresponda quien disponga de la titulación requerida. (a)

a) De los informes preceptivos y vinculantes de las consejerías competentes en materia de hacienda y presupuestos y en materia de fundaciones. (d)

b) De los informes preceptivos y vinculantes de las consejerías competentes en materia de hacienda y presupuestos, en materia de fundaciones y en materia de función pública. (b)

c) De los informes preceptivos de las consejerías competentes en materia de hacienda y presupuestos, en materia de fundaciones y en materia de función pública. (a)

d) De los informes preceptivos de las consejerías competentes en materia de hacienda y presupuestos y en materia de función pública. (c)

a) La relación de miembros y los criterios de representación. (c)

b) Las retribuciones de los órganos unipersonales de dirección. (a)

c) Las especialidades del régimen presupuestario, de contabilidad, control y tesorería. (b)

d) La finalidad para la que se constituye. (d)

a) Son corporaciones de derecho privado. (b)

b) Se crean por decreto. (c)

c) Carecen de personalidad jurídica. (d)

d) Son corporaciones de derecho público. (a)

a) Por las disposiciones aplicables a los organismos autónomos. (b)

b) Por su legislación específica y supletoriamente por las disposiciones de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental aplicables a las entidades públicas empresariales. (d)

c) Por su legislación específica y, supletoriamente por las disposiciones de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental aplicables a los organismos autónomos. (a)

d) Por su legislación específica y supletoriamente por las disposiciones de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental aplicables a los consorcios. (c)

a) De desarrollo de las condiciones de trabajo comunes que puedan afectar al personal del conjunto de los entes del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (a)

b) De desarrollo de las condiciones de trabajo comunes que puedan afectar al personal del conjunto de los entes del sector público instrumental empresarial autonómico. (b)

c) De desarrollo de las condiciones de trabajo comunes que puedan afectar al personal del conjunto de los entes del sector público instrumental empresarial y fundacional autonómico. (c)

d) De desarrollo de las condiciones de trabajo comunes que puedan afectar al personal del conjunto de los entes del sector público instrumental administrativo y empresarial autonómico. (d)

a) A la consejería competente en materia de función pública. (a)

b) A la consejero que tiene atribuida la secretaría del Consejo de Gobierno (c)

c) En la consejería competente en materia de trabajo. (d)

d) En la conserjería competente en materia de hacienda y presupuestos. (b)

a) Un informe preceptivo y no vinculante a la consejería competente en materia de función pública. (d)

b) Un informe preceptivo a la consejería competente en materia de función pública. (c)

c) Un informe preceptivo y vinculante a la consejería competente en materia de función pública. (a)

d) Un informe preceptivo y vinculante a la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos. (b)