a) Inscribir apoderamientos por comparecencia. (b)

b) Anotar los asientos de salida, cuando corresponda. (c)

c) Identificar a los interesados en el procedimiento. (a)

d) Todas las respuestas son correctas. (d)

a) Al día siguiente en el que el órgano competente para tramitar el procedimiento tiene constancia de la comunicación. (a)

b) Al quinto día hábil siguiente en el que el órgano competente para tramitar el procedimiento tiene constancia de la comunicación. (b)

c) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

d) Hay personas físicas que no pueden ejercer este derecho y tienen la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administración Pública. (c)

a) Del sector público instrumental. (b)

b) De las administraciones públicas. (c)

c) Las respuestas b) y c) son correctas. (d)

d) De los empleados públicos. (a)

a) El OAMR digitalizará el documento para incorporarlo al expediente administrativo y se le requerirá la correspondiente enmienda. (a)

b) El OAMR digitalizará el documento para incorporarlo al expediente administrativo, pero no le devolverá el documento, por tratarse de una persona jurídica. (b)

c) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

d) No se tendrá por presentado el recurso de alzada. (c)

a) Puede dirigirse a la Inspección General de Servicios Públicos y Calidad. (a)

b) Puede interponer un recurso administrativo. (b)

c) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

d) Puede interponer una reclamación administrativa ante el órgano al que se refiere el artículo 11 del Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de las quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (c)

a) Se realizarán a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR). (b)

b) Son reguladas por la Norma Técnica de Formato de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales. (a)

c) Se podrán realizar a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR) o a través del Registro Electrónico General (REG). (c)

d) Todas las respuestas son falsas. (d)

a) El principio de accesibilidad. (b)

b) El principio de facilidad de uso. (c)

c) El principio de personalización. (a)

d) Todas las respuestas son correctas. (d)

a) Los grupos de afectados y las uniones y entidades sin personalidad jurídica. (d)

b) Las personas físicas o jurídicas que tienen capacidad jurídica. (a)

c) Las personas físicas que tienen capacidad de obrar de acuerdo con las normas civiles. (b)

d) Las personas jurídicas que tengan capacidad de obrar de acuerdo con las normas procesales. (c)

a) La identificación o la firma electrónica del interesado, cuando se trate de una persona física. (c)

b) La anotación de los asientos de salida de los documentos. (a)

c) Todas son funciones de las OAMR. (d)

d) La anotación de los documentos en el registro electrónico. (b)

a) Se digitalizarán pero no se incorporarán al expediente administrativo electrónico. (b)

b) Se digitalizarán los documentos, pero se le requerirá la enmienda de deficiencias. (d)

c) Se rechazará el documento, porque quien los presenta es un sujeto obligado a relacionarse obligatoriamente con la Administración. (c)

d) Se digitalizarán y se devolverán las copias de los documentos. (a)

a) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

b) Todos los centros o unidades deben utilizar siempre la aplicación informática llamada QSSI. (b)

c) Municipio donde se encuentran ubicados los centros o unidades administrativas que prestan el servicio público sobre el que versa la queja o sugerencia. (a)

d) Tiempo máximo de respuesta. (c)

a) La Dirección General de Calidad de los Servicios. (c)

b) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

c) La Dirección General de Modernización y Administración Digital. (a)

d) La Dirección General de Participación, Transparencia y Voluntariado. (b)

a) El principio de simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. (c)

b) El principio de accesibilidad. (b)

c) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

d) El principio de racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos. (a)

a) Podrán determinar los formatos y estándares a los que deberán ajustarse los documentos presentados por las personas interesadas en el registro. (b)

b) Podrán determinar los formatos a los que deberán ajustarse los documentos presentados por las personas interesadas en el registro. Por el contrario, los estándares se establecerán por la Norma Técnica de Interoperabilidad de Modelo de Datos por el intercambio de asientos entre Entidades Registrales. (a)

c) Este artículo no hace referencia ni a estándares ni a formatos de documentos. (d)

d) Podrán determinar los estándares a los que deberán ajustarse los documentos presentados por las personas interesadas en el registro. Además, los formatos de documentos podrán ser de cualquier tipo, mientras sea un formato de datos abierto. (c)

a) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

b) A las personas físicas y jurídicas adjudicatarias de contratos de colaboración entre el sector público y el privado en relación con su actividad de prestación de servicios con la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (b)

c) A los ayuntamientos. (a)

d) A los consejos insulares. (c)

a) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

b) Para la prestación de servicios de valor social. (b)

c) Para la prestación de servicios de interés social. (a)

d) Las respuestas anteriores son correctas. (c)

a) Trata la gestión de errores y excepciones para el intercambio de asientos registrales. (b)

b) Trata la gestión de anexos para el intercambio de asientos registrales. (d)

c) Trata los aspectos funcionales y técnicos para el intercambio de asientos registrales. (a)

d) Trata los formatos y metadatos asociados al proceso de digitalización para el intercambio de asientos registrales. (c)

a) Con el Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus normas técnicas de desarrollo. (a)

b) Con el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad. (d)

c) Con el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo. (c)

d) Con el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo. (b)

a) Sí, salvo que sea de una entidad sin personalidad jurídica. (c)

b) Sí, siempre que sea de una persona física. (d)

c) Sí, siempre. (a)

d) Sí, salvo si es anónimo. (b)

a) Las administraciones públicas tienen que asistir en el uso de medios electrónicos a determinados interesados.. (c)

b) Los organismos públicos asistirán en el uso de medios electrónicos a los ciudadanos. (b)

c) Las administraciones públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los ciudadanos. (a)

d) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

a) No. (c)

b) Sí, salvo en los casos en que la normativa tributaria establece que las notificaciones no se realicen por medios electrónicos. (b)

c) Sí, siempre que se trate de actuaciones que desarrollen los órganos y unidades de la Agencia en relación con los tributos propios de la Comunidad Autónoma. (d)

d) Sí, en cualquier caso. (a)

a) Si el tamaño de los documentos registrados excede la capacidad que se determine para el Sistema de Interconexión de Registros, pueden depositarse en un repositorio de intercambio de ficheros y remitir a la Administración a la que van dirigidos por sistemas de mensajería electrónica. (a)

b) Para el Sistema de Interconexión de Registros, la capacidad en cuanto al tamaño de los documentos registrados es ilimitada. (b)

c) Si el tamaño de los documentos registrados excede la capacidad que se determine para el Sistema de Interconexión de Registros, su envío a la Administración y el órgano al que se dirigen se podrá sustituir por la puesta a disposición de los documentos, previamente depositados en un repositorio de intercambio de archivos. (c)

d) Para el Sistema de Interconexión de Registros, existe una limitación de capacidad en el tamaño de los documentos registrados, pero sólo si la Administración a la que van dirigidos no está integrada dentro de la red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones). (d)

a) La Orden de la consejera de Administraciones Públicas de 1 de agosto de 2013 por la que se desarrolla el Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (c)

b) La Orden de la consejera de Administraciones Públicas de 1 de agosto de 2011 por la que se desarrolla el Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (b)

c) La Orden de la consejera de Administraciones Públicas de 1 de agosto de 2014 por la que se desarrolla el Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (a)

d) La Orden de la consejera de Administraciones Públicas de 1 de agosto de 2012 por la que se desarrolla el Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (d)

a) Sí. (b)

b) No, son canales de asistencia a la ciudadanía para el acceso a servicios electrónicos. (c)

c) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

d) No, son canales de asistencia a los interesados para el acceso a los servicios electrónicos. (a)

a) La Consejería de Fondos Europeos, Universidad y Cultura. (c)

b) La consejería competente en materia de Administración digital. (a)

c) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

d) La consejería competente en materia de calidad de los servicios. (b)

a) Recepción de avisos sobre incidencias en el funcionamiento de los servicios públicos. (c)

b) Información sobre la presentación de quejas o reclamaciones y recepción de sugerencias. (a)

c) Información general sobre el tratamiento administrativo de las cuestiones que se planteen. (d)

d) Atención de consultas sobre el acceso al estado de tramitación de expedientes. (b)

a) Quince días hábiles desde que el ciudadano o la ciudadana presenta la queja o sugerencia verbalmente, por medio del teléfono de información 012. (c)

b) Todas las respuestas son correctas. (d)

c) Quince días hábiles desde que el ciudadano o la ciudadana presenta la queja o sugerencia a través de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (b)

d) Quince días hábiles desde que el ciudadano o la ciudadana presenta la queja o sugerencia por telefax. (a)

a) Lo establece el artículo 16.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, además, el artículo 37 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, añade que es necesario comunicar esta circunstancia al interesado e informarle de los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable. (c)

b) Es una afirmación falsa, ya que todos los documentos e información presentados en el registro siempre deben darse por presentados, tal y como establece el artículo 16.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (d)

c) Lo establece el artículo 16.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, comunicando esta circunstancia al interesado. (b)

d) Lo establece el artículo 16.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no es necesario comunicar esta circunstancia al interesado ni informarle de los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable. (a)

a) Puede destruirlo. (c)

b) Debe enviarlo al interesado a través del NOTIB. (b)

c) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

d) Debe conservarlo durante un tiempo determinado. (a)

a) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

b) En cada consejería y ente del sector público deben constituirse equipos de mejora encargados de analizar todas las quejas y sugerencias con las respectivas respuestas y deben proponerse e impulsar las acciones de mejora que se desprendan de este análisis. (a)

c) En cada consejería deben constituirse equipos de mejora que deben reunirse, como mínimo, anualmente, a fin de hacer un análisis global de las quejas y sugerencias que se presenten en el ámbito de sus competencias y las respuestas correspondientes, para proponer e impulsar las acciones de mejora que se desprendan de ese análisis. (b)

d) En cada consejería deben constituirse equipos de mejora que deben reunirse, como mínimo, trimestralmente, a fin de realizar un análisis global de las quejas y sugerencias que se presenten en el ámbito de sus competencias y las respuestas correspondientes, para proponer e impulsar las acciones de mejora que se desprendan de este análisis. (c)

a) El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. (d)

b) Todas las respuestas son incorrectas. (c)

c) No hay regulación autonómica al respeto; por lo tanto, se aplica la regulación de la Orden PCM/1382/2021, de 9 de diciembre, por la cual se regula el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado. (b)

d) El Decreto 113/2003, de 5 de noviembre, de regulación de los servicios públicos electrónicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (a)

a) Las quejas pueden presentarse con carácter anónimo; ahora bien, deben contener una breve descripción de su contenido esencial. (a)

b) En las quejas la persona usuaria debe identificarse, y en el caso de las sugerencias puede presentarlas con carácter anónimo; ahora bien, deben contener una breve descripción de su contenido esencial. (b)

c) La persona usuaria siempre debe identificarse, tanto en las quejas como en las sugerencias. (c)

d) En las quejas la persona usuaria se puede identificar y en el caso de las sugerencias puede presentarlas con carácter anónimo. (d)

a) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

b) Sí. (b)

c) En determinados casos. (c)

d) Sólo en el caso de las comunidades autónomas. (a)

a) Las comunidades de propietarios. (a)

b) Todas las respuestas son correctas. (d)

c) Las comunidades de bienes. (b)

d) Las sociedades civiles constituidas por pactos secretos entre los socios. (c)

a) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

b) Se realizará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado. También se anotará la salida de documentos oficiales dirigidos a particulares. (c)

c) Se realizará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado. También se anotará la salida de documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. (a)

d) Se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado. También podrá anotarse la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. (b)

a) Los portales de internet deben disponer de sistemas que permitan el establecimiento de medidas de seguridad de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. (b)

b) Todas las respuestas son correctas. (d)

c) Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una administración pública, organismo o entidad de derecho público que permite el acceso a través de internet a la información y, en su caso, a la sede electrónica o sede electrónica asociada correspondiente. (a)

d) Los organismos públicos deben contar con un Punto de Acceso General Electrónico (PAGe). (c)

a) El cotejo y la expedición en papel de copias compulsadas de documentos originales aportados por los interesados. (d)

b) El escaneo de documentos presentados en papel. (b)

c) El registro de la ciudadanía a la plataforma Cl@ve. (c)

d) Dejar constancia de la representación del interesado mediante la comparecencia personal de este. (a)

a) Podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado. (a)

b) Dispondrán de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado. (d)

c) Podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración a la que estén vinculados o de la que dependan. (c)

d) Dispondrán de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración a la que estén vinculados o de la que dependan. (b)

a) Mediante un documento privado cuya matriz conste en un archivo notarial o una inscripción practicada en un registro mercantil. (d)

b) Mediante la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente o en sus registros particulares de apoderamientos. (b)

c) Mediante un certificado electrónico de representante. (c)

d) Mediante apoderamiento efectuado por comparecencia electrónica en las oficinas de asistencia en materia de registro o comparecencia personal en la correspondiente sede electrónica o sede electrónica asociada. (a)

a) Norma Técnica de Interoperabilidad de Transferencia y condiciones de interoperabilidad de los registros electrónicos de apoderamientos y de funcionarios habilitados. (a)

b) Norma Técnica de Interoperabilidad del modelo de datos y condiciones de interoperabilidad de los registros electrónicos de apoderamientos y de funcionarios habilitados. (b)

c) Norma Técnica de Interoperabilidad del modelo de datos y condiciones de interoperabilidad de los registros electrónicos de apoderamientos. (d)

d) Norma Técnica de Interoperabilidad de Transferencia y condiciones de interoperabilidad de los registros electrónicos de apoderamientos. (c)

a) Las personas jurídicas no pueden presentar quejas y sugerencias. (b)

b) Por telefax. En este caso, el escrito no debe tener las formalidades a las que se refiere el artículo 8 del Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de las quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos del Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (c)

c) Verbalmente, por medio del teléfono de información 012. (a)

d) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

a) 4 (d)

b) 1 (a)

c) 2 (b)

d) 3 (c)

a) La causa de anulación del poder. (a)

b) El periodo de tiempo por el que se otorga el poder. (b)

c) Los nombres y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante. (d)

d) El tipo de poder según las facultades que otorgue. (c)

a) Norma Técnica de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales. (b)

b) Norma Técnica de Protocolos de intermediación de datos entre las Entidades Registrales. (a)

c) Norma Técnica de Interoperabilidad de preservación de documentación electrónica de las Entidades Registrales. (d)

d) Norma Técnica de Política de Gestión de documentos electrónicos de las Entidades Registrales. (c)

a) Es correcta en el ámbito de todas las Administraciones Públicas, pero no de sus organismos vinculados o dependientes. (a)

b) Es incorrecta. La interoperabilidad con los gestores de expedientes todavía no está contemplada en ninguna normativa. (c)

c) Es correcta en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes. (b)

d) Es incorrecta. La interoperabilidad con los gestores de expedientes sólo está contemplada en los registros electrónicos de los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado. (d)

a) Las administraciones públicas deben asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados que no están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, cuando lo soliciten. (a)

b) Todas las respuestas son correctas. (d)

c) Las administraciones públicas deben garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos. (b)

d) Si un interesado que no está obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación en el procedimiento puede realizarla un funcionario público. (c)

a) No, es el 2 de octubre de 2018. (b)

b) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

c) Sí. (a)

d) No, es el 2 de octubre de 2020. (c)

a) A cumplir con las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. (b)

b) A obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. (a)

c) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (c)

a) Tienen que asistir en el uso de medios electrónicos las personas físicas que tienen la condición de interesado en un procedimiento y no estén obligadas a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. (c)

b) Todas las respuestas son correctas. (d)

c) Tienen que asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados que no estén obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración que así lo soliciten. (b)

d) Tienen que asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que así lo soliciten. (a)

a) Las respuestas b) y c) son correctas. (d)

b) El servicio está abierto a todos los ciudadanos sin necesidad de registro previo. (c)

c) El servicio prestado tiene carácter permanente, si bien puede prestarse de forma temporal, como por ejemplo durante determinadas campañas. (a)

d) Se velará para que los usuarios con discapacidad auditiva dispongan de las facilidades que permitan una adecuada atención. (b)

a) Genera una anotación en el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, pero no tiene plena eficacia y validez para el Ayuntamiento de Alaró ya que este ayuntamiento no dispone de Sistema de Interconexión de Registros. (d)

b) Genera una anotación en el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado que sólo tiene plena eficacia y validez para la Administración General del Estado. (b)

c) No genera ninguna anotación en el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado. Este servicio electrónico es una pasarela de interconexión con el Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Alaró, Registro en el que se genera la anotación. (a)

d) Genera una anotación en el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado que tiene plena eficacia y validez para el Ayuntamiento de Alaró. (c)

a) Están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para realizar cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los sujetos a los que se refiere el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. (b)

b) Están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para realizar cualquier trámite, al menos, los sujetos a los que se refiere el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. (c)

c) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

d) Están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para realizar cualquier trámite de un procedimiento administrativo los sujetos a los que se refiere el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. (a)

a) De diez años a contar desde la fecha de inscripción, sin posibilidad de prórroga. (d)

b) De diez años a contar desde la fecha de inscripción. (c)

c) De cinco años a contar desde la fecha de inscripción. (a)

d) De cinco años a contar desde la fecha de inscripción, sin posibilidad de prórroga. (b)

a) El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. (b)

b) El Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con el órgano de cada Administración responsable en materia de transformación de las entidades registrales. (a)

c) El Ministerio de Política Territorial y Función Pública. (c)

d) El órgano de cada administración responsable en materia de transformación de las entidades registrales. (d)

a) Los registros electrónicos admitirán documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con cualquier formato. (d)

b) Las Administraciones Públicas dispondrán de registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, que deberán ser plenamente interoperables de forma que se garantice su compatibilidad informática e interconexión en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 60 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. (a)

c) Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General en el que hará el asiento de cualquier documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente. (b)

d) Los organismos públicos y entidades de derechos público vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración a la que estén vinculados o de la que dependan. (c)

a) No, sólo están obligadas si se trata de notificaciones administrativas. (b)

b) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

c) No. (c)

d) Sí. (a)

a) Los aspectos funcionales y técnicos para el intercambio de asientos registrales, la gestión de errores y excepciones, la gestión de anexos, los requerimientos tecnológicos y las transformaciones de formatos. (a)

b) Los aspectos técnicos para el intercambio de asientos registrales, la gestión de errores y excepciones, la gestión de anexos, los requerimientos tecnológicos y las transformaciones de formatos. (d)

c) Los aspectos funcionales para el intercambio de asientos registrales, la gestión de errores y excepciones, la digitalización, los requerimientos tecnológicos y las transformaciones de formatos. (b)

d) Los aspectos técnicos para el intercambio de asientos registrales, la gestión de errores y excepciones, la digitalización, los requerimientos tecnológicos y las transformaciones de formatos. (c)

a) En la tramitación de reclamaciones económico-administrativas. (b)

b) Cuando así lo solicite el interesado. (c)

c) Todas las respuestas son incorrectas. (d)

d) En los procedimientos de liquidación de tributos propios. (a)

a) Las manifestaciones o declaraciones efectuadas por los ciudadanos y ciudadanas en las que hagan constar la disconformidad con la prestación de los servicios públicos, especialmente sobre los retrasos o cualquier otra anomalía en su funcionamiento. (d)

b) Las manifestaciones, aportaciones o sugerencias efectuadas por los ciudadanos y ciudadanas en las que hagan constar la disconformidad con la prestación de los servicios públicos. (b)

c) Las manifestaciones o declaraciones efectuadas por los ciudadanos y ciudadanas en las que hagan constar la disconformidad con la prestación de los servicios públicos, especialmente sobre los retrasos, desatenciones o cualquier otra anomalía en su funcionamiento. (a)

d) Las manifestaciones o declaraciones efectuadas por los ciudadanos y ciudadanas en las que hagan constar la disconformidad con la prestación de los servicios públicos. (c)

a) La compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. (c)

b) La compatibilidad informática e interconexión, así como la codificación segura de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se presenten en cualquiera de los registros. (b)

c) La compatibilidad informática e interconexión, así como la codificación segura de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. (a)

d) La compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se presenten en cualquiera de los registros. (d)

a) La Consejería puede practicar las notificaciones en papel, hasta que la persona interesada comparezca en el procedimiento. (b)

b) La Consejería debe remitirle un oficio en papel avisándola de la puesta a disposición de la notificación en la carpeta ciudadana. (d)

c) La Consejería debe practicar la notificación por medios electrónicos igualmente, dado que se trata de un sujeto obligado a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. (c)

d) La Consejería debe practicar la primera notificación en papel, aunque se trate de un sujeto obligado a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. (a)

a) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

b) Sí, en los términos indicados en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. (c)

c) Sí, mediante resolución de la persona titular del ministerio correspondiente por razón de la materia. (b)

d) Sí, mediante Real Decreto del Consejo de Ministros u orden ministerial. (a)

a) Sí. (a)

b) No, las comunidades de propietarios sólo están obligadas a recibir notificaciones administrativas pero no comunicaciones. (c)

c) No, las comunidades de propietarios no están obligadas a relacionarse electrónicamente con la administración. (b)

d) Sí, siempre que así lo haya solicitado la comunidad de propietarios. (d)

a) El Esquema Nacional de Interoperabilidad. (a)

b) La correspondiente Norma Técnica de Interoperabilidad. (b)

c) El Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos. (d)

b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en la respuesta a), dirigido a cualquier Administración Pública. (b)

c) Documentos electrónicos interoperables correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos. (a)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (c)

a) Son una de las partes que configuran el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado. (a)

b) Junto con las anotaciones que se practiquen por medios electrónicos, configuran el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado en su totalidad. (d)

c) Junto con las anotaciones que se realicen desde cualquier aplicación que proporcione soporte a procedimientos específicos, configuran el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado en su totalidad. (c)

d) Son una de las partes que configuran el Registro Único de cada Administración. (b)

a) Las comunidades de bienes. (c)

b) Un profesional cuya colegiación es obligatoria y se relaciona con la Administración en el ejercicio de su actividad profesional. (a)

c) Todas las respuestas son correctas. (d)

d) Las herencias yacentes. (b)