a) Los decretos legislativos son reglamentos. (a)

b) El reglamento es controlable por el poder judicial. (b)

c) El reglamento puede dejar sin efecto una ley o contradecirla. (c)

d) El reglamento puede suplir a la ley en los casos recogidos en la Constitución. (d)

a) Sólo para modificar la denominación de las consejerías. (c)

b) El presidente no puede dictar disposiciones reglamentarias. (a)

c) Para determinar el régimen de suplencias de los consejeros y de la Secretaría del Consejo de Gobierno. (d)

d) Sólo para crear consejerías. (b)

a) Los que regulan materias en las que no se ha producido una previa regulación por ley y que no están protegidas por reserva material de ley. (b)

b) En España no puede haber reglamentos independientes, dado que la Constitución no ha previsto expresamente una reserva reglamentaria. (d)

c) Los que regulan materias sobre las que la Constitución ha previsto expresamente una reserva reglamentaria, así como aquellos que regulan materias en las que no se ha producido una previa regulación por ley y que no están protegidas por reserva material de ley. (c)

d) Los que regulan materias sobre las que la Constitución ha previsto expresamente una reserva reglamentaria. (a)

a) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

b) Exacciones parafiscales. (b)

c) Prestaciones patrimoniales de carácter público. (a)

d) Infracciones administrativas. (c)

a) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

b) Si, porque el reglamento del IVA y la resolución de carácter particular tienen el mismo rango jerárquico. (c)

c) Sí, por razones de interés general. (a)

d) No, porque lo impide el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, establecido en el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común. (b)

a) Informe de la Secretaría General de la consejería correspondiente referido a la adecuación del procedimiento seguido, informe de impacto de género en el supuesto previsto en el artículo 62 de la Ley 1/2019 y memoria del análisis de impacto normativo. (d)

b) Informe de la Secretaría General de la consejería correspondiente referido a la adecuación del procedimiento seguido e informe de impacto de género, en los casos en que de las normas objeto de consolidación no se hubiera emitido este informe en el momento en que se tramitaron. (b)

c) Informe de la Secretaría General de la consejería correspondiente referido a la adecuación del procedimiento seguido e informe de impacto de género en todo caso. (a)

d) Informe de la Secretaría General de la consejería correspondiente referido a la adecuación del procedimiento seguido, informe de impacto de género en el supuesto previsto en el artículo 62 de la Ley 1/2019 y audiencia a las consejerías afectadas, en su caso. (c)

a) Los que regulan materias sobre las que la Constitución española ha previsto una reserva reglamentaria. (d)

b) Los que regulan materias en las que no se ha producido una previa regulación por ley y que no están protegidas por reserva material de ley. (a)

c) Los que dicta la Administración para hacer frente a riesgos extraordinarios, suspendiendo la vigencia de las leyes a las cuales contradicen mientras dure la situación de emergencia. (c)

d) Los que desarrollan y complementan una ley. (b)

a) Aplicarlo hasta que el Tribunal Constitucional declare su nulidad. (a)

b) Puede no aplicarlo, dada la independencia del poder judicial. (c)

c) No aplicarlo, ateniéndose a la obligación establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial de no aplicar los reglamentos o cualquiera otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. (b)

d) No aplicarlo siempre que lo haya alegado la parte recurrente. (d)

a) Puede acordarse cuando sea necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido por una ley de carácter básico. (b)

b) La memoria de impacto normativo es potestativa. (d)

c) Los plazos de las audiencias y de la información pública se reducen a ocho días. (c)

d) Puede acordarse cuando sea necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la transposición de directivas comunitarias. (a)

a) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

b) Reglamento de necesidad. (c)

c) Reglamento ejecutivo. (a)

d) Reglamento independiente. (b)

a) Únicamente pueden publicarse en el diario oficial correspondiente cuando una disposición específica así lo establezca. (c)

b) Sin perjuicio de que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos desde el momento de su aprobación, pueden publicarse en el diario oficial que corresponda cuando se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse. (b)

c) Deben publicarse en el diario oficial que corresponda para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. (a)

d) Sólo deben publicarse si se dictan en desarrollo de una ley y ésta así lo haya previsto. (d)

a) Al fundamento de la Administración pública. (c)

b) Al fundamento de la potestad reglamentaria. (b)

c) Al fundamento de la función ejecutiva. (a)

d) Al fundamento de la función organizativa. (d)

a) La entrada en vigor de los reglamentos aprobados por el Gobierno de la Nación requiere su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. (b)

b) El control de las normas reglamentarias dictadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. (a)

c) De acuerdo con la Ley 1/2019, de 31 de enero, de Gobierno de las Illes Balears, en casos de urgencia y de forma excepcional, la entrada en vigor de determinados reglamentos aprobados por el Consejo de Gobierno requiere únicamente su publicación en extracto en el Boletín Oficial de las Illes Balears. (c)

d) Los reglamentos dictados por las entidades locales han de publicarse en el boletín oficial que corresponda. (d)

a) Que las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar las disposiciones reglamentarias a pesar de que aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. (c)

b) Que las resoluciones administrativas de carácter particular pueden vulnerar los reglamentos únicamente cuando procedan del Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad. (b)

c) Que las resoluciones administrativas de carácter particular pueden vulnerar los reglamentos cuando procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. (a)

d) Que la vulneración de una disposición de alcance general por una de carácter particular requiere acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno. (d)

a) El reglamento independiente no puede abordar ni entrar a regular ningún ámbito normativo externo a la Administración. (a)

b) El reglamento independiente necesita de habilitación normativa. (c)

c) El reglamento ejecutivo se denomina también reglamento praeter legem. (d)

d) El reglamento de necesidad tiene una extensión temporal ilimitada y precisa de una norma posterior que lo derogue. (b)

a) Es preceptivo y no vinculante. (b)

b) Es no preceptivo y vinculante. (c)

c) Es preceptivo y vinculante. (a)

d) Es no preceptivo y no vinculante. (d)

a) Con unos antecedentes, que expresen la finalidad de las medidas adoptadas en la regulación y el marco normativo en que se inserta. (d)

b) Con una exposición motivada, que exprese la finalidad de las medidas adoptadas en la regulación y el marco normativo en que se inserta. (c)

c) Con una exposición de motivos, que exprese la finalidad de las medidas adoptadas en la regulación y el marco normativo en que se inserta. (a)

d) Con un preámbulo, que exprese la finalidad de las medidas adoptadas en la regulación y el marco normativo en que se inserta. (b)

a) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia, y simplificación. (b)

b) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia y simplificación. (d)

c) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia, calidad y simplificación. (c)

d) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, calidad y simplificación. (a)

a) En el caso de un reglamento de carácter organizativo. (b)

b) En el caso de un decreto que afecte a los derechos de los ciudadanos. (d)

c) Siempre. (a)

d) En el caso de una orden de un consejero por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones. (c)

a) A los Consejos Insulares, de acuerdo con el artículo 58. (c)

b) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

c) Al Gobierno de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 57. (a)

d) A los consejeros. (b)

a) Sí, lo anulará el órgano judicial que conozca del recurso indirecto si es competente también para conocer del recurso directo contra el reglamento; si no lo es, tendrá que plantear la cuestión de ilegalidad. (b)

b) Sí, lo anulará el órgano judicial que conozca del recurso indirecto sea o no competente también para conocer del recurso directo contra el reglamento. (c)

c) No, sólo a su inaplicación. (a)

d) Sí, pero el órgano judicial que conozca del recurso indirecto nunca puede anularlo, sino que habrá necesariamente de plantear la cuestión de ilegalidad. (d)

a) En los supuestos previstos en las letras a, c, y f del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. (a)

b) Sólo en el supuesto de que declaren la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables. (c)

c) La Administración sólo puede revisar de oficio los actos nulos de pleno derecho, no los reglamentos. (d)

d) En los supuestos previstos en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. (b)

a) El análisis de las repercusiones positivas o adversas, en materia de igualdad, de la actividad proyectada. (c)

b) La estimación del impacto potencial del proyecto normativo en la situación de las mujeres y de los hombres como colectivo y el análisis de las repercusiones positivas o adversas, en materia de igualdad, de la actividad proyectada. (b)

c) La estimación del impacto potencial del proyecto normativo en la situación de las mujeres y de los hombres como colectivo; también el análisis de las repercusiones positivas o adversas, en materia de igualdad, de la actividad proyectada, y las medidas propuestas para eliminar las adversas, en su caso. (d)

d) La estimación del impacto potencial del proyecto normativo en la situación de las mujeres y de los hombres como colectivo. (a)

a) Es anulable. (b)

b) Puede ser convalidado. (a)

c) Es nulo de pleno derecho; no obstante, el plazo para declarar la nulidad o impugnarlo es de un año, de acuerdo con lo que prevé la Ley 39/2017, de 30 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. (d)

d) Es nulo de pleno derecho. (c)

a) Toda norma con rango de ley tiene fuerza derogatoria sobre cualquier reglamento. (c)

b) Existen materias que no pueden ser reguladas por normas reglamentarias. (a)

c) El reglamento es una norma general y abstracta, sin que se pueda referir a un sujeto concreto. (d)

d) Un reglamento puede derogar una ley, siempre que no sea orgánica. (b)

a) De carácter general. (a)

b) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

c) De rango inferior a la ley. (b)

d) Que emanan del poder ejecutivo en virtud de su potestad reglamentaria. (c)

a) El presidente de Gobierno de las Illes Balears (c)

b) El consejero encargado de la Secretaría del Consejo de Gobierno. (d)

c) Los consejeros competentes en la materia. (b)

d) El consejero competente en la materia que tiene preponderancia. (a)

a) Que las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son aprobadas por el Consejo de Gobierno; de acuerdo si las aprueba el presidente y de orden, en el supuesto de que sea el consejero quién las apruebe. (a)

b) Que las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son aprobadas por el Gobierno o por el presidente, y de resolución si las aprueba el consejero. (b)

c) Que las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son aprobadas por el Gobierno o por los consejeros y de orden si las aprueba la presidenta. (c)

d) Que las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son aprobadas por el Gobierno o por el presidente, y de orden si son aprobadas por los consejeros. (d)

a) La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. (c)

b) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. (d)

c) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. (a)

d) Para cada comunidad autónoma, el estatuto de autonomía respectivo. (b)

a) El principio de jerarquía sirve para establecer reglas de resolución de conflictos entre leyes y reglamentos de un mismo subordenamiento jurídico. (a)

b) El principio de jerarquía sirve para establecer reglas de resolución de conflictos entre reglamentos de un mismo subordenamiento jurídico. (b)

c) Sólo la Constitución se impone jerárquicamente a cualquier norma, del rango que sea y de cualquier subordenamiento al que pertenezca. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución, los estatutos de autonomía y el resto de leyes. (b)

b) El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria con carácter exclusivo. (d)

c) El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. (c)

d) El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y los estatutos de autonomía. (a)

a) No es necesaria la consulta pública cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. (b)

b) No es necesaria la consulta pública cuando las normas tengan incidencia jurídica relevante. (d)

c) No es necesaria la consulta pública en casos de tramitación urgente del procedimiento normativo. (c)

d) No es necesaria la consulta pública cuando se trata de la aprobación de normas reglamentarias de carácter presupuestario. (a)

a) No, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración respecto de la ley. (d)

b) Sí, en todo caso. (a)

c) Sí, siempre que se traten de faltas leves y las sanciones no superen los 100 € de multa. (c)

d) Sí, siempre que se traten de faltas leves. (b)

a) Que las relaciones entre la ley y el reglamento son de competencia y no de jerarquía. (b)

b) Que el reglamento está jerárquicamente subordinado a la Constitución y a la ley, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución y el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. (c)

c) Que no hay jerarquía normativa entre reglamentos. (d)

d) Que el reglamento sólo está sujeto a la Constitución y a las leyes orgánicas por el principio de jerarquía. (a)

a) Puede derogarlo, mediante la aprobación de un nuevo reglamento. (a)

b) Puede revisarlo de oficio, previo dictamen del Consejo Consultivo. (b)

c) Puede revisarlo de oficio, con audiencia previa e información pública. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Al Gobierno de la nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y a los órganos de gobierno locales. (b)

b) Al Gobierno de la nación. (c)

c) Al Gobierno de la nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, a los órganos de gobierno locales y a las entidades del sector público institucional. (d)

d) Al Gobierno de la nación y a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas. (a)

a) Aplicarlo hasta que el Tribunal Constitucional declare su nulidad. (a)

b) No aplicarlo, dado que los funcionarios están sujetos a la Constitución y a la ley. (b)

c) Aplicarlo si así lo impone una instrucción o una orden de servicio. (c)

d) Las respuestas b) y c) son correctas. (d)

a) Sólo en las materias propias de sus departamentos cuando las disposiciones tengan por objeto regular la organización y el funcionamiento de los servicios de la consejería o cuando lo autorice una ley o un decreto del Gobierno, y de acuerdo con la legislación ordinaria. (d)

b) Sólo en las materias propias de sus departamentos cuando las disposiciones tengan por objeto regular la organización y el funcionamiento de los servicios de la consejería o cuando lo autorice una ley o un decreto del Gobierno, y de acuerdo con la legislación básica. (c)

c) Sólo en las materias propias de sus departamentos. (b)

d) Los consejeros no pueden dictar disposiciones reglamentarias. (a)

a) Si, excepcionalmente puede encomendarse al órgano competente por razón de la materia que adopte motivadamente las medidas provisionales que considere adecuadas y necesarias para asegurar la eficacia de la regulación que prevé establecerse. (c)

b) No, las medidas excepcionales sólo pueden establecerse en el seno del procedimiento administrativo común que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, iniciado a instancia del interesado. (b)

c) No, las medidas excepcionales sólo pueden establecerse en el seno del procedimiento administrativo común que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común. (a)

d) Si, excepcionalmente puede encomendarse al órgano competente por razón de la materia que adopte motivadamente las medidas provisionales que considere adecuadas y necesarias para asegurar la eficacia de la regulación que se prevé establecer, sin que sea necesario dar audiencia previa a las personas directamente afectadas. (d)

a) La Constitución no prevé ninguna referencia a la potestad reglamentaria de la Administración local, a pesar de que se entiende implícita en el artículo 122, al reconocerle autonomía para la gestión de sus intereses. (a)

b) La potestad reglamentaria de los entes locales en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears está recogida en el artículo 106 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears. (b)

c) La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, atribuye a los municipios la potestad reglamentaria y de autoorganización. (c)

d) Las respuestas b) y c) son correctas. (d)

a) Que se puede declarar en cualquier momento, a instancia de parte o incluso de oficio por la propia Administración o por parte de los tribunales. (a)

b) Que requiere de la petición de las personas inmediatamente afectadas por la norma reglamentaria. (b)

c) Que el consentimiento de los afectados es intrascendente. (c)

d) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

a) Una norma con rango de ley del Gobierno que requiere autorización de las Cortes Generales. (b)

b) Una disposición administrativa de carácter general emanada de un ministerio. (d)

c) Una norma con rango de ley del Gobierno que se dicta en supuestos de urgente necesidad. (c)

d) Una manifestación de la potestad reglamentaria del Gobierno. (a)

a) Sí, en el caso de una materia reservada al reglamento. (a)

b) No, porque los reglamentos sólo pueden desarrollar y complementar aquello que establecen las leyes. (c)

c) No, porque en nuestro derecho no existe el principio de reserva reglamentaria. (d)

d) Si, cuando una norma con fuerza de ley así lo permita. (b)

a) No es susceptible de recurso contencioso administrativo. (b)

b) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

c) A pesar de su denominación, no tiene naturaleza de disposición reglamentaria. (c)

d) No está subordinado a la ley, sino que está al mismo nivel de la ley. (a)

a) Ha de elaborarse previamente a la resolución del consejero por la que se inicia el procedimiento. (c)

b) El estudio ha de incluirse en la memoria de impacto normativo. (b)

c) Sólo ha de elaborarse en los procedimientos que se tramitan de forma ordinaria. (a)

d) Sólo se elabora si se trata de reglamentos que se dicten en materia presupuestaria. (d)

a) Vinculan directamente a los particulares. (b)

b) Su naturaleza jurídica es de acto administrativo. (c)

c) Pueden interpretar las leyes o los reglamentos. (d)

d) Han de ser publicadas. (a)

a) Que ambas emanan del ejecutivo. (c)

b) Que ambas emanan de la voluntad popular. (b)

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

d) Que ambas son normas jurídicas. (a)

a) Que la Ley regula la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que los afecten. (d)

b) La Constitución no contiene ninguna previsión en relación con la audiencia a los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas. (c)

c) Que la ley regula la audiencia de los ciudadanos, exclusivamente de manera indirecta a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que los afecten. (a)

d) Que la ley regula la audiencia de los ciudadanos, necesariamente de forma directa, y nunca a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que los afecten. (b)

a) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

b) La facultad del Gobierno y de la Administración de crear de normas jurídicas de carácter general, sometidas a la Constitución y a la ley. (c)

c) La facultad del Gobierno y de la Administración de dictar disposiciones administrativas. (b)

d) La facultad del Gobierno y de la Administración de crear normas jurídicas, incluidas las de carácter singular. (a)

a) Como cualquier disposición jurídica dictada por el Gobierno y la Administración en virtud de la delegación normativa efectuada a su favor por las Cortes Generales. (b)

b) Como cualquier disposición administrativa dictada en el seno de un procedimiento, con efectos erga omnes. (d)

c) Como cualquier disposición jurídica de carácter singular dictada por la Administración pública y subordinada a la ley. (a)

d) Como cualquier disposición jurídica de carácter general dictada por el Gobierno y la Administración pública, subordinada a la ley. (c)

a) El reglamento de necesidad implica la suspensión de la legalidad establecida. (a)

b) El reglamento de necesidad tiene carácter transitorio en el ordenamiento jurídico. (b)

c) El reglamento de necesidad tiene carácter de permanencia en el ordenamiento jurídico. (d)

d) El reglamento de necesidad sólo se puede dictar por razón de la concurrencia de circunstancias extraordinarias. (c)

a) Primero los decretos de los consejeros y segundo las resoluciones de los consejeros. (b)

b) Primero los decretos aprobados por el Consejo de Gobierno y segundo las órdenes de los consejeros. (a)

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

d) Primero los decretos aprobados por el Consejo de Gobierno o por el presidente y segundo las órdenes de los consejeros. (c)

a) Para la elaboración de textos consolidados de reglamentos. (b)

b) En casos de urgente necesidad. (a)

c) Para la elaboración de textos consolidados siempre que no incluyan la armonización, la aclaración o la regulación de los reglamentos que se consolidan. (c)

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

a) El dictamen del Consejo Económico y Social cuando el anteproyecto de decreto regule de forma directa y estructural materias socioeconómicas, laborales y de ocupación. (a)

b) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

c) En caso de regular un supuesto en que los efectos del silencio administrativo sean desestimatorios, un informe que motive las razones de interés general que lo justifiquen. (b)

d) En caso de que se establezcan limitaciones para el acceso a actividades económicas y servicios, un informe que motive que concurren razones de interés general y que se respetan los principios de necesidad y proporcionalidad, en el marco de lo dispuesto en la legislación autonómica en materia de libre acceso a las actividades de servicios. (c)

a) Ex nunc. (b)

b) Ex tunc. (c)

c) Ex nunc, sólo para los ciudadanos que hayan denunciado la ilegalidad del reglamento. (d)

d) Ex tunc, sólo para los ciudadanos que hayan denunciado la ilegalidad del reglamento. (a)

a) Sólo en el caso de las dictadas por el presidente o por los consejeros. (d)

b) En todos los casos. (c)

c) Sólo en el caso de las dictadas por el Gobierno. (a)

d) Sólo en el caso de las dictadas por el Gobierno o por los consejeros. (b)

a) Procedimiento ordinario y procedimiento simplificado. (a)

b) Procedimiento ordinario, procedimiento de urgencia y procedimiento simplificado. (d)

c) Procedimiento ordinario y procedimiento de urgencia. (b)

d) Procedimiento ordinario, procedimiento de urgencia y procedimiento abreviado. (c)

a) Los reglamentos no pueden impugnarse ante el Tribunal Constitucional, sólo ante la jurisdicción contenciosa administrativa. (a)

b) Pueden impugnarse tanto por infracciones de índole competencial como también sustantivas o de contenido material. (b)

c) Sólo por infracciones de derechos constitucionales. (c)

d) Sólo puede hacerlo con autorización previa de las Cortes Generales. (d)

a) Por el sujeto del cual proceden: estatales, autonómicos y locales. (a)

b) Por sus efectos: jurídicos y normativos. (b)

c) Por su relación con la ley: ejecutivos, independientes y de necesidad. (c)

d) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

a) Ejecutivos. (c)

b) De necesidad. (a)

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

d) Independientes. (b)

a) Un mes computable desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. (d)

b) Dos meses computables desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. (b)

c) Tres meses computables desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. (a)

d) Los ciudadanos no pueden interponer un recurso directo contra un reglamento. (c)

a) En el artículo 50. (d)

b) En el artículo 30. (a)

c) En el artículo 40. (b)

d) En el artículo 48. (c)

a) La necesidad del trámite de audiencia deriva del artículo 105 de la Constitución. (a)

b) El trámite de audiencia puede practicarse por medio de las entidades reconocidas por la ley que agrupen o representen a los interesados. (c)

c) El trámite de audiencia es necesario siempre que la disposición que se pretende aprobar afecte los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. (b)

d) El trámite de audiencia sólo está abierto a los ciudadanos que tienen la condición de interesados. (d)

a) Es un documento que ha de incorporar los contenidos siguientes: oportunidad de la propuesta normativa, análisis del impacto económico y presupuestario, análisis y valoración resumida de las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia pública y evaluación del cumplimiento de los principios de buena regulación. (d)

b) Es un documento dinámico, que ha de ir actualizándose con la incorporación de los aspectos relevantes resultantes de las diferentes fases de la tramitación. (b)

c) Es un documento que se redacta una vez completados los trámites que establecen los apartados 1 y 2 del artículo 59 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears. (a)

d) Es un documento que ha de incorporar los contenidos siguientes: oportunidad de la propuesta normativa; análisis del impacto económico; análisis y valoración resumida de las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia pública y evaluación del cumplimiento de los principios de buena regulación. (c)

a) Sí. (b)

b) No; los límites materiales de los reglamentos son la Constitución, los estatutos de autonomía y las normas con rango de ley. (c)

c) Sólo opera como límite el principio de no arbitrariedad de los poderes públicos. (d)

d) Solamente los principios recogidos en el artículo 103 de la Constitución. (a)

a) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

b) El reglamento que infringe la ley se considera en todo caso anulable. (a)

c) El reglamento que infringe la ley se considera en todo caso validable. (c)

d) El reglamento que infringe la ley se considera en todo caso nulo de pleno derecho. (b)

a) Sólo puede interponer una querella penal contra la autoridad que lo aprobó. (c)

b) Nada, porque el reglamento ya es firme, por lo que sólo puede anularlo el Tribunal Constitucional. (a)

c) Puede instarse a un órgano administrativo que interponga un recurso directo, porque un particular no puede ir contra una norma reglamentaria. (d)

d) Puede impugnarse a través de un recurso indirecto contra un acto administrativo que aplique este reglamento ilegal. (b)