a) Sí, mediante un contrato de servicios que comporten prestaciones directas a favor de la ciudadanía. (c)

b) No, los contratos de servicios son aquellos que se prestan directamente a la Administración contratante. (d)

c) En ningún caso. (a)

d) Sólo puede gestionarse un servicio público mediante un contrato de concesión de servicios. (b)

a) No; la Directiva 2014/24 reconoce a los poderes públicos la libertad para prestar por sí mismos los servicios a las personas, y para organizarlos de forma que no sea necesario subscribir contratos públicos. (b)

b) No; estos servicios quedan excluidos de la Ley de contratos del sector público de acuerdo con el artículo 11 y la disposición adicional cuadragésimo novena de esta Ley. (c)

c) Sí; se trata de una relación contractual entre la Administración y un empresario, por lo cual está sujeta a la Directiva 24/2004/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y a la Ley 9/2017, de 30 de noviembre, de contratos del sector público. (a)

d) La satisfacción de necesidades de carácter social puede prestarse mediante un contrato de concesión de servicios o un contrato de servicios, o bien mediante otras fórmulas no contractuales, como el concierto. (d)

a) La Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios sociales a la comunidad autónoma de las Illes Balears. (b)

b) La Ley 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector de acción social de las Illes Balears. (c)

c) La Ley 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector de acción social. (a)

d) La Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social a la comunidad autónoma de las Illes Balears. (d)

a) La Ley de contratos del sector público no permite la adjudicación directa de un contrato de concesión. (a)

b) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

c) En el supuesto de que el adjudicatario sea una sociedad de economía mixta en la que concurra capital público mayoritariamente con capital privado. (b)

d) La Ley de contratos del sector público permite la adjudicación directa de un contrato de concesión a una sociedad de economía mixta, siempre que no se trate de la concesión de un servicio público. (c)

a) Servicios públicos europeos. (d)

b) Servicios de interés público. (a)

c) Servicios de interés general comunitario. (c)

d) Servicios de interés general. (b)

a) Gestión mediante una sociedad mercantil de titularidad privada. (d)

b) Gestión por la propia Administración pública. (a)

c) Gestión a través de un organismo autónomo. (b)

d) Gestión mediante una entidad pública empresarial. (c)

a) La aprobación de un reglamento que regule el servicio público sólo es exigible a los municipios de más de 50.000 habitantes. (d)

b) Deben acordar de manera expresa la creación del servicio público local. (a)

c) No es necesario que se acuerde expresamente su creación. (c)

d) Debe aprobarse un reglamento por el que se regule el servicio, si bien puede aprobarse con posterioridad al inicio de la prestación. (b)

a) Sólo se pueden delegar servicios públicos en casos de urgente necesidad y para evitar duplicidades administrativas. (b)

b) Sí, al objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa a pesar de que no genere un ahorro limpio de recursos. (d)

c) No, la competencia en cuanto a los servicios públicos es indelegable. (a)

d) Sí, al objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro limpio de recursos. (c)

a) La Administración conserva los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate. (a)

b) El concesionario tiene la facultad de oponerse a las instrucciones de la Administración, dado que asume el riesgo operacional. (b)

c) El contrato no se puede modificar. (d)

d) Las instalaciones fijas necesarias para la prestación del servicio no pueden ser objeto de hipoteca. (c)

a) De tres años. (d)

b) De cinco años. (a)

c) De seis años, salvo que sea necesario un plazo mayor por circunstancias debidamente justificadas. (c)

d) De diez años. (b)

a) Subsidiariedad, igualdad, eficiencia presupuestaria, transparencia, intencionalidad social y ambiental, calidad asistencial y libre elección de las personas usuarias. (b)

b) Subsidiariedad, igualdad, eficiencia presupuestaria, solidaridad, no discriminación, transparencia, publicidad, intencionalidad social y ambiental, participación, calidad asistencial y libre elección y arraigo de las personas usuarias. (d)

c) Subsidiariedad, solidaridad, eficiencia presupuestaria, transparencia, intencionalidad social y ambiental, calidad asistencial y libre elección de las personas usuarias. (c)

d) Solidaridad, transparencia, eficiencia presupuestaria, subsidiariedad, participación, publicidad, calidad asistencial y no discriminación. (a)

a) Son servicios de interés general no económicos. (b)

b) No son servicios de interés general. (c)

c) Se gestionan directamente por los poderes públicos. (d)

d) Son servicios sociales de interés general. (a)

a) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

b) Indirectamente. (b)

c) Directamente. (a)

d) Indirectamente, excepto los servicios que impliquen ejercicio de autoridad. (c)

a) 1 (a)

b) 2 (b)

c) 4 (d)

d) 3 (c)

a) Sí, siempre que se lleve a cabo sin necesidad de subscribir contratos públicos, a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones que el poder adjudicador haya fijado previamente, sin límites ni cuotas, y que el sistema mencionado garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no-discriminación. (d)

b) Sí, siempre que se lleve a cabo sin necesidad de subscribir contratos públicos, a través de la simple financiación de estos servicios a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que el sistema mencionado se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación. (a)

c) Sí, siempre que se lleve a cabo a través de concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por la Ley sin límites ni cuantías. (c)

d) No, la Ley de contratos del sector público regula dos tipos de contratos mediante los cuales se prestan servicios sociales o a las personas: el contrato de servicios y el de concesión de servicios. (b)

a) De la persona jurídica que presta el servicio: los servicios públicos son gestionados directamente por la Administración. (a)

b) De la titularidad del servicio: la titularidad del servicio público corresponde a la Administración. (b)

c) De su inserción en el mercado: la actividad de servicio público se ejerce en régimen de libre competencia. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Tienen por objeto la satisfacción de un interés general y una necesidad de la colectividad. (a)

b) Su régimen jurídico es de derecho privado. (b)

c) Se rigen, entre otros, por los principios de continuidad, igualdad, neutralidad, variabilidad y generalidad. (c)

d) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

a) Que las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia. (a)

b) Que el secreto de las comunicaciones es una obligación de servicio público. (b)

c) Que las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de monopolio. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Abastecimiento y depuración de aguas. (d)

b) Recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos. (a)

c) Alumbrado público. (c)

d) Transporte público de viajeros. (b)

a) Servicios de interés económico general y servicios no económicos. (d)

b) El concepto de servicio de interés general es único. (c)

c) Servicios de interés económico general y servicios sociales de interés general. (b)

d) Servicios de interés económico general, servicios no económicos y servicios sociales de interés general. (a)

a) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

b) Están sujetos a las normas europeas de competencia y mercado interior. (c)

c) Son servicios básicos que se prestan a cambio de una remuneración. (a)

d) Pueden ser prestados por empresarios. (b)

a) Los organismos autónomos no pueden gestionar servicios públicos. (d)

b) Que se le otorgue autorización o licencia para ejecutarlo. (c)

c) Que subscriba un contrato con la Administración de la cual depende. (b)

d) Que la ley de creación así lo disponga. (a)

a) La Constitución define los servicios públicos como los servicios que presta la Administración y que responden al interés general de los ciudadanos. (a)

b) La Constitución prevé la posibilidad de reservar servicios esenciales mediante una ley, especialmente en caso de monopolio. (b)

c) La Constitución prevé la posibilidad de establecer una asignación a las Comunidades Autónomas para garantizar un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales, en todo el territorio español. (c)

d) Las respuestas b) y c) son correctas. (d)

a) La diferencia más significativa es la traslación del riesgo operacional al concesionario en el contrato de concesión. (c)

b) La diferencia más significativa recae en el objeto del contrato. (d)

c) La diferencia más significativa es la duración del contrato. (b)

d) No hay ninguna diferencia entre uno y otro contrato. (a)

a) Cuarenta años, si comprende la ejecución de obras y la explotación de servicio. (a)

b) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

c) Veinticinco años, en el supuesto de que comprenda la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. (b)

d) Diez años, si comprende la explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no incluya la ejecución de obras. (c)

a) Que el objetivo de la organización sea la realización de una misión de servicio público vinculada a la prestación de los servicios que se han de contratar. (a)

b) Que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el contrato se basen en la propiedad de los empleados o en principios de participación, o exijan la participación activa de los empleados, los usuarios o las partes interesadas. (b)

c) Que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el contrato se basen en la propiedad de los empleados o de los accionistas o en principios de participación, o exijan la participación activa de los usuarios o las partes interesadas. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) El acuerdo del pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y la aprobación del consejo, que ha de otorgarse si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada o lo aconsejen razones de seguridad, salubridad u orden público. (b)

b) El acuerdo del pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y la aprobación del consejo, que ha de otorgarse sólo si lo aconsejan razones de seguridad, salubridad u orden público. (d)

c) El acuerdo del pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y la aprobación del consejo, que ha de otorgarse sólo si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada. (c)

d) El acuerdo del pleno por mayoría absoluta del número de miembros de la corporación presentes a la sesión, y la aprobación del consejo, que ha de otorgarse si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada o lo aconsejen razones de seguridad, salubridad u orden público. (a)

a) El encargo a medios propios personificados. (a)

b) La concesión de autorización o licencia a una entidad sin ánimo de lucro. (d)

c) La ejecución por un organismo autónomo dependiente. (c)

d) La ejecución por una entidad pública empresarial. (b)

a) La intervención de la concesión por un plazo superior a dos años sin que el concesionario haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones. (a)

b) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. (d)

c) El rescate. (b)

d) La demora superior a tres meses por parte de la Administración en la entrega al concesionario de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato. (c)

a) El estudio de viabilidad. (c)

b) El pliego de cláusulas administrativas particulares. (d)

c) En las concesiones de servicio público los usuarios no abonan tarifas. (b)

d) El pliego de prescripciones técnicas particulares. (a)

a) La prestación por terceros de servicios sociales incluidos en la cartera de servicios sociales y del servicio de orientación profesional recogido en la cartera común del Sistema Nacional de Ocupación, la financiación, el acceso y el control administrativo de los cuales son públicos. (c)

b) La prestación por terceros de servicios sociales incluidos en la cartera de servicios sociales y el servicio de orientación profesional recogido en la cartera común del Sistema Nacional de Ocupación, en los cuales la financiación y el control administrativo son públicos. (b)

c) La prestación por terceros de servicios sociales incluidos en la cartera de servicios sociales recogidos en la cartera común del Sistema Nacional de Ocupación, en los que la financiación, el acceso y el control administrativo son públicos. (a)

d) La prestación por terceros de servicios sociales incluidos en la cartera de servicios sociales y el servicio de orientación profesional recogido en la cartera común del Sistema Nacional de Ocupación, y en los cuales el acceso y el control administrativo son públicos. (d)

a) Competencia de los ayuntamientos, que han de prestarse mediante gestión directa. (a)

b) Que los ayuntamientos pueden gestionar de forma directa o de forma indirecta. (d)

c) Que han de prestarse en régimen de monopolio. (c)

d) Que los ayuntamientos pueden prestar mediante un contrato de concesión de servicios. (b)

a) Cuando por causas ajenas al contratista se derive una perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio. (a)

b) Cuando a causa del incumplimiento por parte del contratista se derive una perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio y la Administración no decide resolver el contrato. (b)

c) Cuando por causas ajenas al concesionario se derive una perturbación muy grave y no reparable por otros medios en el servicio y la Administración no decide resolver el contrato. (c)

d) El secuestro es aplicable a las concesiones, no al contrato de servicios que comporten prestaciones directas a favor de la ciudadanía. (d)

a) Los servicios administrativos de administración general. (a)

b) Los servicios de inserción laboral. (b)

c) Los servicios de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia. (c)

d) Las respuestas b) y c) son correctas. (d)

a) La resolución del contrato. (c)

b) Que los bienes afectos a la concesión que tengan que revertir a la Administración pueden ser objeto de embargo. (a)

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

d) Que el servicio pasa a manos de la Administración una vez finalizado el plazo de la concesión. (b)

a) Doce años. (d)

b) Cinco años. (a)

c) Tres años. (c)

d) Diez años. (b)

a) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, incluso cuando el daño se produzca por causas imputables a la Administración. (a)

b) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que se hayan establecido. (b)

c) Cuidar del buen orden del servicio, para lo cual podrá dictar las instrucciones oportunas. (d)

d) Continuar con la prestación del servicio a la finalización del contrato hasta que se formalice uno nuevo. (c)

a) Cementerio y transporte colectivo urbano de viajeros. (b)

b) Cementerio, protección civil y extinción de incendios. (a)

c) Cementerio y atención a personas en situación o riesgo de exclusión social. (c)

d) Cementerio, abastecimiento domiciliario de agua potable, pavimentación de las vías públicas. (d)

a) Sí, siempre que la Administración ejecute la parte esencial del servicio y el empresario lo que resulte complementario. (a)

b) Sí, en todo caso; el artículo 30 de la Ley de Contratos del Sector Público reconoce la ejecución directa de prestaciones por parte de la Administración pública con la colaboración de empresarios particulares. (b)

c) No, si la colaboración es para atender a los usuarios de forma directa. (c)

d) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

a) Sólo se pueden delegar servicios públicos en casos de urgente necesidad y para evitar duplicidades administrativas. (d)

b) Sí, al objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa a pesar de que no genere un ahorro limpio de recursos. (c)

c) Sí, al objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro limpio de recursos. (a)

d) No, la competencia en cuanto a los servicios públicos es indelegable. (b)

a) La actividad de fomento, la de policía, la de contratación y la de servicio público. (a)

b) La actividad contractual, la de policía y la de servicio público. (d)

c) La actividad de fomento, la de policía y la de servicio público. (c)

d) La actividad de fomento y la de servicio público. (b)

a) Debe establecerse el régimen jurídico, determinar el alcance de las prestaciones en favor de los administrados y regular los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio. (a)

b) Debe establecerse el régimen jurídico, declarar expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración como propia, determinar el alcance de las prestaciones en favor de los administrados y regular los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio. (c)

c) Debe establecerse el régimen jurídico, declarar expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración como propia, determinar el alcance de las prestaciones en favor de los administrados y regular los aspectos de carácter jurídico y económico relativos a la prestación del servicio. (d)

d) Debe establecerse el régimen jurídico, declarar expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración como propia, y regular los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio. (b)

a) Que se trate de una actividad empresarial. (b)

b) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. (d)

c) Que la preste directamente la Administración. (a)

d) Que contenga una prestación positiva en beneficio de los particulares. (c)

a) En régimen de monopolio. (b)

b) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

c) En régimen de gestión directa. (c)

d) En régimen de libre concurrencia. (a)

a) Diez años, como máximo. (d)

b) En todo caso, de cinco años como máximo. (a)

c) Más de tres años cuando sea necesario para la continuidad de aquellos tratamientos a los usuarios en que el cambio del prestador pueda repercutir negativamente. (c)

d) Más de cinco años cuando sea necesario para la continuidad de aquellos tratamientos a los usuarios en que el cambio del prestador pueda repercutir negativamente. (b)

a) Cuando por causas ajenas al concesionario se derive una perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio. (a)

b) Cuando a causa del incumplimiento por parte del concesionario se derive una perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio. (b)

c) Cuando por causas ajenas al concesionario se derive una perturbación muy grave y no reparable por otros medios en el servicio. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Son servicios sociales de interés general. (a)

b) Pueden ser prestados por la Administración. (d)

c) No son servicios de interés general. (c)

d) Son servicios de interés general no económicos. (b)

a) Gestión directa y gestión concertada. (c)

b) Gestión indirecta y gestión mixta. (a)

c) Gestión directa y gestión mixta. (b)

d) Gestión directa y gestión indirecta. (d)

a) Que no está garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el contratista recupere las inversiones realizadas. (a)

b) Que no está garantizado que, en condiciones anormales de funcionamiento, el contratista recupere las inversiones realizadas. (b)

c) Que no está garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el contratista cubra los costes en qué haya incurrido como consecuencia de la explotación del servicio que sea objeto de concesión, a pesar de que tenga derecho a ser indemnizado por la Administración en el caso de pérdidas. (c)

d) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

a) Que se trata de un servicio público en el que no es posible la libre concurrencia. (c)

b) Que un servicio público lo presta un único empresario. (b)

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

d) Que se trata de un servicio público esencial reservado mediante una ley a los entes locales. (a)

a) Prestación de los servicios sociales. (a)

b) Servicios postales. (b)

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

d) Creación, mantenimiento y gestión de escuelas infantiles. (c)

a) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

b) Mediante medios propios personificados. (c)

c) Mediante un organismo autónomo o una entidad pública empresarial. (b)

d) Mediante medios propios no personificados. (a)

a) La Administración puede gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia a pesar de que no sean susceptibles de explotación económica por particulares. (b)

b) La Administración puede gestionar directamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia a pesar de que no sean susceptibles de explotación económica por particulares. (c)

c) La Administración puede gestionar directamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares. (a)

d) La Administración puede gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares. (d)

a) Se pueden prestar indirectamente mediante sociedad mercantil de capital social exclusivamente local. (c)

b) No pueden prestarse por gestión indirecta, excepto que se preste mediante sociedad mercantil de capital mixto. (a)

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

d) No pueden prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad mercantil de capital social exclusivamente local. (b)

a) Debe haberse establecido el régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de aquella, que determine el alcance de las prestaciones a favor de los administrados y que regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio. (c)

b) Debe haberse establecido el régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración como propia, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio. (b)

c) Debe haberse establecido el régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de aquella, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados y regule los aspectos de carácter jurídico y económico relativos a la prestación del servicio. (d)

d) Debe haberse establecido el régimen jurídico, que determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio. (a)

a) Servicio de búsqueda de trabajo para personas con discapacidad. (c)

b) Servicios de tutela para personas con discapacidad. (b)

c) Servicio de acompañamiento para personas con discapacidad. (a)

d) Todos los servicios anteriores pueden ser objeto de acción concertada. (d)

a) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

b) Mediante un contrato de concesión de servicios. (a)

c) Mediante un contrato de servicios que comporte prestaciones directas a la ciudadanía. (b)

d) Mediante concierto, gestión delegada u otras modalidades reguladas a la legislación autonómica. (c)

a) Las personas físicas o jurídicas de carácter privado, con o sin ánimo de lucro, sea cual sea la forma jurídica que adopten, que presten los servicios objeto del concierto y lo soliciten expresamente en los plazos y la forma que se determine. (a)

b) Todas las entidades del tercer sector de acción social que presten los servicios objeto del concierto. (b)

c) Las personas físicas o jurídicas a las cuales hace referencia la opción a), sólo en los servicios declarados de interés económico general. (c)

d) Las respuestas b) y c) son correctas. (d)

a) La Ley de contratos del sector público permite la gestión indirecta de un servicio público mediante un contrato de concesión de servicios incluso si el servicio implica ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. (a)

b) Los servicios públicos no pueden ser objeto de concesión. (b)

c) Puede gestionarse un servicio público mediante concesión siempre que el servicio sea susceptible de explotación económica por parte de particulares. (c)

d) Puede gestionarse el servicio público mediante concesión, siempre que no implique la construcción de una obra, caso en que se tiene que calificar de concesión de obra. (d)

a) No es posible, porque resulta contrario al principio constitucional de igualdad. (a)

b) No, está prohibido expresamente por la normativa comunitaria. (d)

c) Sí; así lo prevé el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. (b)

d) Sí, porque lo permite la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears. (c)

a) Supone la gestión directa de un servicio público por parte de la Administración mediante un empresario intermediario. (a)

b) Puede suponer la gestión indirecta de un servicio público. (b)

c) No puede gestionar en ningún caso un servicio que implique ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos, salvo que lo autorice una ley. (d)

d) Supone siempre la gestión indirecta de un servicio público. (c)

a) El contrato de gestión de servicios públicos. (c)

b) El contrato de servicios a las personas. (a)

c) El concierto. (d)

d) La concesión. (b)

a) El servicio universal se presta en condiciones de neutralidad tecnológica, con una calidad determinada y a un precio asequible. (d)

b) Los servicios que tienen obligaciones de servicio universal son servicios cuya prestación se garantiza para todos los consumidores con independencia condicionada a su localización geográfica. (c)

c) El servicio de telecomunicaciones tiene obligaciones de servicio universal. (a)

d) El servicio universal se presta en condiciones de neutralidad tecnológica, con una calidad determinada y a un precio razonable. (b)

a) Sí, la Ley de contratos del sector público lo permite. (b)

b) No, esto supondría una vulneración del principio de libre concurrencia establecido en la Ley de contratos del sector público y las directivas comunitarias sobre contratación. (a)

c) No, porque lo prohíbe la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública. (d)

d) No, porque lo prohíbe la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. (c)

a) Aquellos que no pueden ser objeto de prestación por particulares porque responden a la noción de función pública que ejerce la Administración pública institucional. (a)

b) Aquellos que pueden ser objeto de prestación por particulares mediante alguna de las fórmulas previstas legalmente en materia de contratación. (b)

c) Aquellos que pueden ser prestados al público en general a través del sector privado, aunque la prestación está sometida a una estricta reglamentación por parte de la Administración. (c)

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

a) Dos años, prorrogables por dos años más. (d)

b) Cinco años. (a)

c) Tres años. (c)

d) Diez años. (b)

a) Al 50 % del presupuesto base de licitación. (a)

b) Al 75 % del presupuesto base de licitación. (c)

c) Al 75 % del valor estimado del contrato. (d)

d) Al 50 % del valor estimado del contrato. (b)