a) En la resolución hubieran influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior a aquella resolución. (a)

b) Aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencien el error de la resolución recorrida, salvo que sean posteriores a esta. (d)

c) En la resolución hubieran influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, posterior a aquella resolución. (b)

d) En la resolución hubieran influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. (c)

a) De impugnación. (a)

b) De reclamación. (b)

c) De conciliación. (c)

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

a) De tres meses desde el día siguiente de la fecha de la notificación. (c)

b) De cuatro años siguientes a la fecha de la notificación. (a)

c) Dependiendo del motivo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, distingue dos plazos. (d)

d) De un año desde la fecha de la notificación. (b)

a) Aparezcan documentos de valor que, aunque no sean esenciales para la resolución del asunto, evidencien la existencia de un error de derecho de la resolución recorrida. (d)

b) Aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencien el error de la resolución recorrida, salvo que sean posteriores a esta. (b)

c) Aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recorrida. (a)

d) Aparezcan documentos de valor que, aunque no sean esenciales para la resolución del asunto, evidencien la existencia de un error de hecho o de derecho de la resolución recorrida. (c)

a) El recurso puede entenderse desestimado. (b)

b) El recurso puede entenderse estimado. (a)

c) El recurso puede entenderse desestimado, excepto en el supuesto que prevé el artículo 24.1, tercer párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (d)

d) El recurso puede entenderse estimado, excepto en el supuesto que prevé el artículo 24.1, tercer párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (c)

a) El recurso de alzada. (b)

b) El recurso de reposición o el de alzada, según el caso. (d)

c) El recurso de reposición. (a)

d) El recurso extraordinario de revisión. (c)

a) Las resoluciones de los recursos de alzada. (c)

b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a los cuales se refiere el artículo 117.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (b)

c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de iniciadores del procedimiento. (a)

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

a) En supuestos o ámbitos sectoriales determinados cuando la especifidad de la materia así lo justifique. (c)

b) Cuando la especialidad de la materia así lo aconseje. (b)

c) Con carácter general. (d)

d) En supuestos o ámbitos sectoriales determinados. (a)

a) No inferior a quince días ni superior a treinta. (c)

b) No superior a veinte días. (d)

c) No inferior a diez días ni superior a veinte. (a)

d) No inferior a diez días ni superior a quince. (b)

a) El recurso de reposición puede interponerse directamente ante la orden jurisdiccional contencioso administrativa. (a)

b) Los actos susceptibles de recurso de reposición pueden ser impugnados directamente ante la orden jurisdiccional contencioso administrativa. (b)

c) Tiene que interponerse el recurso de reposición para acudir a la vía contenciosa. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) De veinte días. (b)

b) De quince días. (d)

c) De un mes. (a)

d) De tres meses. (c)

a) Seis meses. (c)

b) Un año. (b)

c) Cuatro años. (a)

d) Tres meses. (d)

a) Se tiene que entender estimado. (b)

b) Se tiene que entender desestimado. (a)

c) Se tiene que entender caducado. (d)

d) Se tiene que entender desestimado, y queda expedita la vía jurisdiccional contenciosa administrativa. (c)

a) Las resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. (c)

b) Las resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal así lo establezca. (a)

c) Las resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición reglamentaria así lo establezca. (b)

d) Las resoluciones de los procedimientos en materia sancionadora. (d)

a) Es procedente en un plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. (c)

b) Es procedente en cualquier momento a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. (a)

c) Es procedente en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. (b)

d) Es procedente en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. (d)

a) Pueden interponerse potestativamente un recurso de reposición y uno de alzada. (c)

b) Puede interponerse potestativamente un recurso de reposición. (a)

c) Puede interponerse potestativamente un recurso de reposición y, si se pretende acudir a la vía contenciosa, de alzada. (b)

d) Tiene que interponerse un recurso de reposición si se pretende acudir a la vía contenciosa. (d)

a) En cualquier momento. (a)

b) En cualquier momento a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. (c)

c) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. (b)

d) En el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. (d)

a) Cuando, existiendo vicio de forma, no se estime procedente resolver sobre el fondo, se tiene que ordenar la retroacción del procedimiento a su momento inicial, recogido en el artículo 68. (a)

b) Cuando, existiendo vicio de forma, no se estime procedente resolver sobre el fondo, se ha de ordenar la retroacción del procedimiento al momento en el cual el vicio fue cometido, exceptuando lo que dispone el artículo 52. (b)

c) Cuando, existiendo vicio de forma, no se estime procedente resolver sobre el fondo, se tiene que ordenar la retroacción del procedimiento al momento en el cual el vicio fue cometido, sin perjuicio que eventualmente pueda acordarse la convalidación de actuaciones por el órgano competente para ello, de acuerdo con el que dispone el artículo 52. (c)

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente pertenezca a la misma Administración pública. (a)

b) La ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente. (c)

c) El error de la calificación del recurso por parte del recurrente. (d)

d) Carecer de legitimación el recurrente. (b)

a) Pueden tener el carácter de documentos nuevos, a efectos de este artículo, si difieren sustancialmente de los presentados originariamente. (c)

b) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. (d)

c) No tienen el carácter de documentos nuevos a efectos de este artículo. (a)

d) Tienen el carácter de documentos nuevos a efectos de este artículo. (b)

a) Es el órgano superior jerárquico del que los dictó, excepto en los supuestos de tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las administraciones públicas y en los supuestos en que un órgano actúe con autonomía funcional. (c)

b) Es el órgano superior jerárquico del que los dictó, excepto en los supuestos de tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las administraciones públicas. (b)

c) Es el órgano superior jerárquico del que los dictó. (a)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. (d)

b) Al dictar el acto se haya incurrido en error de hecho, que resulte de los mismos documentos incorporados en el expediente. (a)

c) Al dictar el acto se haya incurrido en error de derecho, que resulte de los mismos documentos incorporados en el expediente. (b)

d) Al dictar el acto se haya incurrido en error de hecho o de derecho, que resulte de los mismos documentos incorporados en el expediente. (c)

a) Las resoluciones de los órganos administrativos que no tengan superior jerárquico, salvo que una ley establezca el contrario. (b)

b) Las resoluciones de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los cuales se refiere el artículo 90.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (a)

c) Las resoluciones de los procedimientos a los cuales se refiere el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (c)

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

a) No, porque el motivo alegado no es una causa de no admisión prevista por la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (d)

b) No, salvo que sea un plazo esencial. (a)

c) No. (b)

d) Sí. (c)

a) El órgano judicial tiene que decretar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga un pronunciamiento judicial. (c)

b) El órgano administrativo puede acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga un pronunciamiento judicial. (b)

c) El órgano administrativo tiene que acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga un pronunciamiento judicial. (d)

d) El órgano judicial puede acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga un pronunciamiento judicial. (a)

a) De diez días. (b)

b) De cinco días. (a)

c) De un mes. (c)

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

a) Los actos administrativos de los miembros del Gobierno. (a)

b) Los actos emanados de los ministros y los secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los cuales son titulares. (b)

c) Las respuestas a) y b) son correctas. (c)

d) Las respuestas a) y b) son incorrectas. (d)

a) No se puede interponer ningún otro recurso administrativo. (b)

b) No se puede interponer nuevamente este recurso. (a)

c) Sólo se puede interponer el recurso de queja. (d)

d) Se puede interponer, si procede, el recurso de alzada. (c)

a) De un mes. (a)

b) De veinte días. (c)

c) De cuatro meses. (d)

d) De dos meses. (b)

a) Tiene que ser congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial. (a)

b) No puede poner fin en ningún caso a la vía administrativa. (d)

c) Tiene que ser congruente con las peticiones formuladas por el recurrente y, en el supuesto de que los nuevos documentos así lo aconsejen, se pueden imponer nuevas medidas, que en los casos más graves, podrán agravar la situación inicial. (b)

d) Tiene que ser congruente con los nuevos hechos que se presenten, y se podrá agravar la situación inicial del recurrente. (c)

a) El acto que se recorre y la razón de su impugnación. (a)

b) El nombre y apellidos del recurrente, así como su identificación personal. (b)

c) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

d) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, si procede, del lugar que se señale a efectos de notificaciones. (c)

a) De diez días. (b)

b) De tres meses. (c)

c) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, no establece ningún plazo. (d)

d) De veinte días. (a)

a) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

b) Si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para decidir sobre la solicitud. (c)

c) Si transcurridos treinta días desde que la solicitud de suspensión haya sido tomada en consideración por el órgano competente para decidir sobre la solicitud, este no ha dictado resolución expresa sobre este tema. (b)

d) Si transcurridos sesenta días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la solicitud, este no ha dictado resolución expresa sobre este aspecto. (a)

a) Se tiene que poner de manifiesto a los interesados. (c)

b) Se tiene que finalizar el recurso originario, abriéndose el plazo para la presentación de nuevos recursos. (a)

c) Se tiene que publicar en el boletín oficial que corresponda. (b)

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

a) Contra los actos de trámite, si estos producen perjuicio a derechos legítimos. (a)

b) Contra los actos de trámite, si estos producen perjuicio grave a derechos e intereses legítimos. (d)

c) Contra los actos de trámite, si estos producen perjuicio considerable a derechos e intereses legítimos. (c)

d) Contra los actos de trámite, si estos producen perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. (b)

a) Sólo se puede interponer recurso de súplica. (c)

b) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. (d)

c) No se puede interponer ningún otro recurso administrativo, excepto el recurso extraordinario de revisión, en los casos que establece el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (b)

d) No se puede interponer ningún otro recurso administrativo. (a)

a) De diez días. (b)

b) De un mes. (c)

c) De dos meses. (a)

d) De veinte días. (d)

a) Cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de anulabilidad que prevé el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (b)

b) Cuando la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación. (c)

c) Cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de anulabilidad que prevé el artículo 57.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (a)

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

a) Puede interponerse, con carácter potestativo, un recurso de súplica y, directamente, un recurso contencioso administrativo. (d)

b) Únicamente puede interponerse recurso contencioso administrativo, sin perjuicio, si procede, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. (c)

c) No hay que interponer ningún recurso. (b)

d) Únicamente puede interponerse un recurso contencioso administrativo. (a)

a) Se tiene que interponer ante el órgano que dictó el acto que se impugna. (a)

b) Se tiene que interponer ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. (b)

c) Se tiene que interponer ante el órgano competente para resolverlo. (c)

d) Se tiene que interponer ante la máxima autoridad de la administración que dictó la resolución o el acto que se recorre. (d)

a) Todas las cuestiones, tanto de forma como de fondo, que plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. (c)

b) Todas las cuestiones, tanto de forma como de fondo, que plantee el procedimiento, siempre que hayan sido alegadas por los interesados. (b)

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

d) Las cuestiones exclusivamente de fondo que plantee el procedimiento y que hayan sido alegadas por los interesados. (a)

a) Estar carecido el recurso manifiestamente de fundamento. (b)

b) Estar carecido el recurso de fundamento. (a)

c) Ser incompetente el órgano administrativo por razón de la materia o el territorio. (c)

d) El error o la ausencia de la calificación del recurso. (d)

a) Cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho que prevé el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (a)

b) Cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de anulabilidad que prevé el artículo 61.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (b)

c) Cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho que prevé el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (c)

d) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

a) En un plazo de tres meses. (c)

b) Ante el órgano administrativo que los dictó. (b)

c) Son correctas las respuestas a) y b). (d)

d) De carácter extraordinario. (a)

a) No se puede interponer ningún recurso administrativo. (a)

b) Se puede interponer el recurso potestativo de reposición. (b)

c) Se puede interponer el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias que prevé el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (d)

d) Se puede interponer el recurso potestativo de súplica. (c)

a) No impide la tramitación si esto no supone indefensión de la Administración y siempre que se deduzca el verdadero carácter. (d)

b) No impide la tramitación si esto no supone indefensión de la Administración. (c)

c) No impide la tramitación, siempre que se deduzca el verdadero carácter. (b)

d) Impide la tramitación. (a)

a) De cinco días. (a)

b) De veinte días. (d)

c) De tres meses. (b)

d) De un mes. (c)

a) Sí, siempre que la carencia de fundamento sea temeraria. (d)

b) Sí. (b)

c) No. (a)

d) Sí, siempre que la carencia de fundamento sea manifiesta. (c)

a) Pueden interponerse directamente ante el órgano que dictó esta disposición. (a)

b) Tienen que interponerse directamente ante el órgano que dictó esta disposición. (b)

c) Tienen que interponerse directamente ante el órgano que dictó esta disposición o su superior. (d)

d) Pueden interponerse directamente ante el órgano que dictó esta disposición o su superior. (c)

a) Sí, siempre que el perjuicio sea grave e irreparable. (d)

b) Sí, porque todos los actos administrativos son susceptibles de recurso. (a)

c) Sí, siempre que el perjuicio sea grave. (b)

d) Sí, siempre que el perjuicio sea irreparable. (c)

a) Contra los actos de trámite, si estos actos inciden directamente en el fondo del asunto. (c)

b) Contra los actos de trámite, si estos actos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto. (b)

c) Contra los actos de trámite, si estos actos inciden directa o indirectamente en el fondo del asunto. (d)

d) Contra los actos de trámite, si estos actos deciden directamente el fondo del asunto. (a)

a) De tres meses. (c)

b) De un año. (d)

c) De seis meses. (b)

d) De cuatro años. (a)

a) No pueden ser enmendados. (c)

b) Pueden ser alegados por todos los interesados. (a)

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

d) No pueden ser alegados por quien los hubieran causado. (b)

a) Si la concurrencia de la circunstancia ha sido declarada por una sentencia judicial firme. (d)

b) Si la concurrencia de la circunstancia ha sido declarada por el órgano colegiado superior de la Administración pública de que se trate. (a)

c) Si la concurrencia de la circunstancia ha sido declarada, de forma firme, por el órgano colegiado superior de la Administración pública de que se trate. (b)

d) Si la concurrencia de la circunstancia ha sido declarada por el órgano colegiado superior de la Administración pública de que se trate, con el dictamen previo favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente. (c)

a) Suspende la ejecución del acto impugnado si se fundamenta en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho que prevé el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (c)

b) Suspende automáticamente la ejecución del acto impugnado si se fundamenta en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho que prevé el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (d)

c) No suspende la ejecución del acto impugnado. (b)

d) Suspende la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca el contrario. (a)

a) No se puede interponer recurso en vía administrativa. (c)

b) Sólo hay que interponer el recurso extraordinario de revisión. (a)

c) No se puede interponer ningún recurso. (b)

d) Hay que interponer recurso de alzada. (d)

a) El recurso de reposición. (a)

b) El recurso de alzada. (b)

c) Las respuestas a) y b) son correctas. (c)

d) Los dos recursos pueden ser sustituidos según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si bien no es la disposición referida la que así lo establece. (d)

a) Ante el ministro o consejero competente en materia de función pública. (b)

b) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

c) Ante este órgano. (a)

d) Ante el órgano al cual estén adscritos. (c)

a) El órgano, el centro o la unidad administrativa a que se dirige y su correspondiente código de identificación. (c)

b) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

c) El acto que se recorre, y se puede consignar la razón de su impugnación. (b)

d) El nombre y apellidos del recurrente, sin hacer constar su identificación personal. (a)

a) Se tiene que declarar la no admisión. (c)

b) Se tienen que desestimar las pretensiones formuladas en el recurso. (b)

c) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

d) Se tiene que estimar en todo o en parte las pretensiones formuladas en el recurso. (a)

a) En cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluyendo los defectos de forma. (d)

b) Exclusivamente en un motivo de anulabilidad. (b)

c) En cualquier motivo de nulidad o anulabilidad. (c)

d) Exclusivamente en un motivo de nulidad. (a)

a) Se deben tener en cuenta en la resolución de los recursos. (c)

b) El órgano competente para resolver tiene la potestad de decidir si se tienen en cuenta en la resolución de los recursos que dicte. (d)

c) No se deben tener en cuenta en la resolución de los recursos. (b)

d) Se deben tener en cuenta en la resolución de los recursos, a pesar de haberse aportado con posterioridad al trámite de alegaciones, si resultan relevantes para la resolución que dicte el órgano competente. (a)

a) Ante el mismo órgano que hubiera dictado el acto o ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto. (c)

b) Ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto. (b)

c) Se tiene que interponer ante el órgano que dictó el acto que se impugna o, en los casos expresamente que prevé la Ley, ante el órgano competente para resolverlo. (d)

d) Ante el mismo órgano que hubiera dictado el acto. (a)

a) Ser incompetente el órgano administrativo por razón de la materia. (c)

b) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente pertenezca a otra Administración pública. (d)

c) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente sea un superior jerárquico. (a)

d) Ser manifiestamente incompetente el órgano administrativo. (b)

a) Que la resolución se haya dictado como consecuencia de prevaricación. (a)

b) Que la resolución se haya dictado como consecuencia de prevaricación o soborno. (b)

c) Que la resolución se haya dictado como consecuencia de prevaricación, soborno, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible. (d)

d) Que la resolución se haya dictado como consecuencia de prevaricación, soborno u otro delito contra la Administración pública o contra la Administración de justicia. (c)

a) No, parque los actos de trámite no son recurribles. (b)

b) Sí, en determinados casos, aunque siempre hay la posibilidad de oponerse con la finalidad de que esta oposición sea considerada en la resolución que pone fin al procedimiento. (d)

c) Sí, porque en determinados casos es posible oponerse con la finalidad de que esta oposición sea considerada en la resolución que pone fin al procedimiento. (c)

d) Sí, porque todos los actos administrativos son susceptibles de recurso. (a)

a) Judicial. (b)

b) De naturaleza mixta. (c)

c) Impropio. (d)

d) Administrativo. (a)