a) Para determinar el régimen de suplencias de los consejeros y de la Secretaría del Consejo de Gobierno. (d)

b) El presidente no puede dictar disposiciones reglamentarias. (a)

c) Sólo para crear consejerías. (b)

d) Sólo para modificar la denominación de las consejerías. (c)

a) Puede derogarlo, mediante la aprobación de un nuevo reglamento. (a)

b) Puede revisarlo de oficio, previo dictamen del Consejo Consultivo. (b)

c) Puede revisarlo de oficio, con audiencia previa e información pública. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) Con unos antecedentes, que expresen la finalidad de las medidas adoptadas en la regulación y el marco normativo en que se inserta. (d)

b) Con una exposición motivada, que exprese la finalidad de las medidas adoptadas en la regulación y el marco normativo en que se inserta. (c)

c) Con un preámbulo, que exprese la finalidad de las medidas adoptadas en la regulación y el marco normativo en que se inserta. (b)

d) Con una exposición de motivos, que exprese la finalidad de las medidas adoptadas en la regulación y el marco normativo en que se inserta. (a)

a) Sólo en el caso de las dictadas por el presidente o por los consejeros. (d)

b) Sólo en el caso de las dictadas por el Gobierno. (a)

c) En todos los casos. (c)

d) Sólo en el caso de las dictadas por el Gobierno o por los consejeros. (b)

a) Han de ser publicadas. (a)

b) Vinculan directamente a los particulares. (b)

c) Pueden interpretar las leyes o los reglamentos. (d)

d) Su naturaleza jurídica es de acto administrativo. (c)

a) Siempre. (a)

b) En el caso de un reglamento de carácter organizativo. (b)

c) En el caso de un decreto que afecte a los derechos de los ciudadanos. (d)

d) En el caso de una orden de un consejero por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones. (c)

a) El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución, los estatutos de autonomía y el resto de leyes. (b)

b) El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria con carácter exclusivo. (d)

c) El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. (c)

d) El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y los estatutos de autonomía. (a)

a) El principio de jerarquía sirve para establecer reglas de resolución de conflictos entre leyes y reglamentos de un mismo subordenamiento jurídico. (a)

b) El principio de jerarquía sirve para establecer reglas de resolución de conflictos entre reglamentos de un mismo subordenamiento jurídico. (b)

c) Sólo la Constitución se impone jerárquicamente a cualquier norma, del rango que sea y de cualquier subordenamiento al que pertenezca. (c)

d) Las respuestas a) y b) son correctas. (d)

a) El presidente de Gobierno de las Illes Balears (c)

b) El consejero competente en la materia que tiene preponderancia. (a)

c) Los consejeros competentes en la materia. (b)

d) El consejero encargado de la Secretaría del Consejo de Gobierno. (d)

a) La Constitución no prevé ninguna referencia a la potestad reglamentaria de la Administración local, a pesar de que se entiende implícita en el artículo 122, al reconocerle autonomía para la gestión de sus intereses. (a)

b) La potestad reglamentaria de los entes locales en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears está recogida en el artículo 106 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears. (b)

c) La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, atribuye a los municipios la potestad reglamentaria y de autoorganización. (c)

d) Las respuestas b) y c) son correctas. (d)

a) De carácter general. (a)

b) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

c) Que emanan del poder ejecutivo en virtud de su potestad reglamentaria. (c)

d) De rango inferior a la ley. (b)

a) El reglamento de necesidad tiene carácter de permanencia en el ordenamiento jurídico. (d)

b) El reglamento de necesidad tiene carácter transitorio en el ordenamiento jurídico. (b)

c) El reglamento de necesidad implica la suspensión de la legalidad establecida. (a)

d) El reglamento de necesidad sólo se puede dictar por razón de la concurrencia de circunstancias extraordinarias. (c)

a) Un reglamento puede derogar una ley, siempre que no sea orgánica. (b)

b) Existen materias que no pueden ser reguladas por normas reglamentarias. (a)

c) Toda norma con rango de ley tiene fuerza derogatoria sobre cualquier reglamento. (c)

d) El reglamento es una norma general y abstracta, sin que se pueda referir a un sujeto concreto. (d)

a) Que la Ley regula la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que los afecten. (d)

b) La Constitución no contiene ninguna previsión en relación con la audiencia a los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas. (c)

c) Que la ley regula la audiencia de los ciudadanos, necesariamente de forma directa, y nunca a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que los afecten. (b)

d) Que la ley regula la audiencia de los ciudadanos, exclusivamente de manera indirecta a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que los afecten. (a)

a) Que las resoluciones administrativas de carácter particular pueden vulnerar los reglamentos únicamente cuando procedan del Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad. (b)

b) Que la vulneración de una disposición de alcance general por una de carácter particular requiere acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno. (d)

c) Que las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar las disposiciones reglamentarias a pesar de que aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. (c)

d) Que las resoluciones administrativas de carácter particular pueden vulnerar los reglamentos cuando procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. (a)

a) Para cada comunidad autónoma, el estatuto de autonomía respectivo. (b)

b) La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. (c)

c) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. (a)

d) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. (d)

a) Primero los decretos aprobados por el Consejo de Gobierno o por el presidente y segundo las órdenes de los consejeros. (c)

b) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

c) Primero los decretos aprobados por el Consejo de Gobierno y segundo las órdenes de los consejeros. (a)

d) Primero los decretos de los consejeros y segundo las resoluciones de los consejeros. (b)

a) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

b) El dictamen del Consejo Económico y Social cuando el anteproyecto de decreto regule de forma directa y estructural materias socioeconómicas, laborales y de ocupación. (a)

c) En caso de que se establezcan limitaciones para el acceso a actividades económicas y servicios, un informe que motive que concurren razones de interés general y que se respetan los principios de necesidad y proporcionalidad, en el marco de lo dispuesto en la legislación autonómica en materia de libre acceso a las actividades de servicios. (c)

d) En caso de regular un supuesto en que los efectos del silencio administrativo sean desestimatorios, un informe que motive las razones de interés general que lo justifiquen. (b)

a) Al fundamento de la función organizativa. (d)

b) Al fundamento de la potestad reglamentaria. (b)

c) Al fundamento de la función ejecutiva. (a)

d) Al fundamento de la Administración pública. (c)

a) Que el reglamento está jerárquicamente subordinado a la Constitución y a la ley, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución y el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. (c)

b) Que no hay jerarquía normativa entre reglamentos. (d)

c) Que las relaciones entre la ley y el reglamento son de competencia y no de jerarquía. (b)

d) Que el reglamento sólo está sujeto a la Constitución y a las leyes orgánicas por el principio de jerarquía. (a)

a) Que se puede declarar en cualquier momento, a instancia de parte o incluso de oficio por la propia Administración o por parte de los tribunales. (a)

b) Que requiere de la petición de las personas inmediatamente afectadas por la norma reglamentaria. (b)

c) Que el consentimiento de los afectados es intrascendente. (c)

d) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

a) Es un documento dinámico, que ha de ir actualizándose con la incorporación de los aspectos relevantes resultantes de las diferentes fases de la tramitación. (b)

b) Es un documento que ha de incorporar los contenidos siguientes: oportunidad de la propuesta normativa; análisis del impacto económico; análisis y valoración resumida de las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia pública y evaluación del cumplimiento de los principios de buena regulación. (c)

c) Es un documento que se redacta una vez completados los trámites que establecen los apartados 1 y 2 del artículo 59 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears. (a)

d) Es un documento que ha de incorporar los contenidos siguientes: oportunidad de la propuesta normativa, análisis del impacto económico y presupuestario, análisis y valoración resumida de las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia pública y evaluación del cumplimiento de los principios de buena regulación. (d)

a) Los reglamentos dictados por las entidades locales han de publicarse en el boletín oficial que corresponda. (d)

b) La entrada en vigor de los reglamentos aprobados por el Gobierno de la Nación requiere su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. (b)

c) De acuerdo con la Ley 1/2019, de 31 de enero, de Gobierno de las Illes Balears, en casos de urgencia y de forma excepcional, la entrada en vigor de determinados reglamentos aprobados por el Consejo de Gobierno requiere únicamente su publicación en extracto en el Boletín Oficial de las Illes Balears. (c)

d) El control de las normas reglamentarias dictadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. (a)

a) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia y simplificación. (d)

b) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia, calidad y simplificación. (c)

c) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia, y simplificación. (b)

d) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, calidad y simplificación. (a)

a) El estudio ha de incluirse en la memoria de impacto normativo. (b)

b) Ha de elaborarse previamente a la resolución del consejero por la que se inicia el procedimiento. (c)

c) Sólo se elabora si se trata de reglamentos que se dicten en materia presupuestaria. (d)

d) Sólo ha de elaborarse en los procedimientos que se tramitan de forma ordinaria. (a)

a) Procedimiento ordinario y procedimiento simplificado. (a)

b) Procedimiento ordinario, procedimiento de urgencia y procedimiento abreviado. (c)

c) Procedimiento ordinario y procedimiento de urgencia. (b)

d) Procedimiento ordinario, procedimiento de urgencia y procedimiento simplificado. (d)

a) En el artículo 40. (b)

b) En el artículo 48. (c)

c) En el artículo 50. (d)

d) En el artículo 30. (a)

a) Una manifestación de la potestad reglamentaria del Gobierno. (a)

b) Una norma con rango de ley del Gobierno que se dicta en supuestos de urgente necesidad. (c)

c) Una norma con rango de ley del Gobierno que requiere autorización de las Cortes Generales. (b)

d) Una disposición administrativa de carácter general emanada de un ministerio. (d)

a) No es susceptible de recurso contencioso administrativo. (b)

b) No está subordinado a la ley, sino que está al mismo nivel de la ley. (a)

c) A pesar de su denominación, no tiene naturaleza de disposición reglamentaria. (c)

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. (d)

a) Sólo en las materias propias de sus departamentos cuando las disposiciones tengan por objeto regular la organización y el funcionamiento de los servicios de la consejería o cuando lo autorice una ley o un decreto del Gobierno, y de acuerdo con la legislación básica. (c)

b) Sólo en las materias propias de sus departamentos cuando las disposiciones tengan por objeto regular la organización y el funcionamiento de los servicios de la consejería o cuando lo autorice una ley o un decreto del Gobierno, y de acuerdo con la legislación ordinaria. (d)

c) Sólo en las materias propias de sus departamentos. (b)

d) Los consejeros no pueden dictar disposiciones reglamentarias. (a)

a) A los consejeros. (b)

b) Al Gobierno de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 57. (a)

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

d) A los Consejos Insulares, de acuerdo con el artículo 58. (c)

a) Como cualquier disposición jurídica de carácter singular dictada por la Administración pública y subordinada a la ley. (a)

b) Como cualquier disposición jurídica de carácter general dictada por el Gobierno y la Administración pública, subordinada a la ley. (c)

c) Como cualquier disposición administrativa dictada en el seno de un procedimiento, con efectos erga omnes. (d)

d) Como cualquier disposición jurídica dictada por el Gobierno y la Administración en virtud de la delegación normativa efectuada a su favor por las Cortes Generales. (b)

a) Por el sujeto del cual proceden: estatales, autonómicos y locales. (a)

b) Por sus efectos: jurídicos y normativos. (b)

c) Por su relación con la ley: ejecutivos, independientes y de necesidad. (c)

d) Las respuestas a) y c) son correctas. (d)

a) Sí, pero el órgano judicial que conozca del recurso indirecto nunca puede anularlo, sino que habrá necesariamente de plantear la cuestión de ilegalidad. (d)

b) Sí, lo anulará el órgano judicial que conozca del recurso indirecto si es competente también para conocer del recurso directo contra el reglamento; si no lo es, tendrá que plantear la cuestión de ilegalidad. (b)

c) No, sólo a su inaplicación. (a)

d) Sí, lo anulará el órgano judicial que conozca del recurso indirecto sea o no competente también para conocer del recurso directo contra el reglamento. (c)

a) La estimación del impacto potencial del proyecto normativo en la situación de las mujeres y de los hombres como colectivo. (a)

b) El análisis de las repercusiones positivas o adversas, en materia de igualdad, de la actividad proyectada. (c)

c) La estimación del impacto potencial del proyecto normativo en la situación de las mujeres y de los hombres como colectivo y el análisis de las repercusiones positivas o adversas, en materia de igualdad, de la actividad proyectada. (b)

d) La estimación del impacto potencial del proyecto normativo en la situación de las mujeres y de los hombres como colectivo; también el análisis de las repercusiones positivas o adversas, en materia de igualdad, de la actividad proyectada, y las medidas propuestas para eliminar las adversas, en su caso. (d)

a) Aplicarlo hasta que el Tribunal Constitucional declare su nulidad. (a)

b) No aplicarlo, dado que los funcionarios están sujetos a la Constitución y a la ley. (b)

c) Aplicarlo si así lo impone una instrucción o una orden de servicio. (c)

d) Las respuestas b) y c) son correctas. (d)

a) Los reglamentos no pueden impugnarse ante el Tribunal Constitucional, sólo ante la jurisdicción contenciosa administrativa. (a)

b) Sólo por infracciones de derechos constitucionales. (c)

c) Pueden impugnarse tanto por infracciones de índole competencial como también sustantivas o de contenido material. (b)

d) Sólo puede hacerlo con autorización previa de las Cortes Generales. (d)

a) Que las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son aprobadas por el Gobierno o por el presidente, y de resolución si las aprueba el consejero. (b)

b) Que las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son aprobadas por el Gobierno o por el presidente, y de orden si son aprobadas por los consejeros. (d)

c) Que las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son aprobadas por el Consejo de Gobierno; de acuerdo si las aprueba el presidente y de orden, en el supuesto de que sea el consejero quién las apruebe. (a)

d) Que las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son aprobadas por el Gobierno o por los consejeros y de orden si las aprueba la presidenta. (c)

a) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

b) El reglamento que infringe la ley se considera en todo caso validable. (c)

c) El reglamento que infringe la ley se considera en todo caso anulable. (a)

d) El reglamento que infringe la ley se considera en todo caso nulo de pleno derecho. (b)

a) Si, cuando una norma con fuerza de ley así lo permita. (b)

b) Sí, en el caso de una materia reservada al reglamento. (a)

c) No, porque en nuestro derecho no existe el principio de reserva reglamentaria. (d)

d) No, porque los reglamentos sólo pueden desarrollar y complementar aquello que establecen las leyes. (c)

a) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

b) Para la elaboración de textos consolidados de reglamentos. (b)

c) Para la elaboración de textos consolidados siempre que no incluyan la armonización, la aclaración o la regulación de los reglamentos que se consolidan. (c)

d) En casos de urgente necesidad. (a)

a) Infracciones administrativas. (c)

b) Prestaciones patrimoniales de carácter público. (a)

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

d) Exacciones parafiscales. (b)

a) El trámite de audiencia sólo está abierto a los ciudadanos que tienen la condición de interesados. (d)

b) La necesidad del trámite de audiencia deriva del artículo 105 de la Constitución. (a)

c) El trámite de audiencia puede practicarse por medio de las entidades reconocidas por la ley que agrupen o representen a los interesados. (c)

d) El trámite de audiencia es necesario siempre que la disposición que se pretende aprobar afecte los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. (b)

a) La memoria de impacto normativo es potestativa. (d)

b) Los plazos de las audiencias y de la información pública se reducen a ocho días. (c)

c) Puede acordarse cuando sea necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido por una ley de carácter básico. (b)

d) Puede acordarse cuando sea necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la transposición de directivas comunitarias. (a)

a) No, las medidas excepcionales sólo pueden establecerse en el seno del procedimiento administrativo común que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común. (a)

b) No, las medidas excepcionales sólo pueden establecerse en el seno del procedimiento administrativo común que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, iniciado a instancia del interesado. (b)

c) Si, excepcionalmente puede encomendarse al órgano competente por razón de la materia que adopte motivadamente las medidas provisionales que considere adecuadas y necesarias para asegurar la eficacia de la regulación que prevé establecerse. (c)

d) Si, excepcionalmente puede encomendarse al órgano competente por razón de la materia que adopte motivadamente las medidas provisionales que considere adecuadas y necesarias para asegurar la eficacia de la regulación que se prevé establecer, sin que sea necesario dar audiencia previa a las personas directamente afectadas. (d)

a) En los supuestos previstos en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. (b)

b) En los supuestos previstos en las letras a, c, y f del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. (a)

c) Sólo en el supuesto de que declaren la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables. (c)

d) La Administración sólo puede revisar de oficio los actos nulos de pleno derecho, no los reglamentos. (d)

a) Al Gobierno de la nación y a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas. (a)

b) Al Gobierno de la nación. (c)

c) Al Gobierno de la nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, a los órganos de gobierno locales y a las entidades del sector público institucional. (d)

d) Al Gobierno de la nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y a los órganos de gobierno locales. (b)

a) Tres meses computables desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. (a)

b) Dos meses computables desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. (b)

c) Un mes computable desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. (d)

d) Los ciudadanos no pueden interponer un recurso directo contra un reglamento. (c)

a) Sí. (b)

b) Solamente los principios recogidos en el artículo 103 de la Constitución. (a)

c) Sólo opera como límite el principio de no arbitrariedad de los poderes públicos. (d)

d) No; los límites materiales de los reglamentos son la Constitución, los estatutos de autonomía y las normas con rango de ley. (c)

a) El reglamento es controlable por el poder judicial. (b)

b) El reglamento puede suplir a la ley en los casos recogidos en la Constitución. (d)

c) Los decretos legislativos son reglamentos. (a)

d) El reglamento puede dejar sin efecto una ley o contradecirla. (c)

a) Independientes. (b)

b) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

c) De necesidad. (a)

d) Ejecutivos. (c)

a) Si, porque el reglamento del IVA y la resolución de carácter particular tienen el mismo rango jerárquico. (c)

b) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

c) No, porque lo impide el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, establecido en el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común. (b)

d) Sí, por razones de interés general. (a)

a) Sí, en todo caso. (a)

b) Sí, siempre que se traten de faltas leves. (b)

c) Sí, siempre que se traten de faltas leves y las sanciones no superen los 100 € de multa. (c)

d) No, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración respecto de la ley. (d)

a) Que ambas emanan del ejecutivo. (c)

b) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

c) Que ambas son normas jurídicas. (a)

d) Que ambas emanan de la voluntad popular. (b)

a) El reglamento independiente necesita de habilitación normativa. (c)

b) El reglamento de necesidad tiene una extensión temporal ilimitada y precisa de una norma posterior que lo derogue. (b)

c) El reglamento independiente no puede abordar ni entrar a regular ningún ámbito normativo externo a la Administración. (a)

d) El reglamento ejecutivo se denomina también reglamento praeter legem. (d)

a) Informe de la Secretaría General de la consejería correspondiente referido a la adecuación del procedimiento seguido, informe de impacto de género en el supuesto previsto en el artículo 62 de la Ley 1/2019 y audiencia a las consejerías afectadas, en su caso. (c)

b) Informe de la Secretaría General de la consejería correspondiente referido a la adecuación del procedimiento seguido, informe de impacto de género en el supuesto previsto en el artículo 62 de la Ley 1/2019 y memoria del análisis de impacto normativo. (d)

c) Informe de la Secretaría General de la consejería correspondiente referido a la adecuación del procedimiento seguido e informe de impacto de género, en los casos en que de las normas objeto de consolidación no se hubiera emitido este informe en el momento en que se tramitaron. (b)

d) Informe de la Secretaría General de la consejería correspondiente referido a la adecuación del procedimiento seguido e informe de impacto de género en todo caso. (a)

a) Ex tunc. (c)

b) Ex tunc, sólo para los ciudadanos que hayan denunciado la ilegalidad del reglamento. (a)

c) Ex nunc. (b)

d) Ex nunc, sólo para los ciudadanos que hayan denunciado la ilegalidad del reglamento. (d)

a) Los que regulan materias sobre las que la Constitución ha previsto expresamente una reserva reglamentaria. (a)

b) Los que regulan materias en las que no se ha producido una previa regulación por ley y que no están protegidas por reserva material de ley. (b)

c) Los que regulan materias sobre las que la Constitución ha previsto expresamente una reserva reglamentaria, así como aquellos que regulan materias en las que no se ha producido una previa regulación por ley y que no están protegidas por reserva material de ley. (c)

d) En España no puede haber reglamentos independientes, dado que la Constitución no ha previsto expresamente una reserva reglamentaria. (d)

a) Es no preceptivo y vinculante. (c)

b) Es preceptivo y no vinculante. (b)

c) Es no preceptivo y no vinculante. (d)

d) Es preceptivo y vinculante. (a)

a) La facultad del Gobierno y de la Administración de dictar disposiciones administrativas. (b)

b) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

c) La facultad del Gobierno y de la Administración de crear normas jurídicas, incluidas las de carácter singular. (a)

d) La facultad del Gobierno y de la Administración de crear de normas jurídicas de carácter general, sometidas a la Constitución y a la ley. (c)

a) Es nulo de pleno derecho. (c)

b) Es anulable. (b)

c) Puede ser convalidado. (a)

d) Es nulo de pleno derecho; no obstante, el plazo para declarar la nulidad o impugnarlo es de un año, de acuerdo con lo que prevé la Ley 39/2017, de 30 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. (d)

a) Los que desarrollan y complementan una ley. (b)

b) Los que regulan materias en las que no se ha producido una previa regulación por ley y que no están protegidas por reserva material de ley. (a)

c) Los que regulan materias sobre las que la Constitución española ha previsto una reserva reglamentaria. (d)

d) Los que dicta la Administración para hacer frente a riesgos extraordinarios, suspendiendo la vigencia de las leyes a las cuales contradicen mientras dure la situación de emergencia. (c)

a) No aplicarlo siempre que lo haya alegado la parte recurrente. (d)

b) Puede no aplicarlo, dada la independencia del poder judicial. (c)

c) No aplicarlo, ateniéndose a la obligación establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial de no aplicar los reglamentos o cualquiera otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. (b)

d) Aplicarlo hasta que el Tribunal Constitucional declare su nulidad. (a)

a) Sin perjuicio de que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos desde el momento de su aprobación, pueden publicarse en el diario oficial que corresponda cuando se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse. (b)

b) Únicamente pueden publicarse en el diario oficial correspondiente cuando una disposición específica así lo establezca. (c)

c) Sólo deben publicarse si se dictan en desarrollo de una ley y ésta así lo haya previsto. (d)

d) Deben publicarse en el diario oficial que corresponda para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. (a)

a) Puede instarse a un órgano administrativo que interponga un recurso directo, porque un particular no puede ir contra una norma reglamentaria. (d)

b) Puede impugnarse a través de un recurso indirecto contra un acto administrativo que aplique este reglamento ilegal. (b)

c) Nada, porque el reglamento ya es firme, por lo que sólo puede anularlo el Tribunal Constitucional. (a)

d) Sólo puede interponer una querella penal contra la autoridad que lo aprobó. (c)

a) Reglamento ejecutivo. (a)

b) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (d)

c) Reglamento independiente. (b)

d) Reglamento de necesidad. (c)

a) No es necesaria la consulta pública cuando se trata de la aprobación de normas reglamentarias de carácter presupuestario. (a)

b) No es necesaria la consulta pública cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. (b)

c) No es necesaria la consulta pública cuando las normas tengan incidencia jurídica relevante. (d)

d) No es necesaria la consulta pública en casos de tramitación urgente del procedimiento normativo. (c)