1. ¿Cuáles son, según la doctrina clásica, las formas de acción administrativa?
a) La actividad contractual, la de policía y la de servicio público.
b) La actividad de fomento y la de servicio público.
c) La actividad de fomento, la de policía, la de contratación y la de servicio público.
d) La actividad de fomento, la de policía y la de servicio público.
2. Indica cuál de las siguientes son características de los servicios públicos:
a) Tienen por objeto la satisfacción de un interés general y una necesidad de la colectividad.
b) Su régimen jurídico es de derecho privado.
c) Se rigen, entre otros, por los principios de continuidad, igualdad, neutralidad, variabilidad y generalidad.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
3. Señala la respuesta incorrecta. Para que una actividad se considere de servicio público, es necesario:
a) Que la preste directamente la Administración.
b) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
c) Que contenga una prestación positiva en beneficio de los particulares.
d) Que se trate de una actividad empresarial.
4. En el ordenamiento jurídico español, el servicio público se ha definido en función:
a) De la persona jurídica que presta el servicio: los servicios públicos son gestionados directamente por la Administración.
b) De la titularidad del servicio: la titularidad del servicio público corresponde a la Administración.
c) De su inserción en el mercado: la actividad de servicio público se ejerce en régimen de libre competencia.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
5. Señala la respuesta correcta en relación con los servicios públicos y la Constitución española:
a) La Constitución define los servicios públicos como los servicios que presta la Administración y que responden al interés general de los ciudadanos.
b) La Constitución prevé la posibilidad de reservar servicios esenciales mediante una ley, especialmente en caso de monopolio.
c) La Constitución prevé la posibilidad de establecer una asignación a las Comunidades Autónomas para garantizar un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales, en todo el territorio español.
d) Las respuestas b) y c) son correctas.
6. En el ámbito de la Unión Europea, el concepto de servicio público se utiliza a menudo de manera ambigua; por eso, en general no se utiliza este término sino que se usa una terminología distinta. ¿Cuál es esta terminología?
a) Servicios de interés general.
b) Servicios de interés general comunitario.
c) Servicios públicos europeos.
d) Servicios de interés público.
7. De acuerdo con la Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 2011 denominada Un marco de calidad para los servicios de interés general en Europa, cuáles son las categorías de servicios de interés general:
a) El concepto de servicio de interés general es único.
b) Servicios de interés económico general, servicios no económicos y servicios sociales de interés general.
c) Servicios de interés económico general y servicios no económicos.
d) Servicios de interés económico general y servicios sociales de interés general.
8. Los servicios de interés económico general:
a) Pueden ser prestados por empresarios.
b) Son servicios básicos que se prestan a cambio de una remuneración.
c) Todas las respuestas anteriores son correctas.
d) Están sujetos a las normas europeas de competencia y mercado interior.
9. De acuerdo con la clasificación de los servicios de interés general efectuada por la Unión Europea, la educación y el sistema nacional de salud:
a) No son servicios de interés general.
b) Pueden ser prestados por la Administración.
c) Son servicios de interés general no económicos.
d) Son servicios sociales de interés general.
10. Los servicios que atienden las necesidades de los ciudadanos más vulnerables y que se basan en los principios de solidaridad e igualdad de acceso:
a) Se gestionan directamente por los poderes públicos.
b) Son servicios de interés general no económicos.
c) Son servicios sociales de interés general.
d) No son servicios de interés general.
11. Indica la respuesta incorrecta en relación con los servicios a los que se imponen obligaciones de servicio universal:
a) Los servicios que tienen obligaciones de servicio universal son servicios cuya prestación se garantiza para todos los consumidores con independencia condicionada a su localización geográfica.
b) El servicio de telecomunicaciones tiene obligaciones de servicio universal.
c) El servicio universal se presta en condiciones de neutralidad tecnológica, con una calidad determinada y a un precio razonable.
d) El servicio universal se presta en condiciones de neutralidad tecnológica, con una calidad determinada y a un precio asequible.
12. La Ley 11/2022, de 28 de junio, general de telecomunicaciones dispone:
a) Que las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia.
b) Que el secreto de las comunicaciones es una obligación de servicio público.
c) Que las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de monopolio.
13. La limpieza viaria y el alcantarillado son servicios públicos:
a) Que los ayuntamientos pueden gestionar de forma directa o de forma indirecta.
b) Que han de prestarse en régimen de monopolio.
c) Competencia de los ayuntamientos, que han de prestarse mediante gestión directa.
d) Que los ayuntamientos pueden prestar mediante un contrato de concesión de servicios.
14. De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, señala cuál de los siguientes son servicios públicos que deben prestar los municipios con población superior a 5.000 habitantes:
a) Cementerio, protección civil y extinción de incendios.
b) Cementerio y atención a personas en situación o riesgo de exclusión social.
c) Cementerio, abastecimiento domiciliario de agua potable, pavimentación de las vías públicas.
d) Cementerio y transporte colectivo urbano de viajeros.
15. ¿Es posible que una Comunidad Autónoma delegue en un municipio servicios públicos de su competencia?
a) No, la competencia en cuanto a los servicios públicos es indelegable.
b) Sí, al objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa a pesar de que no genere un ahorro limpio de recursos.
c) Sí, al objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro limpio de recursos.
d) Sólo se pueden delegar servicios públicos en casos de urgente necesidad y para evitar duplicidades administrativas.
16. Los servicios públicos de gestión pública son:
a) Aquellos que pueden ser objeto de prestación por particulares mediante alguna de las fórmulas previstas legalmente en materia de contratación.
b) Aquellos que pueden ser prestados al público en general a través del sector privado, aunque la prestación está sometida a una estricta reglamentación por parte de la Administración.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
d) Aquellos que no pueden ser objeto de prestación por particulares porque responden a la noción de función pública que ejerce la Administración pública institucional.
17. ¿Es posible que la Administración del Estado delegue en un municipio servicios públicos de su competencia?
a) Sí, al objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa a pesar de que no genere un ahorro limpio de recursos.
b) Sí, al objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro limpio de recursos.
c) Sólo se pueden delegar servicios públicos en casos de urgente necesidad y para evitar duplicidades administrativas.
d) No, la competencia en cuanto a los servicios públicos es indelegable.
18. Señala el servicio público que no puede ser delegado por la Administración del Estado en los municipios:
a) Servicios postales.
b) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
c) Prestación de los servicios sociales.
d) Creación, mantenimiento y gestión de escuelas infantiles.
19. Para crear servicios públicos, las entidades locales de las Illes Balears:
a) Debe aprobarse un reglamento por el que se regule el servicio, si bien puede aprobarse con posterioridad al inicio de la prestación.
b) La aprobación de un reglamento que regule el servicio público sólo es exigible a los municipios de más de 50.000 habitantes.
c) No es necesario que se acuerde expresamente su creación.
d) Deben acordar de manera expresa la creación del servicio público local.
20. De acuerdo con el Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, los servicios públicos locales han de gestionarse:
a) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
b) Indirectamente, excepto los servicios que impliquen ejercicio de autoridad.
c) Directamente.
d) Indirectamente.
21. De acuerdo con la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, las formas de gestión de los servicios públicos locales son:
a) Gestión directa y gestión indirecta.
b) Gestión directa y gestión mixta.
c) Gestión directa y gestión concertada.
d) Gestión indirecta y gestión mixta.
22. La Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, dispone que los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad:
a) No pueden prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad mercantil de capital social exclusivamente local.
c) No pueden prestarse por gestión indirecta, excepto que se preste mediante sociedad mercantil de capital mixto.
d) Se pueden prestar indirectamente mediante sociedad mercantil de capital social exclusivamente local.
23. En cuanto a la utilización de servicios públicos, ¿puede el Ayuntamiento de Palma establecer ventajas económicas en beneficio de los grupos sociales de menor capacidad económica, en cuanto a la utilización de servicios públicos?
a) No es posible, porque resulta contrario al principio constitucional de igualdad.
b) No, está prohibido expresamente por la normativa comunitaria.
c) Sí, porque lo permite la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears.
d) Sí; así lo prevé el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
24. Indica cuál de las siguientes no es una forma de gestión directa de los servicios públicos:
a) Gestión a través de un organismo autónomo.
b) Gestión mediante una entidad pública empresarial.
c) Gestión mediante una sociedad mercantil de titularidad privada.
d) Gestión por la propia Administración pública.
25. De acuerdo con la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, si un servicio público local se presta en régimen de monopolio, significa:
a) Que un servicio público lo presta un único empresario.
b) Que se trata de un servicio público en el que no es posible la libre concurrencia.
c) Que se trata de un servicio público esencial reservado mediante una ley a los entes locales.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
26. De acuerdo con la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, para que un servicio público se preste en régimen de monopolio, se requiere:
a) El acuerdo del pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y la aprobación del consejo, que ha de otorgarse sólo si lo aconsejan razones de seguridad, salubridad u orden público.
b) El acuerdo del pleno por mayoría absoluta del número de miembros de la corporación presentes a la sesión, y la aprobación del consejo, que ha de otorgarse si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada o lo aconsejen razones de seguridad, salubridad u orden público.
c) El acuerdo del pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y la aprobación del consejo, que ha de otorgarse sólo si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada.
d) El acuerdo del pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y la aprobación del consejo, que ha de otorgarse si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada o lo aconsejen razones de seguridad, salubridad u orden público.
27. La gestión directa de un servicio público por parte de la Administración puede llevarse a cabo:
a) Mediante un organismo autónomo o una entidad pública empresarial.
b) Mediante medios propios no personificados.
c) Mediante medios propios personificados.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
28. En el caso de gestión directa de un servicio público con medios propios no personificados, ¿puede contar la Administración con medios privados?
a) Sí, siempre que la Administración ejecute la parte esencial del servicio y el empresario lo que resulte complementario.
b) Sí, en todo caso; el artículo 30 de la Ley de Contratos del Sector Público reconoce la ejecución directa de prestaciones por parte de la Administración pública con la colaboración de empresarios particulares.
c) No, si la colaboración es para atender a los usuarios de forma directa.
29. Señala la respuesta incorrecta. Son formas de gestión directa de la Administración:
a) El encargo a medios propios personificados.
b) La ejecución por un organismo autónomo dependiente.
c) La concesión de autorización o licencia a una entidad sin ánimo de lucro.
d) La ejecución por una entidad pública empresarial.
30. Para que un organismo autónomo ejecute un servicio público, se requiere:
a) Que subscriba un contrato con la Administración de la cual depende.
b) Que la ley de creación así lo disponga.
c) Los organismos autónomos no pueden gestionar servicios públicos.
d) Que se le otorgue autorización o licencia para ejecutarlo.
31. Los servicios públicos que implican ejercicio de autoridad han de ejercerse:
a) Todas las respuestas anteriores son correctas.
b) En régimen de gestión directa.
c) En régimen de libre concurrencia.
d) En régimen de monopolio.
32. Indica cuál o cuáles de las siguientes no es un forma de gestionar indirectamente un servicio público:
a) La concesión.
b) El contrato de gestión de servicios públicos.
c) El concierto.
d) El contrato de servicios a las personas.
33. La gestión indirecta de servicios públicos puede llevarse a cabo:
a) Mediante un contrato de servicios que comporte prestaciones directas a la ciudadanía.
b) Todas las respuestas anteriores son correctas.
c) Mediante un contrato de concesión de servicios.
d) Mediante concierto, gestión delegada u otras modalidades reguladas a la legislación autonómica.
34. Señala la respuesta incorrecta. El artículo 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, declara la reserva a favor de las entidades locales de algunas actividades o servicios esenciales:
a) Alumbrado público.
b) Transporte público de viajeros.
c) Abastecimiento y depuración de aguas.
d) Recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos.
35. La prestación por entidades privadas de servicios públicos destinados a satisfacer necesidades de carácter social, ¿está sometida a la normativa de contratación?
a) No; la Directiva 2014/24 reconoce a los poderes públicos la libertad para prestar por sí mismos los servicios a las personas, y para organizarlos de forma que no sea necesario subscribir contratos públicos.
b) Sí; se trata de una relación contractual entre la Administración y un empresario, por lo cual está sujeta a la Directiva 24/2004/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y a la Ley 9/2017, de 30 de noviembre, de contratos del sector público.
c) No; estos servicios quedan excluidos de la Ley de contratos del sector público de acuerdo con el artículo 11 y la disposición adicional cuadragésimo novena de esta Ley.
d) La satisfacción de necesidades de carácter social puede prestarse mediante un contrato de concesión de servicios o un contrato de servicios, o bien mediante otras fórmulas no contractuales, como el concierto.
36. ¿La prestación de servicios sociales por entidades privadas está excluida de la Ley de contratos del sector público?
a) Sí, siempre que se lleve a cabo sin necesidad de subscribir contratos públicos, a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones que el poder adjudicador haya fijado previamente, sin límites ni cuotas, y que el sistema mencionado garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no-discriminación.
b) No, la Ley de contratos del sector público regula dos tipos de contratos mediante los cuales se prestan servicios sociales o a las personas: el contrato de servicios y el de concesión de servicios.
c) Sí, siempre que se lleve a cabo sin necesidad de subscribir contratos públicos, a través de la simple financiación de estos servicios a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que el sistema mencionado se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.
d) Sí, siempre que se lleve a cabo a través de concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por la Ley sin límites ni cuantías.
37. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, ¿qué ley regula la acción concertada de servicios sociales a las personas?
a) La Ley 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector de acción social.
b) La Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social a la comunidad autónoma de las Illes Balears.
c) La Ley 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector de acción social de las Illes Balears.
d) La Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios sociales a la comunidad autónoma de las Illes Balears.
38. El régimen de acción concertada se define, en la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Illes Balears, cómo:
a) La prestación por terceros de servicios sociales incluidos en la cartera de servicios sociales recogidos en la cartera común del Sistema Nacional de Ocupación, en los que la financiación, el acceso y el control administrativo son públicos.
b) La prestación por terceros de servicios sociales incluidos en la cartera de servicios sociales y del servicio de orientación profesional recogido en la cartera común del Sistema Nacional de Ocupación, la financiación, el acceso y el control administrativo de los cuales son públicos.
c) La prestación por terceros de servicios sociales incluidos en la cartera de servicios sociales y el servicio de orientación profesional recogido en la cartera común del Sistema Nacional de Ocupación, y en los cuales el acceso y el control administrativo son públicos.
d) La prestación por terceros de servicios sociales incluidos en la cartera de servicios sociales y el servicio de orientación profesional recogido en la cartera común del Sistema Nacional de Ocupación, en los cuales la financiación y el control administrativo son públicos.
39. La acción concertada con terceros para la prestación a las personas de servicios sociales se ajustará a los principios siguientes:
a) Subsidiariedad, igualdad, eficiencia presupuestaria, transparencia, intencionalidad social y ambiental, calidad asistencial y libre elección de las personas usuarias.
b) Solidaridad, transparencia, eficiencia presupuestaria, subsidiariedad, participación, publicidad, calidad asistencial y no discriminación.
c) Subsidiariedad, igualdad, eficiencia presupuestaria, solidaridad, no discriminación, transparencia, publicidad, intencionalidad social y ambiental, participación, calidad asistencial y libre elección y arraigo de las personas usuarias.
d) Subsidiariedad, solidaridad, eficiencia presupuestaria, transparencia, intencionalidad social y ambiental, calidad asistencial y libre elección de las personas usuarias.
40. ¿Cuál o cuáles de los servicios siguientes pueden ser objeto de concierto, de acuerdo con la Ley 1272018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Illes Balears?
a) Los servicios administrativos de administración general.
b) Los servicios de inserción laboral.
c) Los servicios de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia.
41. ¿Quién puede subscribir acuerdos de acción concertada de servicios a las personas en el ámbito social en las Illes Balears?
a) Las personas físicas o jurídicas de carácter privado, con o sin ánimo de lucro, sea cual sea la forma jurídica que adopten, que presten los servicios objeto del concierto y lo soliciten expresamente en los plazos y la forma que se determine.
b) Todas las entidades del tercer sector de acción social que presten los servicios objeto del concierto.
c) Las personas físicas o jurídicas a las cuales hace referencia la opción a), sólo en los servicios declarados de interés económico general.
42. Indica cuál o cuáles de los siguientes servicios pueden ser objeto de acción concertada, de acuerdo con la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Illes Balears:
a) Todos los servicios anteriores pueden ser objeto de acción concertada.
b) Servicio de acompañamiento para personas con discapacidad.
c) Servicios de tutela para personas con discapacidad.
d) Servicio de búsqueda de trabajo para personas con discapacidad.
43. ¿Cuál es la duración máxima que pueden tener los acuerdos de acción concertada en el ámbito social en las Illes Balears?
a) Tres años.
b) Cinco años.
c) Diez años.
d) Doce años.
44. ¿Puede gestionarse un servicio público mediante un contrato de servicios de los regulados en la Ley de contratos del sector público?
a) En ningún caso.
b) No, los contratos de servicios son aquellos que se prestan directamente a la Administración contratante.
c) Sólo puede gestionarse un servicio público mediante un contrato de concesión de servicios.
d) Sí, mediante un contrato de servicios que comporten prestaciones directas a favor de la ciudadanía.
45. De acuerdo con la Ley de contratos del sector público, la duración de un contrato de servicios a las personas puede ser:
a) Diez años, como máximo.
b) Más de tres años cuando sea necesario para la continuidad de aquellos tratamientos a los usuarios en que el cambio del prestador pueda repercutir negativamente.
c) En todo caso, de cinco años como máximo.
d) Más de cinco años cuando sea necesario para la continuidad de aquellos tratamientos a los usuarios en que el cambio del prestador pueda repercutir negativamente.
46. En los contratos de servicios sociales dirigidos a las personas que se lleven a cabo en la comunidad autónoma de las Illes Balears, la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Illes Balears, establece una solvencia económica y financiera referida al volumen de negocios en el ámbito de las actividades correspondientes al objeto del contrato en relación, como máximo, con los tres últimos ejercicios disponibles, que nunca ha de ser inferior:
a) Al 75 % del presupuesto base de licitación.
b) Al 75 % del valor estimado del contrato.
c) Al 50 % del presupuesto base de licitación.
d) Al 50 % del valor estimado del contrato.
47. El plazo máximo de duración de los contratos de servicios sociales a personas en la comunidad autónoma de las Illes Balears establecido en la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Illes Balears, es:
a) De seis años, salvo que sea necesario un plazo mayor por circunstancias debidamente justificadas.
b) De tres años.
c) De diez años.
d) De cinco años.
48. De acuerdo con la Ley de contratos del sector público, ¿qué prescripciones han de cumplirse para contratar un servicio que comporte prestaciones directas a favor de la ciudadanía?
a) Debe haberse establecido el régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de aquella, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados y regule los aspectos de carácter jurídico y económico relativos a la prestación del servicio.
b) Debe haberse establecido el régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración como propia, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.
c) Debe haberse establecido el régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de aquella, que determine el alcance de las prestaciones a favor de los administrados y que regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.
d) Debe haberse establecido el régimen jurídico, que determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.
49. ¿En qué casos la Administración puede acordar el secuestro o la intervención del servicio público gestionado por un contratista de un servicio de prestaciones directas a favor de la ciudadanía?
a) El secuestro es aplicable a las concesiones, no al contrato de servicios que comporten prestaciones directas a favor de la ciudadanía.
b) Cuando a causa del incumplimiento por parte del contratista se derive una perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio y la Administración no decide resolver el contrato.
c) Cuando por causas ajenas al contratista se derive una perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio.
d) Cuando por causas ajenas al concesionario se derive una perturbación muy grave y no reparable por otros medios en el servicio y la Administración no decide resolver el contrato.
50. ¿Es posible que una administración que ha de licitar un contrato para la prestación de determinados servicios sociales reserve la participación en la licitación a ciertas organizaciones?
a) Sí, la Ley de contratos del sector público lo permite.
b) No, porque lo prohíbe la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública.
c) No, esto supondría una vulneración del principio de libre concurrencia establecido en la Ley de contratos del sector público y las directivas comunitarias sobre contratación.
d) No, porque lo prohíbe la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
51. La Ley de contratos del sector público permite que los órganos de contratación de los poderes adjudicadores puedan reservar a determinadas organizaciones el derecho a participar en los procedimientos de licitación de ciertos contratos de carácter social. Indica cuál de los siguientes son requisitos que han de concurrir en estas organizaciones para poder participar en las licitaciones:
a) Que el objetivo de la organización sea la realización de una misión de servicio público vinculada a la prestación de los servicios que se han de contratar.
b) Que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el contrato se basen en la propiedad de los empleados o en principios de participación, o exijan la participación activa de los empleados, los usuarios o las partes interesadas.
c) Que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el contrato se basen en la propiedad de los empleados o de los accionistas o en principios de participación, o exijan la participación activa de los usuarios o las partes interesadas.
52. De acuerdo con la Ley de contratos del sector público, ¿cuál es la duración máxima de un contrato para la prestación de servicios sociales que se haya reservado a determinadas organizaciones?
c) Dos años, prorrogables por dos años más.
d) Diez años.
53. De acuerdo con el artículo 284 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:
a) La Administración puede gestionar directamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares.
b) La Administración puede gestionar directamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia a pesar de que no sean susceptibles de explotación económica por particulares.
c) La Administración puede gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia a pesar de que no sean susceptibles de explotación económica por particulares.
d) La Administración puede gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares.
54. Señala la respuesta correcta en cuanto a la posibilidad de gestionar un servicio público mediante un contrato de concesión de servicios:
a) La Ley de contratos del sector público permite la gestión indirecta de un servicio público mediante un contrato de concesión de servicios incluso si el servicio implica ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
b) Puede gestionarse el servicio público mediante concesión, siempre que no implique la construcción de una obra, caso en que se tiene que calificar de concesión de obra.
c) Puede gestionarse un servicio público mediante concesión siempre que el servicio sea susceptible de explotación económica por parte de particulares.
d) Los servicios públicos no pueden ser objeto de concesión.
55. ¿En qué caso puede adjudicarse directamente un contrato de concesión de un servicio público?:
a) La Ley de contratos del sector público permite la adjudicación directa de un contrato de concesión a una sociedad de economía mixta, siempre que no se trate de la concesión de un servicio público.
b) En el supuesto de que el adjudicatario sea una sociedad de economía mixta en la que concurra capital público mayoritariamente con capital privado.
d) La Ley de contratos del sector público no permite la adjudicación directa de un contrato de concesión.
56. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, ¿cuáles son los requisitos que han de cumplirse previamente a la contratación de la concesión de un servicio público?
a) Debe establecerse el régimen jurídico, declarar expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración como propia, determinar el alcance de las prestaciones en favor de los administrados y regular los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.
b) Debe establecerse el régimen jurídico, determinar el alcance de las prestaciones en favor de los administrados y regular los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.
c) Debe establecerse el régimen jurídico, declarar expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración como propia, determinar el alcance de las prestaciones en favor de los administrados y regular los aspectos de carácter jurídico y económico relativos a la prestación del servicio.
d) Debe establecerse el régimen jurídico, declarar expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración como propia, y regular los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.
57. La asunción del riesgo operacional como elemento distintivo del contrato de concesión de servicios, supone:
a) Que no está garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el contratista recupere las inversiones realizadas.
b) Que no está garantizado que, en condiciones anormales de funcionamiento, el contratista recupere las inversiones realizadas.
c) Que no está garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el contratista cubra los costes en qué haya incurrido como consecuencia de la explotación del servicio que sea objeto de concesión, a pesar de que tenga derecho a ser indemnizado por la Administración en el caso de pérdidas.
58. El contrato de concesión de servicios:
a) Puede suponer la gestión indirecta de un servicio público.
b) Supone siempre la gestión indirecta de un servicio público.
c) Supone la gestión directa de un servicio público por parte de la Administración mediante un empresario intermediario.
d) No puede gestionar en ningún caso un servicio que implique ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos, salvo que lo autorice una ley.
59. ¿Cuál puede ser la duración máxima de un contrato de concesión de servicios cuando el objeto es la gestión de un servicio público?
a) Cuarenta años, si comprende la ejecución de obras y la explotación de servicio.
c) Veinticinco años, en el supuesto de que comprenda la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.
d) Diez años, si comprende la explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no incluya la ejecución de obras.
60. Cuando el contrato de concesión de servicios recae sobre un servicio público:
a) Las instalaciones fijas necesarias para la prestación del servicio no pueden ser objeto de hipoteca.
b) El concesionario tiene la facultad de oponerse a las instrucciones de la Administración, dado que asume el riesgo operacional.
c) La Administración conserva los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate.
d) El contrato no se puede modificar.
61. ¿Cuál es la diferencia más significativa entre un contrato de concesión de servicios y un contrato de servicios que comporte prestaciones directas a favor de la ciudadanía, cuando se gestiona en ambos casos un servicio público?
a) La diferencia más significativa recae en el objeto del contrato.
b) La diferencia más significativa es la traslación del riesgo operacional al concesionario en el contrato de concesión.
c) No hay ninguna diferencia entre uno y otro contrato.
d) La diferencia más significativa es la duración del contrato.
62. Indica cuál de las siguientes opciones no es una obligación del concesionario de servicios:
a) Cuidar del buen orden del servicio, para lo cual podrá dictar las instrucciones oportunas.
b) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que se hayan establecido.
c) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, incluso cuando el daño se produzca por causas imputables a la Administración.
d) Continuar con la prestación del servicio a la finalización del contrato hasta que se formalice uno nuevo.
63. ¿Cuál de las siguientes son causas de resolución de una concesión de servicios?
a) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
b) El rescate.
c) La demora superior a tres meses por parte de la Administración en la entrega al concesionario de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato.
d) La intervención de la concesión por un plazo superior a dos años sin que el concesionario haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones.
64. ¿Qué significa la reversión en el contrato de concesión de un servicio público?
a) Que el servicio pasa a manos de la Administración una vez finalizado el plazo de la concesión.
b) Que los bienes afectos a la concesión que tengan que revertir a la Administración pueden ser objeto de embargo.
c) La resolución del contrato.
65. ------- (la 1, la correcta)
a) 1
b) 2
c) 4
d) 3
66. ¿En qué casos la Administración puede acordar el secuestro o la intervención del servicio público gestionado por un concesionario?
a) Cuando por causas ajenas al concesionario se derive una perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio.
b) Cuando a causa del incumplimiento por parte del concesionario se derive una perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio.
c) Cuando por causas ajenas al concesionario se derive una perturbación muy grave y no reparable por otros medios en el servicio.
67. En los expedientes de los contratos de concesión de servicios, ¿cuál es el documento que fija las tarifas que, en su caso, han de abonar los usuarios de un servicio público?
a) En las concesiones de servicio público los usuarios no abonan tarifas.
b) El pliego de prescripciones técnicas particulares.
c) El pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) El estudio de viabilidad.
