1. Según el art. 51 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en los procedimientos para la concesión de ayudas y de subvenciones públicas, ¿qué efectos tiene el silencio administrativo?
a) Se produce la caducidad del procedimiento.
b) Se produce la prescripción del derecho.
c) La solicitud se entiende desestimada.
d) La solicitud se entiende estimada.
2. Según el art. 84.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, son formas de terminación del procedimiento:
a) La resolución, el allanamiento, la renuncia y la declaración de caducidad.
b) La resolución, el desistimiento, la prescripción, y la declaración de caducidad.
c) La resolución, el desistimiento, el allanamiento, la renuncia y la declaración de caducidad.
d) La resolución, el desistimiento, la renuncia y la declaración de caducidad.
3. Según el art. 101.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se seguirá el procedimiento de apremio:
a) Cuando en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida.
b) Cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
c) Cuando en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida y se cuente con la oportuna autorización judicial.
d) Cuando los actos administrativos impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar.
4. Según el art. 34.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿de acuerdo con qué norma se exigirán los intereses que procedan por la demora en el pago de la indemnización fijada en los procedimientos de responsabilidad patrimonial?
a) La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
b) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.
d) La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.
5. Según el art. 90.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente:
a) Se podrá fijar mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será firme en vía administrativa.
b) Se retrotraerá el procedimiento a la fase de instrucción a fin de que el órgano instructor cuantifique los daños o perjuicios.
c) Se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva.
d) Se fijará mediante un nuevo procedimiento contradictorio, cuya resolución no será firme en vía administrativa.
6. Según el art. 88.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando haya cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados:
a) El órgano competente podrá pronunciarse sobre estas cuestiones, poniéndolo antes de manifiesto a los interesados por un plazo no superior a quince días.
b) El órgano competente podrá pronunciarse sobre estas cuestiones, y debe conceder un plazo de siete días a los interesados para formular las alegaciones que tengan por pertinentes.
c) El órgano instructor podrá pronunciarse sobre estas cuestiones, poniéndolo antes de manifiesto a los interesados por un plazo no superior a diez días.
d) El órgano competente podrá pronunciarse sobre estas cuestiones, poniéndolo antes de manifiesto a los interesados por un plazo no inferior a quince días.
7. Según el art. 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos:
a) Harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.
b) No harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.
c) Harán prueba de éstos.
d) No harán prueba de éstos.
8. Según el art. 95.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, contra la resolución que declare la caducidad:
a) Los interesados podrán manifestar su oposición cuando la resolución sea firme en vía administrativa.
b) Procederán los recursos pertinentes.
c) Se podrán presentar alegaciones en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince.
d) No se podrá interponer ningún recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos.
9. Según el art. 81.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, el plazo para dictar resolución:
a) Podrá quedar suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe del Consejo General del Poder Judicial y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de dos meses.
b) Quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe del Consejo General del Poder Judicial y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de dos meses.
c) Podrá quedar suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe del Consejo General del Poder Judicial y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de un mes.
d) Quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe del Consejo General del Poder Judicial y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de un mes.
10. Según el art. 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el plazo para realizar alegaciones en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas es:
a) No inferior a quince días.
b) No inferior a diez días.
c) De diez días.
d) De quince días.
11. Según el art. 90.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando la resolución que ponga fin a los procedimientos de carácter sancionador sea ejecutiva:
a) Se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso ordinario en vía administrativa.
b) Se suspenderá cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso ordinario en vía administrativa.
c) Se suspenderá cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución definitiva en vía administrativa.
d) Se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa.
12. Según el art. 50.3 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos sancionadores abreviados respecto de los cuales la comunidad autónoma dispone de competencia normativa, es:
a) De un año, salvo que la normativa procedimental de carácter específico fije un plazo superior.
b) De un año.
c) De seis meses.
d) De seis meses, salvo que la normativa procedimental de carácter específico fije un plazo superior.
13. Según el art. 88.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las resoluciones:
a) Podrán contener la decisión, que podrá ser motivada en los casos a que se refiere el artículo 37.
b) Podrán contener la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35.
c) Contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35.
d) Contendrán la decisión, que podrá ser motivada en los casos a que se refiere el artículo 37.
14. Según el art. 64.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la incoación de un procedimiento de naturaleza sancionadora se comunicará al denunciante:
a) Cuando sea interesado en el procedimiento.
b) En ningún caso.
c) Todas las respuestas son incorrectas.
d) Cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean.
15. Según el art. 29.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las sanciones administrativas:
a) Pueden ser de naturaleza pecuniaria.
b) Todas las respuestas son correctas.
c) Pueden ser de naturaleza no pecuniaria.
d) No pueden implicar privación de libertad.
16. Según el art. 85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la efectividad de las reducciones del importe de la sanción:
a) Estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía judicial contra la sanción.
b) Estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa o judicial contra la sanción.
c) No estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
d) Estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
17. De acuerdo con el art. 64.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el acuerdo de iniciación de los procedimientos de naturaleza sancionadora:
a) Se notificará al inculpado únicamente cuando pueda ser interesado en el procedimiento.
b) Debe contener la identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
c) Se notificará al instructor del procedimiento de acuerdo con los artículos 40 a 46 de esta Ley.
d) Debe designar siempre un secretario.
18. Según el art. 27.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:
a) Las infracciones administrativas se clasificarán en leves, graves y muy graves.
b) Las infracciones y las sanciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves.
c) Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves.
d) Las infracciones y las sanciones administrativas se clasificarán en leves, graves y muy graves.
19. Según el art. 90.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes:
a) En un plazo no superior a diez días.
b) En el plazo de quince días.
c) En un plazo no inferior a diez días ni superior a quince.
d) En un plazo no inferior a quince días.
20. Según el art. 32.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley producirá efectos:
a) Desde la fecha en que se dicte.
b) Desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que en ella se establezca otra cosa.
c) Desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
d) Desde la fecha en que se dicte, salvo que en ella se establezca otra cosa.
21. Según el art. 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el derecho a reclamar responsabilidad patrimonial:
a) Caduca al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización.
b) Caduca al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
c) Prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización.
d) Prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
22. Según el art. 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, se excluye la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas:
a) En los casos de fuerza mayor.
b) En los casos de daños imprevistos.
c) Todas las respuestas son correctas.
d) En los casos de emergencia.
23. Según el art. 34.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los casos de responsabilidad patrimonial que sean consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores:
a) A la fecha de la notificación de la sentencia.
b) A la fecha de la publicación de la sentencia.
c) A la fecha de la publicación de la sentencia, salvo que la sentencia disponga otra cosa.
d) A la fecha de la notificación de la sentencia, salvo que la sentencia disponga otra cosa.
24. Según el art. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el dictamen emitido por el Consejo de Estado en los procedimientos de responsabilidad patrimonial debe pronunciarse sobre:
a) La existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida.
b) En su caso, la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización.
c) La existencia de negligencia en la actuación administrativa.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
25. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 83.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo al trámite de información pública:
a) La duración de este trámite no será inferior a diez días ni superior a quince.
b) El plazo para presentar alegaciones será de treinta días.
c) Quienes presenten alegaciones u observaciones tendrán la condición de interesados en el procedimiento.
d) Quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada.
26. Según el art. 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial el plazo para la emisión del informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable:
a) Será de quince días.
b) No podrá ser inferior a diez días.
c) No podrá exceder de quince días.
d) No podrá exceder de diez días.
27. Según el art. 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en defecto de una ley específica prescriben al año:
a) Las infracciones leves y las sanciones impuestas por faltas leves.
b) Las sanciones impuestas por faltas leves.
c) Las infracciones leves.
28. Según el art. 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, se puede apreciar reincidencia:
a) Por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución definitiva en vía administrativa.
b) Por comisión en el término de un año de más de una infracción cuando así haya sido declarado por resolución definitiva en vía administrativa.
c) Por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
d) Por comisión en el término de un año de más de una infracción cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
29. Según el art. 50.3.a) de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos sancionadores ordinarios respecto de los cuales la Comunidad Autónoma dispone de competencia normativa, es:
a) De tres meses.
d) De un mes.
30. Según el art. 29.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, constituye una infracción continuada:
a) La realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.
b) Todas las respuestas son incorrectas.
c) La realización de una pluralidad de acciones u omisiones en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.
d) La realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos.
31. Según el art. 32.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿en cuál de los siguientes supuestos puede surgir la responsabilidad patrimonial del Estado legislador?
a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al ordenamiento jurídico.
b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al derecho internacional.
c) Cuando los daños deriven de la aplicación de una ley o una disposición general contraria al ordenamiento jurídico.
d) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional.
32. Según el art. 35 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza:
a) Su responsabilidad se exigirá de conformidad con el derecho privado.
b) Su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado.
c) Su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, salvo cuando concurra con sujetos de derecho privado.
d) Su responsabilidad se exigirá de conformidad con el derecho privado cuando concurra con sujetos de derecho privado.
33. Según el art. 28.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la indemnización por los daños y perjuicios que se deriven de una infracción administrativa:
a) Será determinada por el órgano perjudicado y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora.
b) Será determinada y exigida por el órgano al que corresponda instruir el procedimiento de apremio.
c) Será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora.
d) Será determinada y exigida por los órganos competentes.
34. Según el art. 26.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes:
a) En el momento que sean probados los hechos constitutivos de una infracción administrativa.
b) En el momento de la iniciación del procedimiento sancionador.
c) En el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.
d) En el momento de resolver el procedimiento sancionador.
35. Según el art. 95.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) La caducidad producirá la prescripción de las acciones del particular o de la Administración.
b) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración.
c) La prescripción no producirá por sí sola la caducidad de las acciones del particular o de la Administración.
d) La prescripción producirá la caducidad de las acciones del particular o de la Administración.
36. Según el art. 52 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, las medidas de ejecución previstas en los acuerdos y las resoluciones:
a) Deberán ser ordenadas por el superior jerárquico del órgano que las hubiera dictado.
b) Deberán ser ordenadas por el mismo órgano que las hubiera dictado.
c) Podrán ser ordenadas por el mismo órgano que las hubiera dictado.
d) Podrán ser ordenadas por el mismo órgano que las hubiera dictado o por el órgano superior jerárquico.
37. Según el art. 36.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, para exigir responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, los particulares se dirigirán:
a) Directamente a las autoridades y personal a su servicio.
b) Indistintamente a la Administración Pública o a las autoridades y personal a su servicio.
c) Directamente a las autoridades y personal a su servicio, y subsidiariamente a la Administración Pública.
d) Directamente a la Administración Pública correspondiente.
38. Según el art. 96.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando el órgano competente considere que hay elementos de juicio suficientes para calificar una infracción como leve:
a) Podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento, salvo que alguno de los interesados manifieste su oposición expresa.
b) Deberá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento, sin que quepa oposición expresa por parte del interesado.
c) Deberá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento, salvo que alguno de los interesados manifieste su oposición expresa.
d) Podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento, sin que quepa oposición expresa por parte del interesado.
39. Según el art. 82.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el trámite de audiencia será:
a) Anterior a la fase de prueba.
b) Anterior a la fase de información pública.
c) Anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico.
d) Posterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico.
40. Según el art. 28.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuándo pueden ser sancionados los grupos de afectados?
a) Cuando una ley, un reglamento o su estatuto les reconozca capacidad de obrar.
b) Cuando su estatuto les reconozca capacidad de obrar.
c) Cuando una ley o un reglamento les reconozca capacidad de obrar.
d) Cuando una ley les reconozca capacidad de obrar.
41. Según el art. 30.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuándo vuelve a transcurrir el plazo de prescripción de las sanciones?
a) Cuando el procedimiento esté paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
b) Cuando el procedimiento esté paralizado durante más de un mes.
c) Cuando el procedimiento esté paralizado durante menos de un mes por causa no imputable al infractor.
d) Cuando el procedimiento esté paralizado durante más de un mes por causa imputable al infractor.
42. ¿En cuál de los supuestos siguientes puede imponerse la multa coercitiva según el art. 103.1, letra b), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas?
a) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros.
b) En los actos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar.
c) En los actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente.
d) Cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados
43. Según el art. 34.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los casos de responsabilidad patrimonial, ¿cuál de los siguientes requisitos es necesario para sustituir la indemnización por una compensación en especie?
a) Que exista acuerdo con el interesado y se prevea en las normas sectoriales específicas.
b) Que exista acuerdo con el interesado y no esté prohibido en las normas sectoriales específicas.
c) Que exista acuerdo con el interesado.
d) Que exista acuerdo con el interesado y no haya disponibilidad presupuestaria para abonar la indemnización durante el año en curso.
44. Según el art. 62.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo al inicio del procedimiento por denuncia:
a) Las denuncias deberán calificar jurídicamente la infracción cometida.
b) Las denuncias se podrán presentar anónimamente.
c) Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan.
d) Las denuncias siempre deberán identificar a los presuntos responsables.
45. Según el art. 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el plazo de audiencia en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas es:
a) No inferior a diez días.
b) De diez días.
c) Inferior a quince días.
d) Todas las respuestas son incorrectas.
46. Según el art. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean:
a) De cuantía igual o superior a 50.000 euros.
b) De cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica.
c) De cuantía igual o superior a 30.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica.
d) De cuantía igual o superior a 30.000 euros.
47. Según el art. 83.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se podrá acordar un período de información pública:
a) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija.
b) Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
c) Cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera.
d) Cuando hubiera otros interesados en el procedimiento, a fin de que aleguen cuanto estimen procedente.
48. Según el art. 64.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el acuerdo de iniciación de los procedimientos de naturaleza sancionadora contendrá:
a) La posible calificación de los hechos.
b) Las sanciones que pudieran corresponder.
c) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento.
d) Todas las respuestas son correctas.
49. Según el art. 60.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se entiende por orden superior:
a) La emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento.
b) La emitida por por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el procedimiento.
c) El acto por el que cualquier persona pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento.
50. Según el art. 99 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las Administraciones Públicas pueden proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos:
a) A través de sus órganos, con la autorización previa del órgano judicial competente.
b) A través del órgano judicial competente.
c) A través de sus órganos competentes, salvo que la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.
d) A través del órgano judicial competente, con la autorización previa del Consejo de Ministros o del órgano equivalente de las comunidades autónomas.
51. Según el art. 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las actuaciones complementarias serán acordadas:
a) Por el órgano competente para resolver.
b) Por el instructor del procedimiento.
c) Por el órgano instructor o el órgano competente para resolver.
d) Por el órgano competente para dictar la resolución de inicio.
52. Según el art. 32.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿en cuál de los siguientes supuestos procede la indemnización por las lesiones que sean consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional?
a) Cuando el particular hubiera obtenido sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño.
b) Cuando el particular hubiera obtenido sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
c) Cuando el particular hubiera obtenido sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
d) Cuando el particular hubiera obtenido sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño.
53. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con el art. 78.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo a la práctica de la prueba:
a) El interesado puede nombrar técnicos para que le asistan.
b) Las pruebas cuya realización implique gastos para la Administración serán pagadas por el interesado.
c) La Administración comunicará a los interesados, con una antelación no inferior a diez días ni superior a quince, el inicio del período de prueba.
d) Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad siempre harán prueba de su contenido.
54. Según el art. 28.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores:
a) Podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación.
b) Deberán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación.
c) No podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación.
d) Podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes no se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación.
55. Según el art. 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuándo se podrá prescindir del trámite de audiencia?
b) Cuando lo requiera la naturaleza del procedimiento.
c) Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
d) Cuando los interesados en el procedimiento sean desconocidos o se ignore el lugar de la notificación.
56. Según el art. 30.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuándo se interrumpe la prescripción de las sanciones?
a) Cuando se inicia, con conocimiento del interesado, el procedimiento de ejecución.
b) Cuando se inicia el procedimiento de ejecución.
c) Cuando se inicia un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora.
d) Cuando se inicia, con conocimiento del interesado, un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora.
57. Según el art. 102.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, habrá lugar a la ejecución subsidiaria:
b) Cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado y se disponga de la correspondiente autorización judicial.
c) Cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
58. Según el art. 34.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños:
a) Que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
b) Que éste tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
c) Que éste no tenga el deber jurídico de soportar.
d) Que éste tenga el deber jurídico de soportar.
59. Según el art. 100.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las Administraciones Públicas pueden entrar en el domicilio del afectado sin autorización judicial:
a) Cuando el afectado manifieste su consentimiento en un proceso judicial.
b) Cuando así lo disponga una resolución administrativa.
c) Con el consentimiento del afectado.
d) Con el informe previo y vinculante del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico.
60. Según el art. 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento:
a) Normal o anormal de los servicios públicos.
b) Anormal o irregular de los servicios públicos.
c) Normal de los servicios públicos.
d) Normal, anormal o regular de los servicios públicos.
61. Según el art. 47 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el cómputo del plazo establecido para resolver y notificar empezará a computarse:
a) Desde la fecha de presentación de la solicitud en el registro.
b) Desde la fecha de la solicitud.
c) Desde la fecha de nombramiento del instructor.
d) Desde la fecha de entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
62. Según el art. 32.9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿en cuál de los siguientes supuestos habrá responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos?
a) Todas las respuestas son correctas.
b) Cuando sean consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por el contratista.
c) Cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración.
d) Cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa del contratista.
63. Según el art. 89.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿en cuál de los siguientes supuestos el órgano instructor debe resolver la finalización del procedimiento sancionador con el archivo de las actuaciones?
a) Cuando los hechos constituyan una infracción manifiesta.
b) Cuando se concluya que ha caducado la infracción.
c) Cuando los hechos no resulten acreditados.
d) Cuando el instructor no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados.
64. Según el art. 28.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, los patrimonios independientes o autónomos:
a) Podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa cuando una ley les reconozca capacidad de obrar.
b) No podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa cuando una ley les reconozca capacidad de obrar.
c) No podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa.
d) Podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa.
65. Según el art. 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento de naturaleza sancionadora:
a) Éste podrá ser considerado resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
b) Éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando no contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
c) Éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
d) Éste podrá ser considerado resolución cuando no contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
66. Según el art. 86.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los pactos y los acuerdos que suscriban las Administraciones Públicas:
a) Deberán establecer las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia.
b) Deberán publicarse en el boletín oficial que corresponda.
d) Requerirán la aprobación del Consejo de Gobierno cuando supongan una alteración de las competencias atribuidas a otras Administraciones Públicas.
67. Según el art. 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿en qué plazo deben practicarse las actuaciones complementarias?
a) En un plazo no inferior a diez días ni superior a quince.
b) En un plazo no inferior a quince días.
c) En un plazo no superior a quince días.
d) En un plazo no superior a diez días.
68. Según el art. 25.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las disposiciones de este Capítulo:
a) Serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio.
b) Serán extensivas al ejercicio por las entidades del sector público de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio.
c) No podrán hacerse extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio.
d) Podrán hacerse extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio.
69. Según el art. 25.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando:
a) Haya sido expresamente reconocida por una norma de rango legal o reglamentario.
b) No esté prohibida por una norma con rango de Ley.
c) Haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley.
d) No esté prohibida por una norma de rango legal o reglamentario.
70. Según el art. 98.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos:
a) Aunque se produzca la suspensión de la ejecución del acto.
b) Salvo que se trate de un procedimiento de responsabilidad patrimonial.
c) Salvo que se produzca la suspensión de la ejecución del acto.
d) Aunque se trate de un procedimiento de tramitación simplificada.
71. Según el art. 80.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el informe emitido fuera de plazo por una administración pública distinta de la que tramita el procedimiento:
a) No podrá ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
b) No podrá ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución, salvo lo dispuesto en la normativa sectorial específica.
c) Podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
d) Deberá ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
72. Según el art. 104.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando se imponga una obligación personalísima de hacer y el obligado no realice la prestación:
a) Se liquidarán los daños y perjuicios de forma provisional, a reserva de la liquidación definitiva.
b) Se aplicarán los medios de ejecución forzosa respetando el principio de proporcionalidad.
c) Habrá lugar a la ejecución subsidiaria del acto en vía administrativa.
d) El obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía administrativa.
73. Según el art. 34.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los casos de responsabilidad patrimonial la indemnización procedente:
a) Se sustituirá por una compensación en especie cuando haya razones imperiosas de interés general.
b) Podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos.
c) Se sustituirá por una compensación en especie o será abonada mediante pagos periódicos.
d) Será abonada mediante pagos periódicos cuando no exista disponibilidad presupuestaria.
74. ¿Qué daños no son indemnizables según el art. 34.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público?
a) Los que sean consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos.
b) Los que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.
c) Los causados por una norma con rango de ley.
75. Según el art. 34.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, para calcular la indemnización en los casos de muerte o lesiones corporales:
a) Se tomará como referencia la valoración incluida en los baremos de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
b) Se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
c) Se tomará como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
d) Se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
76. Según el art. 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en defecto de una ley específica las infracciones leves prescriben:
a) Al mes.
b) A los seis meses.
c) A los tres meses.
d) Al año.
77. Según el art. 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo a los procedimientos de responsabilidad patrimonial, ¿qué carácter tiene el informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable?
a) Preceptivo y vinculante.
b) Preceptivo.
c) Facultativo.
d) Facultativo y no vinculante.
78. El art. 29.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, dispone que:
a) El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
b) El establecimiento de sanciones deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
c) El establecimiento de sanciones podrá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
d) El establecimiento de sanciones pecuniarias podrá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
79. Según el art. 91.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando la Administración no cumpla la obligación de resolver y notificar el procedimiento de responsabilidad patrimonial en el plazo de seis meses:
a) La solicitud podrá entenderse estimada por silencio administrativo.
b) La indemnización se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será firme en vía administrativa.
c) Podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
d) Se producirá la caducidad del procedimiento.
80. Según el art. 85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las reducciones en el importe de la sanción por reconocimiento de la responsabilidad y por pago voluntario anterior a la resolución:
a) Serán como máximo del 20%, siendo éstos acumulables entre sí.
b) Serán como máximo del 20%, no siendo éstos acumulables entre sí.
c) Serán de al menos el 20 %, siendo éstos acumulables entre sí.
d) Serán de al menos el 20 %, no siendo éstos acumulables entre sí.
81. Según el art. 67.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las solicitudes de responsabilidad patrimonial irán acompañadas de:
a) Cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba.
b) Cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos.
c) Cuantas alegaciones se estimen oportunas.
d) Cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos, de la proposición de prueba y del trámite de audiencia.
82. Según el art. 33.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular:
a) En todo caso, de forma mancomunada.
b) De forma mancomunada, salvo que en los acuerdos se establezca un régimen distinto.
c) De forma mancomunada, salvo que en los acuerdos se establezca la responsabilidad solidaria.
d) En todo caso, de forma solidaria.
83. Según el art. 91.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial será necesario que la resolución se pronuncie sobre:
a) La existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida.
c) La valoración del daño causado, cuando proceda.
d) La cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda.
84. Según el art. 80.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿en qué plazo serán emitidos los informes?
b) En un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez.
c) En el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
d) En el plazo de quince días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
85. Según el art. 29.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver:
a) Podrá calificar la infracción en el grado inferior.
b) Deberá calificar la infracción en el grado inferior.
c) Deberá imponer la sanción en el grado inferior.
d) Podrá imponer la sanción en el grado inferior.
86. Según el art. 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas, la propuesta de resolución se formulará en un plazo de:
a) Cinco días a contar desde la conclusión de la fase de prueba.
b) Diez días a contar desde la conclusión de la fase de prueba.
c) Cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
d) Diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
87. Según el art. 26.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor:
a) Incluso respecto de las sanciones cumplidas al entrar en vigor la nueva disposición.
b) Incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
c) Salvo las sanciones pendientes de recurso al entrar en vigor la nueva disposición.
d) Salvo las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
88. Según el art. 77.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el período extraordinario de prueba se abrirá:
a) Cuando el instructor lo considere necesario, a petición de los interesados, por un plazo no superior a diez días.
b) Cuando el instructor lo considere necesario, por un plazo no superior a diez días.
c) Cuando el instructor lo considere necesario, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez.
d) Cuando el instructor lo considere necesario, a petición de los interesados, por un plazo no superior a quince días.
89. El porcentaje de reducción de la sanción previsto en el art. 85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) No podrá ser incrementado.
b) No podrá ser incrementado reglamentariamente.
c) Solamente podrá ser incrementado mediante una ley sectorial específica.
d) Podrá ser incrementado reglamentariamente.
90. Según el art. 75.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse:
a) En la forma que resulte más conveniente para la Administración y atendiendo al interés público.
b) En la forma que resulte más conveniente para el órgano instructor.
c) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.
d) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con el horario de atención al público.
91. Según el art. 32.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los supuestos de responsabilidad patrimonial el daño alegado debe ser:
a) Efectivo, material, evaluable económicamente e individualizado.
b) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
c) Efectivo, material, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
d) Efectivo y evaluable económicamente.
92. Según el art. 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:
a) La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
b) La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos administrativos no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
c) La anulación por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
d) La anulación en vía administrativa de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
93. Según el art. 63.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) No se podrán imponer sanciones por faltas graves o muy graves sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento.
b) En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento.
c) No se podrá imponer ninguna sanción sin que se haya tramitado el procedimiento sancionador que regula el título IV de esta Ley.
d) En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento, salvo en los casos en que la legislación específica lo autorice.
94. Según el art. 80.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de no emitirse el informe en el plazo señalado:
a) Se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se deberá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver.
b) No se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se deberá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver.
c) Se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver.
d) Se podrán proseguir las actuaciones cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se deberá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver.
95. Según el art. 83.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la incomparecencia en el trámite de información pública:
a) Implicará la renuncia del interesado a su pretensión en el procedimiento.
b) Implicará la pérdida de la condición de interesado.
c) No impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.
d) Impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.
96. Según el art. 94.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿de qué plazo disponen los terceros interesados para instar la continuación del procedimiento en caso de desistimiento o renuncia?
a) Siete días.
b) Diez días.
c) Quince días.
d) Un plazo no inferior a quince días.
97. Según el art. 32.7 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por:
a) La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
b) La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
c) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
d) La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
98. Según el art. 96.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en los procedimientos de tramitación simplificada el dictamen del Consejo de Estado:
a) Deberá ser emitido en el plazo de quince días.
b) Podrá ser emitido en el plazo de quince días si así lo solicita el órgano competente.
c) Deberá ser emitido en el plazo de diez días.
d) Deberá ser emitido en el plazo de un mes.
99. Según el art. 77.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se abrirá un período de prueba:
a) A petición de los interesados, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por éstos o cuando la naturaleza del procedimiento lo exija.
b) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija.
c) A petición de los interesados, cuando la naturaleza del procedimiento lo exija.
d) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados.
100. Según el art. 30.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuándo se interrumpe la prescripción de la infracción?
a) Con la iniciación de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora.
b) Con la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento de información reservada.
c) Con la iniciación, con conocimiento del órgano instructor y del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora.
d) Con la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora.
101. Según el art. 50.2 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa, éste será de:
a) Seis meses.
b) Tres meses.
c) Un mes.
d) Un año.
102. Según el art. 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el plazo para la práctica de pruebas en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas es:
a) Inferior a quince días.
b) No inferior a diez días ni superior a treinta.
103. Según el art. 96.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando se haya iniciado la tramitación simplificada del procedimiento, el órgano competente podrá continuar con arreglo a la tramitación ordinaria en cualquier momento del procedimiento:
a) Anterior al período de prueba.
b) Anterior al trámite de audiencia.
c) Anterior a su resolución.
d) Anterior al trámite de información pública.
104. Según el art. 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las sanciones impuestas por faltas graves prescriben:
a) A los tres años.
b) A los dos años.
c) Según lo dispuesto en las leyes que las establezcan, y en su defecto, a los dos años.
d) Según lo dispuesto en las leyes que las establezcan, y en su defecto, al año.
105. Según el art. 78.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿en qué casos la Administración podrá exigir el pago de los gastos de la práctica de pruebas?
a) En los casos en que deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración.
b) En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración.
c) En los casos en que deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que deba soportar la Administración.
d) En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que deba soportar la Administración.
106. Según el art. 36.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la Administración exigirá responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal a su servicio:
a) De oficio por vía judicial.
b) De oficio en vía administrativa, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
c) De oficio por vía judicial, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
d) De oficio en vía administrativa o por vía judicial, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
107. Según el art. 37.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas:
a) Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan.
b) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan.
c) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
d) Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
108. Según el art. 90.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la resolución de los procedimientos de carácter sancionador incluirá:
a) La valoración de las pruebas practicadas después del trámite de audiencia.
b) La valoración de las pruebas practicadas, con excepción de aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión.
c) La valoración de las pruebas que no se han podido practicar.
d) La valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión.
109. Según el art. 65.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuál es el plazo para presentar alegaciones en los procedimientos de responsabilidad patrimonial?
a) Diez días, a contar desde que se dicta el acuerdo de iniciación del procedimiento.
b) Quince días, a contar desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento.
c) No hay ningún plazo específico para presentar alegaciones.
d) Diez días, a contar desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento.
110. Según el art. 94.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento:
a) La Administración no podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia.
b) La Administración deberá limitar los efectos de la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.
c) La Administración podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y seguirá el procedimiento.
d) La Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.
111. Según el art. 96.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria:
a) Cuando todos los interesados manifiesten su oposición expresa a la tramitación simplificada.
b) Cuando la mayoría de los interesados manifieste su oposición expresa a la tramitación simplificada.
c) Cuando alguno de los interesados manifieste su oposición expresa a la tramitación simplificada.
d) Cuando alguno de los interesados manifieste su conformidad a la tramitación simplificada.
112. ¿Cuál de los siguientes criterios de cuantificación de la sanción no se cita en el art. 36.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, relativo a la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas?
a) La responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.
b) La reiteración.
c) El resultado dañoso producido.
d) El grado de culpabilidad.
113. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 94.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) En los procedimientos iniciados de oficio y a instancia de parte, la Administración podrá desistir motivadamente.
b) En los procedimientos iniciados de oficio, los interesados podrán desistir y renunciar a sus derechos.
c) En los procedimientos iniciados a instancia de parte, los interesados podrán desistir de su solicitud.
d) En los procedimientos iniciados a instancia de parte, la Administración podrá desistir motivadamente.
114. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta según el art. 50 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears:
a) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa en todos los procedimientos de competencia de la Comunidad Autónoma es de seis meses.
b) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos sancionadores ordinarios es de un año, salvo que la normativa procedimental de carácter específico establezca un plazo superior.
c) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos sancionadores abreviados es de seis meses, salvo que la normativa procedimental de carácter específico establezca un plazo superior.
d) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos de competencia de la Comunidad Autónoma es el que fije la norma reguladora del procedimiento correspondiente, y en su defecto el plazo será de seis meses.
115. Según el art. 30.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el plazo de prescripción de las infracciones continuadas o permanentes comenzará a contarse:
a) Desde que finalizó la conducta infractora.
b) Desde que finalizó la primera infracción cometida.
c) Desde que se inició la conducta infractora.
d) Desde el día en que se cometió la primera infracción.
116. Según el art. 82.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si antes del vencimiento del plazo de audiencia los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones:
a) No se tendrá por realizado el trámite.
b) Se entenderá que el interesado desiste del procedimiento.
c) Se tendrá por realizado el trámite.
d) Se interrumpirá el plazo para resolver.
117. Según el art. 32.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad:
a) El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar.
b) La sentencia fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar, con el informe previo del Consejo de Estado.
c) El Consejo de Ministros o el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar.
d) La sentencia fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar.
118. Según el art. 95.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo:
a) La Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento.
b) La Administración le podrá advertir que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento.
c) La Administración le advertirá que, transcurridos seis meses, se producirá la caducidad del procedimiento.
d) La Administración le podrá advertir que, transcurridos seis meses, se producirá la caducidad del procedimiento.
119. Según el art. 30.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuándo se reinicia el plazo de prescripción de la infracción?
a) Cuando se inicie, con conocimiento del interesado, un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora.
b) Cuando el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes.
c) Cuando el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
d) Cuando el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa imputable al presunto responsable.
120. Según el art. 89.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿qué órgano debe formular la propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador?
a) El órgano instructor.
b) El órgano competente para resolver a propuesta del instructor.
c) El órgano competente para dictar la resolución de inicio.
d) El órgano competente para resolver.
121. Según el art. 101.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) Se podrá imponer a los administrados una obligación pecuniaria que esté establecida mediante una norma de rango legal o reglamentario.
b) No podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.
c) No podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria sin autorización judicial.
d) Se podrá imponer a los administrados una obligación pecuniaria que no esté prohibida mediante una norma de rango legal.
122. Según el art. 34.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial la cuantía de la indemnización se actualizará:
a) En la fecha en que se ponga fin al procedimiento con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad.
b) En la fecha en que se ponga fin al procedimiento con arreglo al Índice de Precios al Consumo.
c) En la fecha en que se inicie el procedimiento con arreglo al Índice de Precios al Consumo.
d) En la fecha en que se inicie el procedimiento con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad.
123. Según el art. 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el plazo para dictar resolución en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas es de:
a) Cinco días.
b) Diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
d) Diez días.
124. Según el art. 51, letra b), de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en los procedimientos iniciados a instancia de parte se puede establecer el silencio negativo:
a) Mediante una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o mediante una norma de derecho comunitario.
b) Mediante una norma de derecho comunitario.
c) Mediante una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general.
d) Mediante una norma con rango reglamentario o de ley por razones imperiosas de interés general o mediante una norma de derecho comunitario.
125. Según el art. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el dictamen emitido por el Consejo de Estado en los procedimientos de responsabilidad patrimonial debe pronunciarse sobre:
b) La reincidencia.
c) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
d) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
126. Según el art. 81.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia:
a) Será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses.
b) Será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de un mes.
c) Será preceptivo y vinculante el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de un mes.
d) Será preceptivo y vinculante el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses.
127. Según el art. 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cómo debe exigir la Administración la responsabilidad a sus empleados por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos?
a) De oficio en vía administrativa, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
b) Mediante resolución que se dictará en el plazo de diez días desde la constatación de los daños y perjuicios.
c) De oficio en vía administrativa o por vía judicial.
128. Según el art. 91.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el procedimiento de responsabilidad patrimonial podrá finalizar:
a) Por resolución administrativa o por silencio positivo.
b) Por resolución administrativa, por silencio positivo, o mediante acuerdo entre la Administración y el interesado.
c) Por resolución administrativa o mediante acuerdo entre la Administración y el interesado.
d) Por resolución administrativa.
129. De acuerdo con el art. 25.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las disposiciones de este Capítulo, relativas al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora:
a) No serán de aplicación respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación sobre función pública o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.
b) Podrán ser de aplicación respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.
c) No serán de aplicación respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.
d) Serán de aplicación respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.
130. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo a la práctica de actuaciones complementarias:
a) Los informes que preceden inmediatamente a la resolución final tendrán la consideración de actuaciones complementarias.
b) El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias.
c) Se concederá un plazo no inferior a siete días para formular alegaciones.
d) Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo de siete días.
131. Según el art. 96.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando los interesados soliciten la tramitación simplificada del procedimiento, el órgano competente:
a) Podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, mediante resolución motivada, que será susceptible de recurso.
b) Podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado.
c) Deberá desestimar dicha solicitud, en el plazo de diez días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado.
d) Deberá estimar dicha solicitud en el plazo de cinco días desde su presentación.
132. Según el art. 81.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuánto tiempo podrá quedar suspendido el plazo para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia?
a) Un máximo de un mes.
b) No se establece ningún plazo de suspensión.
c) Un mínimo de dos meses.
d) Un máximo de dos meses.
133. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con el art. 77.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo a los medios y el período de prueba:
a) El instructor puede rechazar pruebas propuestas por los interesados.
b) Los hechos declarados probados en actos administrativos firmes vinculan a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.
c) El instructor podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a quince días.
d) La duración del período ordinario de prueba será inferior a treinta días.
134. Según el art. 27.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:
a) Las normas definidoras de infracciones y sanciones podrán ser susceptibles de aplicación analógica.
b) Las normas definidoras de infracciones no serán susceptibles de aplicación analógica.
c) Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.
d) Las normas definidoras de infracciones y sanciones serán susceptibles de aplicación analógica.
