1. Según el art. 25.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando:
a) No esté prohibida por una norma con rango de Ley.
b) Haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley.
c) Haya sido expresamente reconocida por una norma de rango legal o reglamentario.
d) No esté prohibida por una norma de rango legal o reglamentario.
2. Según el art. 25.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las disposiciones de este Capítulo:
a) Podrán hacerse extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio.
b) Serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio.
c) No podrán hacerse extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio.
d) Serán extensivas al ejercicio por las entidades del sector público de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio.
3. De acuerdo con el art. 25.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las disposiciones de este Capítulo, relativas al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora:
a) No serán de aplicación respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.
b) Serán de aplicación respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.
c) Podrán ser de aplicación respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.
d) No serán de aplicación respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación sobre función pública o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.
4. Según el art. 26.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes:
a) En el momento de resolver el procedimiento sancionador.
b) En el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.
c) En el momento de la iniciación del procedimiento sancionador.
d) En el momento que sean probados los hechos constitutivos de una infracción administrativa.
5. Según el art. 26.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor:
a) Salvo las sanciones pendientes de recurso al entrar en vigor la nueva disposición.
b) Salvo las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
c) Incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
d) Incluso respecto de las sanciones cumplidas al entrar en vigor la nueva disposición.
6. Según el art. 27.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:
a) Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves.
b) Las infracciones y las sanciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves.
c) Las infracciones administrativas se clasificarán en leves, graves y muy graves.
d) Las infracciones y las sanciones administrativas se clasificarán en leves, graves y muy graves.
7. Según el art. 27.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:
a) Las normas definidoras de infracciones y sanciones serán susceptibles de aplicación analógica.
b) Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.
c) Las normas definidoras de infracciones y sanciones podrán ser susceptibles de aplicación analógica.
d) Las normas definidoras de infracciones no serán susceptibles de aplicación analógica.
8. Según el art. 28.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, los patrimonios independientes o autónomos:
a) Podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa.
b) Podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa cuando una ley les reconozca capacidad de obrar.
c) No podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa.
d) No podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa cuando una ley les reconozca capacidad de obrar.
9. Según el art. 28.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuándo pueden ser sancionados los grupos de afectados?
a) Cuando una ley les reconozca capacidad de obrar.
b) Cuando su estatuto les reconozca capacidad de obrar.
c) Cuando una ley o un reglamento les reconozca capacidad de obrar.
d) Cuando una ley, un reglamento o su estatuto les reconozca capacidad de obrar.
10. Según el art. 28.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la indemnización por los daños y perjuicios que se deriven de una infracción administrativa:
a) Será determinada y exigida por los órganos competentes.
b) Será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora.
c) Será determinada por el órgano perjudicado y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora.
d) Será determinada y exigida por el órgano al que corresponda instruir el procedimiento de apremio.
11. Según el art. 28.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores:
a) No podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación.
b) Podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación.
c) Deberán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación.
d) Podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes no se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación.
12. Según el art. 29.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las sanciones administrativas:
a) No pueden implicar privación de libertad.
b) Pueden ser de naturaleza no pecuniaria.
c) Pueden ser de naturaleza pecuniaria.
d) Todas las respuestas son correctas.
13. El art. 29.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, dispone que:
a) El establecimiento de sanciones pecuniarias podrá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
b) El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
c) El establecimiento de sanciones deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
d) El establecimiento de sanciones podrá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
14. Según el art. 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, se puede apreciar reincidencia:
a) Por comisión en el término de un año de más de una infracción cuando así haya sido declarado por resolución definitiva en vía administrativa.
b) Por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución definitiva en vía administrativa.
c) Por comisión en el término de un año de más de una infracción cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
d) Por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
15. Según el art. 29.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver:
a) Podrá calificar la infracción en el grado inferior.
b) Deberá imponer la sanción en el grado inferior.
c) Podrá imponer la sanción en el grado inferior.
d) Deberá calificar la infracción en el grado inferior.
16. Según el art. 29.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, constituye una infracción continuada:
a) La realización de una pluralidad de acciones u omisiones en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.
b) La realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos.
c) La realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.
d) Todas las respuestas son incorrectas.
17. Según el art. 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en defecto de una ley específica las infracciones leves prescriben:
a) Al año.
b) A los seis meses.
c) A los tres meses.
d) Al mes.
18. Según el art. 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las sanciones impuestas por faltas graves prescriben:
a) Según lo dispuesto en las leyes que las establezcan, y en su defecto, a los dos años.
b) A los dos años.
c) Según lo dispuesto en las leyes que las establezcan, y en su defecto, al año.
d) A los tres años.
19. Según el art. 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en defecto de una ley específica prescriben al año:
a) Las infracciones leves y las sanciones impuestas por faltas leves.
b) Las sanciones impuestas por faltas leves.
c) Las infracciones leves.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
20. Según el art. 30.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el plazo de prescripción de las infracciones continuadas o permanentes comenzará a contarse:
a) Desde que se inició la conducta infractora.
b) Desde el día en que se cometió la primera infracción.
c) Desde que finalizó la conducta infractora.
d) Desde que finalizó la primera infracción cometida.
21. Según el art. 30.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuándo se interrumpe la prescripción de la infracción?
a) Con la iniciación de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora.
b) Con la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora.
c) Con la iniciación, con conocimiento del órgano instructor y del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora.
d) Con la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento de información reservada.
22. Según el art. 30.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuándo se reinicia el plazo de prescripción de la infracción?
a) Cuando el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes.
b) Cuando el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
c) Cuando se inicie, con conocimiento del interesado, un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora.
d) Cuando el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa imputable al presunto responsable.
23. Según el art. 30.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuándo se interrumpe la prescripción de las sanciones?
a) Cuando se inicia, con conocimiento del interesado, el procedimiento de ejecución.
b) Cuando se inicia el procedimiento de ejecución.
c) Cuando se inicia, con conocimiento del interesado, un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora.
d) Cuando se inicia un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora.
24. Según el art. 30.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuándo vuelve a transcurrir el plazo de prescripción de las sanciones?
a) Cuando el procedimiento esté paralizado durante menos de un mes por causa no imputable al infractor.
b) Cuando el procedimiento esté paralizado durante más de un mes.
c) Cuando el procedimiento esté paralizado durante más de un mes por causa imputable al infractor.
d) Cuando el procedimiento esté paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
25. Según el art. 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento:
a) Normal o anormal de los servicios públicos.
b) Anormal o irregular de los servicios públicos.
c) Normal de los servicios públicos.
d) Normal, anormal o regular de los servicios públicos.
26. Según el art. 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, se excluye la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas:
a) En los casos de fuerza mayor.
b) En los casos de emergencia.
c) En los casos de daños imprevistos.
27. Según el art. 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:
a) La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos administrativos no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
b) La anulación en vía administrativa de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
c) La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
d) La anulación por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
28. Según el art. 32.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los supuestos de responsabilidad patrimonial el daño alegado debe ser:
a) Efectivo y evaluable económicamente.
b) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
c) Efectivo, material, evaluable económicamente e individualizado.
d) Efectivo, material, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
29. Según el art. 32.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿en cuál de los siguientes supuestos puede surgir la responsabilidad patrimonial del Estado legislador?
a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional.
b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al ordenamiento jurídico.
c) Cuando los daños deriven de la aplicación de una ley o una disposición general contraria al ordenamiento jurídico.
d) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al derecho internacional.
30. Según el art. 32.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿en cuál de los siguientes supuestos procede la indemnización por las lesiones que sean consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional?
a) Cuando el particular hubiera obtenido sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño.
b) Cuando el particular hubiera obtenido sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
c) Cuando el particular hubiera obtenido sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño.
d) Cuando el particular hubiera obtenido sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
31. Según el art. 32.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley producirá efectos:
a) Desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que en ella se establezca otra cosa.
c) Desde la fecha en que se dicte.
d) Desde la fecha en que se dicte, salvo que en ella se establezca otra cosa.
32. Según el art. 32.7 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por:
a) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
b) La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
c) La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
d) La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
33. Según el art. 32.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad:
a) El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar.
b) El Consejo de Ministros o el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar.
c) La sentencia fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar.
d) La sentencia fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar, con el informe previo del Consejo de Estado.
34. Según el art. 32.9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿en cuál de los siguientes supuestos habrá responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos?
a) Cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa del contratista.
b) Cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración.
c) Cuando sean consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por el contratista.
35. Según el art. 33.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular:
a) En todo caso, de forma solidaria.
b) De forma mancomunada, salvo que en los acuerdos se establezca la responsabilidad solidaria.
c) En todo caso, de forma mancomunada.
d) De forma mancomunada, salvo que en los acuerdos se establezca un régimen distinto.
36. Según el art. 34.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños:
a) Que éste no tenga el deber jurídico de soportar.
b) Que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
c) Que éste tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
d) Que éste tenga el deber jurídico de soportar.
37. ¿Qué daños no son indemnizables según el art. 34.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público?
a) Los que sean consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos.
b) Los que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.
c) Los causados por una norma con rango de ley.
38. Según el art. 34.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los casos de responsabilidad patrimonial que sean consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores:
a) A la fecha de la notificación de la sentencia.
b) A la fecha de la notificación de la sentencia, salvo que la sentencia disponga otra cosa.
c) A la fecha de la publicación de la sentencia.
d) A la fecha de la publicación de la sentencia, salvo que la sentencia disponga otra cosa.
39. Según el art. 34.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, para calcular la indemnización en los casos de muerte o lesiones corporales:
a) Se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
b) Se tomará como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
c) Se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
d) Se tomará como referencia la valoración incluida en los baremos de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
40. Según el art. 34.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial la cuantía de la indemnización se actualizará:
a) En la fecha en que se inicie el procedimiento con arreglo al Índice de Precios al Consumo.
b) En la fecha en que se ponga fin al procedimiento con arreglo al Índice de Precios al Consumo.
c) En la fecha en que se inicie el procedimiento con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad.
d) En la fecha en que se ponga fin al procedimiento con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad.
41. Según el art. 34.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿de acuerdo con qué norma se exigirán los intereses que procedan por la demora en el pago de la indemnización fijada en los procedimientos de responsabilidad patrimonial?
a) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.
b) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.
d) La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
42. Según el art. 34.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los casos de responsabilidad patrimonial la indemnización procedente:
a) Se sustituirá por una compensación en especie o será abonada mediante pagos periódicos.
b) Podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos.
c) Se sustituirá por una compensación en especie cuando haya razones imperiosas de interés general.
d) Será abonada mediante pagos periódicos cuando no exista disponibilidad presupuestaria.
43. Según el art. 34.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los casos de responsabilidad patrimonial, ¿cuál de los siguientes requisitos es necesario para sustituir la indemnización por una compensación en especie?
a) Que exista acuerdo con el interesado y se prevea en las normas sectoriales específicas.
b) Que exista acuerdo con el interesado y no esté prohibido en las normas sectoriales específicas.
c) Que exista acuerdo con el interesado.
d) Que exista acuerdo con el interesado y no haya disponibilidad presupuestaria para abonar la indemnización durante el año en curso.
44. Según el art. 35 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza:
a) Su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, salvo cuando concurra con sujetos de derecho privado.
b) Su responsabilidad se exigirá de conformidad con el derecho privado.
c) Su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado.
d) Su responsabilidad se exigirá de conformidad con el derecho privado cuando concurra con sujetos de derecho privado.
45. Según el art. 36.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, para exigir responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, los particulares se dirigirán:
a) Directamente a la Administración Pública correspondiente.
b) Directamente a las autoridades y personal a su servicio.
c) Indistintamente a la Administración Pública o a las autoridades y personal a su servicio.
d) Directamente a las autoridades y personal a su servicio, y subsidiariamente a la Administración Pública.
46. Según el art. 36.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la Administración exigirá responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal a su servicio:
a) De oficio en vía administrativa o por vía judicial, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
b) De oficio por vía judicial.
c) De oficio por vía judicial, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
d) De oficio en vía administrativa, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
47. ¿Cuál de los siguientes criterios de cuantificación de la sanción no se cita en el art. 36.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, relativo a la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas?
a) El resultado dañoso producido.
b) El grado de culpabilidad.
c) La responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.
d) La reiteración.
48. Según el art. 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cómo debe exigir la Administración la responsabilidad a sus empleados por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos?
a) De oficio en vía administrativa, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
b) Mediante resolución que se dictará en el plazo de diez días desde la constatación de los daños y perjuicios.
c) De oficio en vía administrativa o por vía judicial.
49. Según el art. 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el plazo para realizar alegaciones en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas es:
a) De diez días.
b) De quince días.
c) No inferior a quince días.
d) No inferior a diez días.
50. Según el art. 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el plazo para la práctica de pruebas en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas es:
b) No inferior a diez días ni superior a treinta.
c) Inferior a quince días.
51. Según el art. 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el plazo de audiencia en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas es:
b) No inferior a diez días.
52. Según el art. 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas, la propuesta de resolución se formulará en un plazo de:
a) Cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
b) Cinco días a contar desde la conclusión de la fase de prueba.
c) Diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
d) Diez días a contar desde la conclusión de la fase de prueba.
53. Según el art. 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el plazo para dictar resolución en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas es de:
b) Cinco días.
d) Diez días.
54. Según el art. 37.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas:
a) Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan.
b) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
c) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan.
d) Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
55. Según el art. 64.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la incoación de un procedimiento de naturaleza sancionadora se comunicará al denunciante:
a) En ningún caso.
b) Cuando sea interesado en el procedimiento.
c) Cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean.
56. Según el art. 64.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el acuerdo de iniciación de los procedimientos de naturaleza sancionadora contendrá:
a) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento.
b) La posible calificación de los hechos.
c) Las sanciones que pudieran corresponder.
57. Según el art. 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento de naturaleza sancionadora:
a) Éste podrá ser considerado resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
b) Éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando no contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
c) Éste podrá ser considerado resolución cuando no contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
d) Éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
58. Según el art. 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el derecho a reclamar responsabilidad patrimonial:
a) Prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización.
b) Prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
c) Caduca al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
d) Caduca al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización.
59. Según el art. 67.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las solicitudes de responsabilidad patrimonial irán acompañadas de:
a) Cuantas alegaciones se estimen oportunas.
b) Cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos.
c) Cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba.
d) Cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos, de la proposición de prueba y del trámite de audiencia.
60. Según el art. 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial el plazo para la emisión del informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable:
a) No podrá ser inferior a diez días.
b) No podrá exceder de quince días.
c) No podrá exceder de diez días.
d) Será de quince días.
61. Según el art. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean:
a) De cuantía igual o superior a 50.000 euros.
b) De cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica.
c) De cuantía igual o superior a 30.000 euros.
d) De cuantía igual o superior a 30.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica.
62. Según el art. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el dictamen emitido por el Consejo de Estado en los procedimientos de responsabilidad patrimonial debe pronunciarse sobre:
a) La existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida.
b) En su caso, la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización.
c) La existencia de negligencia en la actuación administrativa.
63. Según el art. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el dictamen emitido por el Consejo de Estado en los procedimientos de responsabilidad patrimonial debe pronunciarse sobre:
a) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
b) La existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida.
c) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
d) La reincidencia.
64. Según el art. 81.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuánto tiempo podrá quedar suspendido el plazo para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia?
a) Un máximo de dos meses.
b) Un mínimo de dos meses.
c) Un máximo de un mes.
d) No se establece ningún plazo de suspensión.
65. Según el art. 85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la efectividad de las reducciones del importe de la sanción:
a) Estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
b) Estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa o judicial contra la sanción.
c) No estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
d) Estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía judicial contra la sanción.
66. Según el art. 90.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la resolución de los procedimientos de carácter sancionador incluirá:
a) La valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión.
b) La valoración de las pruebas que no se han podido practicar.
c) La valoración de las pruebas practicadas, con excepción de aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión.
d) La valoración de las pruebas practicadas después del trámite de audiencia.
67. Según el art. 91.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial será necesario que la resolución se pronuncie sobre:
a) La valoración del daño causado, cuando proceda.
b) La cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda.
c) La existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida.
68. El plazo para la interposición de un recurso extraordinario de revisión es de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada cuándo:
a) Al dictar el acto se haya incurrido en error de hecho, que resulte de los mismos documentos incorporados en el expediente.
b) Al dictar el acto se haya incurrido en error de derecho, que resulte de los mismos documentos incorporados en el expediente.
c) Al dictar el acto se haya incurrido en error de hecho o de derecho, que resulte de los mismos documentos incorporados en el expediente.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
69. La interposición de un recurso extraordinario de revisión tiene que producirse dentro del plazo de tres meses cuándo:
a) En la resolución hubieran influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior a aquella resolución.
b) En la resolución hubieran influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, posterior a aquella resolución.
c) En la resolución hubieran influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
d) Aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencien el error de la resolución recorrida, salvo que sean posteriores a esta.
70. La interposición de un recurso extraordinario de revisión tiene que producirse dentro del plazo de tres meses cuándo:
a) Aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recorrida.
b) Aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencien el error de la resolución recorrida, salvo que sean posteriores a esta.
c) Aparezcan documentos de valor que, aunque no sean esenciales para la resolución del asunto, evidencien la existencia de un error de hecho o de derecho de la resolución recorrida.
d) Aparezcan documentos de valor que, aunque no sean esenciales para la resolución del asunto, evidencien la existencia de un error de derecho de la resolución recorrida.
71. Ponen fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común:
a) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de iniciadores del procedimiento.
b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a los cuales se refiere el artículo 117.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
c) Las resoluciones de los recursos de alzada.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
72. Ponen fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, en el ámbito estatal:
a) Los actos administrativos de los miembros del Gobierno.
b) Los actos emanados de los ministros y los secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los cuales son titulares.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Las respuestas a) y b) son incorrectas.
73. Contra las disposiciones administrativas de carácter general:
a) Sólo hay que interponer el recurso extraordinario de revisión.
b) No se puede interponer ningún recurso.
c) No se puede interponer recurso en vía administrativa.
d) Hay que interponer recurso de alzada.
74. La interposición de cualquier recurso:
a) Suspende la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca el contrario.
b) No suspende la ejecución del acto impugnado.
c) Suspende la ejecución del acto impugnado si se fundamenta en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho que prevé el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
d) Suspende automáticamente la ejecución del acto impugnado si se fundamenta en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho que prevé el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
75. El plazo para la interposición del recurso de alzada, si el acto es expreso, es:
a) De dos meses.
b) De diez días.
c) De un mes.
d) De veinte días.
76. Contra la resolución de un recurso de alzada:
a) No se puede interponer ningún otro recurso administrativo.
b) No se puede interponer ningún otro recurso administrativo, excepto el recurso extraordinario de revisión, en los casos que establece el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
c) Sólo se puede interponer recurso de súplica.
77. La interposición del recurso de alzada, si el acto no es expreso:
a) Es procedente en cualquier momento a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
b) Es procedente en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
c) Es procedente en un plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
d) Es procedente en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
78. Transcurrido el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada sin que recaiga resolución:
a) El recurso puede entenderse estimado.
b) El recurso puede entenderse desestimado.
c) El recurso puede entenderse estimado, excepto en el supuesto que prevé el artículo 24.1, tercer párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
d) El recurso puede entenderse desestimado, excepto en el supuesto que prevé el artículo 24.1, tercer párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
79. El plazo para la interposición del recurso de reposición, si el acto es expreso, es:
a) De cinco días.
b) De tres meses.
80. El plazo para la interposición del recurso de reposición, si el acto no es expreso, es:
a) De veinte días.
c) De tres meses.
d) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, no establece ningún plazo.
81. El recurso de reposición, si el acto no es expreso, puede interponerse:
a) En cualquier momento.
b) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
c) En cualquier momento a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
d) En el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
82. Transcurrido el plazo para la interposición del recurso de reposición, si el acto es expreso:
a) Únicamente puede interponerse un recurso contencioso administrativo.
b) No hay que interponer ningún recurso.
c) Únicamente puede interponerse recurso contencioso administrativo, sin perjuicio, si procede, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
d) Puede interponerse, con carácter potestativo, un recurso de súplica y, directamente, un recurso contencioso administrativo.
83. Interpuesto un recurso de reposición, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución es:
a) De un mes.
b) De dos meses.
c) De veinte días.
d) De cuatro meses.
84. Contra la resolución de un recurso de reposición, según lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común:
a) No se puede interponer nuevamente este recurso.
b) No se puede interponer ningún otro recurso administrativo.
c) Se puede interponer, si procede, el recurso de alzada.
d) Sólo se puede interponer el recurso de queja.
85. Según lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, pueden interponerse los recursos de alzada y reposición:
a) Contra los actos de trámite, si estos actos deciden directamente el fondo del asunto.
b) Contra los actos de trámite, si estos actos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto.
c) Contra los actos de trámite, si estos actos inciden directamente en el fondo del asunto.
d) Contra los actos de trámite, si estos actos inciden directa o indirectamente en el fondo del asunto.
86. Según lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, pueden interponerse los recursos de alzada y reposición:
a) Contra los actos de trámite, si estos producen perjuicio a derechos legítimos.
b) Contra los actos de trámite, si estos producen perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
c) Contra los actos de trámite, si estos producen perjuicio considerable a derechos e intereses legítimos.
d) Contra los actos de trámite, si estos producen perjuicio grave a derechos e intereses legítimos.
87. Según lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, el recurso de alzada:
a) Se tiene que interponer ante el órgano que dictó el acto que se impugna.
b) Se tiene que interponer ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.
c) Se tiene que interponer ante el órgano competente para resolverlo.
d) Se tiene que interponer ante la máxima autoridad de la administración que dictó la resolución o el acto que se recorre.
88. Según lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, el órgano competente para la resolución del recurso de alzada:
a) Es el órgano superior jerárquico del que los dictó.
b) Es el órgano superior jerárquico del que los dictó, excepto en los supuestos de tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las administraciones públicas.
c) Es el órgano superior jerárquico del que los dictó, excepto en los supuestos de tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las administraciones públicas y en los supuestos en que un órgano actúe con autonomía funcional.
89. ¿Puede uno interesado interponer un recurso administrativo contra un acto de trámite si este le causa un perjuicio?
a) Sí, porque todos los actos administrativos son susceptibles de recurso.
b) Sí, siempre que el perjuicio sea grave.
c) Sí, siempre que el perjuicio sea irreparable.
d) Sí, siempre que el perjuicio sea grave e irreparable.
90. ¿En qué motivos hay que fundamentar la interposición de un recurso administrativo?
a) Exclusivamente en un motivo de nulidad.
b) Exclusivamente en un motivo de anulabilidad.
c) En cualquier motivo de nulidad o anulabilidad.
d) En cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluyendo los defectos de forma.
91. En un procedimiento administrativo se dicta un acto de trámite que decide indirectamente el fondo del asunto. ¿Qué recurso administrativo puede interponer el interesado contra este acto?
a) El recurso de reposición.
b) El recurso de alzada.
c) El recurso extraordinario de revisión.
d) El recurso de reposición o el de alzada, según el caso.
92. Un órgano administrativo no admite un recurso administrativo por estar carecido de fundamento. ¿Ha actuado correctamente, este órgano?
a) No.
b) Sí.
c) Sí, siempre que la carencia de fundamento sea manifiesta.
d) Sí, siempre que la carencia de fundamento sea temeraria.
93. Un órgano administrativo no admite un recurso administrativo porque ha transcurrido el plazo para interponerlo. ¿Ha actuado correctamente este órgano?
a) No, salvo que sea un plazo esencial.
b) No.
c) Sí.
d) No, porque el motivo alegado no es una causa de no admisión prevista por la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
94. ¿Ante quien tiene que interponer un recurso de alzada un interesado si la resolución contra la cual pretende recurrir, que no pone fin a la vía administrativa, ha sido dictada por un órgano de selección del personal al servicio de las administraciones públicas?
a) Ante este órgano.
b) Ante el ministro o consejero competente en materia de función pública.
c) Ante el órgano al cual estén adscritos.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
95. ¿Es posible interponer un recurso administrativo contra un acto de trámite?
b) No, parque los actos de trámite no son recurribles.
c) Sí, porque en determinados casos es posible oponerse con la finalidad de que esta oposición sea considerada en la resolución que pone fin al procedimiento.
d) Sí, en determinados casos, aunque siempre hay la posibilidad de oponerse con la finalidad de que esta oposición sea considerada en la resolución que pone fin al procedimiento.
96. Ponen fin a la vía administrativa, según lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común:
a) Las resoluciones de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los cuales se refiere el artículo 90.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
b) Las resoluciones de los órganos administrativos que no tengan superior jerárquico, salvo que una ley establezca el contrario.
c) Las resoluciones de los procedimientos a los cuales se refiere el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
97. Las leyes pueden sustituir, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común:
d) Los dos recursos pueden ser sustituidos según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si bien no es la disposición referida la que así lo establece.
98. En materia de los recursos administrativos, la sustitución a la cual se refiere la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, puede llevarse a cabo:
a) En supuestos o ámbitos sectoriales determinados.
b) Cuando la especialidad de la materia así lo aconseje.
c) En supuestos o ámbitos sectoriales determinados cuando la especifidad de la materia así lo justifique.
d) Con carácter general.
99. En materia de los recursos administrativos, el procedimiento de sustitución al cual se refiere la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, puede ser:
a) De impugnación.
b) De reclamación.
c) De conciliación.
100. Los recursos que se fundamentan únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general:
a) Pueden interponerse directamente ante el órgano que dictó esta disposición.
b) Tienen que interponerse directamente ante el órgano que dictó esta disposición.
c) Pueden interponerse directamente ante el órgano que dictó esta disposición o su superior.
d) Tienen que interponerse directamente ante el órgano que dictó esta disposición o su superior.
101. Contra los actos firmes en vía administrativa puede interponerse el recurso de revisión:
a) De carácter extraordinario.
b) Ante el órgano administrativo que los dictó.
c) En un plazo de tres meses.
d) Son correctas las respuestas a) y b).
102. Contra los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa:
a) Puede interponerse potestativamente un recurso de reposición.
b) Puede interponerse potestativamente un recurso de reposición y, si se pretende acudir a la vía contenciosa, de alzada.
c) Pueden interponerse potestativamente un recurso de reposición y uno de alzada.
d) Tiene que interponerse un recurso de reposición si se pretende acudir a la vía contenciosa.
103. El recurso de reposición se tiene que interponer:
a) Ante el mismo órgano que hubiera dictado el acto.
b) Ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto.
c) Ante el mismo órgano que hubiera dictado el acto o ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto.
d) Se tiene que interponer ante el órgano que dictó el acto que se impugna o, en los casos expresamente que prevé la Ley, ante el órgano competente para resolverlo.
104. Indicad cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) El recurso de reposición puede interponerse directamente ante la orden jurisdiccional contencioso administrativa.
b) Los actos susceptibles de recurso de reposición pueden ser impugnados directamente ante la orden jurisdiccional contencioso administrativa.
c) Tiene que interponerse el recurso de reposición para acudir a la vía contenciosa.
105. Contra los actos firmes en vía administrativa, según lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común:
a) No se puede interponer ningún recurso administrativo.
b) Se puede interponer el recurso potestativo de reposición.
c) Se puede interponer el recurso potestativo de súplica.
d) Se puede interponer el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias que prevé el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
106. Ponen fin a la vía administrativa, según lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común:
a) Las resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal así lo establezca.
b) Las resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición reglamentaria así lo establezca.
c) Las resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.
d) Las resoluciones de los procedimientos en materia sancionadora.
107. El error o la ausencia de la calificación de un recurso administrativo por parte del recurrente:
a) Impide la tramitación.
b) No impide la tramitación, siempre que se deduzca el verdadero carácter.
c) No impide la tramitación si esto no supone indefensión de la Administración.
d) No impide la tramitación si esto no supone indefensión de la Administración y siempre que se deduzca el verdadero carácter.
108. El recurso extraordinario de revisión se tiene que interponer dentro del plazo:
a) De cuatro años siguientes a la fecha de la notificación.
b) De un año desde la fecha de la notificación.
c) De tres meses desde el día siguiente de la fecha de la notificación.
d) Dependiendo del motivo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, distingue dos plazos.
109. Es una circunstancia para la interposición del recurso extraordinario de revisión:
a) Que la resolución se haya dictado como consecuencia de prevaricación.
b) Que la resolución se haya dictado como consecuencia de prevaricación o soborno.
c) Que la resolución se haya dictado como consecuencia de prevaricación, soborno u otro delito contra la Administración pública o contra la Administración de justicia.
d) Que la resolución se haya dictado como consecuencia de prevaricación, soborno, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible.
110. La interposición del recurso extraordinario de revisión sólo es procedente, en el supuesto referido en el artículo 125.1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común:
a) Si la concurrencia de la circunstancia ha sido declarada por el órgano colegiado superior de la Administración pública de que se trate.
b) Si la concurrencia de la circunstancia ha sido declarada, de forma firme, por el órgano colegiado superior de la Administración pública de que se trate.
c) Si la concurrencia de la circunstancia ha sido declarada por el órgano colegiado superior de la Administración pública de que se trate, con el dictamen previo favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente.
d) Si la concurrencia de la circunstancia ha sido declarada por una sentencia judicial firme.
111. El plazo para resolver y notificar el recurso extraordinario de revisión desde su interposición, antes de que se produzca el silencio administrativo, es:
b) De veinte días.
d) De quince días.
112. Transcurrido el plazo para resolver y notificar el recurso extraordinario de revisión desde su interposición sin que se haya dictado y notificado la resolución, el recurso:
a) Se tiene que entender desestimado.
b) Se tiene que entender estimado.
c) Se tiene que entender desestimado, y queda expedita la vía jurisdiccional contenciosa administrativa.
d) Se tiene que entender caducado.
113. El plazo para la interposición del recurso extraordinario de revisión, si el acto fuera expreso, es:
114. Es causa de no admisión de un recurso, según lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común:
a) Estar carecido el recurso de fundamento.
b) Estar carecido el recurso manifiestamente de fundamento.
c) Ser incompetente el órgano administrativo por razón de la materia o el territorio.
d) El error o la ausencia de la calificación del recurso.
115. El denominado recurso extraordinario de revisión es un recurso:
a) Administrativo.
b) Judicial.
c) De naturaleza mixta.
d) Impropio.
116. Es causa de no admisión de un recurso, según lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común:
a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente sea un superior jerárquico.
b) Ser manifiestamente incompetente el órgano administrativo.
c) Ser incompetente el órgano administrativo por razón de la materia.
d) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente pertenezca a otra Administración pública.
117. El recurso extraordinario de revisión se tiene que interponer si la circunstancia alegada es que al dictar el acto se haya incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados en el expediente, dentro del plazo de:
a) De cuatro años.
b) De seis meses.
d) De un año.
118. El recurso extraordinario de revisión se entiende desestimado si, sin que se haya dictado y notificado la resolución, ha transcurrido desde su interposición:
a) Cuatro años.
b) Un año.
c) Seis meses.
d) Tres meses.
119. Es causa de no admisión de un recurso, según lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común:
a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente pertenezca a la misma Administración pública.
b) Carecer de legitimación el recurrente.
c) La ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente.
d) El error de la calificación del recurso por parte del recurrente.
120. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, la interposición de un recurso administrativo tiene que expresar:
a) El nombre y apellidos del recurrente, sin hacer constar su identificación personal.
b) El acto que se recorre, y se puede consignar la razón de su impugnación.
c) El órgano, el centro o la unidad administrativa a que se dirige y su correspondiente código de identificación.
121. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, la interposición de un recurso administrativo tiene que expresar:
a) El acto que se recorre y la razón de su impugnación.
b) El nombre y apellidos del recurrente, así como su identificación personal.
c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, si procede, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
122. Según lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, en relación con la interposición de los recursos en vía administrativa, los vicios y los defectos que hagan anulable un acto:
a) Pueden ser alegados por todos los interesados.
b) No pueden ser alegados por quien los hubieran causado.
c) No pueden ser enmendados.
123. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, puede suspender la ejecución de un acto impugnado el órgano competente para resolverlo:
a) Cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de anulabilidad que prevé el artículo 57.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
b) Cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de anulabilidad que prevé el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
c) Cuando la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
124. Conforme la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, se puede suspender la ejecución de un acto impugnado, por el órgano competente para resolverlo:
a) Cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho que prevé el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
b) Cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de anulabilidad que prevé el artículo 61.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
c) Cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho que prevé el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
125. Según lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, la ejecución del acto impugnado se tiene que entender suspendida si el órgano a quien compite resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa a tal efecto:
a) Si transcurridos sesenta días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la solicitud, este no ha dictado resolución expresa sobre este aspecto.
b) Si transcurridos treinta días desde que la solicitud de suspensión haya sido tomada en consideración por el órgano competente para decidir sobre la solicitud, este no ha dictado resolución expresa sobre este tema.
c) Si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para decidir sobre la solicitud.
126. En referencia a los recursos administrativos, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, cuando deban tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario:
a) Se tiene que finalizar el recurso originario, abriéndose el plazo para la presentación de nuevos recursos.
b) Se tiene que publicar en el boletín oficial que corresponda.
c) Se tiene que poner de manifiesto a los interesados.
127. Según lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, cuando deban tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, el plazo del que disponen los interesados porque formulen las alegaciones y presenten documentos y justificantes que estimen procedentes tiene que ser:
a) No inferior a diez días ni superior a veinte.
b) No inferior a diez días ni superior a quince.
c) No inferior a quince días ni superior a treinta.
d) No superior a veinte días.
128. En referencia a los recursos administrativos, según lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, cuando el recurrente, habiendo podido aportar hechos, documentos o alegaciones en el trámite de alegaciones, no lo haya hecho:
a) Se deben tener en cuenta en la resolución de los recursos, a pesar de haberse aportado con posterioridad al trámite de alegaciones, si resultan relevantes para la resolución que dicte el órgano competente.
b) No se deben tener en cuenta en la resolución de los recursos.
c) Se deben tener en cuenta en la resolución de los recursos.
d) El órgano competente para resolver tiene la potestad de decidir si se tienen en cuenta en la resolución de los recursos que dicte.
129. En relación con la audiencia de los interesados en los recursos administrativos, de acuerdo con el artículo 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, el recurso, los informes y las propuestas:
a) No tienen el carácter de documentos nuevos a efectos de este artículo.
b) Tienen el carácter de documentos nuevos a efectos de este artículo.
c) Pueden tener el carácter de documentos nuevos, a efectos de este artículo, si difieren sustancialmente de los presentados originariamente.
130. En la resolución del recurso, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común:
a) Se tiene que estimar en todo o en parte las pretensiones formuladas en el recurso.
b) Se tienen que desestimar las pretensiones formuladas en el recurso.
c) Se tiene que declarar la no admisión.
131. Según lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, para la resolución del recurso:
a) Cuando, existiendo vicio de forma, no se estime procedente resolver sobre el fondo, se tiene que ordenar la retroacción del procedimiento a su momento inicial, recogido en el artículo 68.
b) Cuando, existiendo vicio de forma, no se estime procedente resolver sobre el fondo, se ha de ordenar la retroacción del procedimiento al momento en el cual el vicio fue cometido, exceptuando lo que dispone el artículo 52.
c) Cuando, existiendo vicio de forma, no se estime procedente resolver sobre el fondo, se tiene que ordenar la retroacción del procedimiento al momento en el cual el vicio fue cometido, sin perjuicio que eventualmente pueda acordarse la convalidación de actuaciones por el órgano competente para ello, de acuerdo con el que dispone el artículo 52.
132. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, el órgano que resuelva el recurso tiene que decidir:
a) Las cuestiones exclusivamente de fondo que plantee el procedimiento y que hayan sido alegadas por los interesados.
b) Todas las cuestiones, tanto de forma como de fondo, que plantee el procedimiento, siempre que hayan sido alegadas por los interesados.
c) Todas las cuestiones, tanto de forma como de fondo, que plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados.
133. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, la resolución de un recurso administrativo:
a) Tiene que ser congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial.
b) Tiene que ser congruente con las peticiones formuladas por el recurrente y, en el supuesto de que los nuevos documentos así lo aconsejen, se pueden imponer nuevas medidas, que en los casos más graves, podrán agravar la situación inicial.
c) Tiene que ser congruente con los nuevos hechos que se presenten, y se podrá agravar la situación inicial del recurrente.
d) No puede poner fin en ningún caso a la vía administrativa.
134. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, cuando se tenga que resolver una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se haya interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio:
a) El órgano judicial puede acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga un pronunciamiento judicial.
b) El órgano administrativo puede acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga un pronunciamiento judicial.
c) El órgano judicial tiene que decretar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga un pronunciamiento judicial.
d) El órgano administrativo tiene que acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga un pronunciamiento judicial.
