1. Indique la respuesta correcta en relación con los convenios. Según el artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:
a) No pueden ser formalizados con sujetos de derecho privado.
b) Pueden tener prestaciones propias de los contratos.
c) No pueden tener efectos jurídicos frente a terceros.
d) No pueden tener prestaciones propias de los contratos.
2. Los convenios suscritos entre organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de una misma administración pública son:
a) Convenios entre la Administración de la Comunidad Autónoma y la Administración local.
b) Convenios interadministrativos.
c) Convenios que pueden ser firmados además con un sujeto de derecho privado.
d) Convenios intraadministrativos.
3. Según el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la suscripción de convenios, entre otros:
a) Debe mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, y contribuir a la realización de actividades de utilidad pública.
b) Debe contribuir a la realización de actividades de interés público.
c) Debe mejorar la eficiencia de la gestión económica.
d) Debe facilitar la utilización individual de medios y servicios públicos.
4. Señale la opción correcta. Las administraciones públicas deben respetar, en su actuación y relaciones los siguientes principios:
a) In dubio pro reo.
b) Servicio efectivo a los interesados.
c) Responsabilidad por la gestión pública.
d) Participación, subjetividad y transparencia de la actuación administrativa.
5. Señale la opción correcta en relación con los requisitos que se requieren para la creación de un órgano administrativo:
a) Determinación de su forma de integración en la sociedad.
b) Determinación de su forma de integración en la Administración pública, determinación de su dependencia jerárquica y delimitación de sus funciones, competencias y la dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
c) Delimitación de algunas funciones y competencias y la dotación de las partidas presupuestarias necesarias para su puesta en marcha.
d) Determinación de la independencia jerárquica.
6. En relación con la competencia de los órganos administrativos que la tienen atribuida como propia, es cierto:
a) Que la competencia es irrenunciable y la ejercen los órganos administrativos que la tienen atribuida por delegación.
b) Que la delegación de competencias, la delegación de firma y la suplencia no supongan alteración de la titularidad de la competencia.
c) Que la desconcentración no supone alteración alguna del ejercicio ni la titularidad.
d) Que la encomienda de gestión no puede tener por objeto prestaciones propias de los contratos ni de los convenios de colaboración.
7. En relación con la avocación regulada en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, es cierto:
a) Que la avocación sólo se da entre órganos jerárquicamente dependientes.
b) Que entre órganos no dependientes jerárquicamente la avocación puede realizarla, entre otros, el órgano delegante.
c) Que la avocación es lo mismo que la delegación de competencias.
d) Que contra el acuerdo motivado de avocación no se puede interponer recurso.
8. Señale la respuesta incorrecta en relación con los órganos colegiados. De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:
a) En las sesiones que se celebren a distancia, sus miembros pueden encontrarse en diferentes lugares.
b) Deben adoptar acuerdos y remitir las actas de forma presencial.
c) Para la válida constitución del órgano, se requiere la asistencia, presencial o a distancia, del presidente y el secretario, o de quienes les suplan y al menos de la mitad de sus miembros.
d) Se pueden constituir, convocar y celebrar las sesiones tanto de forma presencial como a distancia.
9. ¿Qué asuntos son objeto de deliberación y acuerdo de los órganos colegiados?
a) Los asuntos que decidan todos los miembros del órgano colegiado con el voto favorable de un tercio.
b) Los asuntos incluidos en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia de algún otro asunto por el voto favorable de la mayoría.
c) Sólo los asuntos que figuran en el orden del día.
d) Los asuntos que desee incluir el presidente o el secretario unilateralmente por su carácter urgente.
10. Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, es cierto:
a) Que cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstienen, quedan exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.
b) Que de cada sesión que celebre el órgano colegiado el secretario debe extender un acta.
c) Que el acta de cada sesión debe aprobarse en la misma reunión o en la siguiente inmediata.
d) Que no se pueden grabar las sesiones que celebre el órgano colegiado.
11. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, por su composición, se clasifican:
a) En órganos colegiados ministeriales, si sus miembros proceden de distintos departamentos de cada ministerio.
b) En órganos colegiados intraestatales.
c) En órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de distintos ministerios.
d) En órganos colegiados colectivos.
12. ¿Cómo pueden dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes los órganos administrativos, según el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público?
a) Mediante instrucciones y órdenes de servicio.
b) Mediante instrucciones y resoluciones únicamente.
c) Mediante comunicaciones, notas internas e instrucciones.
d) Mediante órdenes de servicio únicamente.
13. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio:
a) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
b) No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos.
c) Afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos directivos.
d) Afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos.
14. Si una disposición atribuye la competencia a una administración, sin especificar el órgano que deba ejercerla, se entiende que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los siguientes órganos:
a) A los que establezca el órgano superior competente por razón de la materia y del territorio.
b) A los inferiores por razón de la materia o territorio.
c) A los inferiores competentes por razón de la materia y del territorio.
d) A los superiores competentes por razón de la materia y del territorio.
15. De acuerdo con el artículo 55.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la Administración General del Estado comprende:
a) La organización central, compuesta por los ministerios y servicios independientes.
b) La organización central que integra los ministerios y servicios comunes, la organización territorial y la Administración General del Estado en el exterior.
c) La organización territorial e insular.
d) La Administración General del Estado en las comunidades autónomas.
16. ¿Dónde se determinan los respectivos órganos directivos de los organismos públicos?
a) En los estatutos de los organismos.
b) En los reglamentos de desarrollo.
c) En los estatutos de autonomía.
d) En la respectiva orden de creación.
17. Como norma general, ¿dónde tienen su sede las delegaciones de Gobierno?
a) Donde decida el Consejo de Ministros.
b) En la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma.
c) En la localidad donde radique la asamblea legislativa de la comunidad autónoma.
d) Donde especifiquen los estatutos de autonomía de cada comunidad autónoma.
18. Las administraciones públicas que establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deben aplicar el principio:
a) De reciprocidad y elegir la medida menos limitativa.
b) De racionalidad y elegir la medida que asegure su cumplimiento.
c) De la medida proporcionada, racional y menos restrictiva.
d) De proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva.
19. Los miembros del órgano colegiado deben recibir la convocatoria contenida en el orden del día de las reuniones con una antelación mínima:
a) De dos días. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en el mismo plazo.
b) De setenta y dos horas. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en el mismo plazo.
c) De cuatro días. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en un plazo superior.
d) De tres días. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en un plazo inferior.
20. No pueden abstenerse en las votaciones quienes, por su calidad de autoridades o personal al servicio de las administraciones públicas, tienen la condición:
a) De miembros de distintos órganos colegiados.
b) De miembros natos de órganos colegiados.
c) De secretario del órgano colegiado.
d) De altos cargos de órganos colegiados.
21. En el acta de la sesión del órgano colegiado, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, no figurará:
a) El sentido del voto favorable.
b) El voto contrario al acuerdo adoptado.
c) La responsabilidad asumida por la abstención.
d) Su abstención y los motivos que la justifiquen.
22. Las diferentes administraciones públicas actúan y se relacionan con otras administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo con el principio:
a) De colaboración y coresponsabilidad.
b) De lealtad institucional, cooperación y colaboración.
c) De interoperabilidad.
d) De lealtad instrumental.
23. Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuáles son las funciones del secretario de un órgano colegiado?
a) Establecer los procedimientos que deben seguirse para adoptar acuerdos.
b) Únicamente garantizar que las reglas de constitución de los órganos se cumplen adecuadamente.
c) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar sus actuaciones y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.
d) Sólo puede asistir a las sesiones de los órganos colegiados.
24. ¿Quién puede solicitar al secretario de un órgano colegiado la expedición de la certificación de sus acuerdos?
a) Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo.
b) Sólo los miembros del órgano.
c) Cualquier persona.
d) Nadie.
25. Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el acta de la sesión de un órgano colegiado debe incluir:
a) Únicamente el orden del día y el contenido de los acuerdos adoptados.
b) Los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los principales puntos de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
c) Sólo los asistentes y el contenido de los acuerdos adoptados.
d) Sólo los asistentes y circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado.
26. Señale la respuesta correcta en relación con el momento en que debe aprobarse el acta de cada sesión:
a) Sólo se puede aprobar en la siguiente reunión.
b) Se tendrá que aprobar en la última reunión.
c) Podrá aprobarse en la misma reunión o en la siguiente inmediata
d) Se tendrá que aprobar en la misma reunión.
27. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al presidente de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o que dependen de las mismas?
a) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación.
b) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
c) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
d) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
28. Cuál de las siguientes funciones no corresponde al secretario de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de entidades de derecho público vinculadas o dependientes?
a) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.
b) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
c) Ejercer la representación del órgano.
d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
29. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, los miembros de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o que dependen:
a) Tienen que recibir, con una antelación mínima de una semana, la convocatoria que contenga el orden del día de las reuniones.
b) Deben participar en los debates de las sesiones.
c) Deben obtener la información necesaria para cumplir las funciones asignadas.
d) Tienen que recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria que contenga el orden del día de las reuniones.
30. ¿En qué casos los miembros titulares del órgano colegiado de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes son sustituidos por sus suplentes, si los hubiere?
a) En general, aunque no exista causa justificada.
b) Cuando lo soliciten las organizaciones representativas.
c) En casos de ausencia o enfermedad.
d) Siempre que lo soliciten.
31. ----- (Correcta la 1)
a) 2
b) 4
c) 3
d) 1
32. ¿En quiénes pueden delegar los órganos de las diferentes administraciones públicas el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas?
a) En otros órganos de la propia administración, siempre que sean jerárquicamente dependientes.
b) En otros órganos de la misma administración, aunque no sean jerárquicamente dependientes, o a los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de estas administraciones públicas.
c) Siempre deben delegar en órganos de otra administración.
d) Sólo en los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de estas administraciones públicas.
33. ¿Dónde debe publicarse la delegación de competencias y su revocación?
a) En el Boletín Oficial del Estado, en el de la comunidad autónoma o en el de la provincia, según la Administración a la que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia del mismo.
b) Únicamente en el boletín de la comunidad autónoma o en el de la provincia.
c) Únicamente en el Boletín Oficial del Estado.
d) No es necesario publicarla.
34. Señale la respuesta incorrecta en relación con la delegación de competencias:
a) La delegación no será revocable en ningún caso por el órgano que la haya conferido.
b) El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, se adoptará observando, en todo caso, ese quórum o mayoría.
c) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación deben indicar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
d) Salvo autorización expresa de una ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.
35. ¿En qué casos la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público puede ser encargada a otros órganos o entidades de derecho público de la misma o de diferente administración?
a) Siempre que entre sus competencias se encuentren estas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su ejercicio.
b) Por razones técnicas y siempre que no se posean los medios para su ejercicio.
c) Siempre que entre sus competencias se encuentren estas actividades, por razones de eficacia, aunque se posean los medios técnicos idóneos para ejercerlas.
d) Siempre por razones de eficiencia y eficacia.
36. ¿Dónde debe publicarse el encargo de gestión entre órganos y entidades de derecho público de diferentes administraciones?
a) En el Boletín Oficial del Estado, en el de la comunidad autónoma o en el de la provincia, según la Administración a la que pertenezca el órgano que efectúa el encargo, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las comunidades autónomas por las diputaciones provinciales o en su caso cabildos o consejos insulares, que se rige por la legislación de régimen local.
b) No es necesario publicarla.
c) Únicamente en el boletín de la comunidad autónoma o en el de la provincia.
d) Únicamente en el Boletín Oficial del Estado.
37. Señale la respuesta incorrecta en relación con la suplencia prevista en el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:
a) Para su validez es necesaria la publicación.
b) La suplencia no implica alteración de la competencia.
c) Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo será ejercida por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa.
d) Los titulares de los órganos administrativos pueden ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación.
38. ¿Qué debe hacer el órgano administrativo que se considere incompetente para la resolución de un asunto?
a) Remitir a través de un jerárquico superior las actuaciones al órgano que considere competente.
b) Dictar una resolución en la que se declare incompetente y notificarla a los interesados.
c) Remitir directamente las actuaciones al órgano que considere competente, sin necesidad de notificar esta circunstancia a los interesados.
d) Remitir directamente las actuaciones al órgano que considere competente y notificar esta circunstancia a los interesados.
39. Señale la afirmación correcta:
a) Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración que estén relacionados jerárquicamente, y en lo que se refiere a asuntos sobre los que haya finalizado el procedimiento administrativo.
b) Los interesados, tanto si son parte en el procedimiento como si no, pueden dirigirse al órgano que esté conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente.
c) Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma administración no relacionados jerárquicamente, y en lo que se refiere a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.
d) Los interesados no pueden dirigirse al órgano que consideren competente para que requiera de inhibición a lo que esté conociendo del asunto.
40. Según el artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, no tienen la consideración de convenios:
a) Los acuerdos con efectos jurídicos intraadministrativos.
b) Los acuerdos con efectos jurídicos interadministrativos.
c) Los acuerdos con efectos jurídicos firmados entre administraciones públicas y entes de un sujeto de derecho internacional.
d) Los protocolos generales de actuación o instrumentos similares.
41. Señale la respuesta incorrecta. Los convenios suscritos por las administraciones públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las universidades públicas deben incluir:
a) El régimen de modificación del convenio.
b) El régimen de recursos.
c) Los sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con la que actúa cada una de las partes.
d) El objeto del convenio y las actuaciones que debe llevar a cabo cada sujeto para su cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.
42. Señale la respuesta correcta en relación con el plazo de vigencia de un convenio:
a) No puede ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
b) En ningún caso podrá ser superior a cuatro años.
c) No podrá ser superior a tres años.
d) No podrá ser superior a cinco años, salvo que se prevea normativamente un plazo superior.
43. ¿Cuál de las siguientes causas no prevé el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público como causa de resolución de un convenio?
a) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) La renuncia verbal por parte de alguno de los firmantes.
d) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del convenio.
44. En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente podrá efectuarse:
a) Únicamente en los estatutos de sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes según corresponda.
b) En los reales decretos de estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales o en los estatutos de sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes según corresponda.
c) En las resoluciones del Gobierno.
d) Mediante ley.
45. Según señala el artículo 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en relación con la concurrencia de sanciones, ¿qué ocurre si un órgano de la Unión Europea impone una sanción por unos mismos hechos?
a) Que siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver lo tendrá en cuenta a efectos de graduar la sanción que, en su caso, deba imponerse, y no la puede minorar, en el momento de declarar la comisión de la infracción.
b) Que siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver debe tenerlo en cuenta a efectos de graduar la sanción que, en su caso, deba imponerse, y la puede minorar, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
c) Que siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver la tendrá en cuenta a efectos de graduar la sanción que, en su caso, deba imponerse, pudiendo minorarla , sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
d) Que salvo que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver la tendrá en cuenta a efectos de graduar la sanción que, en su caso, deba imponerse, y no la puede aminorar, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
46. ¿Cómo define el artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el portal de Internet?
a) Como aquel punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una administración pública, organismo público o entidades de derecho público que permite acceder a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la correspondiente sede electrónica.
b) Como aquella sede que permite realizar cualquier acto o actuación de forma íntegra a través de medios electrónicos en el marco de un procedimiento administrativo.
c) Como aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una administración pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ejercicio de sus competencias.
d) Como aquella sede virtual cuya titularidad corresponde a una AP organismo público o entidades de derecho público que permite acceder a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la dirección electrónica correspondiente.
47. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las conferencias sectoriales se reúnen:
a) Al menos una vez al año.
b) Dos veces al año.
c) Una vez cada dos años.
d) Al menos una vez cada semestre.
48. En los convenios debe indicarse su plazo de vigencia y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, se señalan una serie de reglas, ¿cuál de las siguientes es una?
a) Que en cualquier momento anterior a la finalización del plazo previsto en el apartado h) del artículo 49, los firmantes del convenio pueden acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta un año adicional o su extinción.
b) Que en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado h) del artículo 49, los firmantes del convenio pueden acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta dos años adicionales o su extinción.
c) Que en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado h) del artículo 49, los firmantes del convenio pueden acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta cinco años adicionales o su extinción.
d) Que en cualquier momento anterior a la finalización del plazo previsto en el apartado h) del artículo 49, los firmantes del convenio pueden acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
49. ¿A qué consecuencia da lugar la resolución de un convenio según el artículo 52 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público?
a) A la comunicación al Tribunal de Cuentas a fin de determinar, con carácter previo a su liquidación, las obligaciones y compromisos que puedan corresponder a cada una de las partes.
b) A su liquidación a fin de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.
c) A la comunicación a los órganos de control externo y fiscalización a efectos de determinar las obligaciones de las partes y los compromisos de cada una de las partes.
d) A la satisfacción de ambas partes con arreglo a las reglas contenidas en el convenio.
50. Señale la opción incorrecta. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la creación de un órgano administrativo exige, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) La determinación de su forma de integración en la Administración pública de que se trate.
b) La delimitación de sus funciones y competencias.
c) La dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
d) La determinación de las unidades administrativas que lo integran.
51. Señale la opción incorrecta. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, se aplica al sector público, que comprende las siguientes administraciones:
a) El sector privado institucional.
b) La Administración General del Estado.
c) Las entidades que integran la Administración local.
d) La administración de las comunidades autónomas.
52. Señale la opción correcta. Según lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley 40/2015 , de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, para la válida constitución de un órgano colegiado, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, ¿de qué miembros se requiere la asistencia, presencial o a distancia?
a) Del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la del número de miembros que determine la norma de funcionamiento de cada órgano colegiado.
b) Del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la de un tercio, al menos, de sus miembros.
c) Del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
d) Del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y, al menos, de la mitad más uno de sus miembros.
53. Señale la opción incorrecta respecto de la avocación de acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:
a) Contra el acuerdo de avocación no se puede interponer recurso, aunque puede impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.
b) En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto lo puede avocar únicamente por el órgano delegante.
c) En todo caso, la avocación se llevará a cabo mediante acuerdo motivado, que será notificado a los interesados en el procedimiento, si lo hubiere, con posterioridad a la resolución final que se dicte.
d) Los órganos superiores pueden avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.
54. Indique la respuesta correcta en relación con lo dispuesto en el artículo 32.7 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:
a) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se rige por la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial.
b) La responsabilidad patrimonial del estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se rige por la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público.
c) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se rige por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
d) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se rige por el Real decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial.
55. Para la válida constitución de los órganos colegiados, el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, exige:
a) La asistencia, presencial o a distancia, del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la mitad, al menos de sus miembros, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos.
b) La asistencia presencial del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y de la mitad al menos de sus miembros, a efectos de la celebración de sesiones y deliberaciones, y la de todos sus miembros, para la toma de acuerdos.
c) La asistencia, presencial oa distancia, de al menos la mitad de sus miembros, a efectos de la celebración de sesiones y deliberaciones; sólo será necesaria la asistencia del presidente y el secretario, para la toma de acuerdos.
d) La asistencia presencial del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y de todos sus miembros, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos.
56. Según el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, son convenios:
a) Los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las administraciones públicas, los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes o las universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para una finalidad común.
b) Los que tienen por objeto una delegación de competencias entre órganos.
c) Los que se formalicen para actuar con un objetivo común, aunque no supongan la formalización de compromisos jurídicos.
d) Los acuerdos por los que se formalicen prestaciones propias de los contratos.
57. De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿qué convenios deben enviarse al Tribunal de Cuentas o al órgano de externo de fiscalización de la comunidad autónoma en los tres meses siguientes a la suscripción?
a) Cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros.
b) Todos los convenios.
c) Los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más administraciones públicas.
d) Cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 500.000 euros.
58. Señale la afirmación correcta. De conformidad con lo que dispone el artículo 81 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, que regula los principios generales de actuación del sector público institucional:
a) Las entidades que integran el sector público institucional no se sujetarán en materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones previstas en materia presupuestaria.
b) Las entidades que integran el sector público institucional están sometidas en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como al principio de transparencia en su gestión.
c) Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración autonómica y local se rigen por las disposiciones propias considerando que la Ley 40/2015 se aplica exclusivamente al sector público de la Administración General del Estado.
d) Las administraciones autonómicas y locales pueden establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, a fin de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación.
59. Señale la opción incorrecta. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, la creación de cualquier órgano administrativo exige, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Ubicación geográfica de sus dependencias.
b) Delimitación de sus funciones y competencias.
c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
d) Determinación de su forma de integración en la Administración pública de que se trate y su dependencia jerárquica.
60. Señale la opción incorrecta en relación con los convenios administrativos:
a) Deben cumplir la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
b) Tienen como finalidad contribuir a la realización de actividades de utilidad privada.
c) Deben facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos.
d) Tienen como finalidad mejorar la eficiencia de la gestión pública.
61. Las diferentes administraciones públicas actúan y se relacionan entre ellas y con las entidades u organismos vinculados a ellas de acuerdo con el principio:
a) Todas las respuestas anteriores son correctas.
b) De colaboración.
c) De cooperación.
d) De lealtad institucional.
62. La resolución de los convenios da lugar a su liquidación con el objeto de determinar:
a) Las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.
b) Los derechos y obligaciones de una de las partes.
c) Las expectativas y compromisos de cada una de las partes.
d) Los derechos de cada una de las partes.
63. Los consorcios se rigen por lo que se establece:
a) En la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
b) En sus estatutos.
c) Todas las respuestas anteriores son correctas.
d) En la normativa autonómica de desarrollo, en su caso.
64. Señale la opción correcta. En relación con el funcionamiento de los órganos colegiados, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, permite la deliberación y acuerdo de los asuntos que no figuren incluidos en el orden del día de la sesión que se remitió junto con la convocatoria, siempre que:
a) Asistan todos los miembros del órgano colegiado y se declare la urgencia del asunto por mayoría absoluta.
b) Asistan los miembros del órgano colegiado y se declare la urgencia del asunto por unanimidad.
c) Asistan la mayoría absoluta de los miembros del órgano colegiado y se declare la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
d) Asistan todos los miembros del órgano colegiado y se declare la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
65. De conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado se clasifican:
a) En organismos autónomos y agencias estatales.
b) En organismos autónomos y entidades públicas empresariales.
c) En organismos autónomos, consorcios y agencias estatales.
d) En organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales.
66. Señale la opción correcta. En relación con la delegación de competencias relativas a la resolución de recursos ante los órganos administrativos que hayan dictado los actos recurridos, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, establece:
a) Que en ningún caso pueden ser objeto de delegación las competencias relativas a esta materia.
b) Que la delegación sólo puede realizarse en órganos que estén bajo la dependencia jerárquica del órgano que delega.
c) Que la delegación debe ser expresa.
d) La delegación deberá publicarse en el boletín oficial correspondiente.
67. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en relación con las órdenes de servicio y las instrucciones:
a) Sólo las órdenes de servicio pueden dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes.
b) Pueden dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes.
c) Deben publicarse en el diario oficial para su entrada en vigor.
d) Sólo las instrucciones pueden dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes.
68. Según el art. 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los actos serán motivados:
a) Con extensa referencia de hechos y fundamentos de derecho.
b) Con sucinta referencia a los fundamentos de derecho.
c) Con extensa referencia a los hechos.
d) Con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.
69. Según el art. 35.1.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, deben ser motivados:
a) Los actos que se dicten en ejercicio de potestades regladas.
b) Los actos sigan el dictamen de órganos consultivos.
c) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
d) Los actos que reconozcan derechos subjetivos o intereses legítimos.
70. El art. 36.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece que:
a) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
b) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos.
c) Los actos administrativos se producirán por escrito o verbalmente, siempre por medios electrónicos.
d) Los actos administrativos se producirán por escrito o verbalmente, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
71. El art. 36.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece que en los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal:
a) La constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede.
b) La constancia escrita del acto se efectuará y firmará por la autoridad que emita el acto.
c) La constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano superior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede.
d) La constancia del acto se efectuará a través de medios de grabación y difusión.
72. Según el art. 36.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias:
a) Se dictarán actos separados, acordados por el órgano competente.
b) Se refundirán en un único acto, acordado por el órgano competente.
c) Podrán refundirse en un único acto, certificado por el funcionario competente.
d) Podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente.
73. De acuerdo con el art. 37.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán inaplicar la regulación establecida en una disposición reglamentaria de un órgano inferior.
b) Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general si proceden de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general.
c) Son anulables la resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47.
d) Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47.
74. En virtud del principio de inderogabilidad singular consagrado en el art. 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) Las resoluciones dictadas por los consejeros pueden vulnerar los decretos aprobados por el Consejo de Gobierno.
b) Las resoluciones dictadas por los consejeros deben aplicar los decretos aprobados por el Consejo de Gobierno.
c) Los actos administrativos del Consejo de Gobierno pueden vulnerar lo establecido en un decreto del propio Consejo de Gobierno.
d) Las resoluciones dictadas por los consejeros únicamente deben aplicar los decretos emanados por los órganos de igual o superior jerarquía.
75. Según el art. 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo, se presumirán válidos y producirán efectos:
a) Desde la fecha en que se notifiquen, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
b) Desde la fecha en que se notifiquen, cuando se indique expresamente.
c) Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
d) Desde la fecha en que se dicten, cuando se indique expresamente.
76. De acuerdo con el art. 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos:
a) Cuando se dicten en sustitución de actos nulos o anulables, así como cuando produzcan efectos desfavorables al interesado.
b) Cuando se dicten en sustitución de actos nulos o anulables, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado.
c) Cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado.
d) Cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos desfavorables al interesado.
77. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) La eficacia quedará demorada cuando lo soliciten los interesados o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.
b) Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
c) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha de la notificación, salvo que en ellos se disponga otra cosa
d) Los actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia únicamente vinculan a los órganos de la misma administración.
78. Según el art. 39.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal:
a) Podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto y, de rechazar el requerimiento, suspenderá la aplicación del acto.
b) No debe aplicar el acto administrativo y simultáneamente debe interponer un recurso contencioso administrativo.
c) Podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso contencioso-administrativo.
d) Podrá suspender la aplicación del acto administrativo y simultáneamente debe interponer un recurso contencioso administrativo.
79. Según el art. 40.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos:
a) Un extracto de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial.
b) El texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial.
c) El texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, así como el intento de notificación debidamente acreditado.
d) El texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.
80. Según el art. 41.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿qué notificaciones no deben efectuarse por medios electrónicos?
a) Todas las respuestas son correctas.
b) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.
c) Las que reconozcan derechos a favor de los interesados.
d) Aquellas que contengan el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa.
81. Según el art. 41.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuál de las siguientes notificaciones no debe practicarse por medios electrónicos?
a) Una notificación que contenga un medio de pago a favor del obligado.
b) Una notificación que vaya acompañada de elementos susceptibles de conversión en formato electrónico.
c) Una notificación que contenga una multa.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
82. Según el art. 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si el interesado rechaza la notificación de una actuación administrativa:
a) Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.
b) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.
c) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.
83. Según el art. 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si la Administración incumple la obligación de enviar un aviso al interesado informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración:
a) La notificación incurrirá en un vicio de anulabilidad.
b) La notificación incurrirá en un vicio de nulidad de pleno derecho.
c) La notificación será considerada plenamente válida.
d) La notificación deberá repetirse.
84. De acuerdo con el art. 41.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si el interesado ha sido notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación:
a) La que se haya producido en primer lugar.
b) La que se haya producido en último lugar.
c) La que resulte más favorable para el interesado.
d) La que determine el interesado.
85. Según el art. 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando una notificación se practique en papel:
a) Deberá ser puesta a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración para que pueda acceder al contenido de la misma de forma voluntaria.
b) El interesado deberá acceder a su contenido a través de la sede electrónica de la Administración.
c) No deberá ser puesta a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración.
d) Deberá publicarse en la sede electrónica de la Administración para que el interesado pueda consultar su contenido.
86. Según el art. 42.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo a la práctica de notificaciones en papel:
a) Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, el resto de notificaciones se practicarán través de medios electrónicos.
b) Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.
c) Las notificaciones que se practiquen en papel podrán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica.
d) Las notificaciones que se practiquen en papel no serán puestas a disposición del interesado en la sede electrónica.
87. Según el art. 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la notificación se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido:
a) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio.
b) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter voluntario, o haya sido expresamente elegida por el interesado.
c) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado.
d) Cuando la notificación por medios electrónicos haya sido expresamente elegida por el interesado.
88. Según el art. 43.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4:
a) Cuando hayan transcurrido quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única.
b) Con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única.
c) Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única.
d) Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única.
89. Según el art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo a la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos:
a) Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso.
b) Se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación.
c) Las notificaciones se entenderán practicadas en el momento de la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración.
90. Según el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿en qué supuestos debe practicarse la notificación mediante anuncios?
a) Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos o bien se ignore el lugar de la notificación.
b) Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos o hayan rechazado la notificación, cuando se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar.
c) Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar.
d) Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos o bien se ignore el lugar de la notificación, y cuando los interesados hayan rechazado la notificación.
91. Según el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo a la notificación infructuosa:
a) Las Administraciones Públicas establecerán otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
c) Las Administraciones Públicas establecerán otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
d) Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
92. Según el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la publicación de un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia en los casos de notificación infructuosa:
a) Es obligatoria y se hará después de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Es facultativa y se hará después de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
c) Es facultativa y se hará previamente a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
d) Es obligatoria y se hará previamente a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
93. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo a la publicación de actos administrativos:
a) La publicación de los actos se realizará siempre en el «Boletín Oficial del Estado», con independencia de cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar.
b) Todos los actos que afecten a una pluralidad de personas se publicarán obligatoriamente en el diario oficial que corresponda.
c) Todos los actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva se publicarán obligatoriamente en el diario oficial que corresponda.
d) Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.
94. Según el art. 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuál de los siguientes actos administrativos deberá ser publicado?
a) Un acto que tenga por destinatario a una persona que ha rechazado la notificación.
b) Un acto que tenga por destinatarias a más de diez personas.
c) Un acto que tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.
d) Todas las respuestas son correctas.
95. Según el art. 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si el órgano competente aprecia que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos:
a) Se limitará a publicar en el Diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer.
b) Se limitará a publicar en el Diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde todos los ciudadanos podrán comparecer.
c) Se limitará a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el texto íntegro del acto y el lugar donde los interesados podrán comparecer.
d) Se limitará a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer.
96. Según el art. 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuál de los siguientes actos es nulo de pleno derecho?
a) El que restrinja derechos de los ciudadanos.
b) El que contenga un defecto de forma.
c) Todas las respuestas son correctas.
d) El que se dicte por un órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio.
97. Según el art. 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas:
a) Que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
b) Que vulneren la Constitución, las leyes, las disposiciones y los actos administrativos de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
c) Que vulneren la Constitución, las leyes, las disposiciones y los actos administrativos de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
d) Que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
98. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta según el art. 48.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas implicará la nulidad del acto.
b) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
c) El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
d) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
99. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 49.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, siempre que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.
b) La nulidad o anulabilidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.
c) La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.
d) La nulidad de una parte del acto administrativo siempre determina la nulidad del resto de partes del acto.
100. El art. 50 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo a la conversión de actos viciados, establece que:
a) Los actos anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
b) Los actos nulos que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto no producirán efectos jurídicos.
c) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto no producirán efectos jurídicos.
d) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
101. Según el art. 52.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el acto de convalidación producirá efecto:
a) Siempre desde que se dictó el acto convalidado, además de lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos.
b) Desde la notificación o publicación, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos.
c) Desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos.
d) Desde la notificación, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos.
102. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 52.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo a la convalidación de actos administrativos:
a) Si el vicio consiste en incompetencia determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
b) La Administración podrá convalidar los actos nulos o anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
c) El acto de convalidación producirá efecto desde la notificación.
d) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.
103. Según el art. 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los recursos de alzada y de reposición deben fundarse:
a) En cualquiera de los motivos de nulidad, anulabilidad o error material previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.
b) En cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
c) En cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.
d) En cualquiera de los motivos de nulidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.
104. Según el art. 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿contra qué actos de trámite se puede interponer un recurso administrativo?
a) Contra los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable o lesionan expectativas e intereses intereses legítimos.
b) Contra los que deciden indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, o producen perjuicio a derechos e intereses legítimos.
c) Contra los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, o producen perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
d) Contra los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
105. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.
b) Los reglamentos podrán sustituir el recurso de alzada por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje.
c) Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabrá recurso en vía administrativa.
d) Se puede interponer recurso de alzada o de reposición contra todos los actos de trámite.
106. Según el art. 114.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuál de los actos siguientes pone fin a la vía administrativa?
a) Los acuerdos que inicien la negociación de pactos, convenios o contratos.
b) Todas las respuestas son correctas.
c) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.
d) Las resoluciones de los órganos administrativos que tengan superior jerárquico.
107. De acuerdo con el art. 115.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en la interposición de un recurso no hay obligación de expresar:
a) El acto que se recurre y la razón de su impugnación.
b) El órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación.
c) Los plazos de resolución del recurso.
d) El lugar, fecha y firma del recurrente.
108. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) Los vicios y defectos que hagan anulable un acto podrán ser alegados por quienes los hubieren causado.
b) El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.
c) Los recursos administrativos pueden presentarse de forma anónima.
d) El transcurso del plazo para la interposición del recurso no es una causa de inadmisión.
109. Según el art. 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cómo debe actuar un órgano administrativo cuando considere que la competencia para resolver un recurso corresponde a otra Administración Pública?
a) Deberá requerir al interesado para que subsane el recurso.
b) Remitirá el recurso al órgano superior jerárquico.
c) Remitirá directamente el recurso al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados.
d) Deberá desestimar el recurso, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados.
110. Según el art. 117.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿en qué circunstancias puede suspenderse la ejecución del acto impugnado?
a) Cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad o de anulabilidad previstas en los artículos 47 y 48 de esta Ley.
b) Cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
c) Cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley.
d) Cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley.
111. Según el art. 117.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida:
a) Transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma.
b) Si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto.
c) Transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en cualquier registro electrónico.
d) Si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en cualquier registro electrónico, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto.
112. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 117.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo a la suspensión de la ejecución de los actos:
a) La ejecución se deberá suspender cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley.
b) Si el interesado interpone un recurso contencioso-administrativo decaerá automáticamente la suspensión de la ejecución del acto.
c) Al dictar el acuerdo de suspensión se deberán adoptar medidas cautelares para asegurar la eficacia de la resolución.
d) La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa.
113. Según el art. 118.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo al trámite de audiencia a los interesados en un recurso administrativo:
a) No podrá solicitarse la práctica de pruebas que no se hayan realizado durante el procedimiento.
b) Podrá solicitarse la práctica de todas las pruebas que no se hayan realizado durante el procedimiento.
c) Podrá solicitarse la práctica de todas las pruebas que sean relevantes para la decisión del procedimiento.
d) No podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado.
114. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 118.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo al trámite de audiencia a los interesados en un recurso administrativo:
a) No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho.
b) Tienen carácter de documentos nuevos los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada.
c) Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo de quince días aleguen cuanto estimen procedente.
d) El recurso, los informes y las propuestas tienen el carácter de documentos nuevos a los efectos de este artículo.
115. Según el art. 119.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando el órgano competente considere que existe un vicio de forma en un acto recurrido:
a) Debe acordar la convalidación de actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.
b) No debe acordar la convalidación de actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.
c) Puede acordar la convalidación de actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.
d) Puede retrotraer el procedimiento y debe acordar la convalidación de actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.
116. Según el art. 119.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el órgano que resuelva un recurso administrativo:
a) Decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados.
b) Solo podrá decidir sobre las cuestiones fondo que plantee el procedimiento aunque no hayan sido alegadas por los interesados.
c) Podrá decidir sobre las cuestiones de forma y fondo que plantee el procedimiento que hayan sido alegadas por los interesados.
d) Decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, siempre que hayan sido alegadas por los interesados.
117. Según el art. 120.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa:
a) El órgano administrativo debe acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga sentencia firme.
b) El órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.
c) El órgano administrativo debe acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.
d) El órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial, a petición de los interesados.
118. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 121.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) Contra la resolución de un recurso de alzada se podrá interponer un recurso de reposición.
b) Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa deberán ser recurridos en alzada como requisito previo para impugnarlos ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
c) Contra los actos firmes en vía administrativa se podrá interponer un recurso de alzada ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto.
d) El recurso de alzada podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.
119. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) El plazo para interponer un recurso de reposición contra los actos expresos es de tres meses y el plazo para resolver el recurso es de un mes.
b) El plazo para interponer un recurso de reposición contra los actos expresos es de un mes y el plazo para resolver el recurso es de tres meses.
c) El plazo para interponer un recurso de alzada contra los actos expresos es de un mes y el plazo para resolver el recurso es de tres meses.
d) El plazo para interponer un recurso de alzada contra los actos expresos es de un mes y el plazo para resolver el recurso es de un mes.
120. Según el art. 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el plazo para la interposición del recurso de alzada:
a) Será de tres meses, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución agotará la vía administrativa a todos los efectos.
b) Será de tres meses, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.
c) Será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.
d) Será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución agotará la vía administrativa a todos los efectos.
121. Según el art. 122.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el recurso de alzada:
a) Debe interponerse en el plazo de tres meses, si el acto fuera expreso.
b) Debe resolverse en el plazo de un mes, si el acto fuera expreso, y de tres meses, si el acto fuera tácito.
c) Puede interponerse contra las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando pongan fin a la vía administrativa.
d) Debe resolverse y notificarse en el plazo de tres meses.
122. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
b) Los actos firmes pueden ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
c) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de tres meses.
d) Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa deben ser recurridos en reposición ante el mismo órgano que los haya dictado.
123. Según el art. 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición:
a) En el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
b) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que hayan transcurrido tres meses desde que se inició el procedimiento.
c) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
d) En el plazo de seis meses a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
124. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) Si el acto no fuera expreso, el interesado podrá interponer un recurso de reposición en el plazo de seis meses.
b) El plazo máximo para dictar la resolución del recurso de reposición será de tres meses.
c) Si el acto no fuera expreso, el interesado deberá interponer recurso de reposición para agotar la vía administrativa.
d) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso.
125. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes.
b) Contra la desestimación presunta de un recurso de reposición se podrá interponer un nuevo recurso de reposición en el plazo de tres meses.
c) El recurso de reposición podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante la jurisdicción contencioso administrativa.
d) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso, y de tres meses, si fuera presunto.
126. Según el art. 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el recurso extraordinario de revisión:
a) Puede interponerse ante el órgano que dictó el acto o ante su superior jerárquico, que será el competente para su resolución.
b) Puede interponerse ante el órgano administrativo que dictó el acto, que también será el competente para su resolución.
c) Debe interponerse ante el órgano administrativo que dictó el acto, que lo remitirá al superior jerárquico junto con un informe.
d) Puede interponerse ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto, que será el competente para su resolución.
127. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 126.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida, el plazo para la interposición del recurso extraordinario de revisión será de cuatro años a contar desde la notificación de la resolución impugnada.
b) Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado.
c) El plazo para la interposición del recurso extraordinario de revisión será de tres meses, si el acto fuera expreso.
d) Cuando la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible, el plazo para la interposición del recurso extraordinario de revisión será de tres meses a contar desde la notificación de la sentencia.
128. De acuerdo con el art. 42 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, adoptan la forma de acuerdo:
a) Los actos dictados por los órganos colegiados, por el Gobierno y por las comisiones delegadas.
b) Los actos dictados por el presidente, por los órganos colegiados, por el Gobierno y por las comisiones delegadas.
c) Los actos dictados por el presidente, por el vicepresidente, por el Gobierno y por las comisiones delegadas.
d) Los actos dictados por el presidente y por los órganos colegiados.
129. Según el art. 53.1 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, agotan la vía administrativa:
a) Los acuerdos de las comisiones delegadas del Gobierno y del Consejo de Gobierno, y las resoluciones dictadas por el presidente, los consejeros y los órganos directivos de las Consejerías.
b) Los acuerdos de las comisiones delegadas del Gobierno y las resoluciones de los consejeros, salvo que una ley establezca lo contrario.
c) Los actos dictados por el presidente, por el Consejo de Gobierno y por los órganos directivos de las Consejerías.
d) Los acuerdos de las comisiones delegadas del Gobierno y las resoluciones dictadas por los órganos directivos de las Consejerías.
130. Según el art. 53.2 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en los entes que integran la administración instrumental agotan la vía administrativa:
a) Los actos emanados de los órganos de dirección unipersonales o colegiados y del personal directivo profesional, si así lo prevén sus estatutos o la norma de creación.
b) Los actos emanados de los órganos de dirección unipersonales o colegiados.
c) Los actos emanados de los órganos de dirección unipersonales o colegiados y del personal directivo profesional.
d) Los actos emanados de los órganos de dirección unipersonales o colegiados, si así lo prevén sus estatutos o la norma de creación.
131. Según el art. 58.1 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, son susceptibles de recurso de alzada:
a) Los actos de los órganos de la Administración de la comunidad autónoma que agoten la vía administrativa, así como los actos de trámite en los casos previstos en la normativa básica de procedimiento administrativo.
b) Los actos de los órganos de la Administración de la comunidad autónoma que no agoten la vía administrativa.
c) Los actos de los órganos de la Administración de la comunidad autónoma que no agoten la vía administrativa, así como los actos de trámite en los casos previstos en la normativa básica de procedimiento administrativo.
d) Los actos de los órganos de la Administración de la comunidad autónoma que agoten la vía administrativa.
132. Según el art. 58.2 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se entiende que el consejero es el órgano superior jerárquico:
a) De los órganos directivos y de los órganos de dirección de los entes del sector público instrumental adscritos a la consejería.
b) De los órganos y unidades administrativos que no dispongan de otro superior jerárquico.
c) De los órganos directivos adscritos a la consejería.
d) De los órganos unipersonales adscritos a la consejería.
133. Según el art. 58.3 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en relación a los actos dictados por:
a) El presidente, las comisiones delegadas o por los consejeros.
b) Las comisiones delegadas o por los consejeros, cuando una ley prevea que estos actos no agotan la vía administrativa.
c) El presidente, las comisiones delegadas o por los consejeros, cuando una ley prevea que estos actos no agotan la vía administrativa.
d) Las comisiones delegadas o por los consejeros.
134. Según el art. 58.4 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, los actos y las resoluciones de los órganos superiores de dirección de los entes que integran la administración instrumental de la comunidad autónoma, serán objeto de recurso de alzada:
a) Ante el consejero titular de la consejería a la cual se hallen adscritos, siempre y cuando no agoten la vía administrativa.
b) Ante el Consejo de Dirección del ente, siempre y cuando agoten la vía administrativa.
c) Ante el Consejo de Dirección del ente, siempre y cuando no agoten la vía administrativa.
d) Ante el consejero titular de la consejería a la cual se hallen adscritos, siempre y cuando agoten la vía administrativa.
135. Según el art. 60.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se entiende por orden superior:
a) La emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento.
b) La emitida por por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el procedimiento.
c) El acto por el que cualquier persona pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento.
136. Según el art. 62.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo al inicio del procedimiento por denuncia:
a) Las denuncias siempre deberán identificar a los presuntos responsables.
b) Las denuncias se podrán presentar anónimamente.
c) Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan.
d) Las denuncias deberán calificar jurídicamente la infracción cometida.
137. Según el art. 63.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento.
b) En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento, salvo en los casos en que la legislación específica lo autorice.
c) No se podrá imponer ninguna sanción sin que se haya tramitado el procedimiento sancionador que regula el título IV de esta Ley.
d) No se podrán imponer sanciones por faltas graves o muy graves sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento.
138. De acuerdo con el art. 64.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el acuerdo de iniciación de los procedimientos de naturaleza sancionadora:
a) Se notificará al inculpado únicamente cuando pueda ser interesado en el procedimiento.
b) Debe contener la identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
c) Debe designar siempre un secretario.
d) Se notificará al instructor del procedimiento de acuerdo con los artículos 40 a 46 de esta Ley.
139. Según el art. 65.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuál es el plazo para presentar alegaciones en los procedimientos de responsabilidad patrimonial?
a) Quince días, a contar desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento.
b) Diez días, a contar desde que se dicta el acuerdo de iniciación del procedimiento.
c) No hay ningún plazo específico para presentar alegaciones.
d) Diez días, a contar desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento.
140. Según el art. 75.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse:
a) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con el horario de atención al público.
b) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.
c) En la forma que resulte más conveniente para la Administración y atendiendo al interés público.
d) En la forma que resulte más conveniente para el órgano instructor.
141. Según el art. 77.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se abrirá un período de prueba:
a) A petición de los interesados, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por éstos o cuando la naturaleza del procedimiento lo exija.
b) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados.
c) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija.
d) A petición de los interesados, cuando la naturaleza del procedimiento lo exija.
142. Según el art. 77.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el período extraordinario de prueba se abrirá:
a) Cuando el instructor lo considere necesario, a petición de los interesados, por un plazo no superior a diez días.
b) Cuando el instructor lo considere necesario, por un plazo no superior a diez días.
c) Cuando el instructor lo considere necesario, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez.
d) Cuando el instructor lo considere necesario, a petición de los interesados, por un plazo no superior a quince días.
143. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con el art. 77.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo a los medios y el período de prueba:
a) El instructor puede rechazar pruebas propuestas por los interesados.
b) Los hechos declarados probados en actos administrativos firmes vinculan a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.
c) El instructor podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a quince días.
d) La duración del período ordinario de prueba será inferior a treinta días.
144. Según el art. 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos:
a) No harán prueba de éstos.
b) Harán prueba de éstos.
c) Harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.
d) No harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.
145. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con el art. 78.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo a la práctica de la prueba:
a) El interesado puede nombrar técnicos para que le asistan.
b) Las pruebas cuya realización implique gastos para la Administración serán pagadas por el interesado.
c) La Administración comunicará a los interesados, con una antelación no inferior a diez días ni superior a quince, el inicio del período de prueba.
d) Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad siempre harán prueba de su contenido.
146. Según el art. 78.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿en qué casos la Administración podrá exigir el pago de los gastos de la práctica de pruebas?
a) En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración.
b) En los casos en que deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que deba soportar la Administración.
c) En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que deba soportar la Administración.
d) En los casos en que deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración.
147. Según el art. 80.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿en qué plazo serán emitidos los informes?
a) En el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
b) En un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez.
c) En un plazo no inferior a diez días ni superior a quince.
d) En el plazo de quince días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
148. Según el art. 80.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de no emitirse el informe en el plazo señalado:
a) Se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver.
b) No se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se deberá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver.
c) Se podrán proseguir las actuaciones cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se deberá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver.
d) Se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se deberá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver.
149. Según el art. 80.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el informe emitido fuera de plazo por una administración pública distinta de la que tramita el procedimiento:
a) No podrá ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución, salvo lo dispuesto en la normativa sectorial específica.
b) No podrá ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
c) Deberá ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
d) Podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
150. Según el art. 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo a los procedimientos de responsabilidad patrimonial, ¿qué carácter tiene el informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable?
a) Facultativo y no vinculante.
b) Preceptivo y vinculante.
c) Facultativo.
d) Preceptivo.
151. Según el art. 81.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, el plazo para dictar resolución:
a) Quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe del Consejo General del Poder Judicial y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de un mes.
b) Podrá quedar suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe del Consejo General del Poder Judicial y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de dos meses.
c) Quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe del Consejo General del Poder Judicial y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de dos meses.
d) Podrá quedar suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe del Consejo General del Poder Judicial y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de un mes.
152. Según el art. 81.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia:
a) Será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de un mes.
b) Será preceptivo y vinculante el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses.
c) Será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses.
d) Será preceptivo y vinculante el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de un mes.
153. Según el art. 82.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el trámite de audiencia será:
a) Posterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico.
b) Anterior a la fase de información pública.
c) Anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico.
d) Anterior a la fase de prueba.
154. Según el art. 82.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si antes del vencimiento del plazo de audiencia los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones:
a) Se tendrá por realizado el trámite.
b) Se entenderá que el interesado desiste del procedimiento.
c) No se tendrá por realizado el trámite.
d) Se interrumpirá el plazo para resolver.
155. Según el art. 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuándo se podrá prescindir del trámite de audiencia?
a) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija.
b) Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
c) Cuando los interesados en el procedimiento sean desconocidos o se ignore el lugar de la notificación.
d) Cuando lo requiera la naturaleza del procedimiento.
156. Según el art. 83.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se podrá acordar un período de información pública:
a) Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
b) Cuando hubiera otros interesados en el procedimiento, a fin de que aleguen cuanto estimen procedente.
c) Cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera.
d) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija.
157. Según el art. 83.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la incomparecencia en el trámite de información pública:
a) Implicará la renuncia del interesado a su pretensión en el procedimiento.
b) No impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.
c) Implicará la pérdida de la condición de interesado.
d) Impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.
158. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 83.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo al trámite de información pública:
a) Quienes presenten alegaciones u observaciones tendrán la condición de interesados en el procedimiento.
b) El plazo para presentar alegaciones será de treinta días.
c) Quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada.
d) La duración de este trámite no será inferior a diez días ni superior a quince.
159. Según el art. 84.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, son formas de terminación del procedimiento:
a) La resolución, el desistimiento, el allanamiento, la renuncia y la declaración de caducidad.
b) La resolución, el allanamiento, la renuncia y la declaración de caducidad.
c) La resolución, el desistimiento, la renuncia y la declaración de caducidad.
d) La resolución, el desistimiento, la prescripción, y la declaración de caducidad.
160. Según el art. 85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las reducciones en el importe de la sanción por reconocimiento de la responsabilidad y por pago voluntario anterior a la resolución:
a) Serán como máximo del 20%, siendo éstos acumulables entre sí.
b) Serán de al menos el 20 %, no siendo éstos acumulables entre sí.
c) Serán de al menos el 20 %, siendo éstos acumulables entre sí.
d) Serán como máximo del 20%, no siendo éstos acumulables entre sí.
161. El porcentaje de reducción de la sanción previsto en el art. 85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) No podrá ser incrementado reglamentariamente.
b) No podrá ser incrementado.
c) Podrá ser incrementado reglamentariamente.
d) Solamente podrá ser incrementado mediante una ley sectorial específica.
162. Según el art. 86.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los pactos y los acuerdos que suscriban las Administraciones Públicas:
a) Requerirán la aprobación del Consejo de Gobierno cuando supongan una alteración de las competencias atribuidas a otras Administraciones Públicas.
b) Deberán establecer las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia.
d) Deberán publicarse en el boletín oficial que corresponda.
163. Según el art. 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿en qué plazo deben practicarse las actuaciones complementarias?
a) En un plazo no inferior a diez días ni superior a quince.
b) En un plazo no superior a diez días.
c) En un plazo no superior a quince días.
d) En un plazo no inferior a quince días.
164. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo a la práctica de actuaciones complementarias:
a) Los informes que preceden inmediatamente a la resolución final tendrán la consideración de actuaciones complementarias.
b) Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo de siete días.
c) El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias.
d) Se concederá un plazo no inferior a siete días para formular alegaciones.
165. Según el art. 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las actuaciones complementarias serán acordadas:
a) Por el instructor del procedimiento.
b) Por el órgano competente para dictar la resolución de inicio.
c) Por el órgano instructor o el órgano competente para resolver.
d) Por el órgano competente para resolver.
166. Según el art. 88.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando haya cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados:
a) El órgano competente podrá pronunciarse sobre estas cuestiones, poniéndolo antes de manifiesto a los interesados por un plazo no inferior a quince días.
b) El órgano competente podrá pronunciarse sobre estas cuestiones, poniéndolo antes de manifiesto a los interesados por un plazo no superior a quince días.
c) El órgano competente podrá pronunciarse sobre estas cuestiones, y debe conceder un plazo de siete días a los interesados para formular las alegaciones que tengan por pertinentes.
d) El órgano instructor podrá pronunciarse sobre estas cuestiones, poniéndolo antes de manifiesto a los interesados por un plazo no superior a diez días.
167. Según el art. 88.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las resoluciones:
a) Podrán contener la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35.
b) Podrán contener la decisión, que podrá ser motivada en los casos a que se refiere el artículo 37.
c) Contendrán la decisión, que podrá ser motivada en los casos a que se refiere el artículo 37.
d) Contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35.
168. Según el art. 89.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿en cuál de los siguientes supuestos el órgano instructor debe resolver la finalización del procedimiento sancionador con el archivo de las actuaciones?
a) Cuando los hechos constituyan una infracción manifiesta.
b) Cuando se concluya que ha caducado la infracción.
c) Cuando el instructor no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados.
d) Cuando los hechos no resulten acreditados.
169. Según el art. 89.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿qué órgano debe formular la propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador?
a) El órgano competente para resolver a propuesta del instructor.
b) El órgano competente para resolver.
c) El órgano instructor.
d) El órgano competente para dictar la resolución de inicio.
170. Según el art. 90.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes:
a) En el plazo de quince días.
171. Según el art. 90.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando la resolución que ponga fin a los procedimientos de carácter sancionador sea ejecutiva:
a) Se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa.
b) Se suspenderá cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso ordinario en vía administrativa.
c) Se suspenderá cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución definitiva en vía administrativa.
d) Se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso ordinario en vía administrativa.
172. Según el art. 90.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente:
a) Se podrá fijar mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será firme en vía administrativa.
b) Se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva.
c) Se fijará mediante un nuevo procedimiento contradictorio, cuya resolución no será firme en vía administrativa.
d) Se retrotraerá el procedimiento a la fase de instrucción a fin de que el órgano instructor cuantifique los daños o perjuicios.
173. Según el art. 91.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el procedimiento de responsabilidad patrimonial podrá finalizar:
a) Por resolución administrativa o mediante acuerdo entre la Administración y el interesado.
b) Por resolución administrativa.
c) Por resolución administrativa o por silencio positivo.
d) Por resolución administrativa, por silencio positivo, o mediante acuerdo entre la Administración y el interesado.
174. Según el art. 91.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando la Administración no cumpla la obligación de resolver y notificar el procedimiento de responsabilidad patrimonial en el plazo de seis meses:
a) Se producirá la caducidad del procedimiento.
b) Podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
c) La solicitud podrá entenderse estimada por silencio administrativo.
d) La indemnización se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será firme en vía administrativa.
175. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 94.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) En los procedimientos iniciados de oficio y a instancia de parte, la Administración podrá desistir motivadamente.
b) En los procedimientos iniciados a instancia de parte, la Administración podrá desistir motivadamente.
c) En los procedimientos iniciados a instancia de parte, los interesados podrán desistir de su solicitud.
d) En los procedimientos iniciados de oficio, los interesados podrán desistir y renunciar a sus derechos.
176. Según el art. 94.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿de qué plazo disponen los terceros interesados para instar la continuación del procedimiento en caso de desistimiento o renuncia?
a) Diez días.
b) Un plazo no inferior a quince días.
c) Quince días.
d) Siete días.
177. Según el art. 94.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento:
a) La Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.
b) La Administración no podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia.
c) La Administración deberá limitar los efectos de la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.
d) La Administración podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y seguirá el procedimiento.
178. Según el art. 95.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, contra la resolución que declare la caducidad:
a) No se podrá interponer ningún recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos.
b) Los interesados podrán manifestar su oposición cuando la resolución sea firme en vía administrativa.
c) Procederán los recursos pertinentes.
d) Se podrán presentar alegaciones en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince.
179. Según el art. 95.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo:
a) La Administración le podrá advertir que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento.
b) La Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento.
c) La Administración le podrá advertir que, transcurridos seis meses, se producirá la caducidad del procedimiento.
d) La Administración le advertirá que, transcurridos seis meses, se producirá la caducidad del procedimiento.
180. Según el art. 95.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración.
b) La caducidad producirá la prescripción de las acciones del particular o de la Administración.
c) La prescripción no producirá por sí sola la caducidad de las acciones del particular o de la Administración.
d) La prescripción producirá la caducidad de las acciones del particular o de la Administración.
181. Según el art. 96.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando se haya iniciado la tramitación simplificada del procedimiento, el órgano competente podrá continuar con arreglo a la tramitación ordinaria en cualquier momento del procedimiento:
a) Anterior al trámite de información pública.
b) Anterior al período de prueba.
c) Anterior a su resolución.
d) Anterior al trámite de audiencia.
182. Según el art. 96.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria:
a) Cuando alguno de los interesados manifieste su oposición expresa a la tramitación simplificada.
b) Cuando alguno de los interesados manifieste su conformidad a la tramitación simplificada.
c) Cuando la mayoría de los interesados manifieste su oposición expresa a la tramitación simplificada.
d) Cuando todos los interesados manifiesten su oposición expresa a la tramitación simplificada.
183. Según el art. 96.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando los interesados soliciten la tramitación simplificada del procedimiento, el órgano competente:
a) Deberá estimar dicha solicitud en el plazo de cinco días desde su presentación.
b) Podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado.
c) Deberá desestimar dicha solicitud, en el plazo de diez días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado.
d) Podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, mediante resolución motivada, que será susceptible de recurso.
184. Según el art. 96.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando el órgano competente considere que hay elementos de juicio suficientes para calificar una infracción como leve:
a) Podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento, salvo que alguno de los interesados manifieste su oposición expresa.
b) Deberá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento, salvo que alguno de los interesados manifieste su oposición expresa.
c) Podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento, sin que quepa oposición expresa por parte del interesado.
d) Deberá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento, sin que quepa oposición expresa por parte del interesado.
185. Según el art. 96.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en los procedimientos de tramitación simplificada el dictamen del Consejo de Estado:
a) Deberá ser emitido en el plazo de diez días.
b) Deberá ser emitido en el plazo de quince días.
c) Podrá ser emitido en el plazo de quince días si así lo solicita el órgano competente.
d) Deberá ser emitido en el plazo de un mes.
186. Según el art. 98.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos:
a) Salvo que se trate de un procedimiento de responsabilidad patrimonial.
b) Aunque se produzca la suspensión de la ejecución del acto.
c) Aunque se trate de un procedimiento de tramitación simplificada.
d) Salvo que se produzca la suspensión de la ejecución del acto.
187. Según el art. 99 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las Administraciones Públicas pueden proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos:
a) A través de sus órganos competentes, salvo que la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.
b) A través del órgano judicial competente.
c) A través del órgano judicial competente, con la autorización previa del Consejo de Ministros o del órgano equivalente de las comunidades autónomas.
d) A través de sus órganos, con la autorización previa del órgano judicial competente.
188. Según el art. 100.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las Administraciones Públicas pueden entrar en el domicilio del afectado sin autorización judicial:
a) Cuando el afectado manifieste su consentimiento en un proceso judicial.
b) Con el consentimiento del afectado.
c) Cuando así lo disponga una resolución administrativa.
d) Con el informe previo y vinculante del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico.
189. Según el art. 101.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se seguirá el procedimiento de apremio:
a) Cuando en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida.
b) Cuando los actos administrativos impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar.
c) Cuando en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida y se cuente con la oportuna autorización judicial.
d) Cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
190. Según el art. 101.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) No podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.
b) No podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria sin autorización judicial.
c) Se podrá imponer a los administrados una obligación pecuniaria que esté establecida mediante una norma de rango legal o reglamentario.
d) Se podrá imponer a los administrados una obligación pecuniaria que no esté prohibida mediante una norma de rango legal.
191. Según el art. 102.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, habrá lugar a la ejecución subsidiaria:
b) Cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
c) Cuando los actos administrativos impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar.
d) Cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado y se disponga de la correspondiente autorización judicial.
192. ¿En cuál de los supuestos siguientes puede imponerse la multa coercitiva según el art. 103.1, letra b), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas?
a) Cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados
b) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros.
c) En los actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente.
d) En los actos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar.
193. Según el art. 104.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando se imponga una obligación personalísima de hacer y el obligado no realice la prestación:
a) Se liquidarán los daños y perjuicios de forma provisional, a reserva de la liquidación definitiva.
b) Se aplicarán los medios de ejecución forzosa respetando el principio de proporcionalidad.
c) El obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía administrativa.
d) Habrá lugar a la ejecución subsidiaria del acto en vía administrativa.
194. Según el art. 47 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el cómputo del plazo establecido para resolver y notificar empezará a computarse:
a) Desde la fecha de presentación de la solicitud en el registro.
b) Desde la fecha de entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
c) Desde la fecha de nombramiento del instructor.
d) Desde la fecha de la solicitud.
195. Según el art. 50.2 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa, éste será de:
a) Un mes.
b) Seis meses.
c) Tres meses.
d) Un año.
196. Según el art. 50.3.a) de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos sancionadores ordinarios respecto de los cuales la Comunidad Autónoma dispone de competencia normativa, es:
a) De un año.
b) De un mes.
c) De tres meses.
d) De seis meses.
197. Según el art. 50.3 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos sancionadores abreviados respecto de los cuales la comunidad autónoma dispone de competencia normativa, es:
a) De seis meses, salvo que la normativa procedimental de carácter específico fije un plazo superior.
b) De un año, salvo que la normativa procedimental de carácter específico fije un plazo superior.
c) De un año.
198. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta según el art. 50 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears:
a) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos sancionadores ordinarios es de un año, salvo que la normativa procedimental de carácter específico establezca un plazo superior.
b) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa en todos los procedimientos de competencia de la Comunidad Autónoma es de seis meses.
c) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos de competencia de la Comunidad Autónoma es el que fije la norma reguladora del procedimiento correspondiente, y en su defecto el plazo será de seis meses.
d) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos sancionadores abreviados es de seis meses, salvo que la normativa procedimental de carácter específico establezca un plazo superior.
199. Según el art. 51, letra b), de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en los procedimientos iniciados a instancia de parte se puede establecer el silencio negativo:
a) Mediante una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general.
b) Mediante una norma con rango reglamentario o de ley por razones imperiosas de interés general o mediante una norma de derecho comunitario.
c) Mediante una norma de derecho comunitario.
d) Mediante una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o mediante una norma de derecho comunitario.
200. Según el art. 51 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en los procedimientos para la concesión de ayudas y de subvenciones públicas, ¿qué efectos tiene el silencio administrativo?
a) La solicitud se entiende estimada.
b) Se produce la caducidad del procedimiento.
c) Se produce la prescripción del derecho.
d) La solicitud se entiende desestimada.
201. Según el art. 52 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, las medidas de ejecución previstas en los acuerdos y las resoluciones:
a) Deberán ser ordenadas por el superior jerárquico del órgano que las hubiera dictado.
b) Deberán ser ordenadas por el mismo órgano que las hubiera dictado.
c) Podrán ser ordenadas por el mismo órgano que las hubiera dictado o por el órgano superior jerárquico.
d) Podrán ser ordenadas por el mismo órgano que las hubiera dictado.
202. Según el art. 25.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando:
a) No esté prohibida por una norma de rango legal o reglamentario.
b) Haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley.
c) No esté prohibida por una norma con rango de Ley.
d) Haya sido expresamente reconocida por una norma de rango legal o reglamentario.
203. Según el art. 25.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las disposiciones de este Capítulo:
a) Serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio.
b) Serán extensivas al ejercicio por las entidades del sector público de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio.
c) Podrán hacerse extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio.
d) No podrán hacerse extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio.
204. De acuerdo con el art. 25.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las disposiciones de este Capítulo, relativas al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora:
a) No serán de aplicación respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.
b) Podrán ser de aplicación respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.
c) No serán de aplicación respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación sobre función pública o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.
d) Serán de aplicación respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.
205. Según el art. 26.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes:
a) En el momento de resolver el procedimiento sancionador.
b) En el momento que sean probados los hechos constitutivos de una infracción administrativa.
c) En el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.
d) En el momento de la iniciación del procedimiento sancionador.
206. Según el art. 26.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor:
a) Salvo las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
b) Salvo las sanciones pendientes de recurso al entrar en vigor la nueva disposición.
c) Incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
d) Incluso respecto de las sanciones cumplidas al entrar en vigor la nueva disposición.
207. Según el art. 27.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:
a) Las infracciones y las sanciones administrativas se clasificarán en leves, graves y muy graves.
b) Las infracciones y las sanciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves.
c) Las infracciones administrativas se clasificarán en leves, graves y muy graves.
d) Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves.
208. Según el art. 27.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:
a) Las normas definidoras de infracciones y sanciones podrán ser susceptibles de aplicación analógica.
b) Las normas definidoras de infracciones y sanciones serán susceptibles de aplicación analógica.
c) Las normas definidoras de infracciones no serán susceptibles de aplicación analógica.
d) Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.
209. Según el art. 28.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, los patrimonios independientes o autónomos:
a) No podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa cuando una ley les reconozca capacidad de obrar.
b) No podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa.
c) Podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa.
d) Podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa cuando una ley les reconozca capacidad de obrar.
210. Según el art. 28.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuándo pueden ser sancionados los grupos de afectados?
a) Cuando una ley o un reglamento les reconozca capacidad de obrar.
b) Cuando su estatuto les reconozca capacidad de obrar.
c) Cuando una ley les reconozca capacidad de obrar.
d) Cuando una ley, un reglamento o su estatuto les reconozca capacidad de obrar.
211. Según el art. 28.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la indemnización por los daños y perjuicios que se deriven de una infracción administrativa:
a) Será determinada y exigida por los órganos competentes.
b) Será determinada y exigida por el órgano al que corresponda instruir el procedimiento de apremio.
c) Será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora.
d) Será determinada por el órgano perjudicado y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora.
212. Según el art. 28.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores:
a) Deberán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación.
b) Podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación.
c) Podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes no se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación.
d) No podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación.
213. Según el art. 29.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las sanciones administrativas:
a) Pueden ser de naturaleza no pecuniaria.
c) Pueden ser de naturaleza pecuniaria.
d) No pueden implicar privación de libertad.
214. El art. 29.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, dispone que:
a) El establecimiento de sanciones pecuniarias podrá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
b) El establecimiento de sanciones podrá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
c) El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
d) El establecimiento de sanciones deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
215. Según el art. 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, se puede apreciar reincidencia:
a) Por comisión en el término de un año de más de una infracción cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
b) Por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución definitiva en vía administrativa.
c) Por comisión en el término de un año de más de una infracción cuando así haya sido declarado por resolución definitiva en vía administrativa.
d) Por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
216. Según el art. 29.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver:
a) Deberá calificar la infracción en el grado inferior.
b) Podrá imponer la sanción en el grado inferior.
c) Podrá calificar la infracción en el grado inferior.
d) Deberá imponer la sanción en el grado inferior.
217. Según el art. 29.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, constituye una infracción continuada:
a) La realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.
b) La realización de una pluralidad de acciones u omisiones en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.
c) Todas las respuestas son incorrectas.
d) La realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos.
218. Según el art. 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en defecto de una ley específica las infracciones leves prescriben:
a) A los tres meses.
b) Al mes.
c) Al año.
d) A los seis meses.
219. Según el art. 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las sanciones impuestas por faltas graves prescriben:
a) A los tres años.
b) Según lo dispuesto en las leyes que las establezcan, y en su defecto, a los dos años.
c) Según lo dispuesto en las leyes que las establezcan, y en su defecto, al año.
d) A los dos años.
220. Según el art. 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en defecto de una ley específica prescriben al año:
a) Las infracciones leves y las sanciones impuestas por faltas leves.
b) Las sanciones impuestas por faltas leves.
c) Las infracciones leves.
221. Según el art. 30.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el plazo de prescripción de las infracciones continuadas o permanentes comenzará a contarse:
a) Desde el día en que se cometió la primera infracción.
b) Desde que se inició la conducta infractora.
c) Desde que finalizó la conducta infractora.
d) Desde que finalizó la primera infracción cometida.
222. Según el art. 30.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuándo se interrumpe la prescripción de la infracción?
a) Con la iniciación, con conocimiento del órgano instructor y del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora.
b) Con la iniciación de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora.
c) Con la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento de información reservada.
d) Con la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora.
223. Según el art. 30.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuándo se reinicia el plazo de prescripción de la infracción?
a) Cuando el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa imputable al presunto responsable.
b) Cuando el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes.
c) Cuando se inicie, con conocimiento del interesado, un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora.
d) Cuando el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
224. Según el art. 30.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuándo se interrumpe la prescripción de las sanciones?
a) Cuando se inicia el procedimiento de ejecución.
b) Cuando se inicia, con conocimiento del interesado, el procedimiento de ejecución.
c) Cuando se inicia, con conocimiento del interesado, un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora.
d) Cuando se inicia un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora.
225. Según el art. 30.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuándo vuelve a transcurrir el plazo de prescripción de las sanciones?
a) Cuando el procedimiento esté paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
b) Cuando el procedimiento esté paralizado durante más de un mes por causa imputable al infractor.
c) Cuando el procedimiento esté paralizado durante menos de un mes por causa no imputable al infractor.
d) Cuando el procedimiento esté paralizado durante más de un mes.
226. Según el art. 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento:
a) Anormal o irregular de los servicios públicos.
b) Normal de los servicios públicos.
c) Normal, anormal o regular de los servicios públicos.
d) Normal o anormal de los servicios públicos.
227. Según el art. 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, se excluye la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas:
a) En los casos de fuerza mayor.
b) En los casos de emergencia.
d) En los casos de daños imprevistos.
228. Según el art. 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:
a) La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos administrativos no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
b) La anulación en vía administrativa de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
c) La anulación por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
d) La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
229. Según el art. 32.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los supuestos de responsabilidad patrimonial el daño alegado debe ser:
a) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
b) Efectivo y evaluable económicamente.
c) Efectivo, material, evaluable económicamente e individualizado.
d) Efectivo, material, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
230. Según el art. 32.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿en cuál de los siguientes supuestos puede surgir la responsabilidad patrimonial del Estado legislador?
a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una ley o una disposición general contraria al ordenamiento jurídico.
b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al derecho internacional.
c) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional.
d) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al ordenamiento jurídico.
231. Según el art. 32.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿en cuál de los siguientes supuestos procede la indemnización por las lesiones que sean consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional?
a) Cuando el particular hubiera obtenido sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño.
b) Cuando el particular hubiera obtenido sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
c) Cuando el particular hubiera obtenido sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
d) Cuando el particular hubiera obtenido sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño.
232. Según el art. 32.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley producirá efectos:
a) Desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que en ella se establezca otra cosa.
b) Desde la fecha en que se dicte, salvo que en ella se establezca otra cosa.
c) Desde la fecha en que se dicte.
d) Desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
233. Según el art. 32.7 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por:
a) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
b) La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
c) La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
d) La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
234. Según el art. 32.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad:
a) La sentencia fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar, con el informe previo del Consejo de Estado.
b) El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar.
c) El Consejo de Ministros o el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar.
d) La sentencia fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar.
235. Según el art. 32.9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿en cuál de los siguientes supuestos habrá responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos?
a) Cuando sean consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por el contratista.
b) Cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa del contratista.
c) Cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración.
236. Según el art. 33.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular:
a) En todo caso, de forma mancomunada.
b) De forma mancomunada, salvo que en los acuerdos se establezca la responsabilidad solidaria.
c) De forma mancomunada, salvo que en los acuerdos se establezca un régimen distinto.
d) En todo caso, de forma solidaria.
237. Según el art. 34.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños:
a) Que éste no tenga el deber jurídico de soportar.
b) Que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
c) Que éste tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
d) Que éste tenga el deber jurídico de soportar.
238. ¿Qué daños no son indemnizables según el art. 34.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público?
a) Los que sean consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos.
b) Los que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.
c) Los causados por una norma con rango de ley.
239. Según el art. 34.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los casos de responsabilidad patrimonial que sean consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores:
a) A la fecha de la publicación de la sentencia.
b) A la fecha de la notificación de la sentencia.
c) A la fecha de la publicación de la sentencia, salvo que la sentencia disponga otra cosa.
d) A la fecha de la notificación de la sentencia, salvo que la sentencia disponga otra cosa.
240. Según el art. 34.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, para calcular la indemnización en los casos de muerte o lesiones corporales:
a) Se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
b) Se tomará como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
c) Se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
d) Se tomará como referencia la valoración incluida en los baremos de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
241. Según el art. 34.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial la cuantía de la indemnización se actualizará:
a) En la fecha en que se inicie el procedimiento con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad.
b) En la fecha en que se ponga fin al procedimiento con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad.
c) En la fecha en que se inicie el procedimiento con arreglo al Índice de Precios al Consumo.
d) En la fecha en que se ponga fin al procedimiento con arreglo al Índice de Precios al Consumo.
242. Según el art. 34.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿de acuerdo con qué norma se exigirán los intereses que procedan por la demora en el pago de la indemnización fijada en los procedimientos de responsabilidad patrimonial?
a) La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
b) La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.
c) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
d) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.
243. Según el art. 34.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los casos de responsabilidad patrimonial la indemnización procedente:
a) Se sustituirá por una compensación en especie o será abonada mediante pagos periódicos.
b) Será abonada mediante pagos periódicos cuando no exista disponibilidad presupuestaria.
c) Se sustituirá por una compensación en especie cuando haya razones imperiosas de interés general.
d) Podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos.
244. Según el art. 34.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los casos de responsabilidad patrimonial, ¿cuál de los siguientes requisitos es necesario para sustituir la indemnización por una compensación en especie?
a) Que exista acuerdo con el interesado y no haya disponibilidad presupuestaria para abonar la indemnización durante el año en curso.
b) Que exista acuerdo con el interesado y se prevea en las normas sectoriales específicas.
c) Que exista acuerdo con el interesado.
d) Que exista acuerdo con el interesado y no esté prohibido en las normas sectoriales específicas.
245. Según el art. 35 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza:
a) Su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado.
b) Su responsabilidad se exigirá de conformidad con el derecho privado cuando concurra con sujetos de derecho privado.
c) Su responsabilidad se exigirá de conformidad con el derecho privado.
d) Su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, salvo cuando concurra con sujetos de derecho privado.
246. Según el art. 36.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, para exigir responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, los particulares se dirigirán:
a) Directamente a la Administración Pública correspondiente.
b) Indistintamente a la Administración Pública o a las autoridades y personal a su servicio.
c) Directamente a las autoridades y personal a su servicio, y subsidiariamente a la Administración Pública.
d) Directamente a las autoridades y personal a su servicio.
247. Según el art. 36.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la Administración exigirá responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal a su servicio:
a) De oficio por vía judicial.
b) De oficio por vía judicial, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
c) De oficio en vía administrativa, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
d) De oficio en vía administrativa o por vía judicial, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
248. ¿Cuál de los siguientes criterios de cuantificación de la sanción no se cita en el art. 36.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, relativo a la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas?
a) La responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.
b) El resultado dañoso producido.
c) La reiteración.
d) El grado de culpabilidad.
249. Según el art. 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cómo debe exigir la Administración la responsabilidad a sus empleados por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos?
a) De oficio en vía administrativa, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
b) Mediante resolución que se dictará en el plazo de diez días desde la constatación de los daños y perjuicios.
c) De oficio en vía administrativa o por vía judicial.
250. Según el art. 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el plazo para realizar alegaciones en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas es:
a) De diez días.
b) No inferior a quince días.
c) De quince días.
d) No inferior a diez días.
251. Según el art. 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el plazo para la práctica de pruebas en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas es:
a) Todas las respuestas son incorrectas.
b) Inferior a quince días.
c) De diez días.
d) No inferior a diez días ni superior a treinta.
252. Según el art. 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el plazo de audiencia en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas es:
253. Según el art. 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas, la propuesta de resolución se formulará en un plazo de:
a) Diez días a contar desde la conclusión de la fase de prueba.
b) Cinco días a contar desde la conclusión de la fase de prueba.
c) Diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
d) Cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
254. Según el art. 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el plazo para dictar resolución en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas es de:
a) Cinco días.
b) Cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
c) Diez días.
d) Diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
255. Según el art. 37.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas:
a) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan.
b) Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
c) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
d) Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan.
256. Según el art. 64.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la incoación de un procedimiento de naturaleza sancionadora se comunicará al denunciante:
a) En ningún caso.
b) Cuando sea interesado en el procedimiento.
d) Cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean.
257. Según el art. 64.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el acuerdo de iniciación de los procedimientos de naturaleza sancionadora contendrá:
a) La posible calificación de los hechos.
b) Las sanciones que pudieran corresponder.
c) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento.
258. Según el art. 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento de naturaleza sancionadora:
a) Éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
b) Éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando no contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
c) Éste podrá ser considerado resolución cuando no contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
d) Éste podrá ser considerado resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
259. Según el art. 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el derecho a reclamar responsabilidad patrimonial:
a) Prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
b) Caduca al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización.
c) Caduca al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
d) Prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización.
260. Según el art. 67.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las solicitudes de responsabilidad patrimonial irán acompañadas de:
a) Cuantas alegaciones se estimen oportunas.
b) Cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba.
c) Cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos, de la proposición de prueba y del trámite de audiencia.
d) Cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos.
261. Según el art. 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial el plazo para la emisión del informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable:
a) No podrá exceder de diez días.
b) Será de quince días.
c) No podrá exceder de quince días.
d) No podrá ser inferior a diez días.
262. Según el art. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean:
a) De cuantía igual o superior a 30.000 euros.
b) De cuantía igual o superior a 30.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica.
c) De cuantía igual o superior a 50.000 euros.
d) De cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica.
263. Según el art. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el dictamen emitido por el Consejo de Estado en los procedimientos de responsabilidad patrimonial debe pronunciarse sobre:
a) La existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida.
b) En su caso, la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización.
c) La existencia de negligencia en la actuación administrativa.
264. Según el art. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el dictamen emitido por el Consejo de Estado en los procedimientos de responsabilidad patrimonial debe pronunciarse sobre:
b) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
c) La reincidencia.
d) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
265. Según el art. 81.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuánto tiempo podrá quedar suspendido el plazo para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia?
a) Un máximo de dos meses.
b) No se establece ningún plazo de suspensión.
c) Un mínimo de dos meses.
d) Un máximo de un mes.
266. Según el art. 85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la efectividad de las reducciones del importe de la sanción:
a) Estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa o judicial contra la sanción.
b) Estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía judicial contra la sanción.
c) Estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
d) No estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
267. Según el art. 90.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la resolución de los procedimientos de carácter sancionador incluirá:
a) La valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión.
b) La valoración de las pruebas practicadas, con excepción de aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión.
c) La valoración de las pruebas que no se han podido practicar.
d) La valoración de las pruebas practicadas después del trámite de audiencia.
268. Según el art. 91.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial será necesario que la resolución se pronuncie sobre:
a) La existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida.
c) La cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda.
d) La valoración del daño causado, cuando proceda.
