1. La delegación legislativa, cuando su objeto sea la formación de textos articulados:
a) Todas las respuestas anteriores son correctas.
b) Tiene que otorgarse por una ley de bases.
c) Tiene que otorgarse por una ley marco.
d) Tiene que otorgarse por una ley de delegación.
2. La delegación legislativa, cuando su objeto sea refundir varios textos legales en uno sólo:
a) Tiene que otorgarse por una ley ordinaria.
b) Todas las respuestas anteriores son correctas.
d) Tiene que otorgarse por una ley de bases.
3. La delegación legislativa tiene que otorgarse en el Gobierno:
a) De forma expresa y para materia concreta.
b) De forma expresa y para materia determinada o determinable.
c) De forma expresa y para materia concreta, con fijación del procedimiento que se tiene que seguir.
d) De forma expresa y para materia concreta, con fijación del plazo para su ejercicio.
4. La delegación legislativa:
a) Sí que se agota por el uso que haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente, salvo que la materia no se hubiera reglamentado completamente o, incluso en este caso, restara tiempo del plazo fijado por las Cortes para el ejercicio de esta delegación.
b) Sí que se agota por el uso que haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente, salvo que la materia no se hubiera reglamentado completamente.
c) No se agota por el uso que haga el Gobierno si la materia todavía no ha sido totalmente reglamentada.
d) Sí que se agota por el uso que haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente.
5. La delegación legislativa:
a) Puede concederse de forma implícita.
b) Se tiene que conceder con fijación de plazo para su ejercicio.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
d) Puede concederse por tiempo indeterminado.
6. La delegación legislativa se puede llevar a cabo:
a) En el Gobierno y a los ministros, en asuntos propios de su ministerio.
b) En el Gobierno o a su presidente.
c) En el Gobierno.
d) En el Gobierno, a su presidente y a los ministros.
7. En supuestos de delegación legislativa:
a) Es posible la subdelegación sólo si lo prevé expresamente la ley de delegación.
b) No es posible ninguna subdelegación.
c) Es posible la subdelegación.
d) Es posible la subdelegación sólo si lo prevé, expresa o implícitamente, la ley de delegación.
8. Las leyes de bases:
a) Delimitarán con precisión el objeto y el alcance de la delegación legislativa, con previsión genérica de los principios y los criterios que tienen que seguirse en su ejercicio.
b) Delimitarán con precisión el objeto y el alcance de la delegación legislativa.
c) Delimitarán con precisión el objeto y el alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que tienen que seguirse en su ejercicio.
d) Delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa, con la posibilidad de prever los principios y los criterios que tienen que seguirse en su ejercicio.
9. El ejercicio de la delegación normativa la controlan:
a) Los sistemas de control que prevé la misma ley de delegación y, si no hay, los tribunales.
b) Los tribunales y los sistemas de control que prevean la misma ley de delegación.
c) Los tribunales.
d) Los sistemas de control que prevé la misma ley de delegación.
10. La autorización para refundir textos legales:
a) Determinará el ámbito normativo al cual se refiere el contenido de la delegación, y tendrá que especificar qué normas concretas serán refundidas y si la autorización se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la autorización para regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que tienen que ser refundidos.
b) Determinará el ámbito normativo al cual se refiere el contenido de la delegación.
c) Determinará el ámbito normativo al cual se refiere el contenido de la delegación, y tendrá que especificar si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si incluye la autorización para aclarar los textos legales que tienen que ser refundidos.
d) Determinará el ámbito normativo al cual se refiere el contenido de la delegación, y tendrá que especificar si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si incluye la autorización para regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que tienen que ser refundidos.
11. Según lo que dispone la Constitución española, son leyes orgánicas:
a) Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
b) Las que aprueben estatutos de autonomía.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
12. La Constitución española dispone también que tienen el carácter de ley orgánica:
a) Las que aprueben el régimen electoral general, las otras que prevé la Constitución, expresa o implícitamente, y las que prevean otras leyes orgánicas.
b) Las que aprueben el régimen electoral general y las otras que prevé la Constitución.
c) Las que aprueben el régimen electoral general, las otras que prevé la Constitución y las que prevean otras leyes orgánicas.
d) Las que aprueben el régimen electoral general.
13. La aprobación de las leyes orgánicas exige:
a) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
b) Mayoría absoluta del Congreso y del Senado, en una votación final comuna después de sesión compartida sobre el conjunto del proyecto.
c) Mayoría absoluta del Congreso y del Senado, en una votación final comuna sobre el conjunto del proyecto.
d) Mayoría absoluta del Congreso y del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
14. La modificación de las leyes orgánicas exige:
a) Mayoría absoluta del Congreso y del Senado, en una votación final comuna sobre el conjunto del proyecto.
c) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
15. La derogación de las leyes orgánicas exige:
a) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
b) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
c) Mayoría simple del Congreso.
d) Mayoría absoluta del Congreso y del Senado, en una votación final comuna después de sesión compartida sobre el conjunto del proyecto.
16. Indicad cuál qué de las siguientes afirmaciones es cierta:
a) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias no incluidas en el artículo 83 de la Constitución española.
b) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas que relaciona la propia Constitución.
c) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo 81 de la Constitución española.
d) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley.
17. Indicad cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:
b) Las Cortes Generales, por una ley ordinaria, pueden sustituir la iniciativa de las corporaciones locales al hecho que se refiere el apartado 2 del artículo 143 de la Constitución española.
c) En ningún caso se admite la federación de comunidades autónomas.
d) Las Cortes Generales, por una ley orgánica, pueden, por motivos de interés local, autorizar o acordar, si procede, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.
18. La reforma de los estatutos, según lo que dispone la Constitución española:
a) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
b) Se tiene que ajustar al procedimiento que estos establecen y, si no hay, lo que prevé la misma Constitución, y requiere , en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales por una ley orgánica.
c) Se tiene que ajustar al procedimiento que estos establecen y requiere, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales por una ley orgánica.
d) Se tiene que ajustar al procedimiento que estos establecen.
19. Los estatutos de autonomía son, según lo que dispone la Constitución española:
a) La norma institucional básica de cada comunidad autónoma, y el Estado los ampara en la medida en qué son parte integrante de su ordenamiento jurídico.
b) La norma institucional básica de cada comunidad autónoma, y el Estado los reconoce y los ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
c) La norma institucional básica de cada comunidad autónoma, y el Estado los reconoce como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
d) La norma institucional básica de cada comunidad autónoma.
20. Los estatutos de autonomía tienen que contener:
a) La delimitación del territorio de la comunidad autónoma.
b) La denominación de la comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
c) Todas las respuestas anteriores son correctas.
d) Las competencias asumidas dentro del marco que establece la Constitución.
21. El Estado, según lo que dispone la Constitución, puede transferir o delegar a las comunidades autónomas facultades correspondientes:
a) A materias de titularidad estatal que no sean de la competencia exclusiva del Estado.
b) A cualquier materia de titularidad estatal.
c) A materias de titularidad estatal cuando así lo exija el interés público.
d) A materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.
22. Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas:
a) Que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango igual o superior.
b) Que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior.
c) Que vulneren la Constitución o las leyes.
d) Que vulneren la Constitución.
23. Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas:
a) Que regulen materias reservadas a la ley.
b) Que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos.
d) Las respuestas a) y b) son incorrectas.
24. Indicad cuál de las afirmaciones siguientes es cierta:
a) Las leyes de bases pueden facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
b) Las leyes de bases no pueden facultar para dictar normas con carácter retroactivo en ningún caso.
c) Las leyes de bases pueden facultar para dictar normas con carácter retroactivo, si este carácter no perjudica a derechos o intereses de terceros.
d) Las leyes de bases pueden facultar para dictar normas con carácter retroactivo, si este carácter no perjudica intereses de terceros o son limitativas de derechos.
25. Reciben el nombre de decreto legislativo:
a) Las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada en virtud de una ley de bases.
b) Las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada y consistan en refundir textos.
c) Las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada.
d) Las leyes que delegan la potestad de dictar normas con rango de ley.
26. Los decretos ley:
a) Únicamente pueden ser dictados en casos de extraordinaria y urgente necesidad.
b) Únicamente pueden ser dictados en casos extraordinarios.
c) Únicamente pueden ser dictados en casos de necesidad.
d) Únicamente pueden ser dictados en supuestos de urgencia.
27. Es una característica de los decretos ley:
a) Que se trata de disposiciones legislativas la vigencia de las cuales decae en el plazo máximo de un mes.
b) Que se trata de disposiciones gubernativas la vigencia de las cuales decae en el plazo máximo de un mes.
c) Que se trata de disposiciones gubernativas provisionales.
d) Que se trata de disposiciones legislativas provisionales.
28. Los decretos ley:
a) No pueden afectar el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado.
b) No pueden afectar el régimen de las comunidades autónomas.
29. Los decretos ley:
a) No pueden afectar el derecho electoral general.
b) No pueden afectar el régimen de los municipios.
30. Los decretos ley:
a) No pueden afectar los derechos, los deberes y las libertades que regula el título I de la Constitución.
b) No pueden afectar los derechos, los deberes y las libertades que regula la sección primera del capítulo I del título I de la Constitución española.
d) No pueden afectar los derechos, los deberes y las libertades que regula el capítulo I del título I de la Constitución.
31. Los decretos ley tienen que ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad:
a) En el Congreso y el Senado reunir a tal efecto.
b) A las Cortes.
c) En el Congreso.
d) En el Senado.
32. El debate y la votación de los decretos ley tienen que producirse en el plazo:
a) De los veinte días siguientes a su promulgación.
b) De los dos meses siguientes a su promulgación.
c) De los diez días siguientes a su promulgación.
d) De los treinta días siguientes a su promulgación.
33. Según la Constitución española:
a) Las asambleas de las comunidades autónomas pueden remitir a la Mesa del Congreso o del Senado una proposición de ley.
b) Las asambleas de las comunidades autónomas pueden remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley.
d) Las asambleas de las comunidades autónomas pueden solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley.
34. Una vez remitida una proposición de ley por parte de las comunidades autónomas:
a) Se tienen que delegar ante el órgano correspondiendo un máximo de siete miembros de la asamblea encargados de su defensa.
b) Se tienen que delegar ante el órgano correspondiendo un máximo de tres miembros de la asamblea encargados de su defensa.
c) Se tienen que delegar ante el órgano correspondiendo un máximo de nuevo miembros de la asamblea encargados de su defensa.
d) Se tienen que delegar ante el órgano correspondiendo un máximo de cinco miembros de la asamblea encargados de su defensa.
35. Se tienen que regular por una ley orgánica:
a) Los requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley.
b) Las formas de ejercicio de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley.
36. Según lo que dispone la Constitución española, en relación con la iniciativa legislativa popular:
a) En todo caso, se exigen más de 500.000 firmas acreditadas.
b) Como regla, se exigen más de 500.000 firmas acreditadas.
c) En todo caso, se exigen no menos de 500.000 firmas acreditadas.
d) Como regla, se exigen no menos de 500.000 firmas acreditadas.
37. La iniciativa legislativa popular no es procedente:
a) En materias propias de ley orgánica.
b) En materias tributarias.
38. La iniciativa legislativa popular no es procedente:
a) En materias civiles.
b) En materias de carácter internacional.
39. La iniciativa legislativa popular no es procedente:
a) Respecto a la prerrogativa de gracia.
b) En materias de competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
40. El Consejo de Ministros aprueba:
a) Los proyectos de ley.
b) Las proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios que apoyan en el Gobierno.
41. Las leyes aprobadas por las Cortes Generales tienen que ser sancionadas en el plazo:
a) De quince días desde su aprobación.
b) De treinta días desde su aprobación.
c) De tres días desde su aprobación.
d) De cinco días desde su aprobación.
42. Una vez sancionadas las leyes:
b) Las Cortes las promulgarán.
c) El rey las promulgará.
d) El rey ordenará la promulgación.
43. Una vez aprobado un proyecto de ley orgánica por el Congreso, el Senado puede oponer su veto o introducir enmiendas. En caso de veto, una vez transcurrido un mes desde su interposición, el proyecto puede ser sometido al rey para sanción si el Congreso ratifica el texto inicial:
a) Por mayoría de dos terceras partes de sus miembros.
b) Por mayoría simple.
c) Por mayoría absoluta.
d) Por mayoría de tres quintas partes de sus miembros.
44. A través de una ley marco:
a) Se establecerá la modalidad de control sobre las normas administrativas de las comunidades autónomas.
b) Se establecerá la modalidad de control sobre las normas no legislativas de las comunidades autónomas.
c) Se establecerá la modalidad de control sobre las normas legislativas de las comunidades autónomas.
d) Se establecerá la modalidad de control sobre las normas de las comunidades autónomas.
45. El control ejercito a través de una ley marco corresponde, según la Constitución española:
a) Al Gobierno.
b) Al Senado.
c) Al Congreso.
d) A las Cortes Generales.
46. La institución encargada de atribuir a todas o a alguna de las comunidades autónomas facultades legislativas través de una ley marco es:
a) Las Cortes Generales.
b) El Congreso.
c) El Senado.
d) El Gobierno.
47. En los supuestos de transferencia de facultades por parte del Estado a las comunidades autónomas:
a) Tiene que preverse en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros.
b) Tiene que preverse las formas de control del Estado.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
48. Una vez aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, el Senado puede interponer su veto o introducir enmiendas:
a) En el plazo de cuatro meses.
b) En el plazo de dos meses.
c) En el plazo de un mes.
d) En el plazo de tres meses.
49. La iniciativa legislativa, según la Constitución española, corresponde:
a) Al Congreso y al Senado.
b) Al Gobierno.
c) Al Gobierno, en el Congreso y en el Senado.
d) Al Gobierno y al Congreso.
50. Una vez promulgada una ley, el rey:
a) Ordenará la inmediata publicación.
b) Ordenará la rápida publicación.
c) Ordenará la publicación.
d) Ordenará la urgente publicación.
51. Una vez aprobado un proyecto de ley ordinaria por el Congreso, su presidente:
a) Dará cuenta en un breve plazo de tiempo al presidente del Senado.
b) Dará cuenta al presidente del Senado en el plazo de tres días.
c) Dará cuenta al presidente del Senado.
d) Dará cuenta inmediata al presidente del Senado.
52. El plazo para que el Senado pueda oponer su veto o introducir enmiendas a un proyecto de ley empieza:
a) A partir del primer día hábil siguiente al de la recepción del texto.
b) A partir del día de la recepción del texto.
c) A partir del día siguiente al de la recepción del texto.
d) La Constitución no dice nada sobre este aspecto.
53. Para interponer un veto a un proyecto de ley por parte del Senado:
a) El Senado podrá decidir motivarlo a través de mensaje.
b) Será aconsejable mensaje motivado.
d) Será necesario mensaje motivado.
54. El senado podrá introducir enmiendas en el texto recepcionado de un proyecto de ley. Para lo cual, dispondrá de un plazo:
a) De un mes.
b) De dos meses.
c) De diez días.
d) De cinco días.
55. El veto del Senado a un proyecto de ley remitido por el Congreso tendrá que ser aprobado, si procede:
a) Por mayoría de tres quintas partes de los miembros del Senado.
b) Por mayoría.
c) Por mayoría de dos terceras partes de los miembros del Senado.
d) Por mayoría absoluta.
56. En caso de veto del Senado a un proyecto de ley, no se podrá someter al rey para sanción sin que el Congreso ratifique el texto inicial:
a) Por mayoría simple.
b) Por mayoría absoluta.
c) Por mayoría de dos terceras partes de sus miembros.
57. Señalad la respuesta correcta. En relación con las fuentes del derecho administrativo:
a) Los principios generales del derecho no son fuente del derecho.
b) La costumbre sólo regirá a falta de principios generales del derecho, siempre que no sea contrario a la moral o al orden público y que resulte probado.
c) Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales siempre serán de aplicación directa en España.
d) La jurisprudencia es una fuente indirecta del derecho administrativo.
58. El derecho administrativo:
a) Es un derecho público.
b) Es un derecho común.
d) Es un derecho limitativo.
59. De acuerdo con lo que prevé el Código civil, las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales:
a) Aunque no pueden llegar a tener aplicación directa en España, tendrán carácter informador del ordenamiento jurídico interno.
b) Serán de aplicación directa en España desde la firma del tratado internacional correspondiente.
c) No serán de aplicación directa en España en tanto que no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en Boletín Oficial del Estado.
d) No tienen aplicación directa en España.
60. ¿Cuándo se aplica la costumbre como fuente del derecho?
a) A falta de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada.
b) Cuando resulte de aplicación por razón de la materia.
c) En cualquier caso, aunque haya ley aplicable.
d) Cuando no haya principios generales del derecho aplicables al caso.
61. ¿Qué artículo del Código civil establece las fuentes del derecho?
a) El artículo 1.
b) El artículo 35.
c) El artículo 18.
d) Ninguno.
62. El principio de legalidad viene establecido en la Constitución:
a) En el artículo 9.
b) En el artículo 1.
c) En el artículo 103.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
63. El principio de jerarquía de las fuentes del derecho administrativo:
a) Se regula en el artículo 9.3 de la Constitución.
b) Determina la invalidez de la norma inferior que contradiga lo que dispone la superior.
d) No se aplica en las relaciones entre las leyes ordinarias y las orgánicas.
64. Los principios generales del derecho:
a) Tienen un valor normativo superior a la costumbre.
b) Son fuente indirecta.
c) Son fuente de aplicación a falta de ley y costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
d) Tienen un valor normativo superior a la costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
65. El principio de reserva de ley significa:
a) Que la ley se sitúa en la posición más elevada de la pirámide normativa.
b) Que determinadas materias que establece la Constitución sólo las puede regular una norma con rango legal.
c) Que no es posible negarse a la aplicación o al cumplimiento de la ley.
d) Que el enjuiciamiento de la ley compite en exclusiva o está reservado a los tribunales.
66. De acuerdo con el Código civil, en relación con las fuentes del derecho:
a) La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de manera reiterada, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley y la costumbre.
b) Los principios generales del derecho se aplican a falta de ley, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
c) La costumbre sólo regirá a falta de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al interés social y que resulte probado.
d) La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de manera reiterada, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
67. ¿Qué otro principio, además del de jerarquía normativa, se debe tener en cuenta para explicar la relación entre las diferentes fuentes del ordenamiento jurídico?
a) El principio de cooperación.
b) El principio de colaboración.
c) El principio de competencia.
d) El principio de coordinación.
68. Los reglamentos son disposiciones normativas:
a) Que emanan del poder ejecutivo en virtud de su potestad reglamentaria.
b) De rango inferior a la ley.
c) De carácter general.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
69. ¿Qué característica comparten las leyes y los reglamentos?
b) Que ambas son normas jurídicas.
c) Que ambas emanan del ejecutivo.
d) Que ambas emanan de la voluntad popular.
70. Señala la respuesta correcta en relación con el reglamento:
a) Los decretos legislativos son reglamentos.
b) El reglamento puede suplir a la ley en los casos recogidos en la Constitución.
c) El reglamento puede dejar sin efecto una ley o contradecirla.
d) El reglamento es controlable por el poder judicial.
71. Indica cuál de las siguientes respuestas es la incorrecta en relación con los reglamentos:
a) La entrada en vigor de los reglamentos aprobados por el Gobierno de la Nación requiere su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado.
b) De acuerdo con la Ley 1/2019, de 31 de enero, de Gobierno de las Illes Balears, en casos de urgencia y de forma excepcional, la entrada en vigor de determinados reglamentos aprobados por el Consejo de Gobierno requiere únicamente su publicación en extracto en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
c) Los reglamentos dictados por las entidades locales han de publicarse en el boletín oficial que corresponda.
d) El control de las normas reglamentarias dictadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa.
72. Señala la respuesta incorrecta. Tradicionalmente, los reglamentos se clasifican:
a) Por el sujeto del cual proceden: estatales, autonómicos y locales.
b) Por sus efectos: jurídicos y normativos.
c) Por su relación con la ley: ejecutivos, independientes y de necesidad.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
73. Los reglamentos pueden definirse:
a) Como cualquier disposición administrativa dictada en el seno de un procedimiento, con efectos erga omnes.
b) Como cualquier disposición jurídica de carácter singular dictada por la Administración pública y subordinada a la ley.
c) Como cualquier disposición jurídica dictada por el Gobierno y la Administración en virtud de la delegación normativa efectuada a su favor por las Cortes Generales.
d) Como cualquier disposición jurídica de carácter general dictada por el Gobierno y la Administración pública, subordinada a la ley.
74. Los reglamentos independientes se caracterizan por ser:
a) Los que regulan materias sobre las que la Constitución ha previsto expresamente una reserva reglamentaria, así como aquellos que regulan materias en las que no se ha producido una previa regulación por ley y que no están protegidas por reserva material de ley.
b) En España no puede haber reglamentos independientes, dado que la Constitución no ha previsto expresamente una reserva reglamentaria.
c) Los que regulan materias en las que no se ha producido una previa regulación por ley y que no están protegidas por reserva material de ley.
d) Los que regulan materias sobre las que la Constitución ha previsto expresamente una reserva reglamentaria.
75. Los reglamentos ejecutivos son:
a) Los que desarrollan y complementan una ley.
b) Los que regulan materias sobre las que la Constitución española ha previsto una reserva reglamentaria.
c) Los que dicta la Administración para hacer frente a riesgos extraordinarios, suspendiendo la vigencia de las leyes a las cuales contradicen mientras dure la situación de emergencia.
d) Los que regulan materias en las que no se ha producido una previa regulación por ley y que no están protegidas por reserva material de ley.
76. De acuerdo con las clasificaciones doctrinales clásicas de los reglamentos, ¿cómo se denomina el reglamento que se dicta sin una habilitación o remisión específica de una ley?
a) Reglamento ejecutivo.
b) Reglamento de necesidad.
d) Reglamento independiente.
77. Señala la respuesta incorrecta en relación con el reglamento de necesidad:
a) El reglamento de necesidad implica la suspensión de la legalidad establecida.
b) El reglamento de necesidad tiene carácter transitorio en el ordenamiento jurídico.
c) El reglamento de necesidad sólo se puede dictar por razón de la concurrencia de circunstancias extraordinarias.
d) El reglamento de necesidad tiene carácter de permanencia en el ordenamiento jurídico.
78. Señala la respuesta correcta:
a) El reglamento independiente necesita de habilitación normativa.
b) El reglamento de necesidad tiene una extensión temporal ilimitada y precisa de una norma posterior que lo derogue.
c) El reglamento independiente no puede abordar ni entrar a regular ningún ámbito normativo externo a la Administración.
d) El reglamento ejecutivo se denomina también reglamento praeter legem.
79. Las órdenes de funciones de los puestos de trabajo dictadas por los consejeros y consejeras son reglamentos:
a) De necesidad.
b) Independientes.
c) Ejecutivos.
80. El Reglamento del Parlamento de las Illes Balears:
b) No está subordinado a la ley, sino que está al mismo nivel de la ley.
c) A pesar de su denominación, no tiene naturaleza de disposición reglamentaria.
d) No es susceptible de recurso contencioso administrativo.
81. Se entiende por potestad reglamentaria:
b) La facultad del Gobierno y de la Administración de dictar disposiciones administrativas.
c) La facultad del Gobierno y de la Administración de crear de normas jurídicas de carácter general, sometidas a la Constitución y a la ley.
d) La facultad del Gobierno y de la Administración de crear normas jurídicas, incluidas las de carácter singular.
82. De acuerdo con el artículo 97 de la Constitución Española:
a) El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y los estatutos de autonomía.
b) El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución, los estatutos de autonomía y el resto de leyes.
c) El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
d) El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria con carácter exclusivo.
83. A quien corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas?
a) Al Gobierno de la nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, a los órganos de gobierno locales y a las entidades del sector público institucional.
b) Al Gobierno de la nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y a los órganos de gobierno locales.
c) Al Gobierno de la nación.
d) Al Gobierno de la nación y a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas.
84. El Estatuto de autonomía de las Illes Balears atribuye potestad reglamentaria:
a) A los consejeros.
b) Al Gobierno de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 57.
d) A los Consejos Insulares, de acuerdo con el artículo 58.
85. En cuanto a la potestad reglamentaria de las entidades locales:
a) La Constitución no prevé ninguna referencia a la potestad reglamentaria de la Administración local, a pesar de que se entiende implícita en el artículo 122, al reconocerle autonomía para la gestión de sus intereses.
b) La potestad reglamentaria de los entes locales en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears está recogida en el artículo 106 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears.
c) La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, atribuye a los municipios la potestad reglamentaria y de autoorganización.
d) Las respuestas b) y c) son correctas.
86. ¿A qué se refiere el Tribunal Supremo en su sentencia de 17 de febrero de 1998, cuando dice que la ley, por sí misma, es insuficiente para regular la convivencia de la sociedad y la gestión de los intereses de la comunidad?
a) Al fundamento de la función organizativa.
b) Al fundamento de la Administración pública.
c) Al fundamento de la función ejecutiva.
d) Al fundamento de la potestad reglamentaria.
87. ¿Qué se entiende por inderogabilidad singular de los reglamentos?
a) Que las resoluciones administrativas de carácter particular pueden vulnerar los reglamentos cuando procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
b) Que las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar las disposiciones reglamentarias a pesar de que aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
c) Que las resoluciones administrativas de carácter particular pueden vulnerar los reglamentos únicamente cuando procedan del Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad.
d) Que la vulneración de una disposición de alcance general por una de carácter particular requiere acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno.
88. ¿Cuál de estas afirmaciones es la incorrecta?
a) Existen materias que no pueden ser reguladas por normas reglamentarias.
b) Toda norma con rango de ley tiene fuerza derogatoria sobre cualquier reglamento.
c) Un reglamento puede derogar una ley, siempre que no sea orgánica.
d) El reglamento es una norma general y abstracta, sin que se pueda referir a un sujeto concreto.
89. Al hablar de los límites formales de los reglamentos, se puede afirmar:
a) Que no hay jerarquía normativa entre reglamentos.
b) Que el reglamento está jerárquicamente subordinado a la Constitución y a la ley, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución y el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
c) Que el reglamento sólo está sujeto a la Constitución y a las leyes orgánicas por el principio de jerarquía.
d) Que las relaciones entre la ley y el reglamento son de competencia y no de jerarquía.
90. Señala la respuesta correcta relativa al principio de jerarquía:
a) El principio de jerarquía sirve para establecer reglas de resolución de conflictos entre leyes y reglamentos de un mismo subordenamiento jurídico.
b) El principio de jerarquía sirve para establecer reglas de resolución de conflictos entre reglamentos de un mismo subordenamiento jurídico.
c) Sólo la Constitución se impone jerárquicamente a cualquier norma, del rango que sea y de cualquier subordenamiento al que pertenezca.
91. ¿En qué artículo de la Ley 1/2019, de 31 de enero, de Gobierno de las Illes Balears, se recoge el orden jerárquico entre los reglamentos?
a) En el artículo 40.
b) En el artículo 50.
c) En el artículo 48.
d) En el artículo 30.
92. ¿Los principios generales del derecho operan como límite material de los reglamentos?
a) Solamente los principios recogidos en el artículo 103 de la Constitución.
b) Sí.
c) Sólo opera como límite el principio de no arbitrariedad de los poderes públicos.
d) No; los límites materiales de los reglamentos son la Constitución, los estatutos de autonomía y las normas con rango de ley.
93. Indica cuál de las siguientes materias puede regularse o establecerse mediante reglamento:
a) Prestaciones patrimoniales de carácter público.
b) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
c) Infracciones administrativas.
d) Exacciones parafiscales.
94. Un reglamento que vulnere otro reglamento de rango superior:
a) Es nulo de pleno derecho; no obstante, el plazo para declarar la nulidad o impugnarlo es de un año, de acuerdo con lo que prevé la Ley 39/2017, de 30 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
b) Es nulo de pleno derecho.
c) Es anulable.
d) Puede ser convalidado.
95. Indica cuál de las respuestas es la correcta:
b) El reglamento que infringe la ley se considera en todo caso anulable.
c) El reglamento que infringe la ley se considera en todo caso validable.
d) El reglamento que infringe la ley se considera en todo caso nulo de pleno derecho.
96. La aplicación del régimen de nulidad absoluta o de pleno derecho como única causa de invalidez de los reglamentos implica:
a) Que se puede declarar en cualquier momento, a instancia de parte o incluso de oficio por la propia Administración o por parte de los tribunales.
b) Que requiere de la petición de las personas inmediatamente afectadas por la norma reglamentaria.
c) Que el consentimiento de los afectados es intrascendente.
97. ¿Qué deben hacer jueces y magistrados ante un reglamento ilegal?
a) Puede no aplicarlo, dada la independencia del poder judicial.
b) No aplicarlo, ateniéndose a la obligación establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial de no aplicar los reglamentos o cualquiera otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa.
c) Aplicarlo hasta que el Tribunal Constitucional declare su nulidad.
d) No aplicarlo siempre que lo haya alegado la parte recurrente.
98. ¿Qué debe hacer un funcionario ante un reglamento ilegal?
a) Aplicarlo hasta que el Tribunal Constitucional declare su nulidad.
b) No aplicarlo, dado que los funcionarios están sujetos a la Constitución y a la ley.
c) Aplicarlo si así lo impone una instrucción o una orden de servicio.
99. Las instrucciones dictadas por los órganos de la Administración:
a) Su naturaleza jurídica es de acto administrativo.
b) Pueden interpretar las leyes o los reglamentos.
c) Han de ser publicadas.
d) Vinculan directamente a los particulares.
100. ¿Es posible que un reglamento congele una materia, de tal manera que no pueda ser regulada posteriormente por una ley?
a) No, porque en nuestro derecho no existe el principio de reserva reglamentaria.
b) No, porque los reglamentos sólo pueden desarrollar y complementar aquello que establecen las leyes.
c) Sí, en el caso de una materia reservada al reglamento.
d) Si, cuando una norma con fuerza de ley así lo permita.
101. De acuerdo con el artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los reglamentos:
a) Sin perjuicio de que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos desde el momento de su aprobación, pueden publicarse en el diario oficial que corresponda cuando se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse.
b) Deben publicarse en el diario oficial que corresponda para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos.
c) Únicamente pueden publicarse en el diario oficial correspondiente cuando una disposición específica así lo establezca.
d) Sólo deben publicarse si se dictan en desarrollo de una ley y ésta así lo haya previsto.
102. ¿Se puede exceptuar mediante una resolución administrativa, a un contribuyente X concreto, de la aplicación de determinados preceptos del Real decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento del impuesto sobre el valor añadido (IVA), para fomentar la inversión extranjera?
a) Si, porque el reglamento del IVA y la resolución de carácter particular tienen el mismo rango jerárquico.
c) Sí, por razones de interés general.
d) No, porque lo impide el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, establecido en el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común.
103. En relación con el procedimiento de elaboración de los reglamentos, la Constitución dispone:
a) Que la ley regula la audiencia de los ciudadanos, necesariamente de forma directa, y nunca a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que los afecten.
b) Que la ley regula la audiencia de los ciudadanos, exclusivamente de manera indirecta a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que los afecten.
c) La Constitución no contiene ninguna previsión en relación con la audiencia a los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas.
d) Que la Ley regula la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que los afecten.
104. ¿En qué casos la Administración puede revisar de oficio las disposiciones administrativas nulas?
a) En los supuestos previstos en las letras a, c, y f del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
b) En los supuestos previstos en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
c) Sólo en el supuesto de que declaren la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables.
d) La Administración sólo puede revisar de oficio los actos nulos de pleno derecho, no los reglamentos.
105. Ante un reglamento ilegal, la Administración:
a) Puede derogarlo, mediante la aprobación de un nuevo reglamento.
b) Puede revisarlo de oficio, previo dictamen del Consejo Consultivo.
c) Puede revisarlo de oficio, con audiencia previa e información pública.
106. La declaración de nulidad de un reglamento mediante revisión de oficio produce efectos:
a) Ex tunc.
b) Ex nunc.
c) Ex nunc, sólo para los ciudadanos que hayan denunciado la ilegalidad del reglamento.
d) Ex tunc, sólo para los ciudadanos que hayan denunciado la ilegalidad del reglamento.
107. ¿Qué norma es la que permite a los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo controlar la legalidad de las disposiciones generales de rango inferior a la ley?
a) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.
b) La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.
c) Para cada comunidad autónoma, el estatuto de autonomía respectivo.
d) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
108. ¿Qué plazo establece la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa para la interposición de un recurso directo contra una disposición general?
a) Un mes computable desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada.
b) Dos meses computables desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada.
c) Tres meses computables desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada.
d) Los ciudadanos no pueden interponer un recurso directo contra un reglamento.
109. Si ha transcurrido el plazo para impugnar un reglamento que consideras contrario a derecho, ¿qué puedes hacer?
a) Puede instarse a un órgano administrativo que interponga un recurso directo, porque un particular no puede ir contra una norma reglamentaria.
b) Sólo puede interponer una querella penal contra la autoridad que lo aprobó.
c) Puede impugnarse a través de un recurso indirecto contra un acto administrativo que aplique este reglamento ilegal.
d) Nada, porque el reglamento ya es firme, por lo que sólo puede anularlo el Tribunal Constitucional.
110. De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contenciosa administrativa, ¿puede un recurso indirecto contra un reglamento ilegal dar lugar a su anulación?
a) Sí, lo anulará el órgano judicial que conozca del recurso indirecto si es competente también para conocer del recurso directo contra el reglamento; si no lo es, tendrá que plantear la cuestión de ilegalidad.
b) No, sólo a su inaplicación.
c) Sí, lo anulará el órgano judicial que conozca del recurso indirecto sea o no competente también para conocer del recurso directo contra el reglamento.
d) Sí, pero el órgano judicial que conozca del recurso indirecto nunca puede anularlo, sino que habrá necesariamente de plantear la cuestión de ilegalidad.
111. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los reglamentos pueden establecer infracciones administrativas?
a) Sí, en todo caso.
b) No, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración respecto de la ley.
c) Sí, siempre que se traten de faltas leves.
d) Sí, siempre que se traten de faltas leves y las sanciones no superen los 100 de multa.
112. ¿Cuáles son los motivos para que la Gobierno del Estado impugne un reglamento de una comunidad autónoma ante el Tribunal Constitucional?
a) Sólo puede hacerlo con autorización previa de las Cortes Generales.
b) Sólo por infracciones de derechos constitucionales.
c) Los reglamentos no pueden impugnarse ante el Tribunal Constitucional, sólo ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
d) Pueden impugnarse tanto por infracciones de índole competencial como también sustantivas o de contenido material.
113. Los reales decretos son:
a) Una norma con rango de ley del Gobierno que se dicta en supuestos de urgente necesidad.
b) Una norma con rango de ley del Gobierno que requiere autorización de las Cortes Generales.
c) Una disposición administrativa de carácter general emanada de un ministerio.
d) Una manifestación de la potestad reglamentaria del Gobierno.
114. De acuerdo con la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, ¿en qué casos los consejeros pueden dictar disposiciones reglamentarias?:
a) Sólo en las materias propias de sus departamentos cuando las disposiciones tengan por objeto regular la organización y el funcionamiento de los servicios de la consejería o cuando lo autorice una ley o un decreto del Gobierno, y de acuerdo con la legislación básica.
b) Sólo en las materias propias de sus departamentos cuando las disposiciones tengan por objeto regular la organización y el funcionamiento de los servicios de la consejería o cuando lo autorice una ley o un decreto del Gobierno, y de acuerdo con la legislación ordinaria.
c) Los consejeros no pueden dictar disposiciones reglamentarias.
d) Sólo en las materias propias de sus departamentos.
115. ¿En cuál de los siguientes casos el presidente de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears puede dictar disposiciones reglamentarias?
a) El presidente no puede dictar disposiciones reglamentarias.
b) Sólo para modificar la denominación de las consejerías.
c) Para determinar el régimen de suplencias de los consejeros y de la Secretaría del Consejo de Gobierno.
d) Sólo para crear consejerías.
116. En cuanto a la forma de las disposiciones reglamentarias, la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, establece:
a) Que las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son aprobadas por el Gobierno o por los consejeros y de orden si las aprueba la presidenta.
b) Que las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son aprobadas por el Consejo de Gobierno; de acuerdo si las aprueba el presidente y de orden, en el supuesto de que sea el consejero quién las apruebe.
c) Que las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son aprobadas por el Gobierno o por el presidente, y de orden si son aprobadas por los consejeros.
d) Que las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son aprobadas por el Gobierno o por el presidente, y de resolución si las aprueba el consejero.
117. Las disposiciones reglamentarias se encabezan:
a) Con unos antecedentes, que expresen la finalidad de las medidas adoptadas en la regulación y el marco normativo en que se inserta.
b) Con una exposición motivada, que exprese la finalidad de las medidas adoptadas en la regulación y el marco normativo en que se inserta.
c) Con una exposición de motivos, que exprese la finalidad de las medidas adoptadas en la regulación y el marco normativo en que se inserta.
d) Con un preámbulo, que exprese la finalidad de las medidas adoptadas en la regulación y el marco normativo en que se inserta.
118. De acuerdo con la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, señala el orden jerárquico correcto:
a) Primero los decretos de los consejeros y segundo las resoluciones de los consejeros.
b) Primero los decretos aprobados por el Consejo de Gobierno y segundo las órdenes de los consejeros.
c) Primero los decretos aprobados por el Consejo de Gobierno o por el presidente y segundo las órdenes de los consejeros.
119. ¿Cuáles han de ser los principios de actuación del Gobierno de las Illes Balears cuando ejerce la potestad reglamentaria?
a) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia, calidad y simplificación.
b) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia y simplificación.
c) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia, y simplificación.
d) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, calidad y simplificación.
120. La Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, dispone que los expedientes de elaboración de reglamentos organizativos han de incluir la resolución de inicio, los informes preceptivos previstos legalmente y, en su caso, el informe relativo al gasto que genere:
a) En todos los casos.
b) Sólo en el caso de las dictadas por el presidente o por los consejeros.
c) Sólo en el caso de las dictadas por el Gobierno.
d) Sólo en el caso de las dictadas por el Gobierno o por los consejeros.
121. ¿Quién firma las órdenes que afectan a más de una consejería?
a) El consejero competente en la materia que tiene preponderancia.
b) El presidente de Gobierno de las Illes Balears
c) Los consejeros competentes en la materia.
d) El consejero encargado de la Secretaría del Consejo de Gobierno.
122. ¿Cuáles son los procedimientos que la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, establece para la elaboración normativa de los reglamentos?
a) Procedimiento ordinario, procedimiento de urgencia y procedimiento abreviado.
b) Procedimiento ordinario, procedimiento de urgencia y procedimiento simplificado.
c) Procedimiento ordinario y procedimiento simplificado.
d) Procedimiento ordinario y procedimiento de urgencia.
123. De acuerdo con la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, el procedimiento simplificado para la elaboración normativa de los reglamentos sólo se aplica:
b) En casos de urgente necesidad.
c) Para la elaboración de textos consolidados siempre que no incluyan la armonización, la aclaración o la regulación de los reglamentos que se consolidan.
d) Para la elaboración de textos consolidados de reglamentos.
124. Indica la respuesta incorrecta. De acuerdo con la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, con carácter previo a la elaboración de un proyecto de reglamento, ha de sustanciarse una consulta pública a través del sitio web con el fin de que la ciudadanía tenga la posibilidad de emitir su opinión. No obstante, la Ley indica algunos supuestos en que la consulta previa no es necesaria:
a) No es necesaria la consulta pública en casos de tramitación urgente del procedimiento normativo.
b) No es necesaria la consulta pública cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.
c) No es necesaria la consulta pública cuando se trata de la aprobación de normas reglamentarias de carácter presupuestario.
d) No es necesaria la consulta pública cuando las normas tengan incidencia jurídica relevante.
125. ¿Indica en cuál de los siguientes casos es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo en la tramitación de un proyecto de disposición reglamentaria?
a) En el caso de un decreto que afecte a los derechos de los ciudadanos.
b) En el caso de una orden de un consejero por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones.
c) En el caso de un reglamento de carácter organizativo.
d) Siempre.
126. Señala la respuesta incorrecta. De acuerdo con la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, en la tramitación de un proyecto de disposición reglamentaria hay que elaborar un estudio sobre las cargas administrativas que comporta la propuesta:
a) Ha de elaborarse previamente a la resolución del consejero por la que se inicia el procedimiento.
b) El estudio ha de incluirse en la memoria de impacto normativo.
c) Sólo se elabora si se trata de reglamentos que se dicten en materia presupuestaria.
d) Sólo ha de elaborarse en los procedimientos que se tramitan de forma ordinaria.
127. ¿Es posible que en la resolución iniciadora de un procedimiento para la elaboración de disposiciones reglamentarias se encomiende la adopción de medidas provisionales?
a) No, las medidas excepcionales sólo pueden establecerse en el seno del procedimiento administrativo común que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, iniciado a instancia del interesado.
b) Si, excepcionalmente puede encomendarse al órgano competente por razón de la materia que adopte motivadamente las medidas provisionales que considere adecuadas y necesarias para asegurar la eficacia de la regulación que se prevé establecer, sin que sea necesario dar audiencia previa a las personas directamente afectadas.
c) No, las medidas excepcionales sólo pueden establecerse en el seno del procedimiento administrativo común que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común.
d) Si, excepcionalmente puede encomendarse al órgano competente por razón de la materia que adopte motivadamente las medidas provisionales que considere adecuadas y necesarias para asegurar la eficacia de la regulación que prevé establecerse.
128. En la tramitación de un proyecto de disposición reglamentaria ha de elaborarse una memoria de análisis de impacto normativo. ¿Cuál de las siguientes características que establece la Ley 1/2019, de 31 de enero, de Gobierno de las Illes Balears, es la correcta?
a) Es un documento que ha de incorporar los contenidos siguientes: oportunidad de la propuesta normativa, análisis del impacto económico y presupuestario, análisis y valoración resumida de las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia pública y evaluación del cumplimiento de los principios de buena regulación.
b) Es un documento que ha de incorporar los contenidos siguientes: oportunidad de la propuesta normativa; análisis del impacto económico; análisis y valoración resumida de las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia pública y evaluación del cumplimiento de los principios de buena regulación.
c) Es un documento que se redacta una vez completados los trámites que establecen los apartados 1 y 2 del artículo 59 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears.
d) Es un documento dinámico, que ha de ir actualizándose con la incorporación de los aspectos relevantes resultantes de las diferentes fases de la tramitación.
129. Indica la respuesta incorrecta referida al trámite de audiencia en la elaboración de disposiciones reglamentarias:
a) La necesidad del trámite de audiencia deriva del artículo 105 de la Constitución.
b) El trámite de audiencia sólo está abierto a los ciudadanos que tienen la condición de interesados.
c) El trámite de audiencia es necesario siempre que la disposición que se pretende aprobar afecte los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.
d) El trámite de audiencia puede practicarse por medio de las entidades reconocidas por la ley que agrupen o representen a los interesados.
130. Indica cuál de los siguientes informes tiene carácter preceptivo en la elaboración de una disposición reglamentaria:
a) El dictamen del Consejo Económico y Social cuando el anteproyecto de decreto regule de forma directa y estructural materias socioeconómicas, laborales y de ocupación.
b) En caso de regular un supuesto en que los efectos del silencio administrativo sean desestimatorios, un informe que motive las razones de interés general que lo justifiquen.
d) En caso de que se establezcan limitaciones para el acceso a actividades económicas y servicios, un informe que motive que concurren razones de interés general y que se respetan los principios de necesidad y proporcionalidad, en el marco de lo dispuesto en la legislación autonómica en materia de libre acceso a las actividades de servicios.
131. Cuál debe ser el contenido mínimo del informe de evaluación de impacto de género en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales establecido en la Ley 1/2019, de 31 de enero, de Gobierno de las Illes Balears?
a) La estimación del impacto potencial del proyecto normativo en la situación de las mujeres y de los hombres como colectivo; también el análisis de las repercusiones positivas o adversas, en materia de igualdad, de la actividad proyectada, y las medidas propuestas para eliminar las adversas, en su caso.
b) El análisis de las repercusiones positivas o adversas, en materia de igualdad, de la actividad proyectada.
c) La estimación del impacto potencial del proyecto normativo en la situación de las mujeres y de los hombres como colectivo y el análisis de las repercusiones positivas o adversas, en materia de igualdad, de la actividad proyectada.
d) La estimación del impacto potencial del proyecto normativo en la situación de las mujeres y de los hombres como colectivo.
132. Con carácter general, el informe del Consejo Consultivo en la elaboración de disposiciones reglamentarias:
a) Es no preceptivo y no vinculante.
b) Es preceptivo y no vinculante.
c) Es no preceptivo y vinculante.
d) Es preceptivo y vinculante.
133. Señala la respuesta correcta respecto de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración de anteproyectos de disposiciones reglamentarias:
a) Puede acordarse cuando sea necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la transposición de directivas comunitarias.
b) Los plazos de las audiencias y de la información pública se reducen a ocho días.
c) Puede acordarse cuando sea necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido por una ley de carácter básico.
d) La memoria de impacto normativo es potestativa.
134. De acuerdo con el artículo 62 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, el procedimiento simplificado de elaboración de textos consolidados de reglamentos debe someterse a los trámites e informes siguientes:
a) Informe de la Secretaría General de la consejería correspondiente referido a la adecuación del procedimiento seguido e informe de impacto de género, en los casos en que de las normas objeto de consolidación no se hubiera emitido este informe en el momento en que se tramitaron.
b) Informe de la Secretaría General de la consejería correspondiente referido a la adecuación del procedimiento seguido, informe de impacto de género en el supuesto previsto en el artículo 62 de la Ley 1/2019 y memoria del análisis de impacto normativo.
c) Informe de la Secretaría General de la consejería correspondiente referido a la adecuación del procedimiento seguido e informe de impacto de género en todo caso.
d) Informe de la Secretaría General de la consejería correspondiente referido a la adecuación del procedimiento seguido, informe de impacto de género en el supuesto previsto en el artículo 62 de la Ley 1/2019 y audiencia a las consejerías afectadas, en su caso.
